La Crisis de diciembre de 2001 en Argentina o Crisis del 2001, también referida como «el Cacerolazo», «el Argentinazo», o habitualmente simplificada en Argentina como «el 2001», fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema «¡Que se vayan todos!», que causó la renuncia del entonces presidente de la Argentina Fernando de la Rúa, dando lugar a un período de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional en pocas semanas. Sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política.
El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del «Corralito», el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos. El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general, y simultáneamente comenzaron a producirse estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores más perjudicados de la población, cortes de rutas y de calles en las ciudades.
La revuelta derivó en un estallido social generalizado la noche del 19 de diciembre de 2001, inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del Estado de sitio, provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos, y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de los cuales fueron asesinados. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron auto convocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social estructurada. El 20 de diciembre a las 19:37 De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero.
Durante los siguientes doce días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor Adolfo Rodríguez Saa. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de legitimidad a los representantes políticos, se extendería en los años siguientes.
Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares en las cuales los manifestantes debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y control de los representantes.
Antecedentes
Situación económica entre 1998 y 2001
thumb|Fotografía oficial de Fernando de la Rúa.
Fernando de la Rúa, como candidato de La Alianza, había asumido la presidencia en diciembre de 1999 en medio de un período de recesión, en parte impulsado por la Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991, que establecía una paridad fija del peso argentino con el dólar estadounidense.
Si bien dicha política económica había permitido reducir notablemente la inflación y obtener resultados económicos valorados positivamente por gran parte de la población durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem, a partir de 1997 comenzaron a ser cada vez más visibles sus aspectos negativos. Para sostener la convertibilidad se necesitaba el ingreso de dólares en abundancia, algo que en los primeros años se logró con la privatización de casi todas las empresas estatales y los fondos jubilatorios y de pensión. Pero finalizado el proceso de privatizaciones y con una economía agroexportadora primaria que producía un insuficiente ingreso de divisas, el modelo comenzó a depender cada vez más de la toma de deuda externa y su refinanciación a altos intereses, con el fin de mantener la estabilidad.
Uno de los factores que influyeron en el triunfo de La Alianza fue su promesa electoral de mantener la convertibilidad. Precisamente, uno de los eslóganes de campaña de De la Rúa fue "Conmigo, un peso, un dólar". Pese a que las condiciones económicas internacionales habían cambiado, que muchos países habían realizado grandes devaluaciones -entre ellos Brasil, el principal socio comercial de Argentina-, y que diversas voces venían sosteniendo que era indispensable salir de la convertibilidad y retomar el manejo de la moneda "para evitar una catástrofe", el gobierno de La Alianza había decidido mantener el régimen a toda costa.
Por esos motivos, la situación financiera y los problemas del endeudamiento externo se fueron haciendo cada vez más críticos, y el gobierno se vio obligado a realizar dos enormes operaciones de endeudamiento y refinanciación, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, que el propio gobierno publicitó con los nombres de El blindaje y El Megacanje.De la Rúa defiende dichas políticas (04/03/2005)
La inestabilidad económica se reflejó en los constantes cambios de ministros de Economía, pasando por José Luis Machinea (1999 - marzo de 2001), Ricardo López Murphy (marzo - abril de 2001) y por último Domingo Cavallo, quien ya había sido Ministro de Economía entre 1991 y 1996, con el presidente Carlos Menem y que había sido el autor de la Ley de Convertibilidad.
El 31 de julio de 2001 se sancionó la Ley 25.453 de Déficit Cero, recortando en 3.000 millones de pesos el presupuesto del gobierno, equivalente al 7% del total.
La crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, en consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales y la decisión del FMI (Fondo Monetario Internacional) de negarse a refinanciar la deuda y conceder un rescate. En 2019 el propio Fondo Monetario Internacional realizó una investigación interna para indagar si había actuado bien al quitarle el apoyo a la Argentina en 2001, hecho que precipitó la caída de Fernando de la Rúa. Para ello dio participación a la por entonces flamante Oficina de Evaluación Independiente, creada ese mismo año para examinar los procedimientos internos del organismo y mejorar su eficacia. En el informe, si bien se cuestionó la decisión del organismo, también responsabilizó al gobierno de la Alianza de adoptar políticas deficientes o inconsistentes en materia económica y no aceptar alternativas.
