miniaturadeimagen|El acceso a agua potable salubre y a un saneamiento seguro e higiénico es un derecho humano básico. El derecho humano al agua y al saneamiento (DHAS) fue reconocido como un derecho humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010.
El DHAS ha sido reconocido en el derecho internacional a través de tratados de derechos humanos, declaraciones y otras normas. Algunos comentaristas han derivado el derecho humano al agua más allá de la resolución de la Asamblea General del Artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), haciéndolo vinculante según el derecho internacional. Otros tratados que reconocen explícitamente el DHAS incluyen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979 y la Convención sobre los Derechos del Niño 1989 (CDN). Las primeras resoluciones sobre el DHAS fueron aprobadas por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2010. Se reconoció que existía un derecho humano al saneamiento vinculado al derecho humano al agua, ya que la falta de saneamiento en las áreas superiores de una cuenca impacta negativamente sobre la calidad del agua en las áreas sucesivas de la cuenca, por lo que las discusiones posteriores han continuado enfatizando la necesidad de que ambos derechos sean considerados en conjunto. En julio de 2010 la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció los derechos humanos relacionados con el agua: el derecho a recibir servicios de agua potable y saneamiento seguros, asequibles y accesibles. En dicha Asamblea General se aceptó que para el entendimiento del disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, se reconozca como derecho humano el acceso al agua potable, segura y limpia, así como al saneamiento. La aceptación de que el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano libre en la Resolución de la Asamblea General (64/292) implica un importante control gubernamental a nivel mundial. La realización de una vida productiva y saludable se logrará reconociendo ampliamente la importancia de acceder a servicios de agua potable y saneamiento confiables y limpios.
En 2015 una resolución revisada de la ONU destacó que los dos derechos no estaban unificados pero eran equivalentes.
La definición más clara sobre el derecho humano al agua fue emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el Comentario General 15, redactado en 2002. Se trata de una interpretación no vinculante de que el acceso al agua es una condición para el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado, indisolublemente relacionado con el derecho al más alto nivel posible de salud y, por tanto, un derecho humano. Declaró: «El derecho humano al agua otorga a todas las personas el derecho a agua suficiente, segura, adecuada, físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos».
El hecho de que se haya reconocido el acceso al agua limpia y al saneamiento como un derecho humano, implicó para los estados firmantes el compromiso de desarrollar políticas que lo garanticen y la obligación de avanzar localmente en el desarrollo de las acciones que aseguren su ejercicio.
Contexto internacional El Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y UNICEF para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento informó que 663 millones de personas no tenían acceso a fuentes mejoradas de agua potable y más de 2400 millones de personas carecían de acceso a servicios básicos de saneamiento en 2015. El acceso al agua potable es un problema importante en muchas partes del mundo. Las fuentes aceptables incluyen conexiones domiciliarias, fuentes públicas, perforaciones, pozos excavados protegidos, manantiales protegidos y captación de aguas lluvia.General Assembly Declares Access to Clean Water and Sanitation Is a Human Right." UN News Center. UN, 28 July 2010. Web. 20 Mar. 2014. Aunque el 9% de la población mundial carece de acceso al agua, hay «regiones particularmente retrasadas, como África subsahariana». La ONU enfatiza además que «alrededor de 1,5 millones de niños menores de cinco años mueren cada año y 443 millones de días escolares se pierden debido a enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento».Global Issues at the United Nations." UN News Center. UN, n.d. Web. 20 Mar. 2014.
