thumb|Bandera del con el lema carlista (Colección Iñigo Pérez de Rada, Madrid).|240px
El carlismo es un movimiento político español tradicionalista y monárquico legitimista derivado del realismo fernandino, que surgió durante la primera mitad del en oposición al liberalismo, al parlamentarismo y al secularismo. Pretendía el establecimiento de una rama alternativa de la dinastía de los Borbones en el trono español y el llamado reinado social de Jesucristo. En sus orígenes, propugnaba la vuelta al Antiguo Régimen y, posteriormente, desarrolló una doctrina política inspirada en la tradición española y la cristiandad medieval.
A lo largo de su historia, la organización política del carlismo fue conocida como Partido Carlista, Comunión Católico-Monárquica, Partido Jaimista, Comunión Legitimista o Comunión Tradicionalista, entre otros nombres. Combatiendo el liberalismo, hizo bandera de la defensa de la religión católica, España y la monarquía tradicional, resumida en su lema «Dios, Patria, Rey», con el añadido tardío de «Fueros».
Como movimiento de extraordinaria prolongación en el tiempo, el carlismo fue una fuerza importante en la política y la prensa española desde 1833 hasta el final de la dictadura franquista, en la década de 1970. Protagonizó numerosas guerras y tentativas en el , entre las que se destacan las guerras civiles de 1833-1840 y 1872-1876. Durante el Sexenio Revolucionario, la Restauración alfonsina y la Segunda República, actuó en la política parlamentaria y tomó parte en la conspiración contra la República y en la guerra civil de 1936-1939 mediante la milicia del Requeté.
Tras el Decreto de Unificación de 1937, la Comunión Tradicionalista quedó oficialmente integrada en el partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y sus antiguos militantes fueron considerados como una de las «familias» del franquismo, llegando a obtener algunos carlistas cargos políticos. Otros, en cambio, actuaron en situación de semiclandestinidad al margen del partido único, con periodos de oposición y de colaboración con el régimen.
A raíz de la expulsión de España de la familia Borbón-Parma en 1968, tras haber intentado ser reconocida como sucesora a la Corona de España por el general Franco, el carlismo se fue dividiendo en dos sectores claramente diferenciados: uno de ellos, minoritario y auspiciado por el príncipe Carlos Hugo de Borbón-Parma, su hermana María Teresa y una parte de la agrupación estudiantil carlista, alegó una renovación del movimiento, reivindicando las libertades democráticas, el federalismo y el socialismo autogestionario, y tomó por nombre Partido Carlista; el sector mayoritario, partidario de continuar con la doctrina tradicionalista, quedó en buena medida desmovilizado y atomizado en diversos grupos, algunos de los cuales se habían escindido anteriormente del javierismo, que constituirían los partidos Unión Nacional Española, Comunión Tradicionalista, Comunión Católico Monárquica y Unión Carlista, entre otros.
El cambio ideológico protagonizado por Carlos Hugo, las divisiones de la década de 1970 y el fracaso electoral en las primeras elecciones democráticas en la Transición, supusieron la entrada del carlismo en decadencia.
Doctrina thumb|160px|Escudo tradicionalista con las flores de lis, muy usadas por los carlistas como símbolo del legitimismo monárquico. Según el Centro de Estudios Históricos y Políticos General Zumalacárregui, el carlismo es un movimiento político articulado en torno a tres facetas fundamentales: una bandera dinástica, una continuidad histórica y una doctrina jurídico-política.
Los carlistas formaban el ala tradicional de la sociedad española de la época, englobando a los denominados «apostólicos» o tradicionalistas y, sobre todo, a la reacción antiliberal. La lucha entre los partidarios de Isabel II, hija de Fernando VII, y el infante Carlos María Isidro, hermano del rey, fue realmente una lucha entre dos concepciones políticas y sociales. De una parte, los defensores del Antiguo Régimen (la Iglesia, la aristocracia, etc.) y de otra los partidarios de las reformas liberales impulsadas por la burguesía, surgidas como consecuencia de la Revolución francesa, que habían empezado a reorganizar la sociedad en el ámbito político. Así, el carlismo tuvo menor repercusión en las grandes ciudades, siendo un movimiento predominantemente rural.
Otro aspecto de la disputa transcurría en el terreno religioso, con el deseo de los carlistas de conservar la catolicidad de las leyes y las instituciones propia de la tradición política española, y muy especialmente de la llamada unidad católica de España. Los liberales iniciaron un proceso de desamortizaciones (Madoz y Mendizábal) que privaban de terrenos de cultivo a los monasterios, para venderlos en subasta pública a las grandes fortunas, llenando las arcas públicas del estado y de algunos políticos del liberalismo. Iniciaron, también, la quema de conventos y el asesinato de religiosos de 1834 y privaron al campesinado de las tierras comunales de los Ayuntamientos, con las que mantenían una economía de subsistencia, obligándoles a engrosar las filas de un incipiente proletariado que, unos años más tarde, sirvió de fermento a las revoluciones socialistas y anarquistas.
