Los derechos humanos durante la revolución bolivariana en Venezuela se refiere a un conjunto de prácticas y denuncias contra los Gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (desde 2013) por la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, expuestos en los informes anuales del departamento de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos nacionales e internacionales.
Contexto miniaturadeimagen|Calificaciones de libertad en Venezuela de 1998 a 2017 (1 = libre, 7 = no libre). Desde el establecimiento del chavismo como corriente política en Venezuela a finales de la década de 1990, surgieron grupos sociales de tipo comunitario autodenominados “colectivos”, que apoyan al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a los gobiernos del expresidente Hugo Chávez y más tarde de Nicolás Maduro. Estos grupos manifiestan estar dedicados a la promoción de la democracia, de grupos políticos y actividades culturales, sin embargo la mayoría de ellos actúan como grupos paramilitares para la defensa de la revolución bolivariana.
Este comportamiento se ha intensificado desde inicios del mandato de Nicolás Maduro en el año 2013. Desde entonces, factores de oposición a la revolución han documentado y denunciado conductas de intimidación y hechos delictivos por parte de estos colectivos con el apoyo del Estado, quienes intervienen en las marchas opositoras para arremeter contra los manifestantes, lo que provoca hechos de consecuencias trágicas.
Ya finalizando su mandato constitucional en 2018, Nicolás Maduro solicitó públicamente, estar preparados para el combate en caso de que sucediera un golpe de Estado en su contra o una intervención militar extranjera, incentivando aún más las actividades ilícitas de estos grupos.
No obstante, los colectivos no han sido los únicos grupos que infunden temor en la población civil. Desde que inició el mandato de Maduro en 2013, las fuerzas de seguridad del Estado también han sido empleados como instrumentos de intimidación en contra de la población civil. Durante las protestas de oposición en contra de Maduro, la intervención de los cuerpos de seguridad estatal ha dejado como consecuencia elevados saldos de heridos y fallecidos, sin que las autoridades pertinentes castiguen a los culpables. Destaca también el funcionamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes violando la Ley pero con apoyo del Estado realizan operativos en los sectores populares del país para "combatir la delincuencia", pero con la aplicación de ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles desarmados.
El Estado venezolano ha criminalizado de facto la protesta. La práctica frecuente es acusar de traición a la patria a los manifestantes, quienes en detrimento de sus derechos constitucionales, son enjuiciados en tribunales militares, aunque estos tribunales fueron concebidos originalmente para procesar a militares, no civiles.
Respecto a lo anterior, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó en 2018 un informe donde se documentaba como las fuerzas de seguridad del Estado utilizaban las detenciones arbitrarias como mecanismo para intimidar a los disidentes del gobierno de Nicolás Maduro. Igualmente denuncia el escrito que las personas detenidas con frecuencia eran sometidas a torturas y tratos crueles. Asimismo se expone en el informe casos en que miembros de las fuerzas de seguridad, responsables de la ejecución extrajudicial de manifestantes, fueron liberados a pesar de ser objeto de órdenes judiciales de arresto o permanecieron retenidos en comisarías o cuarteles militares donde podían moverse libremente y no eran tratados como detenidos. Posteriormente en marzo de 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso su informe oral en donde denunciaba los actos delictivos cometidos por los colectivos armados pro-gubernamentales, destacando también las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el FAES y la negativa expresa del Ministerio Público a iniciar investigaciones sobre estos hechos. Inclusive la oposición ha denunciado que Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, ha liberado reos en diversas ocasiones para arremeter contra los participantes de las distintas marchas opositoras.
De hecho, la tendencia en la alta esfera del chavismo es la difusión de odio en contra de la oposición venezolana, quien es vista no como un adversario político sino como un enemigo que se debe erradicar. Es ejemplo de esto, Diosdado Cabello, quien a través de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acusa públicamente de distintos delitos a varios individuos de oposición, aun sin presentar pruebas de sus acusaciones.
Incluso el propio Nicolás Maduro en 2018 amenazó con aplicar ejecuciones extrajudiciales a cualquier opositor que considerara "terrorista", esto en alusión al asesinato del exfuncionario Óscar Alberto Pérez en manos de efectivos de seguridad del Estado.
