La Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, también conocida como Directiva de derechos de autor de la Unión Europea o expediente 2016/0280 (COD), es una directiva de la Unión Europea, formalmente Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, con el objetivo declarado de armonizar aspectos del derecho de autor en el mercado único digital de la Unión Europea. Es un intento de ajustar la ley de derechos de autor para internet brindando protección adicional a quienes poseen material. Tras su aprobación inicial por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el 20 de junio de 2018, el pleno del Parlamento rechazó el 5 de julio de ese año el mandato de negociación y devolvió el texto a debate,ABC.es: El Parlamento Europeo rechaza la polémica directiva sobre los derechos de autor y en septiembre de 2018 aprobó una versión enmendada. El texto definitivo, acordado en las negociaciones tripartitas, fue aprobado por el pleno del Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2019 con 348 votos a favor y 274 en contra, y ratificado por el Consejo de la Unión Europea el 15 de abril de 2019. Firmada el 17 de abril de 2019 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de mayo de 2019, entró en vigor el 6 de junio de 2019 y fijó el 7 de junio de 2021 como fecha límite para su transposición por los Estados miembros.
Las medidas de la directiva incluyen otorgar a los editores la posibilidad de solicitar el pago por el uso de breves fragmentos de texto, que requieren que los sitios web con fines de lucro alojen principalmente contenido publicado por los usuarios para tomar medidas «efectivas y proporcionadas» para evitar publicaciones no autorizadas de contenido protegido por derechos de autor y dando excepciones de derechos de autor para la minería de textos y datos por parte de instituciones de investigación científica. Dado que tanto las licencias como las excepciones se establecen a nivel nacional, los artículos 11 y 13 de la propuesta (15 y 17 del texto definitivo) fragmentarían el mercado de la UE, contrariamente al objetivo declarado de la directiva.https://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2018/06/Academic_Statement_Copyright_Directive_29_06_2018.pdf El diputado británico Stephen Doughty también quiere que se utilicen filtros de carga similares para evitar el «material extremista» en Internet.
El 26 de abril de 2018, 145 organizaciones de los ámbitos de los derechos humanos y digitales, libertad de prensa, publicaciones, bibliotecas, instituciones educativas, desarrolladores de software y proveedores de servicios de Internet firmaron una carta oponiéndose a la legislación propuesta. Algunos de los que se oponen incluyen a Electronic Frontier Foundation, Creative Commons, European Digital Rights, varios capítulos de Open Knowledge y la propia Open Knowledge International, varios capítulos de Wikimedia y la Fundación Wikimedia, propietaria de Wikipedia, quien emitió un comunicado el 29 de junio de 2018. Las personas que se han opuesto públicamente a la ley incluyen a Tim Berners-Lee y Vint Cerf, quienes expresan su preocupación con respecto a los costos y la efectividad de los filtros de carga y los efectos negativos sobre la libertad de expresión en línea. Una petición de Change.org contraria a la directiva superó las 700000 firmas en 2018. Los grupos que respaldan la directiva incluyen muchos editores y grupos de medios, tales como a David Guetta, tres importantes sellos discográficos y la Independent Music Companies Association.
Historia
Proceso legislativo La propuesta fue lanzada inicialmente el 14 de septiembre de 2016 por la Comisión Europea, que lleva a cabo la iniciativa legislativa en la UE, después de que el Parlamento Europeo solicitó dicha propuesta con un informe de su propia iniciativa (denominado Informe Reda). La reforma de los derechos de autor de la UE fue impulsada como un objetivo de la Comisión Europea en 2012.
El Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea aprobó el 25 de mayo de 2018 un texto que procederá a negociaciones tripartitas con el Parlamento Europeo para llegar a un texto final, sin el apoyo de Alemania, Finlandia, los Países Bajos, Eslovenia, Bélgica o Hungría.
Tras las negociaciones tripartitas, el pleno del Parlamento Europeo aprobó el texto definitivo el 26 de marzo de 2019 con 348 votos a favor y 274 en contra, y el Consejo de la Unión Europea lo ratificó el 15 de abril de 2019. La directiva se firmó el 17 de abril de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de mayo de 2019 y entró en vigor el 6 de junio de 2019. En el texto definitivo se reordenó la numeración: el artículo 11 de la propuesta pasó a ser el artículo 15 y el artículo 13, el artículo 17.
Transposición y aplicación Los Estados miembros disponían de plazo hasta el 7 de junio de 2021 para incorporar la directiva a sus ordenamientos nacionales. España la transpuso mediante el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, que modificó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Polonia interpuso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un recurso de anulación contra el artículo 17, al considerar que el filtrado previo que implicaba vulneraba la libertad de expresión y de información. En su sentencia de 26 de abril de 2022 (asunto C-401/19), la Gran Sala desestimó el recurso y confirmó la validez del artículo 17, por entender que la disposición incorpora salvaguardias suficientes para preservar el equilibrio con los derechos fundamentales.