Así, España se vio reformada en el terreno político, religioso y social muy profundamente. Como consecuencia de ello, aunque el carlismo había quedado desmovilizado tras el Convenio de Vergara en 1839, continuó la reacción de los sectores tradicionalistas, defensores del viejo orden gremial, y de la Iglesia, ante la política de los nuevos gobiernos liberales, provocando los carlistas algunos levantamientos, especialmente en Cataluña. En este contexto, tras la revolución de 1868 que instauró la democracia con sufragio masculino y la libertad de cultos, numerosos monárquicos isabelinos pasarían a defender la causa carlista, reviviendo de nuevo el movimiento en toda España.
miniatura|izquierda|180px|Dos típicos carlistas del . Francisco Solá y Madriguera, de Taradell, con su hijo, sobre la década de 1870 Además, los partidarios del pretendiente Carlos María Isidro alentaban la continuidad de los fueros vascos y navarros en los territorios de las zonas sublevadas del norte, donde triunfó el alzamiento carlista ya que la legislación foral había permitido que los Voluntarios Realistas no fueran purgados allí como en el resto de España, puesto que dejaba la subinspección de los cuerpos en manos de las respectivas diputaciones. Sin embargo, donde surgió por primera vez el carlismo fue en Castilla y no en las provincias forales, y existen discrepancias entre los historiadores respecto si la defensa de los fueros fue un rasgo característico del carlismo desde su origen o si se manifestó ya empezada la primera guerra carlista. Tras la revolución de 1868, un manifiesto del pretendiente Carlos VII (nieto de Carlos María Isidro), redactado por el dirigente carlista Antonio Aparisi y Guijarro, afirmaría la voluntad del pretendiente de extender el régimen foral de las provincias vascas a toda España. En 1872, durante la tercera guerra carlista, Don Carlos aseguraría en otro manifiesto anular los Decretos de Nueva Planta promulgados por su antepasado Felipe V, devolviendo de este modo los fueros a Cataluña, Aragón y Valencia.
Así se conformó el ideario carlista: legitimidad dinástica, unidad católica, monarquía federativa y misionera —en palabras de Francisco Elías de Tejada—, con derechos forales de las regiones. Su lema era «Dios, Patria, Rey».
Según Melchor Ferrer, aunque el carlismo nace en 1833 para defender el absolutismo, posteriormente se desvinculó del mismo y desarrolló una política de defensa de la tradición medieval influenciada en el pensamiento de Jaime Balmes.
En 1935 un álbum publicado con motivo de los cien años de historia del carlismo, compilado por el publicista Juan María Roma, definía el carlismo no como «el mero retorno incondicional y absoluto al tiempo pasado» sino como «la restauración del antiguo régimen purificado de las imperfecciones inherentes a tiempos que fueron, curado de los vicios en él introducidos por posibles errores del tiempo y completado o perfeccionado con lo bueno y útil de los tiempos presentes reconocido como tal en la piedra de toque de la experiencia». Afirmaba asimismo que el carlismo era «la restauración de la monarquía que hizo de España la nación más grande y gloriosa del mundo» y que no era la forma, «sino el espíritu, el fondo de la tradición», lo que debía restaurarse.
thumb | 200px | Juan María Roma En cuanto a la representación en Cortes, el carlismo pedía una representación corporativa, no individualista como la del régimen parlamentario. Las Cortes tradicionales deberían ser la representación de las clases, los gremios y corporaciones, con mandato imperativo. Los carlistas defendían la expansión del principio foral a toda España y la subordinación del poder político a la autoridad de la Iglesia en lo relacionado con la religión y la moral.
Definían el liberalismo como «enemigo de la Patria» y lo acusaban de haber sacrificado la «unidad católica de España» para satisfacer los intereses de la masonería internacional; de haber despojado a los pueblos de sus tradicionales libertades para darles «libertades de perdición»; de haber sustituido reyes que gobernaban por reyes que solo reinaban y de haber roto la unidad del pueblo español dividiéndolo en partidos que subordinaban el interés del país al de su propio bando.
Según sus partidarios, las tres guerras civiles sostenidas por el carlismo en el habrían sido la continuación de la guerra de la Independencia española, y los liberales habrían sido los continuadores de la obra de los afrancesados (considerados por tanto enemigos de la patria) y los promotores de la pérdida de autoridad y de la «verdadera libertad». Tanto la falta de religiosidad y de las buenas costumbres como el hundimiento de la hacienda, la agricultura, la industria y el comercio, así como la pérdida de las colonias, habrían sido culpa del liberalismo.
Aunque durante el reinado isabelino el diario La Esperanza, dirigido por Pedro de la Hoz, actuó como órgano doctrinal oficioso del carlismo, el pensamiento carlista se concretaría especialmente a partir la revolución de 1868 y el paso de los llamados «neocatólicos» a las filas carlistas dentro de la Comunión Católico Monárquica. El antiguo diputado isabelino Antonio Aparisi y Guijarro, cuyo pensamiento se inspiraba en la obra de Donoso Cortés y Jaime Balmes, colaboró con el pretendiente Carlos VII y se convirtió en uno de los principales teóricos carlistas, junto con otros pensadores y periodistas como Gabino Tejado o Francisco Navarro Villoslada.
Juan Vázquez de Mella, apodado «el Verbo de la Tradición», llegaría a ser a principios del el ideólogo por antonomasia del carlismo. Su obra quedó reflejada en sus discursos, pronunciados generalmente en las Cortes, y en sus artículos publicados en El Correo Español y otros periódicos tradicionalistas. Otros autores carlistas señalados de la Restauración fueron Luis María de Llauder, Leandro Herrero, Benigno Bolaños, Miguel Fernández Peñaflor, Manuel Polo y Peyrolón y Enrique Gil Robles, entre otros muchos.
En 1932 la Junta Suprema Tradicionalista expuso en un folleto doctrinal titulado «La Nación y el Estado» las funciones que debía tener el poder regio, a través de las disposiciones de la ley fundamental del Estado, y condensaba en estos términos el papel del monarca como representante de la nación y jefe del Estado: