La educación para la justicia apunta a promover una cultura de la legalidad a través de herramientas y recursos educativos ideados para los distintos niveles de educación. Estos recursos y herramientas ayudan a los educadores a enseñar a la próxima generación sobre la prevención de crímenes y a entender y abordar mejor los problemas que pueden socavar el estado de derecho. Promueve la paz y alienta a los estudiantes a colaborar activamente en sus comunidades y en sus futuras profesiones. La educación desempeña un papel clave en la transmisión y el mantenimiento de las normas socioculturales y permite su evolución permanente.
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Educación y justicia
En la actualidad, reviste vital importancia para la estabilidad y el bienestar de las sociedades de todo el mundo responder a las amenazas que se ciernen sobre la paz, la justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Si bien los marcos regulatorios sobre la corrupción, la violencia y el delito forman parte de las respuestas gubernamentales, los peligros a los que intentan responder persisten, a menudo más allá de las fronteras nacionales y, cada vez más, de manera interconectada a nivel mundial.
Muchos gobiernos se esfuerzan asimismo por hacer imperar el principio del estado de derecho en la vida cotidiana de sus ciudadanos y a través de las instituciones públicas que están a su servicio. Esto es para promover y proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El sector de la justicia penal tiene un papel fundamental y una responsabilidad específica que cumplir. El estado de derecho es fundamental para todos los aspectos de la sociedad, tanto públicos como privados, y moldea la forma en que las personas interactúan entre sí y con las instituciones públicas en todos los sectores, forjando relaciones de confianza mutua y rendición de cuentas.
Los sistemas educativos nacionales deben defender y promover los principios del estado de derecho. Pueden preparar a las generaciones futuras para que éstas hagan rendir cuentas a las instituciones estatales acerca de estos principios; y también dotar a los alumnos de los conocimientos, los valores, las actitudes y los comportamientos necesarios para tomar decisiones constructivas y éticamente responsables en su vida cotidiana, en pro de la justicia y los derechos humanos. Sobre esta base se pueden construir instituciones dignas de confianza y en las que los ciudadanos confían.
El estado de derecho vinculado a la educación
El estado de derecho en la educación tiene como objetivo que los alumnos adquieran y desarrollen las experiencias y aptitudes cognitivas, socioemocionales y conductuales necesarias para convertirse en actores constructivos y responsables de la sociedad. Expertos sostienen que la educación desempeña un papel clave en la transmisión y el mantenimiento de las normas socioculturales y permite su evolución permanente. A través de la educación formal, los niños y jóvenes se socializan y adoptan ciertos valores, comportamientos, actitudes y roles que forman su identidad personal y social. A medida que se desarrollan, desarrollan asimismo la capacidad de reflexión crítica acerca de las normas y de forjar nuevas normas que reflejen la situación contemporánea.
La educación anima a los alumnos a valorar y aplicar los principios del estado de derecho en su vida cotidiana. Además, dota a los alumnos de los conocimientos, los valores, las actitudes y los comportamientos necesarios para contribuir a la mejora y regeneración permanentes del estado de derecho en la sociedad en general. Esto puede reflejarse, por ejemplo, en la manera en que los alumnos reclaman una mayor transparencia o rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, a través de las decisiones cotidianas que toman de forma comprometida y éticamente responsable como ciudadanos, miembros de la familia, trabajadores, empleadores, amigos, consumidores, etc.
La cultura de la legalidad en educación
La cultura de la legalidad en educación se refiere a fomentar el estado de derecho para crear condiciones culturales y sociales que respeten y promuevan el estado de derecho.
La cultura de la legalidad significa que la población general acata la ley porque considera que esta proporciona una respuesta justa y equitativa a las necesidades de los individuos y de la sociedad en su conjunto.
Enseñar lo esencial: conocimientos, valores, actitudes y comportamientos fundamentales
Ciertos conocimientos principales, valores, actitudes y comportamientos se consideran específicamente relevantes para capacitar a los alumnos para defender el estado de derecho y participar en el desarrollo permanente de una cultura de la legalidad en sus respectivas comunidades.
Principales conocimientos
Los alumnos necesitan adquirir conocimientos, entendimiento y reflexión crítica acerca del significado del estado de derecho y de una cultura de la legalidad, y entender cómo se manifiestan diariamente estos conceptos en distintos entornos sociales y a través de instituciones, leyes, mecanismos y procedimientos establecidos. El estado de derecho, a su vez, requiere que los alumnos juzguen su entorno con discernimiento, basándose en normas establecidas y pruebas fácticas. La capacidad de análisis y el pensamiento crítico son esenciales y deben ser enseñados, si se quiere que la educación fomente el estado de derecho.
Entender y evaluar los vínculos entre las cuestiones globales y locales forma también parte integrante del proceso de aprendizaje. Las violaciones del estado de derecho tienen consecuencias de gran alcance a nivel individual, comunitario, nacional, regional y mundial, afectando a distintos países y poblaciones de maneras que suelen estar interconectadas. Es importante no subestimar el grado de arraigo de una cultura de la legalidad en las realidades nacionales y locales. Por este motivo, tanto educadores como alumnos deben también conocer sus derechos y responsabilidades e identificar comportamientos que propicien los procesos democráticos y el estado de derecho a nivel cotidiano. Este entendimiento es específico a cada contexto.
