José Luis Martínez-Almeida Navasqüés (Madrid, 17 de abril de 1975) es un abogado del Estado y político español, miembro del Partido Popular y alcalde de Madrid desde junio de 2019; fue portavoz nacional de dicho partido desde agosto del 2020 hasta febrero del 2022.
Vida personal Nacido en Madrid el 17 de abril de 1975. Es hijo de Rafael Martínez-Almeida y León y Castillo y de Ángela Navasqüés Cobián, presidenta de la Confederación Española de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica durante años, de quién pronto en futuro le heredaría su interés por la política; sus dos abuelos fueron abogados del Estado, el paterno, Pablo Martínez-Almeida y Nacarino perteneció al Consejo Privado del Conde de Barcelona, el materno, José Luis Navasqüés, era dueño de los Estudios Chamartín. Es el menor de seis hermanos.
El 6 de abril de 2024, contrajo matrimonio con Teresa Urquijo, nieta de la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma. El 3 de julio de 2025 nació el primer hijo de la pareja, Lucas.
Estudios y profesión Realizó sus estudios en el Colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón, perteneciente a la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei. Afiliado desde que tenía dieciocho años al Partido Popular, se licenció en derecho en el ICADE (Universidad Pontificia Comillas) en 1998. En el año 2001 ingresó por oposición en el Cuerpo de Abogados del Estado, ejerciendo en Gerona (2001-2002), Toledo (2002-2003) y Madrid, en el Tribunal Superior de Justicia (2003-2007).
Trayectoria política Declarado aguirrista, ejerció de director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (2007-2011), para posteriormente ser secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (2011-2013) presidido por Esperanza Aguirre. En 2013 deja a petición propia el cargo y se incorpora a la Secretaría General y del Consejo de la empresa pública SEPIDES (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y Desarrollo Empresarial) como secretario de la división jurídica hasta 2015. En 2014 fue nombrado responsable jurídico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
De cara a las elecciones municipales de 2015 fue incluido como candidato en el número 3 de la lista del PP encabezada por Esperanza Aguirre. En 2017 fue elegido para suceder a Aguirre como portavoz del Grupo Municipal Popular en el pleno del Ayuntamiento de Madrid en detrimento de las aspiraciones de Íñigo Henríquez de Luna, concejal también aguirrista, considerado entonces el sucesor «natural» de esta. Sus intervenciones como líder de la oposición le ganaron cierta fama.
En julio de 2018 fue incluido en el Comité Ejecutivo Nacional del PP constituido tras la llegada a la presidencia del partido de Pablo Casado, en la responsabilidad de secretario de Participación.
Alcalde de Madrid (2019-act.)
Primer mandato (2019-2023) miniatura|izq|Isabel Díaz Ayuso junto a José Luís Martínez-Almeida y Andrea Levy Soler realizan un paseo por El Rastro de Madrid En enero de 2019 se conoció la decisión de Pablo Casado de designar a Martínez-Almeida como aspirante del PP a la alcaldía de Madrid. Siendo cabeza de lista de la candidatura del PP en las elecciones municipales del 26 de mayo, resultó elegido concejal. Tras alcanzar el PP un acuerdo de investidura en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, Martínez-Almeida fue investido alcalde de Madrid el 15 de junio de 2019, durante la sesión constitutiva de la nueva corporación municipal. miniaturadeimagen|Andrea Levy Soler, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida y la consejera Marta Rivera de la Cruz
Madrid Central miniatura|Cartel con la nueva denominación, a la entrada de la ZBE por Alonso Martínez
En campaña electoral, José Luis Martínez-Almeida propuso deshacer una de las medidas estrella de la anterior administración municipal, la zona de bajas emisiones Madrid Central. Siguiendo su promesa electoral, el 1 de julio suspendió el sistema durante tres meses, dejando de multar las infracciones. Grupos ecologistas como Greenpeace cortaron carreteras como signo de protesta. Una semana después un tribunal de Madrid reinstauró las multas, reactivando así el control de bajas emisiones a la espera de nuevas propuestas del pleno del Ayuntamiento de Madrid. Después de más de un año de batalla judicial, en julio de 2020, una sentencia judicial declaró Madrid Central ilegal, pero el gobierno municipal mantuvo las multas. Por tanto, daba la razón a la parte denunciante, el Partido Popular, de José Luis Martínez-Almeida, cuando estaba en la oposición, que se había opuesto fuertemente a la medida desde el principio y prometía derogarla en su programa y campaña electoral. José Luis Martínez-Almeida, después convertido en alcalde, aseguró en julio de 2020 que devolvería el dinero recaudado por la medida, pero finalmente se dispuso a cambiar la normativa para mantener la zona de bajas emisiones con otro nombre, Distrito Centro, y la única modificación de que equipara a los 15 000 comerciantes del área a los residentes y retrasa un año la limitación de acceso a los vehículos de mercancías con distintivo ambiental B y más de 3500 kilos de peso. Esto contradice lo que prometía cuando estaba en la oposición, cuando afirmaba que «ha perjudicado al comercio y no ha mejorado la calidad del aire». Cambiar la cartelería de Madrid Central se estima en 185 000 euros, según el borrador de la nueva normativa elaborada por el Ayuntamiento de Madrid y que entra en vigor en septiembre de 2021 con 2 meses de prueba sin multas.
