El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (abreviado SBAP) es un servicio público chileno creado por medio de la Ley N.º 21.600, el cual tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad dentro del territorio nacional, a través de la gestión de políticas públicas para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.
La institución, que posee un carácter descentralizado, personalidad jurídica y patrimonio propio, está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyos cargos directivos son provistos de acuerdo al sistema de Alta Dirección Pública. El 23 de abril de 2024 asumió como la primera Directora Nacional Patricia Ibáñez, mientras que con posterioridad, Aarón Cavieres Cancino asume como primer Director Nacional de SBAP el 6 de octubre del 2025, hasta el 14 de marzo de 2026, por cambio de gobierno.
Posteriormente, con el gobierno de José Antonio Kast, en marzo queda como director subrogante Alejandro Correa Rivera y desde el 9 de abril asume en el cargo de director Nacional, Tomas Saratscheff.
Historia Antecedentes Originalmente, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA) aprobada en 1994 contaba con los artículos 34, 35 y 36 que procedía a crear y regular el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, y que sin embargo jamás llegó a ser creada y en su lugar se configuró a la Corporación Nacional Forestal, para tener las competencias que correspondían a este servicio. Desde entonces ningún gobierno de turno se encargó de regularizar la situación.
Discusión de la ley
Luego de la aprobación de la reforma a la LBGMA en 2010, durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se presentó el 26 de enero de 2011 el proyecto de ley que crea el «Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas» (SBAP) y el «Servicio Nacional de Áreas Protegidas» (SNAP).Este proyecto de ley se mantuvo en primer trámite dentro del Senado, donde nunca entró a discusión en comisión, aun cuando se retiraba y se hacía presente la urgencia simple del proyecto. Luego de entrar en un hiato por 3 años, el 18 de junio de 2014 la presidenta Michelle Bachelet retiró el proyecto desde el congreso.En su lugar, la presidenta presenta por medio de mensaje un nuevo proyecto de ley que crea el SNAP y SBAP. Debido a la lentitud con la cual el proyecto de ley estaba siendo tramitado, la presidenta retiró y presentó un nuevo mensaje el mismo día, que crea el SNAP y SBAP; todo esto con el fin de acelerar el proceso legislativo introduciendo propuestas con las modificaciones que los especialistas en el tema señalaron como importantes.
El 6 de enero de 2015 se presentó el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, precedida por los senadores Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro Navarro Brain, Jorge Pizarro Soto y Alfonso de Urresti Longton, luego de oír los comentarios de tres ministerios y sus departamentos, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el Tercer Tribunal Medioambiental, la CONAF y sindicatos de trabajadores y guardaparques, 22 organizaciones e investigadores, dos organizaciones de representación indígena, la Biblioteca del Congreso Nacional, asesores parlamentarios y una consultora ambiental.
El proyecto de ley es aprobado por la comisión para pasar a discusión general, que es aprobado en la sala del Senado el 4 de marzo de 2015. Se dejan dos meses para presentar indicaciones al proyecto. Sin embargo, el proyecto recibió tres fechas para presentar indicaciones, la última el 12 de junio de 2017. Los senadores y el gobierno presentaron 1254 indicaciones al proyecto de ley;para hacer una comparación, la ley N° 20.417 que reformó la LBGMA -que ordena todo el proceso de protección ambiental estatal- tuvo solamente 1050 indicaciones en todo su proceso legislativo.
Con este procedimiento, el proyecto de ley ingresó nuevamente a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, esta vez para su discusión en particular, donde se analizó el contenido del proyecto de ley detalladamente. El segundo informe de la comisión inició con las discusiones el 29 de noviembre de 2016 y terminó el 21 de noviembre de 2017, y es presentado el 23 de noviembre del mismo año, dos años y nueve meses después desde que fue aprobado en sala. Este informe revisó cada una de las indicaciones para considerar su rechazo, discusión y votación al proyecto de ley. El mismo 23 de noviembre el proyecto pasó a la comisión de Hacienda del Senado, como fue acordado en sala, bajo el argumento de que la aprobación del proyecto implicaba la creación de nuevos agentes estatales, que debían ser financiados y organizados por el Ministerio de Hacienda.
El 20 de marzo de 2019 se discutió en particular en la sala del Senado. Debido a conflictos relacionados con los trabajadores forestales, ese mismo día se aprobó permitir a la Comisión de Trabajo y Previsión Social tratar, mediante un informe complementario, las normas laborales de la iniciativa. Se presentó el informe respectivo. El 23 y 24 de julio de 2019 se realizó la votación en particular del proyecto de ley.
Cinco años y un mes después de su ingreso al senado, el proyecto de ley ingresó al segundo trámite constitucional, pasando a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde el 6 de agosto de 2019 el proyecto se mantiene en revisión general.Los siguientes años el proyecto de ley tuvo pausada su discusión debido a las incertidumbres laborales para los trabajadores de este rubro.
CONAF y trabajadores públicos thumb|Brigadistas CONAF construyendo un cortafuegos (2010). Durante la discusión parlamentaria, la discusión política que crearía el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas provocaron acerca del futuro de la Corporación Nacional Forestal, que hasta ese entonces se encargaba del manejo de las áreas protegidas de Chile. Aunque la transformación de CONAF en servicios públicos era una demanda histórica, desde 2019 las asociaciones de trabajadores manifestaron preocupación por las condiciones del traspaso laboral y la redefinición del rol institucional de la corporación. De este modo, tras medio siglo de historia, esta nueva ley estaba por cambiar muchas de las funciones de la corporación.
