El caso SQM es un escándalo político y caso judicial chileno de carácter penal, que surgió en 2015 durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, referido al financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos realizado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a través de pagos a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.
El caso comenzó a ser indagado a fines de 2014, en el marco de la investigación de la Fiscalía de Chile por el denominado caso Penta. El trabajo de los persecutores permitió descubrir que SQM —controlada por el empresario Julio Ponce Lerou, conocido por haber sido yerno del dictador Augusto Pinochet— pagó entre 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas, con el objetivo de financiar campañas parlamentarias y presidenciales —como también a partidos— de casi todo el espectro de la clase política tradicional de Chile, incluyendo las campañas de los candidatos a la presidencia Sebastián Piñera, Eduardo Frei, y Marco Enríquez-Ominami en 2009.
Las continuas revelaciones de la investigación —junto con el golpe provocado por el caso Caval, destapado en ese mismo verano y protagonizado por el hijo y la nuera de la presidenta— provocaron una grave crisis política al interior del gobierno de Michelle Bachelet y de la coalición Nueva Mayoría, la cual llegó a su punto cúlmine en mayo de 2015, cuando la mandataria le pidió la renuncia a todo su gabinete, semanas después de que se conociera que su campaña presidencial de 2013 también había recibido aportes de SQM y que Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior y Seguridad Pública de su administración, había emitido boletas a la empresa recaudadora de los fondos de campaña.
A lo largo de más de tres años, el caso acumuló más de 180 imputados y provocó la salida del gobierno del ministro Peñailillo, del ministro de Hacienda Alberto Arenas y del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt. Al año 2018 había solo ocho personas con condena y alrededor de 120 ya habían dejado de ser investigadas. El 14 de febrero de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la suspensión condicional del único proceso judicial en contra de SQM como persona jurídica y el 2 de marzo la Corte Suprema de Chile rechazó desaforar al senador Fulvio Rossi (aunque la Fiscalía pidió su formalización luego de que dejara el Senado). En agosto de 2021, la Fiscalía a cargo de la persecutora Claudia Perivancich decidió no perseverar en las investigaciones de 32 de los acusados, por no haber querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. Entre los 32 acusados que quedaron fuera de las investigaciones, se encontraban Rodrigo Peñailillo; Irina Rossi, hermana del exparlamentario Fulvio Rossi; Jorge y Benjamín Pizarro, hijos del vicepresidente del Senado de Chile, Jorge Pizarro; Harold Correa, exjefe de gabinete del exministro Nicolás Eyzaguirre; y Alex Matute, hermano de Jorge Matute Johns.
Antecedentes
Financiamiento de la política Hasta el año 2003, el financiamiento a partidos y campañas políticas en Chile se encontraba totalmente desregulado. A la inexistencia de un mecanismo de financiamiento público, tampoco había mecanismos de control de aportes privados. Esta realidad cambió ese año con la entrada en vigencia de la Ley 19884 sobre transparencia, límites y control de gasto electoral. La normativa permitió tanto el financiamiento público como el proveniente de personas y empresas; de igual manera fijó límites de gasto electoral y en el monto máximo por donante según el tipo de candidatura. Por último, también creó la figura de «aportes reservados», montos mayores a 20 UF y menores al 10 % del gasto total de cada candidato o partido, la cual permitía a empresas realizar donaciones secretas a campañas sin que el candidato, en teoría, supiera el origen de ese aporte.
Solo para elecciones de senadores y diputados, entre 2005 y 2013 la clase política recibió más de 36 mil millones de pesos en aportes reservados, de los cuales el 45 % fue a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el 20 % a Renovación Nacional (RN), el 15 % a la Democracia Cristiana (DC), el 7 % al Partido por la Democracia (PPD), el 4 % al Partido Socialista (PS) y el 1 % al Partido Radical Socialdemócrata (PRSD).
En el caso de las elecciones parlamentarias y presidencial de 2013, en tanto, el 90 % del total de aportes privados fue secreto, cifra que llegó a 21 mil millones de pesos, donados por doce particulares y 297 empresas. Ese año, a su vez, el monto máximo por donante según el tipo de candidato era de $ 45,8 millones para presidente y $ 28,6 millones para diputado o senador.
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile es una empresa chilena que se creó en 1968, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, como sociedad minera mixta, con el fin de mejorar la producción y explotación del salitre. En 1971, durante la administración de Salvador Allende, fue adquirida en un 100 % por la Corfo, pero en la década siguiente fue privatizada por la dictadura militar, lo que permitió que en 1987 el ingeniero forestal, exgerente general de Corfo y entonces yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, obtuviera el control de la compañía.
Con el retorno a la democracia, en 1990 Ponce Lerou trajo de vuelta a la gerencia general de SQM a Patricio Contesse, ingeniero forestal que trabajó en Conaf cuando era dirigida por Ponce Lerou en los años 70, y posteriormente en otras empresas del Estado como CAP y Enacar durante la década de 1980. Contesse —quien ya había estado en SQM entre 1981 y 1982— llegaba desde la vicepresidencia ejecutiva de Codelco y en ese tiempo ya era el brazo derecho de Ponce Lerou. Se mantendría como gerente general de la compañía por los próximos 25 años.
