Estallido social es el nombre con el cual se conoce en Chile a una serie de manifestaciones masivas y graves disturbios originados en Santiago y propagados a todas las regiones del país —con mayor impacto en las capitales regionales— cuya fase de mayor intensidad se extendió entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
El detonante inmediato de estos sucesos fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, que entró en vigencia el 6 de octubre de 2019. Tras ello, miles de estudiantes secundarios se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el Metro de Santiago. Con el paso de los días, el número de evasores aumentó, registrándose incidentes dentro de las estaciones del ferrocarril subterráneo. La situación se agravó el día viernes 18 de octubre de 2019, cuando fueron cesadas las operaciones de la red subterránea por el enfrentamiento de la multitud con Carabineros, lo que llevó al entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, a interponer querellas por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado contra quienes hubieren cometido daños, saqueos e incendios.
La noche del viernes 18 de octubre comenzaron a aparecer varios focos de protestas, saqueos y disturbios violentos a lo largo del país. Debido a esta agudizacón, en la madrugada del día sábado 19 de octubre, el presidente de Chile Sebastián Piñera (centroderecha) suspendió el alza de la tarifa del metro, decretó estado de emergencia en las comunas del Gran Santiago y toque de queda a partir de la noche del sábado 19. La situación se extendió pocas horas después a otras cinco regiones del país y ya el día 23, el estado de emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales.
De acuerdo con varios analistas, las protestas se caracterizaron por la ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social, desde la clase baja a la media alta. Aunque la causa inmediata puede atribuirse al alza tarifaria del transporte público, las concentraciones populares pronto expusieron sus causas mediatas: el alto costo de la vida (hasta 2019 Santiago era la segunda ciudad más onerosa de Latinoamérica), bajas pensiones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, y un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución del país.
Tanto por el nivel de daño a la infraestructura pública, el número de manifestantes, como por las medidas adoptadas por el gobierno, las protestas fueron catalogadas como el «peor malestar civil» ocurrido en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. De acuerdo con los datos de Ministerio Público se registró un total de 30 muertes, la mayoría en el contexto de incendios (14 casos, 46,7%) como asimismo asociados a los desórdenes públicos y otros delitos del estallido (9 casos, 30%) y a delitos de violencia institucional (7 casos, 23,3%). además hubo más de 3400 civiles hospitalizados producto de los enfrentamientos, y 2000 carabineros lesionados en distintos grados. Amnistía Internacional informó, al 30 de noviembre de 2020, 12547 heridos que pasaron por urgencia hospitalaria, 1980 heridos por armas de fuego y 347 heridos con lesiones oculares. El Instituto Nacional de Derechos Humanos identificó más de 3400 civiles hospitalizados durante el movimiento, mientras que cifró en 8812 los detenidos que lograron visitar; además, denunció casos de torturas y otras vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. Las investigaciones realizadas por organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinaron la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado chileno; el gobierno, en tanto, reconoció la existencia de algunos casos puntuales de exceso policial, pero descartó la ocurrencia sistemática de estos, y el Poder Judicial, en la misma línea del Ejecutivo, ha sostenido que «no hay un ataque generalizado y no responde a una conducta sistematizada del Estado por estos agentes».
Las pérdidas económicas que se generaron tras estas protestas fueron estimadas en 3300 millones de dólares, considerando daños a la propiedad pública y privada, incluido el Metro de Santiago. El peso chileno sufrió una fuerte devaluación, pasando de previo a la crisis a un máximo histórico de por dólar a mediados de noviembre de 2019. También se estimó que las protestas restarían un punto porcentual de crecimiento económico para el país entre 2019 y 2020.
En respuesta a las manifestaciones, el gobierno de Sebastián Piñera anunció una serie de medidas, compiladas en la denominada «Nueva Agenda Social», que incluía disposiciones relacionadas con las pensiones, la salud, los salarios y la administración pública. De igual forma, se promovió una agenda de seguridad que incluía proyectos antivandalismo y de reconstrucción. El 15 de noviembre, un acuerdo transversal entre el Gobierno y el Congreso, y firmado por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, pactó la convocatoria a un plebiscito nacional que se realizaría en abril de 2020 y que posteriormente se reprogramó y se realizó finalmente en octubre, para definir si se redactaría una nueva Constitución Política y qué mecanismo sería utilizado.
La pandemia de COVID-19 provocó una fuerte reducción de las protestas debido a las medidas sanitarias de distanciamiento social y cuarentenas. No obstante, desde julio de 2021 miembros de la denominada primera línea continuaron agrupándose cada viernes en las inmediaciones de la Plaza Baquedano para exigir la liberación de los llamados «presos de la revuelta». El gobierno calificó la continuación de las movilizaciones como «actos criminales que no responden a manifestaciones o a una demanda social».
