Se conoce como guerra sucia en Chile a un conjunto de eventos y medidas de terrorismo de Estado para reprimir a los movimientos de oposición política y grupos guerrilleros que presentaban una oposición (principalmente armada) al régimen militar durante la Guerra Fría.. Su propósito fue erradicar a los opositores políticos, extender el miedo en el conjunto de la sociedad y despolitizarla, con el objetivo de asentar y fortalecer el control sobre esta. El número de víctimas corresponde a 2279, de las cuales 164 son consideradas víctimas de violencia política y 2115 víctimas de violación a derechos humanos.
Esta Guerra se considera una guerra de baja intensidad por algunos autores, ya que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de Hispanoamérica —como Argentina— durante el Plan Cóndor, fue de carácter selectivo.
El concepto de guerra sucia y las fuentes para el estudio del caso chileno
El término «guerra sucia» constituye un concepto amplio, que ha sido aplicado a procesos históricos represivos ocurridos en diversos países como Argelia, Argentina, México, Nicaragua y Colombia, entre otros. Según refieren Smith y Roberts, el concepto deriva de la frase francesa la sale guerre, que se utilizó originalmente para referirse a la lucha de Francia con el Viet Minh en Indochina entre 1945 y 1954. Posteriormente se generalizó el uso de este término, siendo utilizado para aludir a la violencia política del Estado francés en contra de las fuerzas independentistas vietnamitas entre 1954 y 1962. Desde inicios de la década de 1960, el concepto fue aplicado a la realidad latinoamericana, especialmente en Argentina para referir a la represión de las disidencias políticas en el contexto de la dictadura militar de 1976-1983.
A pesar de la amplitud del concepto y la variedad de contextos en los que este ha sido utilizado, Smith y Roberts identifican distintos elementos que permiten definir el significado de la guerra sucia. Entre estos se encuentra la existencia de civiles atacados en un marco extralegal, la brutalidad que caracteriza dichos ataques, la condición de ocultamiento que es necesaria para cumplir los propósitos de este tipo de violencia y el uso de un discurso que apela a un lenguaje socio-médico. A juicio de los autores, la guerra sucia se origina cuando la guerra, la política y la inteligencia se hacen indistinguibles, y actúan incluso como un instrumento de guerra del poder. Así, la guerra sucia se entiende como la violencia ejercida por el Estado y sus agentes en contra de la población en un marco extralegal y en un contexto de ocultamiento.
La historiografía chilena ha utilizado escasamente el concepto de guerra sucia para referirse a la violencia con que se reprimió e intentó eliminar a los opositores políticos de la dictadura militar. En las investigaciones sobre el tema, de hecho, es más frecuente encontrar trabajos que refieran al concepto de violencia política o a la violación de los derechos humanos. Sin embargo, el término ha sido utilizado en investigaciones periodísticas, fundamentales para la reconstrucción de los casos, la identificación de las víctimas y los victimarios, a la vez que estudios claves para las investigaciones judiciales que se emprendieron durante el retorno a la democracia. Entre estos, se cuentan los escritos de Patricia Verdugo, Los zarpazos del Puma (1989) y Pruebas a la vista (2000), en los que se utiliza el concepto de guerra sucia para aludir a las operaciones militares que se llevaron a cabo inmediatamente después del golpe de Estado y que condujeron a la eliminación física y sistemática de los militantes de izquierda. La operación abordada por Verdugo, conocida como Caravana de la Muerte, fue encargada por Pinochet y dirigida por el militar Sergio Arellano Stark, quien junto a una comitiva recorrió diversas regiones de Chile, revisando las cárceles, asesinando a quienes eran considerados opositores políticos civiles y militares, y haciendo desaparecer los cadáveres. Como se indica en las investigaciones de Verdugo, esta misión militar constituyó un acto fundacional que tuvo un doble objetivo: por una parte, sembrar terror en los disidentes y en la sociedad chilena, y por otra, depurar las Fuerzas Armadas.
Los investigadores estadounidenses son los que más han utilizado el concepto guerra sucia para describir el contexto chileno entre 1973 y 1990. Entre estos, cabe destacar los estudios de Peter Kornbluh, quien trabajó en el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y además dirigió la campaña de desclasificación de los documentos oficiales sobre la historia del apoyo estadounidense a la dictadura de Pinochet. En sus trabajos, Kornbluh aborda el financiamiento y la influencia de los gobiernos de Nixon y Kissinger para socavar el gobierno democrático de Salvador Allende, estudia las acciones represivas en Chile y se enfoca en lo que el autor llama «terrorismo internacional» dirigido por Pinochet y auxiliado por servicios de inteligencias externos a Chile. Patrice McSherry también se ha ocupado del estudio de la violencia estatal en los países latinoamericanos y su vínculo con Estados Unidos. En su trabajo la autora entiende la guerra sucia como guerra de contrainsurgencia, identificando algunas de las características de esta, entre las cuales se cuentan: su inspiración en la Doctrina de Seguridad Nacional, el uso de fuerzas paramilitares e irregulares para lograr controlar la disidencia, la organización de redes de información formadas también por civiles, la vigilancia estricta de la sociedad, el uso de criterios político-ideológicos para definir al «enemigo interno», el terrorismo como práctica para acrecentar el control y eliminar la oposición política, y la guerra sicológica para crear miedo. Tanto los trabajos de Kornbluh como los de McSherry han abierto perspectivas de estudio en la medida que han permitido apreciar la guerra sucia en Chile, en el contexto de la Guerra Fría, como una ideología y práctica que trascendió los límites de dicho país tanto en su organización como en su ejecución, conectando servicios de inteligencias y civiles que interactuaron con el apoyo de Estados Unidos, e influyeron en el territorio y la política chilena y extranjera.
