La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es uno de los órganos subsidiarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), constituye el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Reúne a los Estados de América Latina y el Caribe, con una frecuencia no superior a tres años, con el propósito de examinar la situación regional y subregional sobre la autonomía y los derechos de las mujeres, plantear recomendaciones en materia de políticas públicas de igualdad de género, realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos regionales e internacionales y ofrecer un foro para el debate sobre los derechos de las mujeres. Participan los Estados miembros de la CEPAL, los miembros asociados y los observadores con carácter consultivo,Los observadores con carácter consultivo son Estados Miembros de las Naciones Unidas que no son miembros de la Comisión y otros Estados que no son miembros de las Naciones Unidas. además participan como observadores fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas y otras instituciones autónomas, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales contando con la activa participación del movimiento feminista y de mujeres.
Desde 1977 ha constituido el principal foro de negociación de una agenda regional de género congregando a las autoridades gubernamentales de más alto nivel encargadas de los temas relativos a la situación de las mujeres y de las políticas públicas dirigidas a velar por la igualdad de género en los países de la región. Durante su trayectoria ha permitido la consecución de consensos, acuerdos y compromisos que se conoce como la Agenda Regional de Género.
Se ha destacado a América Latina y el Caribe como la única región del mundo donde, desde hace más de cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen para debatir y comprometerse políticamente a erradicar la discriminación hacia las mujeres y las niñas así como la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Antecedentes En 1977, durante la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, los Gobiernos participantes aprobaron el primer Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina. A partir de entonces, otorgaron a la CEPAL el mandato de convocar con carácter permanente y regular, a esta instancia intergubernamental, que desde el año 2000, se denomina Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y que en 2020 celebra su XIV versión.
Desde su origen, los países de la región han desarrollado un ejercicio único en el mundo al constituir un foro intergubernamental organizado con regularidad que constituye un espacio de diálogo, debate y análisis sobre la situación de las mujeres, sus derechos y autonomía. Este proceso regional en muchos momentos ha generado un círculo virtuoso, como resultado de la voluntad política y el trabajo articulado de los Estados miembros, de la contribución activa de los movimientos de mujeres y feministas, y del apoyo del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos que ha tenido como resultado un conjunto de acuerdos y consensos que constituyen la Agenda Regional de Género. Destaca el carácter acumulativo, con textos acordados de una enorme riqueza política y técnica que frente a contextos históricos, económicos y políticos diversos ha permitido que la agenda para el avance de los derechos de las mujeres latinoamericanas y caribeñas se haya sostenido y avanzado reconociendo su rol central en el desarrollo sostenible.
En 2016, con ocasión de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los Estados miembros de la CEPAL reconocieron esta riqueza política y técnica y adoptaron la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, cuyo objeto es guiar la implementación de esta Agenda y asegurar que se emplee como hoja de ruta con vistas a alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.
Movimientos de mujeres y feministas Así comienza la Declaración del Foro de Organizaciones Feministas (FOF) de 2016 en la XIII Conferencia y es también, la seña de identidad con la que se define a sí mismo este espacio diverso y plural que las organizaciones y redes de mujeres han logrado generar para incidir en las conferencias de la CEPAL.
Cada Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es precedida por el FOF y se organiza a partir de paneles de debate sobre los principales temas de la Conferencia, de talleres donde se discuten estrategias y de plenarias que producen los acuerdos que alimentaran la Declaración a ser leída en la plenaria de la Conferencia oficial. El FOF es convocado por una coordinación de organizaciones del país sede, en articulación con la coordinación de redes regionales.
Agenda regional de Género Los países de América Latina y el Caribe durante çuatro décadas (desde la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, realizada en La Habana en 1977) han desarrollado un ejercicio único en el mundo al constituir un foro intergubernamental organizado con regularidad que constituye un espacio de diálogo, debate y análisis sobre la situación de las mujeres, sus derechos y autonomía. Este proceso regional en muchos momentos ha generado un círculo virtuoso, como resultado de la voluntad política y el trabajo articulado de los Estados miembros, de la contribución activa de los movimientos de mujeres y feministas, y del apoyo del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos que ha tenido como resultado un conjunto de acuerdos o Consensos que constituyen la Agenda Regional de Género. Destaca el carácter acumulativo, con textos acordados de una enorme riqueza política y técnica que frente a contextos históricos, económicos y políticos diversos ha permitido que la agenda para el avance de los derechos de las mujeres latinoamericanas y caribeñas se haya sostenido y avanzado reconociendo su rol central en el desarrollo sostenible.
