miniaturadeimagen|Sede de la empresa constructora Graña y Montero, presunto integrante del Club de la Construcción.
El Club de la construcción es el nombre dado a la concertación ilícita de constructoras en el Perú (entre nacionales y extranjeras) para repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país (MTC). Las empresas involucradas son: Graña y Montero, Obrainsa, OAS, Odebrecht, ICCGSA y Astaldi. El club es investigado por la Fiscalía anticorrupción desde 2017, con el aporte de aspirantes a colaboradores eficaces.
Los casos que involucran al grupo de empresas investigadas estuvieron en 2020 en manos de los fiscales Germán Juárez y Hamilton Montoro, del Equipo Especial del caso Lava Jato. Los delitos que se están investigando son tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. También estuvo en manos del Indecopi, debido a que la institución se encargó de revelar las negociaciones con el Estado que datan de 2002 y de sancionar económicamente a las responsables por competencia desleal.
Contexto
Antecedentes La tesis de la fiscalía es que el Club de la Construcción habría actuado durante el gobierno de Ollanta Humala, entre agosto de 2011 y junio de 2014. Sin embargo, se presume que ya existía desde mucho antes y que solo se reactivó en dicho gobierno. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual acreditó que las prácticas de corrupción de empresas datan de 2002.
Raymundo Trindade Serra, ex apoderado de Odebrecht, y testigo del Caso Lava Jato, al ser interrogado por los fiscales peruanos en febrero de 2019, declaró que el Club de la construcción existía en el Perú desde la segunda mitad de la década de 1990, y que su formación se debió a un cambio en la legislación durante el gobierno de Alberto Fujimori. Dicho cambió habría facilitado el direccionamiento de licitaciones a cambio de sobornos de las constructoras.
Empresas involucradas Las empresas en cuestión serían más de 25, entre las que se cuentan las peruanas Obrainsa, Graña y Montero, ICCGSA, JOHESA, Grupo Plaza, Cosapi, San Martín Contratistas Generales, Málaga Hermanos, H & H Casa; y las brasileñas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Mota-Engil. Según Convoca, se involucraron en 112 licitaciones infladas que habrían generado pérdidas de 1318 millones de soles al Estado peruano.
Graña y Montero fue una de las mayores constructoras incluidas en la investigación de 2019. Al igual que la brasileña Odebrecht, la empresa participó en algunas obras, principalmente en megaproyectos como el Metro de Lima y el gasoducto del Sur.
Obras de Ingeniería (Obrainsa) también se encargó de la construcción de obras emblemáticas valoradas en cientos de millones de soles. Fundada a partir de la desaparecida Ingeniería y Construcción en los años 2000, quebró en 2018.
San Martín Contratistas Generales fue otra de las empresas involucradas en la presunta concentración, debido a que uno de los integrantes de la familia Miu Lei realizaba operaciones con terrenos de origen cuestionable. Su implicación se descubrió a partir de las declaraciones de uno de sus familiares en el caso Chibolín. San Martín Contratistas Generales fue declarado tercero responsable por el Poder Judicial en 2019.
Por otro lado, OAS, al igual que Odebrecht, se ha acogido a la colaboración eficaz con la Fiscalía peruana, ha reconocido haber pagado US$ 25 millones al Club de la Construcción, para ser incorporado como miembro del mismo.
Promotores del Club Las investigaciones determinaron que los principales promotores y organizadores del Club de la Construcción fueron el lobista Rodolfo Prialé de la Peña y el exasesor del Viceministerio de Transportes Carlos Eugenio García Alcázar. Se ordenó la prisión preventiva de ambos, aunque solo logró ser capturado García. Los dos se acogieron a la Ley de Colaboración Eficaz y están actualmente en libertad, negociando un acuerdo de colaboración eficaz con el Equipo Especial del Caso Lava Jato.
Otros operadores habrían sido Elard Paul Tejeda Moscoso (gerente de Obrainsa), Félix Erdulfo Málaga Torres (gerente general de Constructora Málaga Hermanos), Luis Humberto Prevoo Neira y Guillermo Reynoso Medina, estos dos últimos exsocios de Prialé.
Modus operandi De acuerdo con el testimonio de los aspirantes a colaboradores, este habría sido el procedimiento de la corrupción: Una vez realizada las licitaciones públicas en la página de Provías Nacional (entidad del MTC), los representantes legales de las empresas interesadas se reunían con Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña, para acordar cuál sería la firma ganadora. El acuerdo tomado se informaba a Carlos Eugenio García Alcázar, funcionario del MTC, quien era el encargado de hacer el otorgamiento de la Buena Pro a la empresa designada. Asimismo, en dichas reuniones se determinaba que la compañía ganadora debía realizar un pago ascendente del 2.92% a 5 % del valor referencial de la obra, que era entregado a Prialé de la Peña.
Pero tras la aprobación de la ley contra el lavado de activos, se acordó que los pagos se justifiquen a través de falsos contratos de servicios o suministro de agregados. Así, cuando una empresa del Club de la Construcción "ganaba" la licitación, firmaba un contrato con alguna de las empresas de Prialé: Lual Contratistas Generales, P y P Contratistas Generales, RAL Contratistas y Servicios Generales, Granja Juan Diego Vascos, Agronegocios Procam y Terrapuerto Wari. Luego, a través de García Alcázar, Prialé y Prevoo se encargaban de dar las coimas a los funcionarios del MTC, quienes daban el visto bueno a los acuerdos.
