La crisis presidencial de Venezuela fue una crisis política en torno a la legitimidad de quién ocupaba la presidencia de Venezuela que duró entre 2019 y 2023, con el país y el mundo divididos en apoyo a Nicolás Maduro o Juan Guaidó y posteriormente continuó la crisis administrativa con la IV Asamblea Nacional que ratificó su continuidad hasta que según su estatuto: «se convoquen unas elecciones libres y transparentes» en julio de 2024.
Venezuela está sumergida en una crisis política, económica y administrativa que ha llevado a más de siete millones de personas a abandonar el país desde 2015. El proceso y los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 fueron ampliamente cuestionados. La IV Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declaró a Maduro usurpador de la presidencia el día de su segunda toma de posesión y divulgó un plan para erigir a su presidente Juan Guaidó como presidente interino sucesor del país en virtud del artículo 233 de la Constitución venezolana. Una semana después, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que la presidencia de la Asamblea Nacional era la usurpadora de la autoridad y declaró inconstitucional el órgano. Guaidó y la Asamblea Nacional lo declararon presidente interino y Guaidó se juramentó a la posición el 23 de enero. Tras asumir la presidencia interina, Juan Guaidó propuso tres objetivos centrales para su estrategia política: el «cese de la usurpación» del gobierno de Nicolás Maduro, el establecimiento de un «gobierno de transición» impulsado por la Asamblea Nacional (IV Legislatura) y la celebración de «elecciones libres» y transparentes. Minutos después de que Maduro juramentara como presidente, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en la que declaraba ilegítima la presidencia de Maduro e instaba a celebrar nuevas elecciones. Se celebraron reuniones extraordinarias de la OEA el 24 de enero y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 26 de enero, pero no se alcanzó un consenso. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamado al diálogo. Durante la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada el 27 de junio, la presidencia de Guaidó fue reconocida por la organización.
En su momento álgido, Guaidó fue reconocido como legítimo por unos 60 países; Maduro, por alrededor de 20 países. A nivel internacional, el apoyo siguió líneas geopolíticas, con Rusia, China, Cuba, Irán, Siria y Turquía apoyando a Maduro, mientras que la mayoría de los países occidentales y latinoamericanos apoyaron a Guaidó como presidente interino. El apoyo a Guaidó empezó a decaer cuando fracasó un intento de levantamiento militar en abril de 2019.*
Tras el levantamiento fallido, representantes de Guaidó y Maduro iniciaron una mediación con la asistencia del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos. Tras una segunda reunión en Noruega, no se llegó a ningún acuerdo. En julio de 2019 se reanudaron las negociaciones en Barbados con representantes de ambas partes. En septiembre, Guaidó anunció el fin del diálogo tras una ausencia de cuarenta días del Gobierno de Maduro como protesta por las sanciones recientes de Estados Unidos. En marzo de 2020, Estados Unidos propuso un gobierno de transición que excluyera tanto a Maduro como a Guaidó de la presidencia. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que las sanciones no se aplicaban a la ayuda humanitaria durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y que Estados Unidos levantaría todas las sanciones si Maduro aceptaba organizar unas elecciones en las que no se incluyera a sí mismo. Guaidó aceptó la propuesta, mientras que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, la rechazó.
En enero de 2020, los esfuerzos liderados por Guaidó para crear un gobierno de transición habían sido infructuosos. Maduro continuaba controlando las instituciones estatales de Venezuela, mientras que Guaidó se limitó dentro del país a presidir el Centro de Gobierno. En enero de 2021, la Unión Europea dejó de reconocer a Guaidó como presidente, pero siguió sin reconocer a Maduro como presidente legítimo; el Parlamento Europeo reafirmó su reconocimiento de Guaidó como presidente, el Consejo y la Comisión amenazaron con nuevas sanciones. Tras el anuncio de elecciones regionales en 2021, Guaidó anunció un "acuerdo de salvación nacional" y propuso la negociación con Maduro con un calendario de elecciones libres y justas, con apoyo y observadores internacionales, a cambio de levantar las sanciones internacionales.
En diciembre de 2022, tres de los cuatro principales partidos políticos opositores (Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) respaldaron y aprobaron una reforma para disolver el gobierno interino y crear una comisión de cinco miembros para gestionar los activos extranjeros, ya que los diputados buscaban una estrategia unida de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024, afirmando que el gobierno interino no había logrado los objetivos que se había planteado.
Antecedentes
A finales de marzo de 2017, el Tribunal Supremo se adjudicó las competencias de la Asamblea Nacional por medio de las resoluciones 155 y 156,« Las recientes sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantienen la línea de desconocer a la Asamblea Nacional y además se orientan a habilitar al Ejecutivo para que pueda legislar en aspectos clave, sin contar con el aval del legislativo y en el marco del Decreto de Excepción aún vigente.» proceso que se consideró inconstitucional por parte de la Fiscalía y que desembocó en una ola de protestas durante 2017.«El Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, deja sin competencias a la Asamblea Nacional»« "Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", dijo Ortega Díaz» El gobierno reacciona a las protestas convocando a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esta elección fue rechazada por la oposición venezolana como fraudulenta, reclamo compartido por diferentes organismos internacionales y países de la región.
