El llamado «pacto del olvido» (o «pacto de silencio») designa el acuerdo informal consensuado en España por los partidos de izquierdas y derechas para evitar lidiar con el legado de la guerra civil española y de la dictadura franquista después de la muerte en 1975 de Francisco Franco. Este pacto fue un intento de dejar atrás el pasado y concentrarse en el futuro. Como ha destacado Ismael Saz, «se trataba de "olvidar" un pasado para construir un futuro en paz y democracia». El «pacto del olvido» recibió una base legal en la Ley de Amnistía de 1977, que había sido precedida por una amnistía parcial en 1976.
El pacto sostuvo la transición a la democracia de la década de 1970 y aseguró que las cuestiones difíciles sobre el pasado reciente fueran suprimidas por temor a poner en peligro la reconciliación nacional y la restauración de las libertades. Las responsabilidades por la Guerra Civil, y por la represión que siguió, no debían recaer en ningún grupo social o político en particular. En la práctica, esto presuponía suprimir recuerdos dolorosos derivados de la división de la población posterior a la guerra civil en vencedores y vencidos.Alberto Reig Tapia, Memoria de la guerra civil, Madrid 1999, quoted in The Splintering of Spain, p.9, Cambridge University Press, 2005
Muchos historiadores coinciden en que el «pacto del olvido» cumplió un propósito en el momento de la transición, aunque otros lo ponen en duda. Por su parte, el hispanista Paul Preston considera que Franco tuvo tiempo de imponer su propia versión de la historia, lo que todavía impide que la España contemporánea «mire a su pasado violento reciente de una manera abierta y honesta». También se han estudiado las motivaciones y consecuencias de este pacto en términos de clase y explotación.
Contexto histórico Ismael Saz ha señalado que durante la Transición existió una «demanda social de olvido, de "echar al olvido", que se había iniciado entre las clases populares tan pronto como en abril de 1939». Se basaba en la idea del nunca más una guerra civil, lo que implicaba la reconciliación de vencedores y vencidos. Las fuerzas democráticas, tanto las que procedían del régimen como las que venían de la oposición antifranquista, asumieron que era necesario «cerrar unas heridas que venían de la Guerra Civil y del franquismo a la hora de construir una democracia. Se trataba, por tanto, de huir de una posible espiral de recriminaciones y, eventualmente, de responsabilidades que, sin duda, habría hecho poco menos que imposible el diálogo entre los distintos interlocutores». Así fue como el «echar al olvido» se extendió a la dictadura franquista, lo que se concretó en una «amnistía recíproca» (de los perseguidos por la dictadura y de sus servidores) «que convenciese a muchos terroristas de que cuanto hubieran hecho en el pasado no les iba a acarrear el complimiento de las condenas; y que convenciese también a los servidores del régimen franquista, especialmente a los vinculados a la represión, que tampoco se les iban a pedir cuentas por el pasado».
Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca Sánchez-Cuenca coinciden totalmente con Saz cuando afirman que «durante la Transición se asumió que el olvido era una condición de posibilidad de lo que entonces se llamaba la reconciliación nacional. [...] La argumentación giraba en torno a la premisa de que la forma más eficaz de cerrar las heridas históricas que arrastraba el país consistía en olvidar el pasado, pasar página y concentrarse en la modernización pendiente de España». A este factor fundamental para explicar el «pacto del olvido» de la Transición, Fishman y Sánchez-Cuenca añaden otros tres: que en los años 1970 no había precedentes de la justicia transicional (medidas de reparación por la violación de los derechos humanos en el pasado) ni de comisiones de la verdad como después se aplicaron en otros países con pasados dictatoriales; que la opinión pública no las exigió por considerar prioritario superar las divisiones de la Guerra Civil; y que la oposición democrática difícilmente habría podido obligar a las elites franquistas a rendir cuentas por su actuación durante la dictadura ya que las fuerzas de seguridad y la judicatura provenientes del franquismo se mantuvieron sin que sufrieran ningún tipo de «depuración» (como, por ejemplo, sí ocurrió en Portugal tras la Revolución de los Claveles de 1974).
Pero, como ha advertido también Ismael Saz, el «echar al olvido» tenía un coste, «libremente asumido, perfectamente justificado, producto de la lucidez política, pero coste al fin. No abrir las heridas del pasado suponía una renuncia implícita a hacer de la memoria de la dictadura una fundamentación de la naciente democracia». «Lo que se producía era en cierto modo una paradoja: el recuerdo de un mal —la Guerra Civil— había marcado los límites por donde debía transitar la transición; pero para que ésta se llevase a término felizmente era el recuerdo de otro mal el que se eclipsaba. La democracia española nacía curada de memoria —de la Guerra Civil— pero "enferma" de olvido —del franquismo. Los eufemismos con que se empezó a hablar por entonces del anterior régimen o el anterior Jefe del Estado, que ocultaba denominaciones como dictadura o dictador, son la mejor muestra de ello».