Antecedentes Causas estructurales El académico chileno Carlos Hunneus analizó un conjunto de causas que, en su opinión, habrían acumulado el «malestar» en la ciudadanía que afloró en las protestas del 18 de octubre de 2019:Había en la ciudadanía un malestar latente hacia el sistema económico (“el modelo”), ocasionado por los graves abusos de empresas privadas (La Polar, farmacias, pollos, “Confortgate”) y de servicios públicos (Aguas Andinas), las desigualdades en el acceso a la salud y educación, el fracaso de las AFP, la mala distribución de los ingresos, que se sumó a la baja confianza en los partidos, la política y en los empresarios por los casos de financiamiento ilegal de campañas parlamentarias. En pocas palabras, una crisis de legitimidad del sistema económico, que heredaba el pecado original de haber sido impuesto por la dictadura, sin consultar a los afectados, y que teñía un sistema político cuyo legado era una democracia semisoberana, concebida para prolongar “el modelo”.
Estado subsidiario y otros aspectos constitucionales miniaturadeimagen|izq|Pancarta que simula un letrero de recorrido de buses de Red, mencionando hechos que suelen ser indicados como causa de las protestas.
Algunos analistas han identificado el rol subsidiario del Estado chileno como una de las causas estructurales de estas protestas, debido a la forma precisa en que Constitución de 1980 lo instaura en Chile. Esta interpretación neoliberal del principio de la subsidiaridad señala que el Estado solo puede intervenir en la vida social y económica cuando la iniciativa privada no puede o no tiene interés en hacerlo. Dado lo anterior, el Estado solo proveerá allí donde el mercado no lo haga, lo que generaría accesos desiguales entre la ciudadanía en función de su situación socioeconómica.
Según esta tesis, la subsidiariedad se habría erigido en un obstáculo relevante para la implementación de distintas políticas públicas orientadas al bienestar ciudadano por parte de los gobiernos posteriores a la dictadura militar.
Estas restricciones de la Constitución habrían atado a la sociedad chilena a un modelo específico inmutable, frenando su evolución conforme a la apreciación del interés general de los representantes de la nación a través del tiempo.
Desigualdad socioeconómica
De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en el momento del estallido Chile era el 13° país más desigual de Latinoamérica medido por índice de Gini y el segundo más desigual (tras México) entre los miembros de la OCDE.
Dicha desigualdad en el ingreso conlleva una desigualdad social que se manifiesta en diferencias educacionales importantes entre los diferentes estratos socioeconómicos. Asimismo, la importante segregación residencial, provocada en gran medida por la concentración desproporcionada de la población en Santiago, genera «nuevas barreras para la inclusión social y para la superación de la vulnerabilidad» de las familias de escasos recursos.
Alto costo de la vida El costo de vida en Chile es alto. Para la fecha del estallido, la razón entre PIB corregido por paridad de poder adquisitivo y PIB nominal era de 1,709 lo que ubicaba al país en el tercio de los más caros del mundo (lugar 61°); el 2° más caro de Sudamérica tras Uruguay; y el 13° más caro de Latinoamérica y Caribe. De acuerdo con el Banco Central del país, en 2018 se alcanzó un máximo histórico de deuda equivalente a 73 % del ingreso disponible. Un estudio de 2019 reveló que en Chile hay casi 4,6 millones de personas morosas, equivalente a un 34 % de la población mayor de 18 años.
Contexto regional
Entre fines de 2018 y 2019, se registró un importante número de protestas a nivel internacional, destacando el Movimiento de los chalecos amarillos en Francia, las protestas antigubernamentales en Argelia, la Revolución sudanesa, las protestas en Puerto Rico y los enfrentamientos en Hong Kong, entre otras. Hacia octubre de ese año, se levantaron nuevas manifestaciones en el Líbano y en Irak. Aunque los motivos de cada protesta variaron según cada contexto local, la mayoría de ellas se caracterizó por movimientos inorgánicos que unificaron de forma transversal a gran parte de la población contra gobiernos considerados como lejanos de las necesidades populares. Algunos analistas destacaron que en todos los países se observó una gran participación de jóvenes descontentos, movimientos carentes de líderes y uso de redes sociales para coordinarse. Al mismo tiempo, se criticó en el caso de Chile el surgimiento de «explicaciones simplistas» entregadas a los corresponsales extranjeros por intelectuales de izquierda, quienes sostenían que el «neoliberalismo» practicado durante los últimos 30 años había fracasado, por ser una explicación «ideologizada» que no consideraba el dato de que la tasa de pobreza cayó de casi el 50 % al 6 % durante ese mismo período y que la desigualdad era notable a nivel mundial, pero menos grave que en casi todos los demás países latinoamericanos.
En América Latina, diversos factores generaron un aumento en las protestas en diferentes países. A las crisis sociales y políticas que llevaban varios años en Venezuela y en Nicaragua, se sumaron los problemas económicos de otros países de la región, especialmente tras el fin de un período constante de crecimiento derivado de los altos precios de materias primas y el aumento en la desigualdad social, un problema transversal de muchos países de la región.