Elecciones legislativas
El 14 de octubre de 2001 se realizaron elecciones legislativas en las que La Alianza oficialista fue derrotada ampliamente por el opositor Partido Justicialista, con el agravante de que el presidente De la Rúa no tuvo espacio político para sostener a ningún candidato. Uno de los datos centrales de la elección fue el llamado «voto bronca», votos en blanco o anulados intencionalmente que alcanzaron el 25% del total, ganando incluso en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Santa Fe, sacando a la luz una grave crisis de representatividad.
El Corralito
thumb|El presidente De la Rúa (al frente, derecha), y el ministro de Economía Domingo Cavallo (a la izquierda), en Casa Rosada el 16 de diciembre de 2001. A comienzos de diciembre de 2001 el FMI decidió interrumpir el flujo de fondos hacia Argentina, momento para el cual la fuga de capitales era incontrolable, ascendiendo a millones de dólares desde el inicio de la crisis. En un año, la fuga de divisas sumó US$ 15.771 millones. Cavallo anunció por cadena nacional una medida que fue conocida como «Corralito», imponiendo la bancarización forzosa de la economía, mediante la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos en sumas superiores a 250 pesos o dólares por semana. Esta medida afectó principalmente a las personas con ingresos informales, entre ellos los trabajadores no registrados por las empresas que en ese momento alcanzaba el 44,8%, cifra que casi duplicaba la de 1994, cuando llegaba a 28,4%.
La reacción popular fue muy negativa, en especial la de la clase media, (teniendo en cuenta que la cifra de la restricción de retiros de 1000 dólares mensuales era superior a los ingresos de la mayoría de la población) por lo que la crisis económica también desembocó en una crisis política. Durante todo diciembre hubo protestas, aunque la protesta masiva más importante estallaría los días 19 y 20 de diciembre.
La posición de De la Rúa se tornó inestable. Un intento de mediación entre la oposición y el gobierno a mediados de diciembre por parte de la Iglesia católica fracasó.
Huelga general y saqueos
miniaturadeimagen|Desde 1990 la actividad cartonera experimenta crecimiento continuado. Durante el periodo fueron actores sociales de cierta importancia, llegando a realizar 78 acciones directas como actor social
El 13 de diciembre, la CGT Oficial, la CGT Disidente y la CTA declararon la séptima huelga general contra la política económica y social del gobierno de De la Rúa. El paro tuvo alto acatamiento, con adhesión de sectores que habitualmente no se sumaban, como el comercio, la clase media y sectores no sindicalizados.
Simultáneamente con la huelga general comenzaron a producirse estallidos entre las clases populares de algunas ciudades de las provincias, llevados adelante por los denominados piqueteros. Varios comercios de zonas empobrecidas del interior del país y del Gran Buenos Aires sufrieron saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes. Durante la crisis fueron asesinadas 39 personas, incluyendo las cinco personas fallecidas en lo que se denominó la Masacre de Plaza de Mayo del 20 de diciembre de 2001, por la que resultaron penalmente condenados el ministro Enrique Mathov, el jefe de la Policía Federal Rubén Santos, y otros funcionarios del gobierno. Hubo muestras de sobra de descomposición social, política y económica. La primera ciudad saqueada del interior del país fue Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Los hechos fueron documentados por los periodistas locales Pedro Acuña y Gustavo Sirota. A partir de allí incidentes similares comenzaron a replicarse por el territorio nacional. Los sectores sociales más bajos se llevaron comida y mercadería de grandes supermercados, pero también de negocios de barrios pobres, en un clima de enorme descontrol que posibilitó también la infiltración de ladrones comunes entre los necesitados. Mientras que los pequeños comercios fueron los más afectados por los saqueos en los que la policía liberó la zona, según declararon, «para evitar muertes», los grandes hipermercados fueron protegidos por esta y no sufrieron grandes daños. En esos siete días de saqueos fueron asesinadas siete personas por las fuerzas de seguridad y los propios comerciantes. Por la noche, salieron a las calles céntricas de la Capital sectores de clase media.
El estallido thumb|El presidente Fernando de la Rúa declara el estado de sitio por cadena nacional la noche del 19 de diciembre de 2001.