El historiador británico Paul Preston ya había señalado que «el pacto del olvido no dejó de llevar consigo la inmensa injustica de que las víctimas que debieron silenciar sus penas durante casi cuarenta años tuvieron que seguir callándose. En ese sentido, el pacto del olvido no era un pacto entre iguales». Tras considerar, como Saz, que «el pacto del olvido fue ineludible dentro del contexto de los años setenta», Preston argumenta que uno de los «costes de la transacción» que supuso la transición a la democracia —«transacción entre varias Españas: la parte más progresista y moderada de la España franquista, la España de las víctimas de la dictadura que renunció a venganzas y ajustes de cuentas, y la inmensa tercera España que quería una normalización dentro de una Europa democrática»— fue que «los familiares de las víctimas de la dictadura, los afligidos y/o sus descendientes, no tuvieron el reconocimiento de sus sufrimientos que les permitiría finalmente lamentar sus muertos y otras pérdidas de vidas enteras… Todo esto tuvo que olvidarse durante la transición por la necesidad primordial de evitar obstaculizar con amarguras y rencillas un proceso delicadísimo».
Javier Cercas considera que el pacto que hizo posible la Transición fue en realidad un «pacto de recuerdo». «Si los políticos de la transición pudieron cumplir el pacto que ésta implicaba, renunciando a usar el pasado en el combate político, no fue porque se hubieran olvidado de él, sino porque lo recordaban muy bien: porque lo recordaban y porque decidieron que era indigno y abyecto ajustar cuentas con el pasado para tener razón a riesgo de mutilar el futuro, tal vez de volver a sumergir el país en una nueva guerra civil. Durante la transición poca gente olvidó en España, y el recuerdo de la guerra estuvo más presente que nunca en la memoria de la clase política y de la ciudadanía».
Las críticas al «pacto del olvido» En la última década del desde diversos sectores se comenzó a impugnar el «pacto del olvido» en que se había basado la Transición. Dos factores influyeron en ello. El primero, que en esos años la democracia en España estaba ya consolidada, sin que sobre ella gravitara ya el riesgo del golpe de Estado militar (tras el fracaso del 23-F) ni la amenaza del terrorismo (aunque ETA siguiera asesinando). Así pues se podía abordar la memoria del franquismo sin que la democracia corriera peligro. El segundo factor, probablemente el más decisivo, fue la existencia de una «demanda social» que si durante la transición había sido de «olvido» ahora era de memoria. Cuatro razones principales explicarían, según Ismael Saz, este cambio: «la aparición de nuevas generaciones que a diferencia de las anteriores quieren saber... Son los nietos que quieren saber por qué se sufrió tanto y se desencadenó una represión sin piedad contra los vencidos y opositores, que no temen saber ya lo que hubo de correcto o incorrecto en las actitudes de sus abuelos»; la extensión de «la idea de que una cultura democrática firme y sólida, de una conciencia cívica, de una democracia de buena calidad, sólo puede descansar en el enfrentamiento abierto con un pasado que fue todo lo contrario de la democracia»; «la demanda de justicia, verdad y reparación moral, física y, a veces también material, de las víctimas y de sus sucesores»; y la «tendencia generalizada en todos los países que han experimentado a lo largo del siglo XX experiencias traumáticas» a abordar ese pasado (por ejemplo, en 1995, el mismo día en que se cumplía el 53 aniversario de la Redada del Velódromo de Invierno, el presidente de la República Francesa Jacques Chirac hizo una declaración solemne en la que reconocía la responsabilidad del régimen de Vichy, y por tanto de Francia, en el exterminio de los judíos).
La existencia de la «demanda social» de memoria se evidenció de diversas formas, entre las que destacó la fundación el año 2000 de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que surgió de la búsqueda de un sociólogo, Emilio Silva, para localizar e identificar los restos de su abuelo, que fue asesinado por las fuerzas de Franco en 1936. Novelas como Soldados de Salamina, de Javier Cercas, o películas como Las 13 rosas, de Emilio Martínez-Lázaro, y La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, trajeron también al primer plano la cuestión de la memoria histórica de la guerra civil y del franquismo. De hecho en 2006, dos tercios de los españoles estaban de acuerdo con una «nueva investigación sobre la guerra». También hubo programas de radio y de televisión sobre el tema de gran impacto, como los dedicados por la cadena SER a «los años difíciles» (recopilados en un libro publicado en 2002) o el documental Els nens perduts del franquisme ('Los niños perdidos del franquismo') de TV3 (que también dio lugar a un libro publicado en catalán y en castellano en 2002).
En cuanto a las instituciones democráticas el primer paso se dio el 20 de noviembre de 2002, vigesimoséptimo aniversario de la muerte de Franco, cuando la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó, con el voto favorable del Partido Popular, una declaración de condena de la dictadura franquista, reafirmando el reconocimiento moral de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista e instando al Gobierno (entonces presidido por el popular José María Aznar) a desarrollar «una política integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la Guerra Civil así como de los llamados niños de la guerra». Pero esta declaración fue considerada por algunos sectores sociales y políticos y por algunos historiadores como claramente insuficiente, pues no fue «un acto solemne de ruptura abierta, frontal y sin matices con el pasado franquista, único modo de que ese pasado oscuro pueda pasar», como, por ejemplo, se había hecho en Francia con el régimen de Vichy y su participación en el Holocausto.