Sin embargo, el concepto de guerra sucia también ha resultado problemático y su uso para los casos de las dictaduras latinoamericanas no ha estado exento de problemas. Para Argentina, Daniel Frontalini y María Cristina Caiati han examinado la doctrina desarrollada por los militares argentinos, que los llevó a significar como una «guerra» la violencia política ejercida contra los civiles. A juicio de los autores esta conceptualización constituye una falacia, pues para que exista una guerra deben existir dos bandos, y la guerrilla nunca estuvo en condiciones de cuestionar el poder, con lo cual los sucesos en Argentina responden a una represión de los disidentes políticos. En palabras de Frontalini y Caiati lo que existió en Argentina debe identificarse como «el ejercicio criminal de la soberanía estatal, también llamado Terrorismo de Estado». El debate se ha mantenido hasta el 2020, como lo muestran los planteamientos de Constanza Dallaporta y Pablo Pryluka, quienes han cuestionando cuán correcta y neutral es la expresión «guerra sucia», pues implica una dinámica de poder diferente de la que existió en la dictadura argentina. Ambos autores recalcan que no existían bandos compitiendo por el control del territorio ni tampoco un ejército profesional que rivalizara con las fuerzas estatales y que el uso del concepto solo puede comprenderse en el contexto más amplio de Guerra Fría y de la lucha anticomunista emprendida por Estados Unidos. Según plantean, el concepto «guerra sucia» fue inventado por quienes cometieron crímenes durante la dictadura argentina y su uso significa adherir a una interpretación derechista de la historia, que pretende diluir las responsabilidades por los crímenes de Estado.
A pesar de las críticas, el concepto de guerra sucia ha continuado siendo utilizado por autores como Federico Finchelstein y María Luisa Ferrandis para referirse a las acciones de las juntas latinoamericanas que se ocuparon de organizar el secuestro, tortura y asesinato de individuos, como lo ejemplifica el caso argentino. Los autores destacan que estas prácticas no fueron únicamente el resultado de la influencia de teorías extranjeras, como la francesa o la estadounidense, sino que los actores nacionales tuvieron un papel fundamental en las decisiones, ideologías y prácticas implementadas.
La necesidad del secreto ha sido una de las características de la guerra sucia, condición que promovió iniciativas para el ocultamiento de documentos y el bloqueo al acceso a información comprometedora. Fue durante los mismos años de la dictadura de Pinochet que surgieron distintas publicaciones y organizaciones orientadas a denunciar la represión estatal, las torturas, desapariciones y muertes, como lo ejemplifican las revistas Apsi y Análisis, y la fundación de organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad. Durante el regreso a la democracia, iniciado en marzo de 1990 y marcado por la posición privilegiada de las Fuerzas Armadas en el panorama político chileno y la ley de Amnistía que protegió sus crímenes entre 1973 y 1978, distintos acontecimientos motivaron las peticiones de desclasificación de archivos, no solo como fuentes para la historia y la memoria, sino para constituir la base de las acciones legales en contra de los victimarios; juicios que, además, han permitido que salgan a la luz nuevas evidencias sobre este periodo. De especial importancia fue la detención de Augusto Pinochet en 1998, que motivó la organización del «Proyecto de Desclasificación de Chile», dirigido por el gobierno estadounidense, y orientado a dar respuesta a las peticiones del Congreso Nacional de Chile y a los familiares de las víctimas. Luego de haber superado resistencias por parte de la CIA, el proyecto logró poner a disposición del público cerca de 24 000 documentos relacionados con los vínculos entre Estados Unidos y la dictadura de Pinochet, y la sistemática violencia de Estado. También, han sido relevantes las iniciativas de lugares de memoria, entre los cuales se cuentan el ex centro de tortura Londres 38 y el Museo de la Memoria, dedicado a la conmemoración de las víctimas y la protección de los derechos humanos. Estos espacios se han ocupado de organizar centros de documentación, promoviendo la difusión de materiales en Internet e impulsando iniciativas y proyectos para exigir la desclasificación y publicación de los documentos relacionados con la dictadura militar.
La Guerra Fría en América Latina: el contexto de la guerra sucia Las conceptualizaciones que se han realizado sobre el término guerra sucia la sitúan cronológica y temáticamente en la dinámica de la Guerra Fría. En el caso chileno esta interactuó con el contexto local acentuando la polarización de la sociedad, facilitando la interrupción de la democracia, potenciando el militarismo y el terrorismo de Estado destinado a acabar con los actores subversivos y con ello eliminar también sus ideas.
América Latina y la Guerra Fría global