El Caso Uribe es el nombre con el que se conoce al proceso judicial adelantado en Colombia en contra del expresidente de la república Álvaro Uribe Vélez. El 24 de julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. El proceso culminó el 21 de octubre de 2025 con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Uribe por todos los cargos. Dicha decisión revocó la sentencia condenatoria proferida en primera instancia por la juez 44 penal del circuito de Bogotá, que había hallado a Uribe responsable de 2 de los 3 delitos imputados y lo había condenado a 12 años de detención domiciliaria. Ante esta decisión, la Fiscalía y las presuntas víctimas anunciaron la interposición de un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
El Proceso El origen de las disputas entre Uribe y el senador Iván Cepeda se remonta al 2011, cuando el segundo entrevistó en una cárcel al preso Juan Guillermo Monsalve, condenado por extorsión y secuestro a más de 40 años de prisión. Durante esa entrevista Monsalve afirmó que los hermanos Uribe Vélez habían fundado el Bloque Metro de las AUC en la Hacienda Guacharacas. Después de esa entrevista, Uribe interpuso una demanda en contra de Cepeda. En septiembre de 2014, el senador Cepeda citó un debate en el congreso para develar información sobre los presuntos vínculos de Uribe con grupos narcotraficantes y paramilitares de ultraderecha a lo largo de su carrera política. Uribe, quien era senador en aquel entonces, abandonó el recinto al iniciar el debate y, a manera de respuesta, se dirigió a la Corte Suprema a interponer una demanda por supuesta manipulación de testigos en contra de Cepeda. El 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema se inhibió de continuar la investigación en contra de Iván Cepeda y anunció el inicio de la investigación en contra de Uribe.
El 2 de agosto de 2020 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado César Reyes, le impuso a Uribe la medida de detención domiciliaria por riesgos de obstrucción a la justicia, mientras se desarrollaba la investigación. Sin embargo, en ese decisión y más de 3 años después del llamado a indagatoria, la corte no acusó a Uribe, por lo cual, hasta ese entonces, no había sido llamado a juicio. Uribe renunció a su curul como senador y, al perder su condición de aforado constitucional, su proceso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para continuar su curso dentro de la justicia ordinaria. Uribe permaneció cerca de dos meses privado de la libertad. La Fiscalía, dirigida entonces por Francisco Barbosa, solicitó una audiencia innominada de libertad ante un juez de control de garantías, la cual resultó en el levantamiento de la orden de detención.
El Tribunal Superior de Bogotá falló que la indagatoria bajo ley 600 era equivalente a la imputación bajo ley 906. Dos fiscales delegados ante la corte, Gabriel Ramón Jaimes y Javier Cárdenas, solicitaron la preclusión. En ambas ocasiones ésta fue negada por dos juezas de conocimiento penal del circuito de Bogotá, a quienes el caso les fue asignado por sorteo. En la segunda oportunidad, la decisión fue ratificada en octubre de 2023 por tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Algunos medios destacaron la proximidad del exfiscal Barbosa con el uribismo debido a su cercana amistad con el entonces presidente Iván Duque, quien fue su nominador al cargo, y quien a su vez fue considerado el heredero en el poder de Uribe. El 9 de abril de 2024 la Fiscalía General, liderada por Luz Adriana Camargo, quien fuera nominada por el presidente Gustavo Petro, llamó a juicio a Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos en actuación penal, fraude procesal y soborno. El 28 de julio de 2025 fue hallado culpable en primera instancia en dos de los tres delitos imputados, por la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. Una investigación periodística encontró que la juez Heredia ejercía su cargo en provisionalidad y que había reprobado en tres ocasiones el examen de concurso de méritos para ser jueza en propiedad. El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de primera instancia y absolvió a Uribe de todos los cargos.
Además de este proceso Uribe ha sido investigado por numerosos casos, considerados de mayor gravedad, sin embargo el caso de manipulación de testigos y fraude procesal ha ganado mayor notoriedad por ser el que ha resultado en una acusación formal y la práctica de un juicio. Otros delitos que se han investigado alrededor del expresidente incluyen hechos sucedidos anteriores a su presidencia como las masacres del Aro y la Granja, el asesinato del abogado de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo; entre otros casos; y hechos ocurridos durante su presidencia como su injerencia en el escándalo de los falsos positivos, el escándalo de las chuzadas, la yidispolítica y la parapolítica. De ninguna de estas investigaciones existe un proceso formal en contra de Uribe.
Uribe ha manifestado su inocencia y ha alegado que los casos jurídicos en su contra son una persecución política de sus opositores.
Antecedentes thumb|Iván Cepeda durante su intervención en el congreso en 2014. El proceso contra Álvaro Uribe comenzó a raíz de las investigaciones del senador Iván Cepeda sobre los vínculos entre el expresidente y grupos paramilitares en Colombia. Cepeda, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, dedicó años a recopilar testimonios de víctimas y exparamilitares sobre crímenes cometidos por estos grupos. Como parte de esta labor, reunió declaraciones que señalaban a múltiples políticos y figuras de poder en Colombia, entre ellos Uribe, a quien varios exparamilitares acusaban de haber facilitado la creación de grupos armados ilegales durante su gestión como gobernador de Antioquia (1995-1997).