Estructura del Club Según la tesis de la fiscalía, el Club de la Construcción era una organización criminal conformada por tres componentes:
Casos
Presuntas coimas en la gestión de Carlos Paredes Entre las autoridades de alto rango involucradas está el exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez, uno de los hombres fuertes de Ollanta Humala, que estuvo en dicho despacho entre 2011 y 2014, precisamente en la época en que funcionó el Club. De acuerdo con el testimonio de uno de los colaboradores eficaces, el nexo de Paredes con los promotores del Club habría sido su hermano José “Pepe” Paredes Rodríguez, a cuyas manos habrían ido a parar 17 millones de soles de las coimas.
Según testimonios de un aspirante a colaborador eficaz, el exministro Paredes era muy exigente en apurar los pagos que debía hacer el Club, luego de que se adjudicaban las obras a las empresas, pero Carlos García le explicaba que debía esperar pues era necesario que las empresas justificaran la salida del dinero. El 18 de mayo de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, a pedido de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dictó ocho meses de impedimento de salida del país para Carlos Paredes. También se le impuso una medida de impedimento de Salida del País en el Caso Gaseoducto del Sur pero por 18 meses.
Aportes al Partido Peruanos por el Kambio en 2016 En febrero de 2019, la prensa dio a conocer el testimonio de uno de los aspirantes a colaborador eficaz, según el cual, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski recibió un aporte de cien mil dólares de parte del Club de la Construcción para financiar su campaña electoral del 2016 (la misma que lo llevó a la presidencia de la República, con Martín Vizcarra como primer vicepresidente). En la reunión para el ilícito pago habrían estado presentes Martín Vizcarra como jefe de campaña, Kuczynski como presidente del partido y Alfonso Grados Carraro como secretario de economía. Consultado el presidente Vizcarra sobre dicha revelación, respondió que se trataba de una patraña, que su participación en la campaña de 2016 fue solo política, y que no intervino para nada en las finanzas del partido. Más bien, adujo, que él había sido el primero en denunciar y combatir al Club de la Construcción, cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el 2016-2017.
Marcos Prialé Marquina fue personero de PPK el 2016 y Rodolfo Priale de la Peña es señalado por muchos testigos como el enlace entre los funcionarios públicos y las empresas miembros del “Club de la Construcción”.
Los presuntos US$ 100,000 entregados no están registrados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sobre este caso, Grados, un testigo aseguró que “no he participado en una reunión de ese tipo, mucho menos he recibido efectivo. Esa declaración involucrando al señor Martín Vizcarra, al señor Prialé en una reunión de ese tipo, lo descartó totalmente”.
El 15 de marzo de 2022, el Poder Judicial dicto 30 meses de Impedimento de Salida del País contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, así como al exministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro; el ex secretario de personería jurídica del partido, Carlos Portocarrero Mendoza; el extesorero del partido, José Labán Ghiorzo y el lobista Carlos Prialé Marquina. Además de Giovanna Violeta López, hermana del ex congresista Gilbert Violeta, y del ex contador, Manuel Ramos Guillén.
Caso Cocteles: Financiamiento a Fuerza Popular Este caso se encuentra en manos del fiscal José Domingo Pérez, quien recogio el testimonio de Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general del Partido, Jaime Yoshiyama, asegurando al Equipo Especial Lava Jato que varios empresarios del ‘Club de la Construcción’ financiaron con dinero en efectivo, y en secreto, la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2016.
Entre los empresarios que hicieron aportaciones a la campaña naranja se encuentra Jorge Peñaranda Castañeda, de Alpha Consult, quien fue detenido por haber recibido sobornos de Odebrecht y cuyo juicio se celebró en 2023. En su confesión, Jorge Yoshiyama dijo que Keiko Fujimori le pidió convocar a empresarios a fin de que donen diez mil dólares cada uno para su campaña electoral.
El monto total recaudado por Jorge Yoshiyama fue de 40 mil dólares, sin embargo, Yoshiyama Sasaki aseguró que los aportes se habrían incrementado. Según su relato, otros empresarios hicieron pagos mensuales para la campaña presidencial de 2016, por la suma de 400 mil soles. En su confesión, Yoshiyama contó que entre 2013 y fines de 2015, los empresarios le entregaron mil soles mensuales, en efectivo, a Jorge Yoshiyama, quien a su vez se los entregaba a Keiko Fujimori. Además, dijo que, en 2015, Keiko Fujimori “pidió que el monto a donar se subiera a mil dólares, como me parece que fueron los últimos seis meses del año”.
También reveló que una vez dado algunos aportes, Keiko Fujimori se reunió con algunos miembros del Club para pedir unos fondos adicionales, esto durante las campañas del 2011 y 2016.
Sobornos en Palacio de Gobierno En la investigación sobre el caso Club de la construcción se revelaron un supuesto beneficio económico que habrían recibido el expresidente Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama, Nadine Heredia a cambio del otorgamiento de licitaciones a un grupo de empresas durante su gobierno. Obras que, según varios testigos, tuvieron como intermediarios para la recepción de los sobornos a dos personas de la entera confianza del exmandatario: José Paredes Rodríguez, compañero de Humala cuando estaba en la Escuela Militar de Chorrillos, y su hermano, Carlos Paredes, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El 7 de octubre del 2011, en Palacio de Gobierno, Humala le comunicó a José Paredes que Heredia había aceptado la propuesta, según los testimonios. Eso sí, siempre y cuando ella revisara «el avance de la adjudicación de las obras para tener control», agregó el colaborador N.º 09-2019. Un mes y medio después, el 21 de noviembre de ese año, se realizó el primero de muchos pagos que se hicieron a Ollanta Humala, por US$500 mil en Palacio de Gobierno.