Reacciones Algunas de sus propuestas, como un impuesto al enlace para pagar a los productores, y el requisito de filtrar contenido subido por los usuarios para obras que infrinjan los derechos de autor, resultaron controvertidos para autores, editores agencias de noticias, académicos legales y expertos en Internet, instituciones culturales, usuarios y organizaciones de derechos civiles, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, legisladores y estudios de la Unión Europea.
Contenido Los objetivos establecidos incluyen equilibrar el dinero entre los autores y los sitios web de Internet y mejorar la colaboración entre los que poseen contenido y las plataformas en línea.
Artículo 3 El artículo 3 propone una excepción de derecho de autor para la extracción de datos y textos a efectos de investigación científica. La versión COREPER tiene una extensión obligatoria y otra opcional.
Dependiendo de si reconoce el estado del dominio público de los hechos y la información, el artículo 3 podría aumentar o disminuir las restricciones en comparación con el statu quo.
Artículo 4 El artículo 4 propone una excepción obligatoria para el uso de obras protegidas por derechos de autor como parte de «actividades docentes digitales y transfronterizas». Este artículo, cuando se implemente, aclarará que los establecimientos educativos pueden hacer un uso no comercial de obras protegidas por derecho de autor con fines ilustrativos. En el texto definitivo esta excepción se recoge en el artículo 5.
Ha habido preocupaciones del sector educativo de que la excepción propuesta en el artículo 4 es demasiado restrictiva. Por ejemplo, el sector propone ampliar el alcance de los «establecimientos educativos» para incluir instituciones de patrimonio cultural. La parte más debatida del artículo es 4(2), según la cual la excepción no estaría disponible si hay «licencias adecuadas» disponibles en el mercado.
La versión de COREPER tiene cambios para reflejar los argumentos del sector de la educación, pero aún incluye el debatido artículo 4(2).
Artículo 11 (artículo 15 del texto definitivo) El artículo 11 amplía la Directiva de derechos de autor para otorgar a los editores derecho de autor directo sobre el «uso en línea de sus publicaciones de prensa por los proveedores de servicios de la sociedad de la información». Según la legislación actual de la UE, los editores confían en los autores que les asignan derechos de autor y deben probar la propiedad de los derechos para cada trabajo individual.
La propuesta establece varias condiciones nuevas al derecho, incluida la terminación después de un año y exenciones para copiar una parte “insustancial” de una obra o para copiarla en el curso de la investigación académica o científica. Se deriva del derecho de autor auxiliar para los editores de prensa que se introdujo en Alemania en 2013. La publicación de prensa «cuyo propósito es informar al público en general y que se actualiza periódica o periódicamente», se distingue de la publicación académica y científica.
En su memorando explicativo, el Consejo describe la aplicación de derechos existente para el uso en línea de publicaciones de prensa como "complejo e ineficiente" y llama la atención sobre el uso de artículos de noticias por «agregadores de noticias o servicios de monitoreo de medios» con fines comerciales, y los problemas que enfrentan por los editores de prensa en la concesión de licencias de su trabajo para tales servicios.
El artículo es considerado erróneo por los académicos. Un estudio encargado por la Comisión Europea, que analizó la implementación de leyes similares en Alemania y España, descubrió que los periódicos realmente se beneficiaban de la mayor exposición (y, a su vez, los ingresos publicitarios del tráfico) que las plataformas de agregación de noticias atraían a sus artículos en línea, haciendo notar que «los casos alemán y español muestran que la ley puede crear un derecho», pero que «las fuerzas del mercado han valorado este derecho a un precio cero».
Artículo 13 (artículo 17 del texto definitivo) El artículo 13 agrega obligaciones adicionales para los servicios definidos como proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea, descritos como «un proveedor de un servicio de la sociedad de la información cuyo principal o uno de los propósitos principales es almacenar y dar acceso al público a una gran cantidad de obras o contenidos subidos por sus usuarios que organiza y promueve con fines de lucro». Dichos proveedores deben trabajar con los titulares de los derechos para recibir permiso para alojar obras protegidas por derechos de autor cargadas por sus usuarios. Los proveedores deben realizar esfuerzos “efectivos y proporcionales” para eliminar y evitar la disponibilidad futura de obras alojadas por el servicio sin autorización. El artículo responsabiliza a estos servicios de las actividades violatorias de derechos de autor por parte de los usuarios, sustituyendo a la Directiva de Comercio Electrónico, que otorgaba un puerto seguro a los proveedores de contenido que eran "meros conductos". La definición de proveedor de servicios de intercambio de contenido en línea excluye servicios que almacenan contenido para enciclopedias en línea sin fines de lucro, plataformas sin fines de lucro para el desarrollo de software de código abierto y repositorios educativos y científicos sin fines de lucro, así como servicios de alojamiento de archivos que permiten a los usuarios y/o empresas subir archivos para su propio uso, proveedores de servicios de Internet y mercados minoristas en línea. (Artículo 2(5))