En 2012, Cepeda presentó parte de estos hallazgos en un debate en el Congreso, exponiendo testimonios de paramilitares como Salvatore Mancuso y Juan Guillermo Monsalve quien fue administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez.
En 2014, Cepeda realizó un segundo debate en el Senado, donde amplió las acusaciones y presentó más testimonios de exparamilitares que afirmaban haber recibido órdenes de Uribe o de su hermano, Santiago Uribe, para formar grupos armados en Antioquia. Para ese momento, Álvaro Uribe ya había regresado a la política electoral y había sido elegido senador para el periodo 2014-2018, encabezando la lista del recién creado partido Centro Democrático. Uribe, en respuesta a las denuncias de Cepeda, lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, alegando que el senador había sobornado a exparamilitares en las cárceles para obtener declaraciones en su contra.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que no había pruebas contra Cepeda y archivó la investigación en su contra. En cambio, encontró indicios de que Uribe y su abogado, Diego Cadena, habrían intentado influir en testigos para desacreditar a Cepeda. Dado que Uribe era senador en ese momento, el caso fue asumido por la Corte Suprema, que abrió una investigación formal en su contra por presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Este fue el punto de partida del proceso judicial que, años después, llevaría a Uribe a enfrentar cargos en la justicia ordinaria.
Desarrollo Investigación, parte civil e irregularidades El 22 de febrero de 2018, la corte ordena una indagación preliminar para corroborar las denuncias y, finalmente, halla elementos para iniciar el proceso a los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Prada. Durante estos días, el abogado de Uribe, Diego Cadena, y Prada habrían realizado una visita a la Penitenciaría La Picota para entrevistarse con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Debido a los elementos encontrados, el 24 de julio la corte inicia investigación formal a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno.El 15 de septiembre, la corte intercepta, por error, el teléfono de Álvaro Uribe, iniciándose una investigación en la Cámara de Representantes contra el magistrado José Luis Barceló; por esto, el 2 de noviembre el caso pasa a la Sala Especial de Instrucción, en cabeza de la magistrada Cristina Lombana. Once días después, el 18 de febrero, la corte rechazó la petición de Uribe de anular la investigación debido a las irregularidades de las interceptaciones del magistrado Barceló.
El 7 de febrero de 2019, la Suprema Corte admitió a Iván Cepeda como parte civil dentro del caso y para el 10 de mayo la Sala Especial de Instrucción acepta la petición de Cepeda para que Cristina Lombana no quede a cargo del proceso, siendo relevada por el magistrado César Augusto Reyes Medina. El 9 de julio la Sala llama a Uribe y a Hernán Prada a indagatoria el 8 y 9 de octubre, respectivamente. Dos meses después, el 3 de septiembre, empieza la fase de recopilación de testimonios con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez. El 8 de octubre, como estaba previsto, se lleva a cabo la indagatoria de Álvaro Uribe, donde es sindicado de cometer soborno y fraude procesal.
Detención domiciliaria y pérdida de competencia El 27 de julio de 2020, la fiscalía imputó cargos a Diego Cadena por los delitos de soborno y fraude procesal.El 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe luego de escuchar una serie de conversaciones, más de 27.000 pruebas de audio, y revisar un documento de más de 1500 páginas que resume las investigaciones en cabeza del magistrado César Augusto Reyes.El domingo 9 de agosto se hizo pública una conversación que sostuvo el abogado Cadena con el periodista Julio Sánchez Cristo, causando controversia. El martes, 11 de agosto, se venció el plazo que tenían sus abogados para interponer el recurso de reposición contra la detención; según Uribe, este no fue presentado por la falta de garantías que tendría en su proceso. Al día siguiente, Uribe es reseñado con el número 1087985, otorgado por el INPEC.
Siete días después, el 18 de agosto, Uribe renunció a su curul en el Senado, por lo que el caso pasó a un juzgado civil y la investigación pasó a estar a cargo de la Fiscalía General de la Nación, esto debido a que la Corte Suprema solo podría conocer del caso en tanto Uribe estuviese aforado como congresista.El expediente se remitió el 2 de septiembre de 2020, mediante comunicado de prensa de la sala de instrucción de la Corte, reconociendo que no hay elementos para concluir que el Caso Uribe debía permanecer en la Corte Suprema. Es asignado dos días después, como fiscal a cargo de la investigación, el delegado ante la corte Gabriel Jaimes. Sus otros procesos por presuntas masacres en 1997 también fueron remitidos a la Fiscalía.
El 10 de octubre y tras 66 días en arresto domiciliario, el fiscal pide al juez 30 de control de garantías dejar en libertad al ahora exsenador Álvaro Uribe Vélez y, el 6 de noviembre, el juez 4 de conocimiento ratificó que podía quedar en libertad mientras se adelantaba el proceso.
Proceso fallido de preclusión El 15 y 20 de enero de 2021 los abogados de Uribe radican tutela por considerar que hay una violación al debido proceso; siete días después, el Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá declara improcedente la tutela. El fiscal Jaimes solicitó al juez a cargo, el 5 de marzo, la preclusión del proceso, aduciendo falta de pruebas.