La crisis política en Bolivia de 2019, se produjo del 10 al 20 de noviembre de 2019 después de 21 días de protestas y presiones militares contra el gobierno del presidente Evo Morales, al que un sector de la población acusaba de haber cometido fraude electoral en las elecciones generales de octubre, de acuerdo al Informe de análisis de Integridad Electoral de la Organización de Estado Americanos (OEA).
Evo Morales había anunciado por la mañana del 10 de noviembre un llamado a nuevas elecciones, en virtud de las irregularidades denunciadas por la OEA al proceso electoral. Horas más tarde, la Central Obrera Boliviana (COB) le pidió que renunciara en caso de ser necesario. El desenlace se produjo inmediatamente después de que el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas mediante un mensaje transmitido por televisión le sugiriera a Morales renunciar. A su vez renunciaron el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el primer vicepresidente del Senado Rubén Medinaceli, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda y la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados Susana Rivero entre otras autoridades del Movimiento al Socialismo y miembros del gabinete ministerial, así como muchos otros funcionarios del MAS, incluidos a varios gobernadores de algunos departamentos, quienes manifestaron temor por su seguridad o la de sus familias.
El 11 de noviembre el canciller de México Marcelo Ebrard, en nombre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Evo Morales había aceptado la propuesta de asilo político que López Obrador le había ofrecido en horas posteriores a sugerencia de renuncia a la presidencia de Bolivia; permitiendo la salida del país del presidente. Se registraron daños a la vivienda de Evo Morales, así como de sus familiares y políticos aliados.
En ausencia del presidente y del vicepresidente, el día 12 de noviembre, la entonces segunda vicepresidenta de la cámara de senadores Jeanine Áñez fue proclamada Presidenta del Estado (en medio de polémica por una sesión legislativa que carecía de cuórum), que fue avalado por un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. El día 20 de noviembre de 2019, diputados del partido MAS presentaron un proyecto de ley excepcional para las elecciones nacionales y subnacionales ante la cámara de Senadores, hecho que, según algunos medios, representó un reconocimiento de la gestión transitoria de Jeanine Áñez, conforme a la siguiente cita en el documento: «La investidura de la actual Presidenta del Estado, Jeanine Añez, surge de la sucesión constitucional, determinando como objetivo principal de su mandato, la convocatoria a elecciones generales del país, configurando inequívocamente su razón de legitimidad en el cumplimiento de este cometido, inexcusable por su naturaleza transitoria».
El 4 de diciembre de 2019, la OEA publicó su informe final relacionado con las elecciones del 20 de octubre, detallando lo que llamaron tácticas "deliberadas" y "maliciosas" para arreglar esas elecciones a favor del presidente Evo Morales. Dos análisis independientes posteriores de los datos electorales de distintas fuentes criticaron el informe de la OEA. El Center for Economic and Policy Research (CEPR), un think tank con sede en Washington D. C., cuestionó las conclusiones. La OEA defendió sus resultados. El New York Times también criticó el informe de la OEA. La Misión Técnica de Expertos Electorales de la Unión Europea publicó un informe llegando a conclusiones similares, declarando que sus observadores detectaron «numerosos errores e irregularidades en las actas electorales» y describiendo que «figuraban actas con un número inusualmente elevado de votos nulos, votos en blanco y una participación del ciento por ciento de los electores en una serie de mesas electorales».
Entre los hechos represivos que se produjeron a causa de esta crisis destacan las masacres de Sacaba y Senkata, catalogadas como tales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2021, un informe encargado por la OEA y realizado por expertos independientes en derechos humanos concluyó que el camino del gobierno de Añez hacia el poder vino acompañado de "irregularidades" y graves abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. El 12 de marzo de 2021, la Fiscalía de Bolivia ordenó la detención de Jeanine Áñez y varios de sus ministros acusados de los delitos de «sedición, terrorismo y conspiración», debido a su participación en los hechos de 2019, a los que la institución calificó como un «golpe de Estado».
Terminología Existen desacuerdos sobre la forma en que debe nombrarse este episodio. Apoyaron la idea de definirlo como un golpe de Estado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; el entonces vicepresidente de España, Pablo Iglesias Turrión; el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el Poder Legislativo de ese país; el entonces diputado y posterior presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y las Cancillerías de Rusia e Irán, entre otras. Coinciden en esta definición diversos expresidentes como Ollanta Humala de Perú, Lula da Silva y Dilma Rousseff de Brasil, Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, Ernesto Samper de Colombia, José Luis Rodríguez Zapatero de España, y José Mujica de Uruguay. Cancilleres de diversos signos políticos también consideraron que lo ocurrido calificaba como un golpe de Estado, entre ellos destacan Susana Malcorra, de Argentina, Heraldo Muñoz, de Chile, y Celso Amorim, de Brasil. Otras importantes figuras públicas que llamaron golpe de Estado a lo sucedido en La Paz son Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, premios Nobel de la Paz, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Elizabeth Warren, legisladores estadounidenses, Jeremy Corbyn, entonces líder del laborismo británico, o Javier Solana, ex secretario general de la OTAN. También concuerdan algunos politólogos de las universidades más prestigiosas del mundo, como Steven Levitsky (Universidad de Harvard), Jerome Roos (London School of Economics), María Victoria Murillo (Universidad de Columbia), y John Crabtree (Universidad de Oxford).
