Luz del Carmen Ibáñez Carranza (15 de julio de 1955) es una jurista y jueza peruana de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. Ibáñez Carranza es el primer juez peruano en la CPI. Antes de ser elegida jueza en la CPI, fue fiscal y profesora en su país de origen.

Educación En 1974 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se graduó con una licenciatura en 1982. Entre abril de 1996 continuó sus estudios en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde en 1998 obtuvo un máster en Derecho Penal y en 2007 un doctorado en derecho.

Carrera académica En 1996 se convirtió en profesora de derecho penal en la Universidad Nacional Federico Villarreal, cargo que mantuvo hasta 2004. En 2004 fue ascendida a profesora en la misma universidad limeña. Además, es autora de varios artículos académicos y libros.

Carrera jurídica

Entre 1982 y 1984 fue fiscal adjunta en Lima. Entre 1984 y 1988 fue fiscal provincial adjunta y de 1988 a 1989 fiscal provincial de la provincia de Lima en la cuarta fiscalía provincial. En 1992 asumió el cargo de fiscal provincial de Trujillo, cargo que ocupó hasta enero de 1993. A partir de entonces ejerció como abogada hasta 1999. Entre 2004 y 2017 fue fiscal jefe de Lima y fiscal en el Segundo Tribunal Penal Nacional que se centró en violaciones de derechos humanos, cobrando protagonismo mientras procesaba a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua. Entre 2005 y 2007 participó en más de 500 investigaciones también sobre violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno peruano. Otros juicios destacados en los que fue fiscal incluyeron El Frontón, un caso contra miembros de la Marina peruana acusados de ejecuciones extrajudiciales en una prisión de la isla homónima mencionada, o el de Víctor Polay Campos, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

También fue la delegada que representó a Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ACNUDH).

Fue galardonada con la Medalla de Honor Ruth Bader Ginsburg que otorga la World Jurist Association en el año 2021.

Juez en la Corte Penal Internacional Fue elegida para la Corte Penal Internacional en diciembre de 2017 y asumió el cargo en 2018. Fue asignada a la sala de apelaciones del Tribunal, donde se encargaba de los casos de Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil absuelto por la CPI, y del exrebelde congoleño Bosco Ntaganda, condenado a 30 años de prisión. En marzo de 2021, fue elegida Primera Vicepresidenta de la ICC. Ocupó ese cargo por un mandato fijo de 3 años hasta marzo de 2024, cuando fue sucedida por su colega italiana, Rosario Salvatore Aitala. En diciembre de 2022, presidió la cámara que confirmó la condena de Dominic Ongwen, exlíder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) de Uganda, a 25 años de prisión por los delitos de asesinato, violación y embarazo forzado.

Presidencia del CPI Si bien desde el Estado Peruano y la presidencia Boluarte habían anunciado en 2024 la candidatura de Ibáñez para ser elegida por las Naciones Unidas para la presidencia de la Corte Internacional de Justicia, a finales de 2025 el gobierno de Dina Boluarte es vacado por el Congreso de la República y asume la presidencia el gobierno transitorio de José Jerí, quién desde el inicio se mostró indiferente en apoyar la candidatura de Ibánez, hasta que a inicios de 2026 la presidencia Jerí desistió sin avisarle a Ibáñez formalmente de presentar su candidatura en consideración política a las sanciones impuestas por los gobiernos de Rusia y Estados Unidos contra los jueces de la Corte Penal Internacional.

Transgresiones internacionales Orden de arresto rusa

En septiembre de 2023, el Gobierno de Rusia emitió una orden de arresto contra Ibáñez Carranza por cargos no especificados, en represalia por la emisión de una orden judicial por parte de la CPI contra el presidente Vladímir Putin como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Sanciones estadounidenses El 5 de junio de 2025, la jueza Ibáñez Carranza fue sancionada junto a otros tres colegas suyos, incluido el juez de apelaciones Solomy Bossa, por orden del Gobierno de los Estados Unidos, debido a la autorización de realizarse una investigación liderada por la CPI sobre la situación en Afganistán durante la presencia estadounidense (2001-2021), incluyendo personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de la OTAN, a lo que la presidencia de Donald Trump se había opuesto de forma constante y vehemente.

Referencias

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