thumb|El listón tricolor sería el distintivo de los militantes de la resistencia civil pacífica contra el desafuero.|300x300px El desafuero de Andrés Manuel López Obrador es uno de los procesos legales más famosos en la historia mexicana reciente. Ocurrió durante los años 2004 y 2005. Los preparativos, sus causas y su desenlace fueron uno de los temas más polémicos en la sociedad de ese país.
Inicios y cronología Antecedentes El predio conocido como “El Encino” fue adquirido en 1969 por dos particulares a través de la constitución de un fideicomiso conformado en ese mismo año, en 1991 su propiedad fue transmitida a un consorcio privado conservando la misma superficie de acuerdo a la normatividad vigente. En 1999 se inscribió en el registro público la venta de una fracción del predio en favor del gobierno federal, pero fue en el año 1998 en que se formalizó el acuerdo de compra-venta entre el gobierno federal y el consorcio dueño para hacer posible la construcción de un tramo de la autopista México-Toluca. El 10 de noviembre del año 2000 el gobierno del Distrito Federal, encabezado en aquel momento por Rosario Robles, realizó la expropiación del predio. En diciembre de ese mismo año los propietarios promovieron un amparo objetando la acción de la autoridad pública, mismo que ofreció elementos de base que variaban la extensión supuesta del terreno, después en la respuesta que hiciera el gobierno de la ciudad se hizo notar que la extensión alegada por el dueño no correspondía a la escritura pública. Para el desahogo del juicio de amparo tanto el gobierno local como el propietario allegaron a la autoridad judicial competente periciales de topografía sostenido versiones encontradas sobre la verdadera extensión del paraje.
Analistas en el caso consideraron que el decreto expropiatorio en realidad solo afectaba la parte norte del predio, lo que fue aprovechado por sus dueños para reclamar el acto de autoridad como si afectara todo el predio en su conjunto, así como para reclamar la propiedad puesta en duda de esa fracción y de terrenos que no correspondían propiamente a los dueños quejosos. La persona física que se ostentó como propietaria y promovió el amparo, de nombre Federico Escobedo, no solo denunció al gobierno capitalino, sino también a otras cinco empresas con propiedades colindantes con la suya. En el año 2004 el nuevo Jefe de gobierno de la ciudad; López Obrador, dispuso la realización de obras en el paraje para construir una vía alterna que diera acceso al Hospital ABC, una institución privada de atención médica.
El gobierno capitalino había tenido éxito reciente con la recuperación de 20 hectáreas, en uno de los muchos juicios en que participaba el gobierno de la ciudad, con una sentencia judicial respecto al predio conocido como “La Mexicana”, propiedad del mismo presunto dueño de El Encino, lo que representó un ahorro para el presupuesto de la ciudad de 2 mil millones de pesos, que pudieron ser redirigidos a la vasta obra social realizada en la capital del país. El litigio sobre “La Mexicana” se resolvió favorablemente para la administración de la ciudad en un juicio que también había sido iniciado por la interposición de un amparo. Los 800 metros de la vialidad que daban el acceso al Hospital ABC fueron inaugurados en presencia de algunas personalidades, como Carlos Slim, y de los directivos de esa institución.
El gobierno de la capital del país hizo público, en el 2004, que el promovente del amparo planteó el desistimiento de las acciones legales emprendidas sobre el predio El Encino, a cambio de que la ciudad le cediera la propiedad entera del terreno “La Mexicana”, de un valor económico superior respecto al primero. Se criticó que un juez diera el amparo a pesar de que en el decreto expropiatorio de noviembre del 2000 se hiciera mención de que era para atender a la normativa de desarrollo de la zona, y que contaba además con la aprobación del comité de patrimonio inmobiliario.
En ese mismo año surgió otro litigio, emprendido por otro particular, en contra de Escobedo (el presunto apoderado de El Encino) disputando la propiedad del paraje, el particular alegó que un juzgado había certificado su propiedad y que Escobedo carecía de las escrituras como para emprender acción legal alguna. Diego Fernández de Cevallos se incorporó a la asesoría legal de Escobedo. El particular sostuvo que un terreno mayor había sido fraccionado en predios con distintos nombres a lo largo de los años, para poder emprender litigios contra el gobierno, como era el caso de El Encino, y que había sido objeto de amenazas de otros particulares por la politización del asunto.
En septiembre de 2003 la sala segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó por unanimidad de votos dejar sin efectos la resolución judicial por la cual se ordenaba cesar los trabajos hechos en los predios expropiados en El Encino, y que fue tomada por la Procuraduría General de la República (PGR) como la base para acusar al Jefe de gobierno de desacato, al ser esto cuestionada por la prensa la autoridad ministerial, a propósito de la cruzada empeñada en consumar el desafuero, ésta rehusó responder a por qué de todas maneras prosiguió en su acusación contra el titular del gobierno capitalino. La resolución tomada por la corte fue presentada por el ministro Genaro Góngora Pimentel y acompañada por los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. En esta misma revisión que hiciera la corte se desestimaron los señalamientos que hiciera la PGR de que las obras en proceso llevadas por el gobierno capitalino eran inviables, por ser tales señalamientos insuficientes y no cumplir con los requisitos exigidos de ley.
La zona de los trabajos era Santa Fe, delegación Cuajimalpa, con el amparo en proceso, el juez concedió una suspensión provisional, mas no definitiva, sobre la realización de las obras, tiempo después el quejoso alegaría que tal suspensión no fue acatada por el gobierno de la ciudad con un nuevo recurso, un juez federal consintió unilateralmente en que si bien podía no haber incumplimiento; el cumplimiento, por lo menos, pudo haber sido dilatorio.