Un eje central del conflicto fue el temor de los empleados a que la creación del SBAP “despedazara” a CONAF. En efecto, la ley divide a la corporación en dos nuevos servicios públicos: el SBAP, bajo el Ministerio del Medio Ambiente, encargado de las áreas protegidas; y un futuro Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) bajo el Ministerio de Agricultura. Los trabajadores cuestionaban que esta separación debilitara el rol institucional de CONAF, quitándole atribuciones históricas en la administración de parques nacionales. Por ejemplo, advertían que funciones clave como la declaración de bosques degradados pasaban al SBAP, reduciendo las competencias del nuevo Servicio Forestal y su capacidad de gestión. “No queremos que se nos quiten esas atribuciones, esta decisión no es beneficiosa”, enfatizó un director regional de CONAF durante el debate.En el Congreso esto derivó en disputas sobre las potestades de cada servicio: la Cámara de Diputados inicialmente limitó el rol de SERNAFOR en áreas degradadas, pero en comisión mixta prevaleció la postura del Senado de mantener informes “vinculantes” del SERNAFOR en esa materia, atendiendo en parte la preocupación de no vaciar atribuciones forestales.
Otro punto de desacuerdo era el traspaso e inestabilidad laboral, ya que el paso desde una corporación de derecho privado al aparato público provoca incertidumbres asociadas a la falta de garantías sobre antigüedad, sueldos y derechos adquiridos, y además desde los trabajadores se rechazaron normas que permitían nuevas causales de despido y sistemas de evaluación no acordados. Por último, tanto trabajadores como organizaciones ambientales alertaron sobre un financiamiento inicial insuficiente para el SBAP, que podría traducirse en despidos o precarización laboral.
La Federación Nacional de Sindicatos de CONAF (FENASIC), el Sindicato Nacional de Profesionales (SINAPROF) y el Consejo de Guardaparques adoptaron una postura crítica pero propositiva. Si bien apoyaban la creación del SBAP, exigían que el proceso no perjudicara a los trabajadores. Denunciaron un diseño institucional sin participación de quienes administraban las áreas protegidas y realizaron exposiciones en el Congreso, movilizaciones y paros.
Posteriores avances parciales y cambio de gobierno El proyecto continuó su trámite en comisiones durante 2021, afinando detalles. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara introdujo mejoras (por ejemplo, corrigió disposiciones medioambientales sobre concesiones en parques). Algunas de estas modificaciones fueron revertidas por la Comisión de Agricultura en agosto de 2022.
El gobierno de Gabriel Boric, iniciado en marzo de 2022, declaró prioritaria la promulgación de la Ley de Biodiversidad. El Ministerio del Medio Ambiente intensificó el diálogo con los trabajadores de CONAF, estableciendo mesas técnicas entre 2022 y 2023 para discutir normas laborales.
En noviembre de 2022, los sindicatos de CONAF convocaron un paro indefinido a nivel nacional. Entre los acuerdos alcanzados para levantar la movilización, se incluyeron mejoras salariales y aumentos de grado para guardaparques.
El 24 de enero de 2023, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley con 131 votos a favor.
Durante los primeros meses de 2023, la Comisión Mixta resolvió aspectos pendientes como las concesiones industriales en áreas protegidas y la distribución de atribuciones entre el SBAP y el futuro Servicio Nacional Forestal.
Aprobación El proyecto fue despachado y publicado como Ley 21.600 el 6 de septiembre de 2023. El Ejecutivo subrayó que el SBAP nacería con una dotación de personal duplicada respecto a la que CONAF destinaba previamente a las áreas protegidas.
Posterior a la aprobación, los cerca de 3.500 funcionarios de CONAF permanecen bajo la entidad actual durante la transición. La ley establece que todos ellos serán traspasados ya sea al SBAP o al SERNAFOR, según sus funciones (áreas protegidas al SBAP; el resto al nuevo servicio forestal). El gobierno de Gabriel Boric, se comprometió públicamente a “garantizar la continuidad laboral y los beneficios que actualmente tienen los trabajadores” durante este proceso. Esto implica respetar antigüedades, sueldos y condiciones pactadas, de modo que nadie pierda su empleo por la entrada en vigencia de la ley.
Inicio de funciones y cambio de gobierno thumb|Funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (2025), con Presidente Gabriel Boric y Ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas|338x338px En diciembre de 2023 se hace una reforma a la ley para incorporar la responsabilidad del presidente para definir la primera persona que accederá al cargo y sobre el presupuesto de su sueldo hasta la entrada en funciones del SBAP.
Durante octubre de 2023, el gobierno pone en marcha las operaciones del SBAP. Para abril de 2024 el presidente Boric nombra a Patricia Ibáñez como la primera Directora Nacional del SBAP. Luego en abril de 2025 se inauguran las oficinas del SBAP en calle Nueva York, Santiago y posteriormente el 6 de octubre de 2025 asume el primer Director Nacional de SBAP, Aarón Cavieres Cancino, quien ejerce sus funciones hasta el 14 de marzo de 2026, por cambio de gobierno.