A mediados de los 90, SQM ingresó al negocio del litio gracias al derecho de explotación del salar de Atacama que le concedió la Corfo —y también inició su internacionalización con la adquisición de otras empresas en el área de químicos y fertilizantes—, lo que le permitió en los años siguientes convertirse en el principal productor de litio en el mundo. Hacia 2014, la explotación del salar litio le reportaba a SQM ingresos por 785 millones de dólares, equivalentes al 39 % de los ingresos totales de la compañía. Asimismo, Ponce Lerou era el controlador de la compañía con el 32,03 % de la propiedad, mientras que el segundo mayor accionista era la firma canadiense Potash Corporation (PCS) con el 32 %.
Ese mismo 2014 a SQM también le había tocado protagonizar uno de los mayores escándalos financieros del país: el denominado caso Cascadas. Debido a infracciones a la ley de valores y sociedades anónimas, en septiembre de ese año —meses antes de que estallara el caso SQM—, Ponce Lerou fue multado con 1 700 000 UF (equivalentes a 69,5 millones de dólares en ese tiempo) por la Superintendencia de Valores y Seguros, la multa más alta en la historia de Chile. No obstante, en 2019 dicha sanción sería rebajada a 75 000 UF (casi 3 millones de dólares) por la Corte de Apelaciones de Santiago, fallo que confirmaría la Corte Suprema en 2020.
Caso Penta
En agosto de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a siete personas ligadas al Grupo Penta —entre ellas sus principales socios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín— por fraude tributario ante el Ministerio Público. Según la denuncia inicial, el grupo habría defraudado al Fisco por una cifra que se calculaba entre los 260 y 660 millones de pesos.
El caso tomó ribetes políticos en octubre de ese año, cuando un exejecutivo de Penta, Hugo Bravo, declaró que el grupo había hecho donaciones irregulares a políticos del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) para financiar sus campañas electorales. Entre los beneficiados por Penta, según Bravo, estaban el fundador y líder del partido, Jovino Novoa, los senadores Ena von Baer e Iván Moreira, el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett y los independientes Laurence Golborne —quien fuera ministro del presidente Sebastián Piñera y precandidato presidencial de la UDI para la elección de 2013— y Andrés Velasco, también precandidato presidencial ese año y exministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet.
Investigación inicial
Primeros hallazgos A mediados de octubre de 2014 —en el contexto de la investigación por el caso Penta que lideraba el fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente— un proveedor de campaña del exalcalde Pablo Zalaquett declaró que había emitido boletas falsas a Penta en 2013 para financiar la fallida campaña senatorial de la exautoridad, pero también confirmó que había emitido boletas por servicios no prestados a las empresas Ripley, Alsacia, CorpBanca y SQM. En las semanas posteriores, el 7 de noviembre, el fiscal Gajardo envió al Servicio de Impuestos Internos (SII) un informe pidiendo las querellas tributarias, por lo que el SII inició su propia investigación.
Dos meses después, el 9 de enero de 2015, el SII anunció que se querellaba por delitos tributarios en contra del exsubsecretario de Minería Pablo Wagner —investigado por cohecho y lavado de activos ya que había recibido 42 millones de pesos por parte de Penta mientras era subsecretario— y su cuñada María Carolina de la Cerda por emitir 59 boletas ideológicamente falsas entre 2009 y 2014. Una de esas boletas, emitida por De la Cerda en julio de 2009 por la suma de 7,5 millones de pesos, había sido a nombre de SQM —y el dinero destinado a la campaña senatorial del excandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín—, por lo que el SII también pidió a la Fiscalía que solicitara a SQM toda su contabilidad entre 2009 y 2014. Sin embargo, tres días después dicha solicitud fue acotada por el SII a tan solo julio de 2009, según se revelaría posteriormente, tras una «solicitud» al propio Jorratt hecha el mismo día 9 por el abogado y militante PPD Samuel Donoso —cercano al senador Guido Girardi y al ministro del Interior Rodrigo Peñailillo— quien se había presentado como asesor del ministro Peñailillo. Pese a este cambio, el fiscal Gajardo pudo iniciar su indagación a la compañía que controlaba Julio Ponce Lerou.
Las primeras diligencias —el allanamiento a las oficinas de SQM y la obtención de la contabilidad requerida— fueron realizadas el 16 de enero y revelaron la existencia de boletas sospechosas en el caso de 19 personas, pero no solo ligadas a políticos de la UDI, como ocurría en el caso Penta, sino también a figuras de la coalición gobernante, la Nueva Mayoría: el senador socialista Fulvio Rossi, el diputado democratacristiano Roberto León y el también DC y exembajador de Chile en República Checa, Marcelo Rozas. Estos nuevos nombres, junto con otros, comenzarían a divulgarse en la prensa a contar del 17 de febrero, pero a fines de enero ya era de conocimiento público el temor que rondaba en la Nueva Mayoría de que la investigación a SQM siguiera expandiéndose y empezaran a aparecer parlamentarios y dirigentes del sector involucrados.
Fiscal nacional asume investigación