Fundamentos y reconocimientos legales miniaturadeimagen|Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de las Naciones Unidas El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 codificó los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948. Ninguno de estos primeros documentos reconoció explícitamente los derechos humanos al agua y al saneamiento. Sin embargo, varias convenciones internacionales de derechos humanos posteriores tenían disposiciones que reconocían explícitamente los derechos al agua y al saneamiento:
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979 tiene el Artículo 14.2 que establece que «las partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de garantizar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, que participen y se beneficien del desarrollo rural y, en particular, garantizarán a las mujeres el derecho a:… h) Disfrutar de condiciones de vida adecuadas, especialmente en lo que respecta a la vivienda, el saneamiento, el suministro de agua y electricidad, el transporte y las comunicaciones». La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (CDN) establece en su artículo 24 que «las partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a instalaciones para el tratamiento de enfermedades y rehabilitación de la salud (...) 2. Los Estados parte procurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas (...) c) Combatir las enfermedades y la malnutrición, incluso en el marco de la atención primaria de salud, mediante, entre otras cosas (...) el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable limpia...». La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de 2006 tiene el artículo 28(2)(a), que exige que «las partes reconozcan el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y al disfrute de ese derecho sin discriminación sobre la base de discapacidad, y tomará las medidas adecuadas para salvaguardar y promover la realización de este derecho, incluidas medidas para garantizar el acceso equitativo de las personas con discapacidad a los servicios de agua potable, y para garantizar el acceso a servicios adecuados y asequibles, dispositivos y otra asistencia para las necesidades relacionadas con la discapacidad.».
La Carta Internacional de Derechos Humanos –que comprende el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ICCPR); los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (ICERS); y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948– documentó la evolución del derecho humano al agua y al saneamiento y otros derechos asociados al agua para ser reconocidos en un instrumento a nivel mundial.
Los investigadores también llamaron la atención sobre la importancia de un posible reconocimiento por parte de la ONU de los derechos humanos al agua y al saneamiento a finales del . Dos esfuerzos iniciales para definir el derecho humano al agua provinieron del profesor de derecho Stephen McCaffrey de la Universidad del Pacífico en 1992,, McCaffrey, S.C. "A Human Right to Water: Domestic and International Implications" (1992) V Georgetown International Environmental Law Review, Issue 1, pp.1-24. y del Dr. Peter Gleick en 1999., Gleick, P.H. "The Human Right to Water" (1999) Water Policy, Vol. 1, Issue 5, pp. 487-503. McCaffrey afirmó que "Tal derecho podría contemplarse como parte integrante del derecho a la alimentación o al sustento, el derecho a la salud o, más fundamentalmente, el derecho a la vida". Gleick agregó: "ese acceso a un requisito básico de agua es un derecho humano fundamental respaldado implícita y explícitamente por el derecho internacional, las declaraciones y la práctica de los Estados.”
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) que supervisa el cumplimiento del ICESCR llegó a conclusiones similares a las de estos académicos con el Comentario General 15 en 2002. Encontró que el derecho al agua era implícitamente parte del derecho a un nivel de vida adecuado y estaba relacionado con el derecho al más alto nivel posible de salud y los derechos a una vivienda adecuada y alimentación adecuada. Define que “El derecho humano al agua otorga a toda persona el derecho a agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico. Es necesaria una cantidad adecuada de agua segura para prevenir la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de agua- enfermedades relacionadas y para satisfacer las necesidades de consumo, cocina y de higiene personal y doméstica». Varios países acordaron y reconocieron formalmente que el derecho al agua formaba parte de sus obligaciones en virtud del tratado ICESCR, (por ejemplo Alemania, Reino Unido, y Países Bajos) después de la publicación de la Observación general N° 15.
En 2005, la antigua Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio un paso más allá, que emitió directrices para ayudar a los gobiernos a lograr y respetar el derecho humano al agua y al saneamiento.UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Sub-commission guidelines on the realization of the right to drinking water and sanitation, Report of the Special Rapporteur El Hadji Guissé, UN document E/CN.4/Sub.2/2005/25, 2006, available at: http://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/SUb_Com_Guisse_guidelines.pdf. Estas directrices llevaron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a designar a Catarina de Albuquerque como experta independiente en el tema de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento en 2008, quien escribió un informe detallado en 2009 que describía las obligaciones de los derechos humanos con el saneamiento, y el CDESC respondió afirmando que el saneamiento debe ser reconocido por todos los estados.