La corrupción urbanística en España se refiere a los casos de abuso de poder en cargos públicos vinculados a la especulación inmobiliaria y al incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales con el objeto de obtener un enriquecimiento ilícito.
Las causas son varias y diversas pero generalmente incluyen financiación por parte de los ayuntamientos y partidos políticos. Este tipo de corrupción ha tenido una gran incidencia durante los años de la burbuja inmobiliaria en España, previa a la crisis económica de 2008.
Legislación Competencias urbanísticas Las competencias urbanísticas en España se establecen en el artículo 148 de la Constitución Española:
Intentos de cambio en la Ley de Suelo
La Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional modificó el régimen de competencias en materia de urbanismo en España, lo que produjo su asunción por parte de las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional, en sentencia del 20 de marzo de 1997, derogó casi en su totalidad la ley de 1990/92. Los recursos presentados por varias comunidades autónomas se basaban en que la ley invadía sus competencias sobre ordenación del territorio.
La responsabilidad sobre el urbanismo recayó sobre las comunidades autónomas, que generaron nuevos planes urbanísticos en su territorio. El gobierno central, sin potestades urbanísticas, desde entonces solo legisla en materia de valoraciones para mantener la igualdad ante la ley de la ciudadanía.
Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien resueltos. Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos el gobierno central ideó otra forma de recaudar impuestos indirectos con la potestad de decidir cuál suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de esta recalificación de suelo aumentó la presión fiscal de manera heterogénea e hizo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a treinta y cuarenta años.
La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta veinte veces o más. Con la Ley del SueloProyecto de Ley del Suelo Instituto Juan de Mariana, 23 de noviembre de 2006. los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable" cuyos costos terminaron trasladándose a los compradores de viviendas, en una especie impuesto encubierto incluido en el precio de la vivienda.
Como consecuencia, al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etcétera), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.«Informe de Transparencia Internacional» El confidencial.
La ONG Transparencia Internacional en su informe del año 2006 señaló: «el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno, sobre todo "en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades"». La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en «la calificación del suelo urbano», lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE «donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años».
Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo en 2009 por el Informe AukenInforme Auken www.europarl.europa.eu. 10.12.2008. (elaborado por la eurodiputada verde danesa Magrete Auken) tras cinco años de estudios con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. Este informe no vinculante pedía, entre otras cosas, «a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social», recordaba «que la Comisión [...] está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales» y «de cohesión» y criticaba «los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales». La aprobación del Europarlamento se llevó a cabo a pesar de la campaña de los partidos mayoritarios españoles PP y PSOE en su contra.«El ladrillo español, de nuevo a debate en la UE.» El Mundo. 25/03/2009.]«Europa vuelve a desacreditar el urbanismo español y en especial el valenciano.» El Mundo. 26/03/2009.
Casos denunciados Actualmente se investigan judicialmente los siguientes casos de corrupción urbanística.
Andalucía thumb|230px|right|Hotel El Algarrobico (Almería). Provincia de Almería
Carboneras: El 10 de mayo de 2007 el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, comunicó la compra de los terrenos sobre los que se asienta el hotel El Algarrobico y sus adyacentes con el fin de restaurar la playa del Algarrobico para devolverla a su estado original. El hotel era el primero de un complejo proyectado de ocho hoteles, 1500 apartamentos y un campo de golf. Su construcción se inició gracias a una licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, sobre la base de una modificación municipal que convirtió en urbanizable una playa virgen situada a cuatro kilómetros del casco urbano. En junio de 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, restableció la zona como Suelo Rústico de Especial Protección, denegando la clasificación de suelo urbanizable otorgada por la Junta.
Cuevas del Almanzora: En la pedanía de Villaricos, Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Villaricos denunciaron la construcción de viviendas a 10 metros de la línea de costa. En dicho solar se encontraron también restos arqueologícos de la época visigótica.
Ohanes: Juan Antonio Sierra PSOE fue imputado en 2009 por presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Se publicó un vídeo, según él, un montaje, en el que aparecía recibiendo dinero de un promotor a cambio de la licencia de primera ocupación de una promoción de viviendas.