Otra parte de los análisis políticos han rechazado la calificación de golpe de Estado, argumentando que fueron más bien las denuncias de fraude electoral las que precipitaron la dimisión de Morales, y que la insurrección fue de carácter popular en respuesta a tal escenario, avivadas por la represión que suscitó el propio Morales. Manifestaron este rechazo el candidato presidencial Carlos Mesa y la oposición boliviana, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el gobierno de Brasil a través de su presidente Jair Bolsonaro, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien indicó, en contrarrespuesta, que «en Bolivia hubo un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió fraude electoral». El entonces canciller de Argentina, Jorge Faurie, declaró públicamente el 11 de noviembre que «hay un vacío de poder» y que «no están los elementos para describir esto como un Golpe de Estado». Al respecto, la Organización de los Estados Americanos, a través de 15 de sus miembros (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela de Juan Guaidó), evitaron calificar de golpe lo sucedido en Bolivia, y la Unión Europea, a través de una votación en la Eurocámara, rechazaron llamarle golpe de Estado, con resultado de 234 votos en contra, 41 a favor y 88 abstenciones. También algunos politólogos, como el boliviano Eduardo Gamarra (Universidad Internacional de Florida), Escribà Folch (Universidad Pompeu Fabra) y Fabián Harari (Universidad Nacional de San Luis), señalan que no hubo golpe. La misma percepción fue manifestada por el Nobel de Literatura criado en Bolivia, Mario Vargas Llosa.
Antecedentes Elecciones generales de 2019 y acusaciones de fraude electoral
Las elecciones fueron precedidas por un referéndum constitucional en 2016 sobre un proyecto de modificación constitucional que le permitiría al presidente Evo Morales ser reelecto, la cual fue rechazada. El 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional falló a favor una reelección indefinida, autorizando a Morales para volver a postularse como candidatos en las elecciones generales de 2019.
El 20 de octubre de 2019 se celebró la primera ronda de votación para todos los cargos gubernamentales. El Tribunal Supremo Electoral publicó dos series de recuentos poco después de que se cerró la votación. Los dos recuentos establecidos mostraron que Morales lideraba en menos de diez puntos porcentuales a las 19:40, momento en el que se detuvieron las actualizaciones. Una ventaja de menos de 10 puntos da como resultado otra ronda de votación de segunda vuelta. A las 21:25, sin actualizaciones, el presidente Morales se declaró ganador; aunque se esperaba que los votos no contados en las zonas rurales estuvieran a su favor, la Organización de los Estados Americanos (OEA), que observaba las elecciones, señaló que incluso si Morales ganaba directamente, su ventaja más allá del umbral de los diez puntos sería insignificante como para garantizar una segunda vuelta de todos modos. Todos los organismos internacionales que observaron expresaron su preocupación por la brecha de un día en el informe de resultados: después de veinticuatro horas, las actualizaciones se reanudaron, pero con un gran aumento de Morales con respecto a la primera actualización.
El 21 de octubre de 2019, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) informó un recuento aún incompleto y sugirió que con solo el 95.3% de los votos verificados, Morales tenía un margen muy por encima de los diez puntos para revertirse ─lo que evitaba una segunda vuelta─ y entonces Morales permanecería en el poder por un cuarto mandato junto con varias irregularidades y el límite presidencial de dos períodos que el propio Morales había anulado. Partidos opositores bolivianos, así como gobiernos extranjeros y observadores internacionales pidieron una auditoría del proceso y los resultados. La auditoría comenzó el 31 de octubre, a cargo de la OEA y observada por España, México y Paraguay.
El 6 de noviembre, la oposición boliviana publicó un informe de ciento noventa páginas que contenía acusaciones de fraude e irregularidades tales como adiciones erróneas de actos electorales, intercambio de datos y actos electorales en los que el partido gobernante obtuvo más votos que los votantes registrados, para enviarlo a la OEA y las Naciones Unidas.
Protestas en Bolivia por acusaciones de fraude electoral
Las protestas por el presunto fraude electoral se iniciaron desde la misma noche del 20 de octubre de 2019 (día de las elecciones generales). Los manifestantes se concentraron frente al hotel ex Radisson de La Paz, donde se estaba realizando el computo de actas. El candidato opositor Carlos Mesa, hizo un llamamiento a sus seguidores a concentrarse, para vigilar que no se produjera fraude electoral, alegando que el tribunal electoral obedecía al interés del MAS y de Evo Morales, para intentar que no se llegara a una segunda vuelta.
Sectores universitarios, miembros de la coalición electoral Comunidad Ciudadana ─CC─ liderada por Mesa, y partidos de oposición reclamaron una revisión imparcial de los votos y la dimisión de las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. También pidieron el respeto a la decisión popular manifestada por el Referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que el 51.3% de los participantes rechazaron que las autoridades sean reelectas dos veces de manera continua y una segunda vuelta electoral. miniaturadeimagen|300px|Manifestantes en las protestas de octubre de 2019 sobre un puente con la pintada de «Evo dictador»