El 2 de julio de 2021 Michelle Bachelet publicó un nuevo informe de 21 páginas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de un mandato del Consejo de DDHH de la ONU desde 2019 al 30 de abril de 2021.Está centrado en acontecimientos relacionados las violaciones al derecho a la vida, torturas y malos tratos, condiciones de detención; violencia sexual; las fallas de acceso a la justicia y reparaciones adecuadas; y violaciones a las libertades de asociación, de opinión y expresión. La Oficina de Bachelet siguió recibiendo denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos por razones políticas o presos comunes. Bachelet destacó desaparición de personas como los casos del militar Antonio Sequea Torres, el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos (desaparecido desde septiembre de 2018) y Hugo Enrique Marino Salas (desaparecido desde abril de 2019).
Tratados internacionales
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, en su artículo 23, que "los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público".
Los principales instrumentos internacionales en materia de tortura, suscritos y ratificados por el Estado venezolano. son:
Sistema Universal. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (10 de diciembre de 1984) indica en su artículo 1: "se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Sistema Interamericano. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (9 de diciembre de 1985) establece en su artículo 1: "Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. El Estatuto de Roma. La tortura es uno de los crímenes de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma, “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, indica el artículo 7 de dicho estatuto. El Protocolo de Estambul (9 de agosto de 1999), un manual para la investigación y documentación eficientes de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Historia Tortura La abogada penalista y activista de derechos humanos Tamara Sujú ha recopilando casos de tortura registrados en Venezuela entre 2002 y 2014 y formalizó su denuncia contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional en julio de 2016, cuando presentó ante la Corte un expediente de 65 incidencias. Lo actualizó en mayo de 2017 sumándole otros casos. El 5 de abril de 2017, Sujú fue invitada al InterAmerican Institute for Democracy para narrar los casos de tortura en Venezuela y el expediente del país en la Corte.
Presidencia de Hugo Chávez En octubre de 2001 Hugo Chávez crea los círculos bolivarianos, se han presentado de acciones violentas por parte de algunos de ellos, y del papel que podría estar cumpliendo esta violencia organizada como parte del proyecto político chavista. La oposición venezolana los ha calificado como "círculos del terror" debido a su papel como brazo represor del gobierno de Chávez, durante los años 2002, 2003 y 2004 fueron cientos los ataques contra políticos, periodistas y la sociedad civil opositora a Chavez.
En 2003, una ciudadana y tres militares vinculados a los soldados sublevados en la Plaza Altamira durante el paro general de 2002 fueron asesinados. Zaida Peraza, de 28 años; Darwin Argüello, de 21; Ángel Salas, de 21, y Félix Pinto, de 22, fueron encontrados en dos lugares diferentes de las afueras de Caracas con signos de haber sido torturados, atados de pies y manos, habiendo sido asesinados con tiros de escopeta a corta distancia. El líder del grupo, el general Enrique Medina Gómez, declaró que varios testigos vieron cómo los militares, junto a dos mujeres que les acompañaban, fueron detenidos y obligados a abordar dos camionetas por hombres vestidos de negro y con las caras cubiertas con pasamontañas. miniaturadeimagen|Protestas en Venezuela de 2004. Entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2004 las protestas antigubernamentales desembocaron en reiterados enfrentamientos violentos con la policía y las fuerzas de seguridad en distintos lugares del país. También los partidarios del gobierno celebraron manifestaciones. Según información recibida por Amnistía Internacional, en el contexto de esos 7 días de disturbios 14 personas murieron en circunstancias aún sin esclarecer y más de 200 resultaron heridas, recibiéndose denuncias creíbles de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Además, se practicaron más de 500 detenciones y hubo denuncias de tortura y malos tratos. También se señaló que muchos de los manifestantes detenidos parecían no haber sido "llevados ante un juez dentro del plazo legal".
Venezuela fue clasificada como la nación menos democrática de América del Sur en el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist de 2008. También en 2008, Freedom House eliminó a Venezuela de su lista de países que tienen una democracia representativa. Para 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe en el que afirma que el gobierno de Venezuela practica "represión e intolerancia".