Sorbas: En el año 2008, el juez imputó al alcalde de Sorbas y representante del PP en la Diputación Provincial, por dos delitos de prevaricación urbanística, al permitir la ejecución de ocho viviendas en suelo no urbanizable, enfrentándose a una pena de dos años y medio de prisión. En el año 2012, el juicio fue aplazado, por no haberse notificado el señalamiento de un imputado.
Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar por el Juzgado de Huércal Overa, a petición de la Fiscalía, como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1300 chalés en zonas no urbanizable. El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, Tomás Zurano, también presidente del grupo inmobiliario 'Dizu' y que integró el Comité de Expertos para la redacción del programa electoral del PSOE de Almería en las pasadas elecciones autonómicas, es una de las seis personas detenidas por su presunta implicación en la trama urbanística de Zurgena (Almería). El alcalde de Zurgena Cándido Trabalón, fue detenido por la Guardia Civil en una operación coordinada con el Fiscal de Medio Ambiente de Almería que investiga desde hace más de un año diferentes delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. También fue detenido el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, también del Partido Andalucista, el arquitecto municipal Carlos Berbel, además del arquitecto técnico y un constructor de la comarca de la Almanzora.
Provincia de Cádiz Cádiz: En noviembre de 2014, el Juzgado N.º 1 de Cádiz admitió la denuncia por el llamado caso Matadero, por la existencia de un posible tráfico de influencias en la adjudicación de las 102 viviendas sociales del Matadero de Cádiz, imputando por tales hechos a las concejalas del PP Mercedes Colombo y Carmen Sánchez. En mayo de 2015, técnicos del Ayuntamiento de Cádiz aseguraron que un virus informático había robado todos los datos existentes de dicho procedimiento administrativo.
Chiclana de la Frontera: En la operación policial Obra Nueva desarrollada en el año 2006, agentes de la Guardia Civil desmantelaron un entramado formado por técnicos del Ayuntamiento y agentes inmobiliarios. Los autores de la trama se acercaban a los propietarios de parcelas de zonas como El Marquesado, el Pinar de los Franceses o Los Gallos (parajes urbanos no consolidados) y se ofrecían a gestionar la venta del terreno. Para ello, el propietario les entregaba un poder notarial que les daba vía libre para actuar. Así, dividían la finca en parcelas y emitían un certificado garantizando la existencia de varias viviendas que en realidad no existían, aunque en los documentos figuraba que tenían más de cuatro años de antigüedad. De este modo conseguirían eludir responsabilidades penales o económicas, puesto que el delito había prescrito. El arquitecto imputado, había ya sido condenado por el mismo delito con anterioridad. En julio de 2007, una nueva operación policial en el marco de la Operación Obra Nueva produjo la detención de 24 personas más relacionadas con dicha trama de corrupción urbanística. Posteriormente, en 2012 más de 40 personas fueron imputadas en este municipio en otra trama de corrupción urbanística por los delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa y organización criminal.
Grazalema:ww.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-juez-ordena-apertura-juicio-oral-operacion-pinsapar-corrupcion-urbanistica-grazalema-20131113160118.html
Los Barrios: En enero de 2012 fue imputado por delito urbanístico el alcalde de Los Barrios Jorge Romero, y cuatro de sus ediles por un presunto delito urbanístico cometido en el año 2006. Se da la circunstancia de que fue condenado también a dos años de inhabilitación por un delito contra los derechos cívicos al ocultar información a la oposición.
El Puerto de Santa María: El juzgado N.º 3 del municipio del Puerto de Santa María ordenó las detenciones de cinco imputados por un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio. Entre los detenidos figuran el exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez (del grupo Independientes Portuenses) y el actual jefe del servicio de licencias urbanísticas del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell. Fueron condenados a ocho años de inhabilitación en el año 2009, por el derribo de un edificio protegido del , mientras que los promotores, padre e hijo, fueron condenados a año y medio de cárcel.
Rota: En marzo de 2015, la alcaldesa de esta localidad, Eva Corrales (PP) fue de nuevo imputada por un caso de corrupción urbanística. En esta ocasión, según el informe de la Guardia Civil, se les acusaba de prevaricación, fraude y presunto cohecho en la permuta ilegal de una parcela a una empresa a la que se le adjudicó la construcción de un aparcamiento, lo que suponía una pérdida para el consistorio de 1.3 millones de euros.
Provincia de Málaga