En 2018, la Asamblea Nacional Constituyente adelantó la elección presidencial para mayo de ese año.«Artículo 1: Convocar para el primer cuatrimestre del 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.» Tanto la convocatoria, que recaía según la Constitución de 1999 en la Asamblea Nacional, como la campaña electoral y los resultados, fueron rechazados por una parte de la comunidad internacional.«La Mesa de la Unidad Democrática crea un frente amplio en Venezuela para exigir condiciones transparentes en próximas votaciones» En las elecciones de mayo de 2018, el presidente Nicolás Maduro fue declarado reelecto en un clima rodeado de irregularidades, lo que llevó a muchos a sostener que las elecciones carecían de validez. Estos señalamientos se agregaron a las opiniones de que el gobierno de Maduro no es más que una dictadura ineficaz, y muchas figuras políticas del ámbito nacional e internacional afirmaron que Maduro no había sido legítimamente electo.
La Asamblea Nacional fue rechazada por Maduro en 2017, pero los gobiernos y entes antes señalados la consideraron como el único cuerpo democrático legítimo en Venezuela. La elección de Maduro fue apoyada por Rusia, China y el ALBA.
En los meses previos a su inauguración, el 10 de enero de 2019, Maduro fue presionado a no continuar como presidente por varios gobiernos y organismos, incluido el Grupo de Lima (excluyendo a México), los Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA); dicha presión sólo se incrementó cuando la nueva Asamblea Nacional de Venezuela prestó juramento el 5 de enero de 2019. A principios de 2019, la Asamblea Nacional declara «usurpación» del cargo de presidente, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución.
Eventos de 2019 Cuestionamientos desde el oficialismo
Los primeros signos importantes de una crisis inminente se mostraron cuando Christian Zerpa, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, abandonó su puesto y se exilió en Estados Unidos, días antes de la inauguración presidencial del 10 de enero de 2019. Zerpa dijo que Maduro era «incompetente» e «ilegítimo».
Una segunda señal de problemas fue que, de acuerdo a una fuente de inteligencia de los Estados Unidos, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, había solicitado que Maduro dimitiera, amenazando con renunciar si el presidente no lo hacía.
Falta de reconocimiento internacional
Muchos países y organismos supranacionales se unieron a la Asamblea Nacional, argumentando que el gobierno de Maduro era ilegítimo. Esto llevó al cierre de relaciones diplomáticas por parte de varios de ellos y a solicitudes de que Maduro renunciara o fuera removido. Otros organismos, como el ALBA, han apoyado la elección de Maduro y han pedido a la oposición que acepte su presidencia. Maduro respondió a las acusaciones que se le imputaban denunciando que eran parte del «imperialismo estadounidense» y comparó la interferencia extranjera con el colonialismo. El 28 de enero de 2019, la ONG Venezuela Global, un mundo sin mordaza pegó fotos en el frontis de la embajada de Venezuela en Chile, como en otras sedes alrededor del mundo, de Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
Cabildo abierto
miniaturadeimagen|izquierda|Acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la declaratoria de usurpación de la presidencia de la república por parte de Nicolás Maduro el 15 de enero.
Guaidó comenzó las mociones para formar un «gobierno de transición», poco después de asumir su nuevo cargo en el parlamento el 5 de enero de 2019, afirmando que: «Aunque Maduro comenzase su nuevo mandato el día 10, sí o no, el país no tendría un presidente legítimamente elegido». En nombre de la Asamblea Nacional, declaró que: «El país había caído en una dictadura de facto y no se tenía líder, por lo que la nación se encontraba en estado de emergencia». Fue en esta declaración que llamó por primera vez a: «Esa enorme mayoría de soldados y oficiales que portan con honor su uniforme y no se han dejado corromper (…) para que den un paso al frente (…) se debe desconocer lo que no fue producto del voto popular».
Luego anunció que mantendría un cabildo abierto el 11 de enero. Esto se organizó como un mitin en las calles de Caracas, donde la Asamblea Nacional anunció que Guaidó asumiría las competencias del artículo 233 de la Constitución de Venezuela, y también anunció planes para destituir al presidente Maduro.
Asamblea Nacional declara presidente a Guaidó miniaturadeimagen|Video presentado por el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, sobre presunta reunión de Juan Guaidó y de Roberto Marrero con Diosdado Cabello y Freddy Bernal, en el Hotel Lido Caracas, el 22 de enero de 2019.