derecha|miniaturadeimagen| Mujeres y niños detenidos en el centro de detención Ursula en McAllen, Texas, Estados Unidos . Durante la primera presidencia de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos detuvo una política de detención de migrantes que intentaban ingresar al país en la frontera con México. Según informes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, entre mayo y julio de 2019 el gobierno detuvo a migrantes en condiciones que no cumplen con las normas federales, incluyendo detención prolongada, hacinamiento, higiene deficiente e incumplimiento de normas alimentarias. También hubo casos de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente.
El gobierno de Trump ha adoptado un enfoque más severo que los gobiernos anteriores con respecto a la detención de migrantes ya que, a diferencia de las administraciones de George W. Bush y Obama, no permite exenciones a la detención.
Antecedentes derecha|miniaturadeimagen|400x400px| Inspectores del gobierno federal observaron condiciones de hacinamiento para los detenidos migrantes en McAllen, Texas Según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), en el 2017 el número de migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México fue de alrededor de 300,000 - la cifra más baja desde 1971. En el 2018, los detenidos fueron alrededor de 400,000. Entre el 2000 y el 2008, el número de detenidos siempre fue superior a 600,000. En este periodo el 2000 fue el año con más detenciones, con más de 1.6 millones de migrantes detenidos. Entre el 2009 y el 2018, el número siempre fue inferior a 600,000.
Algunas de las razones por las que los migrantes buscan ingresar a los Estados Unidos incluyen escapar de la violencia, salir de la pobreza y evitar los efectos del cambio climático en sus países de origen.
La responsabilidad de detener migrantes a largo plazo recae sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, no el CBP. La entrada incorrecta a los Estados Unidos puede resultar en una sentencia de prisión federal de hasta 180 días. Los delincuentes reincidentes pueden ser encarcelados por un máximo de dos años, pero se pueden agregar años adicionales si dicho migrante tiene condenas penales previas. Durante el gobierno de Trump, las leyes de inmigración de los Estados Unidos le dieron a la rama ejecutiva un margen de maniobra significativo para decidir qué inmigrantes pueden ser detenidos o liberados en espera de sus audiencias.
Estados Unidos ha sido descripta como una "nación de inmigrantes", pero históricamente fue ambivalente hacia la inmigración. Por ejemplo, desde 1790 hasta 1952, la ley restringía la naturalización a los inmigrantes de origen europeo. Alrededor de la década de 1910 (durante la Primera Guerra Mundial ), Ellis Island, hasta ese entonces un conducto de inmigración para migrantes que llegaban por barco, se convirtió en un centro de detención y deportación.
Hasta fines de la década de 1920 casi no hubo restricciones a la inmigración proveniente de México en los Estados Unidos. A pesar de los sentimientos nativistas y xenófobos que existían desde 1880 llevaron a algunos a considerar que los mexicanos eran de una raza inferior, la necesidad de mano de obra sirvió para superar a estos prejuicios temporalmente. En 1929, Estados Unidos aprobó la Sección 1325 del Título 8 del Código de Estados Unidos, mediante la cual cruzar la frontera entre Estados Unidos y México sin autorización se convirtió en un delito federal. Además, el colapso de la bolsa de valores de 1929 y el aumento del desempleo durante la década del 30 causaron "campañas de repatriación" por parte de funcionarios locales y federales, campañas activas y redadas por parte de estadounidenses que resultaron en la deportación de cientos de miles de inmigrantes mexicanos, incluso si muchos eran para ese entonces ciudadanos estadounidenses y tenían hijos nacidos en el país o habían ingresado legalmente a los Estados Unidos. El Programa Bracero, que duró de 1944 a 1964, permitió que ciudadanos mexicanos entraran legalmente como trabajadores, pero resultó en un aumento de la inmigración ilegal. Como resultado, en 1954 se estableció la Operación Wetback para deportar a millones de inmigrantes ilegales que vienen de México, con continuas campañas de deportación en los años venideros. A partir de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 se estableció una cuota para la inmigración a los Estados Unidos desde América Latina, lo que resultó en un aumento de la inmigración ilegal desde México. La expansión de los sectores agrícola y de servicios en los Estados Unidos estimuló aún más la inmigración ilegal desde América Latina en los años ochenta y noventa.
El gobierno de Trump ha intentado transformar la manera en la que la sociedad americana ve a la inmigración, haciendo que los inmigrantes pasaran de ser un beneficio para la sociedad estadounidense, fueran legales o ilegales, a representar una amenaza para la economía, la seguridad nacional y la identidad de los Estados Unidos.
En enero de 2017, Trump declaró había 11 millones de inmigrantes en los Estados Unidos que podían ser objeto de detenciones y deportaciones, incluidos inmigrantes legales que anteriormente habían cometido un delito por el que no habían sido arrestados.
En enero de 2019, Trump reiteró 8 veces en 12 días que existían traficantes de personas que transportan mujeres a través de la frontera entre México y Estados Unidos, metiéndolas en vehículos y atándoles la boca. Insistió en que este era un escenario común, pero los expertos atestiguaron que no tenían conocimiento de que fuera una ocurrencia frecuente. Tampoco hubo noticias de incidentes de ese tipo. A partir de estos reclamos, los líderes de la Patrulla Fronteriza pidieron a sus agentes que brinden "cualquier información" relacionada con los reclamos de Trump.