Soterramiento de la M-30 en la zona del estadio Vicente Calderón miniatura|izq|Obras de cubrición de la M-30 donde se situaba el estadio Vicente Calderón Almeida prometió en la campaña electoral soterrar la M-30 a su paso por el solar que dejó el estadio Vicente Calderón tras su demolición, para continuar así el proyecto de Madrid Río tal y como se planteó en un primer momento. Almeida y todos los concejales del Partido Popular se abstuvieron en la aprobación del proyecto de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, que apostaba por simplemente cubrirla, para no paralizarlo, pero reprendieron fuertemente el hecho que la M-30 se cubriese y no se soterrase. Finalmente, cuando Almeida llegó a la alcaldía, no cambió el proyecto de cubrición y descartó soterrar el tramo.
Destrucción de placas en recuerdo a los represaliados por el franquismo Tras su llegada al cargo en 2019, José Luis Martínez-Almeida ordenó la retirada del monumento conmemorativo dedicado a las víctimas de la guerra civil española en el cementerio de La Almudena iniciado por el anterior gobierno municipal de Manuela Carmena, cuando le faltaba poco tiempo para ser terminado, y que incluía placas con los nombres de casi 3000 personas represaliadas por el Franquismo entre 1939 y 1944. En noviembre de 2020, se procedió a la destrucción de las lápidas con los nombres de las víctimas, lo que fue calificado por la Plataforma en Defensa del Memorial del Cementerio del Este como una «humillación de las víctimas del Franquismo en Madrid».
El Ayuntamiento del PP justificó esta acción alegando que el espacio conmemorativo no cumplía con las recomendaciones del Comisionado de Memoria Histórica, que sugería un reconocimiento imparcial a las víctimas de ambos bandos sin distinguir entre ellas. En su lugar, se optó por una inscripción general que decía: «El pueblo de Madrid, a todos los madrileños que entre 1936 y 1944 sufrieron la violencia por razones políticas e ideológicas y por sus creencias religiosas. Paz, piedad y perdón».
Esta decisión generó una fuerte oposición por parte de asociaciones de memoria histórica y familiares de las víctimas, que consideraron que la retirada de las placas representaba una forma de olvido y una falta de respeto hacia los represaliados. La Fiscalía General del Estado remitió a la Fiscalía de Madrid una denuncia presentada por una asociación de memoria histórica, en la que se acusaba al Ayuntamiento de posible prevaricación por el desmantelamiento del monumento.
Gestión de la pandemia de COVID-19 miniatura|Pebetero con llama permanente en homenaje a las víctimas de la COVID-19, en la calle de Alcalá, frente a la plaza de Cibeles, instalado el 15 de mayo de 2020, de forma provisional, por 132 890 € sin IVA. Tras problemas de apagado, así como de vandalismo, hubo que reconstruir y adaptar su entorno, cuando se remodeló ese tramo de la calle, instalando gas para dejar de tener que cambiar bombonas En la crisis sanitaria del COVID-19 recibió el apoyo de todos los grupos municipales del pleno del Ayuntamiento de Madrid. Su gestión contribuyó a su notoriedad y prestigio públicos. En el momento de restaurar la normalidad fue el primer político español en llegar a acuerdos de reconstrucción con la oposición.
En agosto de 2020, Casado le nombró portavoz nacional del Partido Popular, cargo en el que se mantuvo hasta su dimisión en febrero de 2022.
Escándalo de las mascarillas
En abril de 2022, salió a la luz que su Gobierno se vio involucrado en un escándalo por adjudicar varios contratos a empresas que gestionaban el aristócrata Luis Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y del duque de Feria, y un socio de este, Alberto Javier Luceño Cerón. Ambos ofrecieron material sanitario al consistorio madrileño, incluyendo mascarillas, guantes y test rápidos, a precios inflados y con comisiones ocultas. El Ayuntamiento pagó aproximadamente 11 millones de euros por estos suministros, de los cuales Medina y Luceño se habían embolsado cerca de 6 millones en comisiones, Fiscalía Anticorrupción.
Luis Medina, aprovechando su condición de figura pública y su conexión con un familiar del alcalde José Luis Martínez-Almeida, facilitó el contacto entre Luceño y el Ayuntamiento. Según las investigaciones, Medina recibió un millón de euros por su intermediación, mientras que Luceño obtuvo más de cinco millones.
Durante el juicio, Medina admitió que no informó al Ayuntamiento sobre las comisiones que cobraría, argumentando que no tenía la obligación de hacerlo y que nadie se lo preguntó.
Tras el juicio, la Audiencia de Madrid les absolvió por estafa agravada al Ayuntamiento, pero condenó a Luceño por delito fiscal, por haber creado una sociedad con el propósito de evadir impuestos, y por falsedad documental, al haber fabricado un carnet del CNI, entre otros documentos. miniatura|izq|Primera estación subterránea de BiciMAD, en el llamado «hub de movilidad» del aparcamiento de plaza de España
BiciMAD En 2020, los operarios del servicio denunciaban que no dan abasto para mantener las bicicletas, con menos plantilla, más estaciones y más demanda. Desde la llegada a la alcaldía de José Luis Martínez-Almeida en junio de 2019, las incidencias aumentaron considerablemente y la disponibilidad de bicicletas bajó enormemente.
En 2022, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida anunciaba la inversión de 48,8 millones de euros, de los que 30 corresponden a los fondos europeos Next Generation EU, adjudicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con ello se pretende extender el servicio a todos los distritos de la ciudad, así como su renovación integral, con una nueva App, nuevas bicicletas, nuevas tarifas y la renovación integral de todas las estaciones bases, durante un periodo de aproximadamente un año en el que deben convivir el nuevo y el viejo sistema, hasta completar la actualización el primer semestre de 2023, cuando el servicio contará con 611 estaciones base y 7500 bicicletas en los 21 distritos de la ciudad.
Privatización de aparcamientos públicos