El caso Juana Rivas fue un proceso judicial, una disputa judicial entre Juana Rivas y su ex, por aquel entonces pareja, Francesco Arcuri. El caso implicó al ámbito judicial de los países de España e Italia, ya que Juana residía en la ciudad de Granada, Andalucía y Francesco lo hacía en Italia.
Ganó una notable repercusión política y periodística debido a que implicó un caso de violencia de género por parte de Arcuri contra Juana Rivas, a la vez que esta era condenada por sustracción de menores ante la negativa de permitir que sus hijos regresasen a Italia con su padre. Los medios periodísticos nacionales en España ofrecieron una gran cobertura mediática del caso, generalmente, desde posiciones favorables a la postura de Juana Rivas. Al mismo tiempo, sucesivas manifestaciones se produjeron en España en apoyo de la madre, bajo consignas de índole feminista y respaldadas por personalidades y partidos políticos.
El primer auto judicial se produce en diciembre de 2016 y obliga a Juana Rivas a entregar a sus hijos a su residencia habitual en Italia, lo que ratificó la Audiencia de Granada en abril de 2017. En julio de ese mismo año se fijó una nueva fecha para la entrega de los niños. En agosto los jóvenes regresaron a Italia, donde permanecieron a partir de entonces y después de que se dictara una orden de busca y captura contra ella. En julio de 2018 la Justicia condenó a Juana Rivas a cinco años de cárcel, seis de inhabilitación sobre la patria potestad de los niños y al pago de una indemnización. La sentencia fue confirmada en marzo de 2019. Recurrida en casación, se estimó parcialmente, casando y anulando la resolución anterior y dictando otra en su lugar que condena a Juana Rivas por un delito de sustracción a la pena de dos años y seis meses de prisión y a la de seis años de inhabilitación de la patria potestad. En marzo de 2022 la Audiencia de Granada suspendió la pena de prisión para Juana Rivas, después de que le fuera concedido un indulto parcial.
En diciembre de 2024 se dio a conocer que la fiscalía italiana investigaba a Arcuri por unos presuntos malos tratos a sus dos hijos. La situación devino en una nueva disputa judicial cuando Juana Rivas tomó la decisión en enero de 2025 de no devolver a su hijo menor, que había viajado a España para pasar con su madre las vacaciones de Navidad de 2024 al amparo de un permiso especial de visitas, alegando que su padre era un maltratador. En febrero de ese mismo año, la justicia italiana ordenó a Juana Rivas que devolviera a su hijo menor a Arcuri, a quien otorgó la custodia exclusiva del mismo. En julio de 2025 Juana Rivas entregó a su hijo menor a Francesco Arcuri, cumpliendo así una orden judicial española que ejecutaba lo dictado por la justicia italiana.
Cronología Denuncias previas Juana Rivas, nacida en Benalúa de las Villas, Granada, mantuvo una relación sentimental con Francesco Arcuri, natural del sur de Cerdeña. Se conocieron en el año 2004 en Londres y su primer hijo nació en el año 2005. Posteriormente se trasladaron a Granada en 2006, donde convivieron durante tres años.
En el año 2009, Rivas y Arcuri mantienen una disputa doméstica en la que Juana Rivas sufre daños en una mano. Ella acudió al hospital y emitió una denuncia por maltrato contra Arcuri. Según la versión de Juana Rivas, esta habría acudido a la tienda que regentaba, donde una amiga, al observarla «con la cara llena de moratones» la convenció para que fuera al médico. Según el parte médico expedido, Juana Rivas habría mostrado erosiones en el hombro y antebrazo derecho, así como síntomas nerviosos de carácter leve. Arcuri denuncia igualmente a Juana Rivas por maltrato y regresa a su domicilio, donde impide a la policía el acceso y es arrestado. Arcuri fue examinado por el médico forense del juzgado número 1 de Granada, que observó hematomas en un muslo y en la cadera, así como erosiones en pantorrilla y cuello.