Para que los alumnos entiendan el significado del estado de derecho y de una cultura de la legalidad, las principales áreas del conocimiento pertinentes incluyen, entre otras:
Civismo, expresión de la opinión de las personas en las instituciones oficiales, derechos y deberes de los ciudadanos; El sistema judicial; Los derechos humanos; Prevención de conflictos y consolidación de la paz; Expresiones globales, nacionales y locales del estado de derecho y la cultura de la legalidad; Valores democráticos como la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión; Expresiones locales y visibles de una cultura de la legalidad a través del pluralismo y el igualitarismo; Causas, consecuencias y efectos de la delincuencia en la familia, la comunidad, la sociedad, y la seguridad; Toma de decisiones responsable y ética.
Principales valores y actitudes
Las actitudes y los valores se desarrollan en una amplia gama de entornos: en el hogar, en la escuela, y a través de las experiencias vividas en contextos sociales y culturales más amplios (es decir, a través del aprendizaje socioemocional). Desarrollar actitudes y valores positivos es fundamental para el desarrollo holístico y saludable de los alumnos de todas las edades.
Estos valores y actitudes ayudan a los alumnos a tomar decisiones responsables (comportamiento proactivo) y a ser resilientes cuando se enfrentan a situaciones peligrosas o amenazantes (comportamiento receptivo). Con respecto a esto, ocupa un lugar importante el sentimiento de «autoeficacia», entendido como la confianza en la propia capacidad para enfrentar dificultades, terminar exitosamente una tarea y lograr alcanzar un objetivo específico. La sensación de autoeficacia, aunada a un alto nivel de motivación, sienta las bases de la resiliencia, que es fundamental para promover una cultura de la legalidad y del estado de derecho.
Se ha comprobado que las prácticas escolares que conducen a los alumnos a sentirse capaces de abordar los problemas que afectan su propia vida y las de sus compañeros y familiares fomentan también el compromiso cívico, que es clave para la sostenibilidad de una cultura de la legalidad. Cuando los alumnos invierten en procesos de aprendizaje a través de un esfuerzo personal, asumen responsabilidades individuales y colectivas que propician la madurez cívica. Hay otros resultados del aprendizaje socioemocional que son relevantes para el estado de derecho. Los alumnos pueden aprender a valorar la igualdad, la equidad, el respeto mutuo y la integridad. Pueden asimismo tratar de desarrollar actitudes, valores y capacidades tales como:
El sentimiento de pertenencia a una comunidad; El sentido de la propia identidad y la imagen positiva de sí mismo; La Conciencia social (la empatía, la inclusión); Las aptitudes relacionales (la comunicación, la cooperación y la resolución de conflictos); La sensación de seguridad personal; La resiliencia (especialmente para las personas vulnerables a ser víctimas o reclutadas a la delincuencia); La atención plena; La preocupación empática y la compasión; La conciencia de sí mismo; La autogestión; La autorregulación.
Comportamientos
Los resultados del aprendizaje conductual de la Educación para la Ciudadanía Mundial son pertinentes para la promoción del estado de derecho, y específicamente para: actuar de manera eficaz y responsable a nivel local, nacional y mundial, en pro de un mundo más pacífico y sostenible, y para desarrollar la motivación y la voluntad para actuar de la manera necesaria.
En el contexto de los esfuerzos para promover el estado de derecho, el aprendizaje puede centrarse más específicamente en el desarrollo de los siguientes comportamientos:
La participación activa en estructuras y procesos democráticos (dentro y fuera de la escuela); Las prácticas participativas y democráticas en los procesos de toma de decisión de grupo; El seguimiento de las instituciones y los procesos del estado de derecho (dentro y fuera de las escuelas); Acciones para promover mejoras del estado de derecho y de la cultura de la legalidad (a diferentes niveles de la sociedad).
Los comportamientos denominados «prosociales» funcionan como factores de protección, benefician a otras personas o a la sociedad en su conjunto y propician el bienestar de los alumnos y su sentimiento de pertenencia a la comunidad. Estos comportamientos pueden incluir:
Las acciones de apoyo y solidaridad con víctimas de actos de violencia y delitos; El respeto de las instalaciones y bienes escolares; La participación en acciones escolares comunitarias.
Abordar los problemas y dilemas reales
Las estrategias educativas y las pedagogías que propician comportamientos positivos también deben abordar los dilemas y las vulnerabilidades reales de los alumnos.
Abordar las vulnerabilidades individuales de los alumnos
Para abordar las vulnerabilidades individuales de los alumnos es preciso identificar dos tipos de factores:
Factores de riesgo: son los factores que aumentan la probabilidad de que una persona joven sea victimizada, participe en actividades delictivas o cometa actos violentos. Sin ser necesariamente causas directas de un comportamiento ilícito, estos factores aumentan el riesgo de dichos comportamientos entre los alumnos. Los factores de riesgo pueden verse mitigados por factores de protección.