Eventos y resultados La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un foro en el cual se reúnen cada tres años los gobiernos de toda la Región de América Latina y El Caribe y también representantes de la sociedad civil y muy especialmente, de los movimientos feministas y de mujeres. Entre muchas otras cosas, los gobiernos acuerdan la agenda de política pública sobre igualdad de género, que en cada Conferencia, refleja los énfasis del contexto social y político pero también las prioridades, tensiones y nuevos desafíos para la igualdad entre mujeres y hombres y entre distintos grupos de mujeres. Si bien cada uno de los consensos tiene particularidades, la lectura conjunta de todos ellos permite afirmar que se trata de documentos que no son aislados, que señalan las formas en que cambian los tiempos o indican las formas en que se reiteran o sofistican las demandas relativas a la igualdad.
Estos acuerdos, denominados consenso desde 1997, representan un acumulado de política pública de un valor incalculable puesto que tienen un carácter acumulativo -ya que cada nuevo consenso reconoce el valor político y programático del anterior- y puesto que reflejan una producción ininterrumpida que han generado un cúmulo de lenguaje de enorme riqueza política y técnica que incorpora estándares elevados de derechos humanos de las mujeres. Así mismo, los consensos se enmarcan en las plataformas y programas de acción de las conferencias de las Naciones Unidas sobre la Mujer, sobre Población y Desarrollo, sobre derechos humanos y desarrollo social entre otras. Y se enmarcan también en los compromisos, estos si de carácter obligatorio, asumidos por los estados en instrumentos relativos a la igualdad de género, entre los que cabe destacar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, El Protocolo de San Salvador y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De modo general, los acuerdos se concentran en las 3 autonomías que se han definido como las claves para la superación de las desigualdades estructurales de género así como para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y contienen medidas dirigidas a: La autonomía económica (participación de las mujeres en el mercado laboral, valorización del trabajo doméstico no remunerado, economía del cuidado; La autonomía física (violencia contra las mujeres, salud sexual y derechos sexuales y reproductivos); La autonomía en la toma de decisiones (paridad y participación igualitaria en las tres esferas del poder). (CEPAL, 2013).
Finalmente, es importante mencionar las sinergias y los aspectos comunes que se observan entre los acuerdos y resoluciones de las distintas conferencias regionales (Mujer, Población, Estadísticas), y de manera muy especial con el Consenso de Montevideo en tanto incorporó una extensa lista de compromisos intergubernamentales en materia de igualdad de género –de hecho es el capítulo más extenso del consenso en cuanto a cantidad de acuerdos/medidas-, reflejando la forma en que los acuerdos sobre la mujer han permeado otros espacios y abonando al carácter acumulativo del lenguaje de consenso. Reflejando también la instauración de la transversalización del enfoque de igualdad de género en los diálogos intergubernamentales de distintas autoridades nacionales.
El Consenso de Quito de 2007 En el año 2007 tuvo lugar en Quito la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que tuvo como resultado el Consenso de Quito. El mismo reconoce a la división sexual del trabajo doméstico como estructurante de las desigualdades entre los géneros, ya que establece asimetrías de poder en lo público y lo privado; la asignación a ellos del mundo del trabajo remunerado y a ellas del trabajo no remunerado; a ellos el espacio público de representación y a ellas el doméstico. El Consenso de Quito reconoce la contribución de las mujeres a la economía y la protección social a través del trabajo no remunerado y la vinculación que esto tiene sobre la participación en los procesos de toma de decisiones.
Se reconocen los cuidados como históricamente generizados así como también asimetrías entre las mujeres con dependencia de los recursos materiales, la pertenencia étnico racial, su condición de migrantes, etc. El cuidado pasa a ser considerado un bien público que exige políticas públicas que reconozcan "la necesidad de la corresponsabilidad de los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias".
Junto con una democratización de los vínculos familiares, recuperando la consigna de los movimientos feministas de "democracia en el país y en la casa, o democracia en la calle, en la casa y en la cama", se propone una ampliación del concepto de democracia, con políticas que incorporen y comprometan la paridad como principio. El panel de paridad moderado por Nilcea Freire cuyo recuerdo empecinado persiste en nosotras, fue un punto alto del debate así como el párrafo sobre la necesidad de estados laicos que garanticen el ejercicio de los derechos de las humanas, junto con la creación de un observatorio de igualdad como un mecanismo de seguimiento de los compromisos asumidos.