Según la versión del abogado de Arcuri, este tendría «prisa por reconciliarse» después de aquellos sucesos de 2009. Se llegó a un acuerdo de conformidad entre ambos por decisión del propio Arcuri en contra de los consejos de su letrado, en el cual Arcuri incurría en un delito de lesiones en el ámbito familiar. La sentencia judicial absuelve a Rivas de cualquier delito y establece que, en el día 7 de mayo de 2009, Arcuri habría «golpeado repetidamente» a Rivas después de una disputa tras llegar ella de madrugada al domicilio familiar. Arcuri sería condenado a tres meses de prisión y a una orden de alejamiento de un año y tres meses. Cuando el Caso Juana Rivas estalla años después, Arcuri declarará haberse arrepentido de este acuerdo de conformidad.
Arcuri no llegaría a ingresar en prisión. Tras un año de separación e incumpliendo la orden de alejamiento, Juana y Arcuri retoman la convivencia y se marchan a la pequeña localidad de Carloforte (isla de San Pietro, Cerdeña), donde tendrán un segundo hijo. La relación volverá a romperse nuevamente, pero la retomaron a principios del año 2013.
El «Caso Juana Rivas» En mayo de 2016, Juana Rivas abandona Carloforte y se marcha a Maracena (Granada) junto a sus dos hijos bajo el pretexto de ver a su familia. Según ella, el detonante de esta decisión habría sido «la situación diaria de opresión, aislamiento y maltrato durante más de dos años». Rivas habría engañado a Arcuri al afirmar que se encontraba enferma y no podía regresar en la fecha prevista.
Asesorada por el Centro de la Mujer de Maracena, en julio de 2016 Juana Rivas presenta la primera denuncia ante la Guardia Civil de Maracena por presuntos maltratos físicos y psicológicos infligidos por Francesco Arcuri, por hechos ocurridos en Italia, lo que debió ser tenido en cuenta para tramitar la denuncia, traducida, ante los juzgados de Italia. La denuncia no se tramitó en su momento. Según el testimonio de la defensa de Arcuri, y ratificado por el juez que emitirá la sentencia de julio de 2018, la intención de Rivas habría sido obtener la Renta Activa de Inserción para mujeres maltratadas y así poder asentarse en España.
En diciembre de 2016, Juana Rivas vuelve a interponer una denuncia contra su pareja por maltratos, esta vez añadía que su hijo mayor también habría sido víctima de Arcuri. Al mismo tiempo, el día 14 de diciembre, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ordena a Rivas la «inmediata restitución» de los niños con su padre de vuelta a Italia. Esta resolución pasó a ser firme en abril de 2017, después de que Arcuri emitiera y obtuviera la guardia y custodia de los menores por el Tribunal de Cagliari en junio de 2017. A partir de entonces inicia la trascendencia mediática del caso judicial de Juana Rivas.
En enero de 2017, Juana Rivas, tras una recogida de firmas junto a Vanessa Skewes (quien tiempo después sería acusada de presentar denuncias por violencia de género falsas contra su exmarido) presenta en la Abogacía del Estado de Granada, y después en el Ministerio de Justicia, 150.000 firmas para evitar que sus hijos fueran devueltos a Italia.
Tras varios meses, en abril de 2017 la Audiencia desestima la apelación de Rivas y vuelve a ordenar la «inmediata restitución» a Italia y concertó la entrega de los menores el 26 de julio en un Punto de Encuentro Familiar en Granada. Francisca Granados, principal portavoz de Juana Rivas y responsable del área de Igualdad de Maracena, organiza una rueda de prensa junto a Juana Rivas donde anuncia su oposición a la entrega de los niños. El 26 de julio, Rivas se oculta junto a sus hijos.
El abogado de Francesco Arcuri solicita una orden de detención internacional contra Juana Rivas en la que alega delitos de desobediencia, violencia psicológica habitual contra los hijos, delito contra la administración de justicia, además de otorgar la categoría de «cómplices» a aquellos que pudieran haber incitado o participado en la decisión de Juana Rivas. Asimismo, afirmaría que Rivas se hallaría en un estado de «desequilibrio emocional» y representaría un riesgo para los hijos en común.
Mientras tanto, Ludovica Iesu, la psicóloga italiana encargada de mediar en el caso por el magistrado de Cagliari, en Cerdeña, emite un informe muy desfavorable sobre la figura de Juana Rivas: «muestra una gran capacidad manipuladora», «grave funcionamiento mental patológico asociado a desorganización del pensamiento», «emocionalidad lábil», «no es capaz de procesar sus experiencias», «comprensión de la realidad deficiente» y que es «totalmente inconsciente del daño psicológico generado a los hijos». Este informe fue rebatido por Miguel Lorente, forense de la Universidad de Granada, en un escrito solicitado por la defensa de Rivas. En este se acusa a la psicóloga de obviar los malos tratos de la sentencia de 2009 aducidos por Juana Rivas y su equipo y de cometer mala praxis deliberadamente para favorecer la causa de Francesco Arcuri.
Es en este momento que el caso judicial entre Juana Rivas y Francesco Arcuri alcanza un gran eco mediático. Bajo el hashtag «#juanaestaenmicasa», se sucede una gran ola de manifestaciones por todo el escenario español en apoyo a la madre granadina, que se convierte en «exponente de las víctimas de violencia de género». En su decisión de evadir a la Justicia, Juana Rivas recibe el respaldo de las máximas autoridades políticas andaluzas, como el de la presidenta Susana Díaz (que llegaría a afirmar que la Junta de Andalucía proporcionará asistencia jurídica a Rivas) o la líder del partido Podemos, Teresa Rodríguez.
El 24 de julio, la Audiencia de Granada decreta que Juana Rivas tiene 48 horas para entregar a los menores. La Junta empieza a dudar del testimonio de Francisca Granados, el principal pilar de la causa de Juana Rivas, y cree que la denuncia por maltrato que Rivas interpuso el año anterior estaba condenada a fracaso. El Tribunal Constitucional afirma que el recurso de la defensa de Rivas se ha presentado fuera de plazo.
El 16 de agosto se rechaza el recurso de amparo y Rivas decide no acudir a declarar a la nueva citación judicial. El 22 de agosto será detenida, aunque se dictó orden de libertad provisional, comunicada y sin fianza, la retirada del pasaporte de los niños y la prohibición de salir del espacio Schengen. El 28 de agosto, Juana Rivas hará entrega de los menores a Francesco Arcuri, el cual se los llevará a Italia donde permanecerán a partir de entonces.
El 27 de julio de 2018, Juana Rivas es condenada a cinco años de prisión, seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 30.000 euros de indemnización a su expareja y el pago de los costes judiciales. El juez habría estimado que Rivas cometió dos delitos de sustracción de menores y no encontró atenuante en las denuncias por maltrato al no haber obtenido veracidad de ninguna de ellas. Esta sentencia sería ratificada en marzo de 2019, cuando se confirmaron las penas impuestas a Juana Rivas, aunque se rebajó la indemnización por daños a Francesco Arcuri, el cual se habría sentido satisfecho con la sentencia. Paralelamente, distintas asociaciones recogieron más de 325.000 firmas en las que solicitaban la petición de indulto para Juana Rivas. A este respecto, la vicepresidenta del Gobierno español en aquel momento, Carmen Calvo, reveló que la tramitación de la petición de indulto se resolvería bajo la «absoluta normalidad».
En 2019, la Fiscalía italiana archivó las ocho denuncias por maltrato que Juana Rivas efectuó contra Arcuri entre 2016 y 2018 y afirmó que «es absolutamente inverosímil la narración de la extraordinaria violencia». La resolución judicial dictaría que Juana Rivas habría empleado a sus hijos como «escudos humanos», a los que habría «manipulado psicológicamente para oponerse a su padre» cuando relataba episodios de maltrato de Arcuri sobre sus hijos que no habría podido probar.
Acontecimientos posteriores a la sentencia