Ese mismo mes Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró falsamente que CBP había detenido a casi 4.000 terroristas o sospechosos de terrorismo "que cruzaron nuestra frontera sur". En el 2017 habían sido detenidos 3.755 terroristas o sospechosos de terrorismo. Sin embargo, esta cifra incluye a quienes ingresaron a través de aeropuertos y puertos marítimos (la mayoría de los inmigrantes fueron detenidos en aeropuertos). NBC News informó que, entre octubre de 2017 y marzo de 2018, la administración Trump solo detuvo a 41 terroristas conocidos o sospechosos en la frontera sur, de los cuales 35 eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. En 2017, el Departamento de Estado informó que "no hay evidencia creíble de que grupos terroristas hayan enviado agentes a través de México a los Estados Unidos". Al ser interrogado sobre las afirmaciones falsas de Sanders, el vicepresidente Mike Pence declaró que "3.000 personas de interes especial, personas con antecedentes sospechosos que podrían sugerir conexiones terroristas, fueron detenidas en nuestra frontera sur." Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, hizo un reclamo similar. Sin embargo, un extranjero de interés especial se refiere a personas que provienen de un país que ha producido terroristas; los extranjeros de interés especial no necesariamente son sospechosos de terrorismo ellos mismos.
En febrero de 2019, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos debido a la afluencia de migrantes que, alegó, podían cometer actividades criminales en los Estados Unidos. Maria Sacchetti del Washington Post respondió que, ese mes, más del 60% de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos no tenían antecedentes penales.
En junio de 2019, el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista que proporcionaba fondos de alrededor de $ 4,6 mil millones de dólares para mejorar las condiciones de vida en los centros de dentención, incluidos $ 1,1 mil millones para la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que estaban destinados a mejorar las instalaciones y la atención a los migrantes y alrededor de $ 2,9 mil millones destinados a que el Departamento de Salud y Servicios humanos mejorara las condiciones de los menores migrantes. Este proyecto fue aprobado con 84 votos a favor y 8 en contra. En el mismo mes, la Cámara de Representantes aprobó 305-102 la versión del proyecto de ley aprobada por el Senado, a pesar de las objeciones de los demócratas que deseaban mayor protección para los niños migrantes y más medios de garantizar la rendición de cuentas por los fondos.
Comparación con administraciones anteriores derecha|miniaturadeimagen|400x400px| Tour del centro de detenciones Ursula en McAllen, Texas, donde fueron detenidos los migrantes, en junio del 2018. El gobierno de los Estados Unidos empezó a detener migrantes centroamericanos en la década de 1970, bajo la presidencia de Jimmy Carter. A partir de la década de 1980, bajo la presidencia de Ronald Reagan, se detuvo a barcos que traían migrantes desde el Caribe. Desde la década de 2000, los juicios a los inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera se convirtieron en una prioridad de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama. Sin embargo, el gobierno de Trump ha adoptado un enfoque más severo que los gobiernos anteriores con respecto a la detención de migrantes ya que, a diferencia de las administraciones de George W. Bush y Obama, no permite exenciones a la detención.
De acuerdo con el profesor Kevin Johnson, que escribió para la Santa Clara Law Review en el 2017, los defensores de las políticas de inmigración de la administración Trump afirman que estas políticas fueron una continuación de las políticas del gobierno de Barack Obama. Pero Johnson refutó esta idea, asegurando que las políticas de Trump "difieren en aspectos importantes" de las del gobierno de Obama. Las políticas de inmigración bajo el gobierno de Obama se caracterizaron por "una mezcla de aplicación estricta de la ley y un cierto grado de generosidad." El gobierno de Trump , en cambio, ha extendido "significativamente" el programa de aplicación "fríamente eficiente" del gobierno de Obama, "al tiempo que reduce, y quizás elimina, el tratamiento más generoso de los inmigrantes sujetos a una posible expulsión de los Estados Unidos". En mayo de 2019, el profesor Johnson y la profesora Rose Cuison-Villazor escribieron para Wake Forest Law Review que las políticas de inmigración bajo el gobierno de Trump son "más duras" que las políticas inmigratorias bajo "cualquier presidente moderno." A pesar de que los gobiernos de Reagan y Obama detuvieron migrantes, solo durante el gobierno de Trump la detención fue obligatoria. De acuerdo con Johnson y Cuison-Villaflor, "ningún gobierno anterior recurrió a la separación de familias como un dispositivo para disuadir la migración desde Centroamérica".
En un artículo publicado en Gender, Place & Culture de 2018, Rebecca Torres describió al gobierno de Trump como "la administración más anti-refugiadados y anti-inmigrantes en la historia reciente de Estados Unidos", escribiendo que hubo un aumento en las detenciones de inmigrantes y acciones contra refugiados e inmigrantes "sin precedentes". En este sentido siguió los pasos del gobierno de Obama, durante el cual hubo un número récord de deportaciones y políticas destinadas a disuadir a los latinoamericanos que buscaban mudarse a los Estados Unidos.