El proceso en marcha thumb|izquierda|El presidente Vicente Fox, el Jefe de gobierno del D.F. Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas.|300x300px El 18 de mayo de 2004 la PGR envió a la cámara de diputados la solicitud de desafuero del Jefe de gobierno del Distrito Federal, después de admitir que había sido un error intentar tramitarlo a través del senado de la república, una vez que esto ocurrió se inició el procedimiento en la cámara baja para dar trámite al mismo y que esta cámara pudiera erigirse en jurado de procedencia.
Alfonso Durazo, ex secretario particular del presidente Fox, presentó su renuncia en 2004 debido a fricciones políticas con Marta Sahagún (quien aspiraba abiertamente a la candidatura presidencial del PAN), en su carta de renuncia hecha pública, Durazo señalaba que la trama contra el Jefe de gobierno era con el propósito de favorecer las intenciones sucesorias de la pareja presidencial, por lo cual el mandatario capitalino solicitó a la cámara de diputados una comparecencia, aunque fuese por escrito, del presidente de la república para explicar directamente los motivos del proceso que se le seguía. El embajador de México ante la Unión Europea, Porfirio Muñoz Ledo, renunció también en ese mismo año a su encomienda al mostrar su franco desacuerdo con el gobierno de Fox, empeñado en la medida. El ex embajador comentó que México estaba conduciéndose de la transición democrática a la conspiración autoritaria y que de concretarse el desafuero la democracia en el país sería puesta en duda en el extranjero, acusando que los acuerdos secretos entre los partidos negaban la transparencia de un proceso democrático (sobre la negociación PAN-PRI que habría después para concretar el desafuero).
Legisladores del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acudieron con un notario público a El Encino para acreditar que no se estaba realizando ninguna obra, el fedatario apuntó que por las condiciones del predio podía decirse que no se estaban realizando obras por lo menos desde hace ocho meses o un año atrás. Los diputados señalaron que interpondrían una controversia constitucional contra el gobierno federal por “inexacta aplicación de la ley” en el caso, así como que allegarían el dictamen notarial a la cámara de diputados, junto con otras opiniones de especialistas, para comprobar que el procedimiento solicitado por el gobierno federal era un “uso faccioso de las instituciones” con claros fines políticos. Martí Batres, subsecretario de gobierno de la ciudad, dijo que tendría que investigarse además la supuesta legitimidad del apoderado de El Encino, por los otros conflictos legales que estaba enfrentando y por el intento de apropiación ilegal de varias hectáreas más en la capital del país. El Secretario de Gobierno del Distrito Federal; José Agustín Ortiz Pinchetti dijo ante el caso, que el mismo había girado la orden para suspender los trabajos de construcción y acusó al gobierno federal de pretender hacer un "uso sucio y faccioso de la ley" con claros fines políticos.
La duración del proceso era indeterminada, por los largos periodos para el deshago de pruebas y su ampliación todavía mayor en ocasiones, los otros casos en trámite y además los periodos de receso del congreso.
El 1 de abril de 2005 un subcomité de cuatro diputados permitió el que se realizara el voto del desafuero en el pleno de la cámara de diputados, lo que habría de suceder seis días más tarde, el 7 de abril, en donde en una sesión de la cámara, erigida en jurado de procedencia, se desarrollaron los alegatos legales de la procuraduría y del inculpado. El representante de la PGR, Carlos Vega Memije, se mantuvo en su versión de que el enredo del desafuero era solo de carácter legal, aunque él cayera también en arengas políticas llamando a los diputados a aprobar la consumación del proceso. Su exposición duró más de 30 minutos y excedió el tiempo acordado por la cámara, lo que fue permitido discrecionalmente por el presidente de la mesa directiva Manlio Fabio Beltrones, quien tuvo que pedirle a Vega Memije que concluyera una vez que los diputados perredistas reclamaran al percatarse del hecho.
thumb|izquierda|Pleno de la cámara de diputados, órgano encargado de votar sobre la procedencia del desafuero.|300x300px
En su intervención de defensa el Jefe de gobierno hizo un recuento del contexto del momento, el proceder del gobierno y la intervención de los poderes fácticos: narró el episodio de una reunión del presidente con empresarios, en casa del magnate Rómulo O´Farril, quienes le reclamaron su incapacidad para imponer privatizaciones y otras políticas neoliberales que esperaban, urgiéndole que para su sucesión no permitiera por ningún motivo que el “populista” de Andrés Manuel llegara a la presidencia de la república, reiterando que por esas motivaciones cuestionables Vicente Fox era el principal instigador del desafuero. Habló de la gran impunidad del pasado reciente (por casos como el Fobaproa y el Pemexgate) e ironizó que se le pretendiera juzgar por haber intentado abrir una calle para comunicar a un hospital. Manifestó a los diputados que no esperaba nada de ellos, pues sabía que actuarían por la consigna de las dirigencias de sus partidos, y concluyó: “Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta, que a ustedes y a mí, nos juzgue la historia. Viva la dignidad. Viva México”. En una sesión que duró 9 horas y media, a donde asistieron 489 de los 500 diputados, se consumó el desafuero con 360 votos a favor (principalmente del PAN-PRI), 127 en contra (principalmente del PRD-PT) y dos abstenciones (un diputado del PRI y la entonces diputada federal panista Tatiana Clouthier, hija del excandidato presidencial Manuel Clouthier).