La ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil de España y en la dictadura franquista, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, fue una ley del ordenamiento jurídico español, aprobada, por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, partiendo del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2006, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero ( y legislaturas) como presidente del Gobierno.
La ley también les permite a los hijos y nietos de exiliados optar a la nacionalidad española, «sin importar la fecha de nacimiento ni el lugar de nacimiento de éstas», siempre que este hubiera conservado la nacionalidad española hasta por lo menos el nacimiento de su hijo en el exterior.
La ARMH, pionera en la exhumación científica de fosas comunes de asesinados por la dictadura franquista, ha criticado que, en su preámbulo, el texto afirma que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar, negando de ese modo en su marco de planteamientos que los delitos del franquismo son cometidos contra toda la sociedad y la humanidad y el deber del Estado de practicar políticas públicas que garanticen a las víctimas de los delitos más graves que existen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
La insatisfacción con el texto de la ley llevó a catorce asociaciones memorialistas a presentar una denuncia por cientos de desapariciones ante la Audiencia Nacional, el 14 de diciembre de 2006. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas se ha mostrado crítico con algunos aspectos de ella.
Bajo el gobierno del conservador Mariano Rajoy ( legislatura), la Ley de Memoria Histórica quedó derogada de facto, ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y 2014 quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación.
El 15 de septiembre de 2020, el gobierno de Pedro Sánchez ( legislatura) presentó un «anteproyecto de Ley de Memoria Democrática» para reemplazar la Ley de Memoria Histórica de 2007. Finalmente fue derogada por la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el 21 de octubre de 2022.
Antecedentes En 1969 Francisco Franco dictó el Decreto-Ley 10/1969, por el que prescribían todos los delitos cometidos antes de 1 de abril de 1939, (es decir, el final de la Guerra Civil). Dicho Decreto-Ley fue dictado a los treinta años de acabada la Guerra Civil.
Con la llegada de la democracia, se fueron promulgando una serie de decretos y leyes específicas para tratar de compensar las penalidades y sufrimientos de aquellos que padecieron los avatares de la guerra en el bando republicano, o prisión en la época franquista. Algunas de ellas fueron: Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que, habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda, no puedan integrarse en el cuerpo de caballeros mutilados de guerra por la patria. Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil. Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana. Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra. Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República. Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuesto Generales del Estado para 1990, que determina las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, sobre concesión de la nacionalidad española a los combatientes de las Brigadas Internacionales en la guerra civil española. 2000 – Inicio de exhumaciones de fosas comunes impulsadas por familiares y asociaciones civiles, destacando la exhumación realizada en octubre de 2000 en Priaranza del Bierzo (León), considerada un hito en la visibilización pública de la problemática de los desaparecidos de la Guerra Civil y la posguerra. 2002 – Resolución del Congreso de los Diputados, aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, en la que se instó a los poderes públicos a asistir a las familias que promovieran iniciativas para la localización y el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista enterradas en fosas comunes. La resolución asumió la necesidad de preservar el espíritu de concordia y reconciliación que guio la Transición democrática y de promover el reconocimiento moral de todas las víctimas. 2003 – Consolidación del movimiento memorialista y aumento de las iniciativas sociales y asociativas orientadas a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra, así como a la preservación y difusión de la memoria histórica en el ámbito civil.
Todas estas leyes, decretos y disposiciones han sido mejorados y ampliados por algunas comunidades autónomas.
El 28 de octubre de 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Histórica. El día 10 de diciembre, fue aprobada en el Senado.
Desarrollo thumb|Mapa de fosas de la guerra civil española, elaborado en aplicación de la Ley de la Memoria histórica. Localización geográfica de las fosas o lugares de enterramiento en el territorio español de las que se dispone información, representadas con símbolos de diferentes colores según la actuación realizada sobre cada una de ellas. El programa electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones generales de 2004 no incluía ninguna mención a la «memoria histórica». Solamente habla de la creación de un Centro Estatal de Documentación e Investigación Histórica sobre la Guerra Civil y el franquismo, dentro del área de cultura del programa:
Tampoco en su discurso de investidura, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero mencionó la memoria histórica u otros proyectos relacionados.
El proceso que derivó en la aprobación del mismo se inició el 10 de septiembre de 2004 con la aprobación de un Real Decreto de creación de una comisión interministerial (la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil), presidida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y la búsqueda de su «rehabilitación moral y jurídica». El trabajo de la comisión no produjo resultados durante el año siguiente y los entonces socios preferentes del gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, expresaron su descontento por la falta de resultados de la comisión, presentando, el 18 de noviembre de 2005, sendas proposiciones de ley para la recuperación de la memoria histórica.
El 22 de junio de 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados con la única oposición del Partido Popular que el año 2006 fuese declarado Año de la memoria histórica. El 28 de junio de ese año, el Gobierno presentó un proyecto de ley, con el nombre de Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura que fue criticado tanto por el Partido Popular como por Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, que incluso presentaron proyectos alternativos.
Durante el mes de octubre de 2007, culminaron las negociaciones entre el PSOE, Izquierda Unida, el Partido Nacionalista Vasco y Bloque Nacionalista Galego para tramitar el proyecto de ley de forma que fuese aprobado antes de la finalización de la legislatura.
Disposiciones Después del largo proceso de gestación de la ley, sus disposiciones fueron las siguientes: thumb|300px|El Valle de los Caídos. Juicios sumarios del franquismo. La ley reconoce en su preámbulo «el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personal [...] durante la Guerra Civil y [...] la Dictadura». Los tribunales franquistas y sus condenas, «dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia [...] contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución», son declarados «ilegítimos». Sin embargo, aunque los juicios no son anulados, el preámbulo de la ley establece que ante las demandas de revisión de juicios, la Justicia no podrá rechazarlas invocando las leyes de la dictadura, definidas como «represoras y contrarias a los derechos fundamentales», como ha ocurrido hasta la actualidad. Ayudas a los represaliados. Las ayudas existentes a las víctimas del franquismo y a sus familias (pensiones, compensaciones financieras) son extendidas. Además, podrán beneficiarse con hasta 135 000 euros las familias de las «personas fallecidas en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977».
Fosas comunes. El Estado ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes. Sólo en Andalucía se ha hecho un inventario de 595 fosas y se desconoce el número total de cadáveres. Símbolos franquistas. La ley establece que los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. La retirada «no será de aplicación cuando [...] concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley», lo cual podrá aplicarse a iglesias y templos de culto. Valle de los Caídos. Se regirá por las normas aplicables a lugares de culto y religiosos. Se dispone su despolitización, se prohíben los «actos de naturaleza política [...] exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo» y que la fundación gestora del Valle «incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que le siguió». Brigadistas Internacionales: se les concederá la nacionalidad española sin que tengan que renunciar a la propia.