La masacre de El Calabozo fue un incidente ocurrido durante la guerra civil salvadoreña los días 21 y 22 de agosto de 1982, en el poblado de El Calabozo, en el cantón Amatitán Abajo, de San Esteban Catarina, San Vicente, El Salvador. Según se informa, el batallón Atlácatl, del ejército salvadoreño, mató en El Calabozo a más de doscientas personas, incluidos niños y ancianos. La acción se vincula con el llamado operativo Azenón Palma.
Hechos En agosto de 1982, los militares salvadoreños atacaron el Departamento de San Vicente, zona en la que se sabía que tenía bases el rebelde Frente Farabundo Martí. El departamento fue bombardeado durante varios días antes de que las fuerzas terrestres avanzaran, lo que provocó la huida de muchos civiles.
En la noche del 21 de agosto, un grupo de desplazados internos fue alcanzado junto al río Amatitán por el batallón Atlácatl, una unidad de contrainsurgencia entrenada por los Estados Unidos. El batallón Atlácatl había sido previamente responsable de la masacre de El Mozote, en la que murieron hasta 900 civiles capturados. En un lugar llamado "El Calabozo", el batallón rodeó a los desplazados internos y abrió fuego a corta distancia. Los soldados arrojaron algunos de los cuerpos al río y, según se informó, arrojaron ácido sobre otros, lo que hizo imposible confirmar el número exacto de muertos, pero más de doscientos fueron declarados desaparecidos después del incidente por los familiares supervivientes. Entre los muertos había bebés y ancianos.
La primera denuncia fue en 1992 tras la firma de acuerdos de paz, los sobrevivientes denunciaron al hecho, aunque el tribunal inspecciono el lugar, en ese momento no se realizaron exhumación. En noviembre de 2018 a finales del mes se lograron localizar y recuperar los primeros restos óseos. Antropológicos forenses, trabajaron en una fosa en el Municipio de San Sebastián, San Vicente, donde encontraron las osamentas de 6 personas y en enero del 2020 el Estado Salvadoreño entregó formalmente los restos de 6 víctimas a su familia.
Consecuencias sucedidas después de la masacre del calabozo, como daños psicológicos en los sobrevivientes, traumas en las personas afectadas, desintegración de familias, desplazamiento y pobreza.
Es importante notar que debido a la magnitud del operativo militar y el tiempo transcurrido, y muchos de los cuerpos de las más de 200 víctimas nunca pudieron ser recuperados ya que algunos fueron arrastrados por el río Amatitlán.
La masacre fue reportada públicamente por The Washington Post el 8 de septiembre de 1982, dos semanas después del hecho.
Investigaciones El ministro de Defensa José Guillermo García declaró que el gobierno había investigado el incidente y determinó que no se había producido ninguna masacre. En 1992 algunos sobrevivientes presentaron una denuncia ante las autoridades pidiendo una investigación.
Aunque la Comisión de la Verdad de El Salvador documentó la existencia de la masacre, el gobierno cerró la investigación del caso en 1993 sin cargos. En 2016 se impulsó la reapertura del caso, luego de que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declarara la inconstitucionalidad de Ley de Amnistía promulgada en 1993, que impedía la continuación de las acciones legales y el esclarecimiento de los delitos cometidos antes del 1 de enero de 1992, en el marco de la guerra civil acaecida de 1980 a 1992.
En 2016 el Ministerio de Cultura declaró como Bien Cultural al lugar de memoria histórica donde ocurrió la matanza.
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