La intervención británica en la emancipación hispanoamericana se refiere al conjunto de medidas militares, políticas y diplomáticas impulsadas desde el Reino Unido y sus colonias en apoyo a los insurgentes o revolucionarios que buscaban la secesión o independencia de los territorios americanos bajo dominio español. Estas acciones, dirigidas al desmembramiento de los dominios españoles en América, fueron llevadas a cabo tanto por particulares, con la complicidad del estado británico, como por el propio gobierno y sus representantes oficiales.

La dependencia financiera de las nuevas repúblicas con la City de Londres se estableció desde los primeros años de su vida independiente y se mantuvo hasta principios del . La deuda contraída entre 1815 y 1824 por las nuevas repúblicas con la banca británica es prácticamente incalculable; sin embargo, el caso de Colombia es ilustrativo, arrastró hasta la década de 1930 el pago de los créditos solicitados para financiar su independencia. En paralelo, el gobierno español también se vio obligado a recurrir a los comerciantes para financiar sus empresas militares.

España reconocía en el Reino Unido a su enemigo histórico en la lucha por conservar el dominio sobre la América española. Sin embargo, la guerra contra Napoleón permitió al Reino Unido firmar el tratado para la restauración de Fernando VII, que le otorgó la oportunidad de intervenir en todo el Imperio español. La ayuda británica a los revolucionarios se desarrolló al margen de los tratados con España, dado que en ese momento aún no habían sido reconocidos como Estados soberanos, y alcanzó su punto álgido entre 1817 y 1818. En esos años, las autoridades españolas presentaron reiteradas y enérgicas protestas diplomáticas, acusando al Reino Unido de vulnerar su neutralidad. En respuesta, el gobierno británico promulgó en 1819 una ley que prohibía el alistamiento para servir en el extranjero, así como el equipamiento con fines bélicos, sin autorización expresa de Su Majestad Británica.

Sin embargo, para entonces, el Reino Unido ya se había consolidado como el principal proveedor de material bélico para los revolucionarios, y alrededor de 10.000 soldados y oficiales británicos habían servido en América del Sur. De estos, aproximadamente 6.500 se integraron en los ejércitos patriotas y 3.500 en las marinas revolucionarias.

El conflicto colonial

200px|miniaturadeimagen| Propaganda británica 1807: The Southern Star o La Estrella del sur. El proceso de independencia hispanoamericano se desarrolló en un contexto de rivalidad internacional de las potencias coloniales que involucraban a España, Portugal, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. El resultado de las guerras napoleónicas europeas determinaron grandes cambios entre las alianzas de dichas potencias.

El Reino Unido entre 1806-1807 invadió directamente los dominios de España en el Río de la Plata cuando varios contingentes, con una primera invasión de unos mil setecientos soldados, seguida de una segunda de hasta catorce mil hombres, 20 navíos de guerra y 90 transportes, consiguieron ocupar la ciudad de Buenos Aires y luego Montevideo. Finalmente desalojados por las milicias, los regulares y oficiales virreinales.

Un año más tarde, el 2 de mayo de 1808, el ejército de Napoleón ingresó a España, y esto motivó una reconfiguración de las alianzas entre las potencias europeas. Fernando VII quedó en Bayona y los Bonaparte tomaron el trono español, lo que rompió el pacto de estado entre Francia y España, instalado anteriormente, por los pactos de familia de los reyes Borbones.

El Reino Unido, de otro lado, se preparaba para combatir las fuerzas imperiales napoleónicas en la península ibérica. En América, mientras tanto, se reconocía al Reino Unido como potencial enemigo de España y se planteaba la posibilidad de reforzar militarmente Buenos Aires, ante la formación de nuevo ejército expedicionario británico de siete mil hombres organizado en Irlanda, al mando del Duque de Wellington pero cuyo destino era Europa. Por otro lado los astilleros españoles eran destruidos por la guerra napoleónica, y la potente flota española acabaría siendo consumida en las campañas frente a los ejércitos imperiales. Los escasos restos, envejecidos, junto a una compra polémica de buques rusos, serían el único nexo naval con las colonias ultramarinas en aquel periodo.

Conflicto diplomático con España right|200px|thumb|Lord Strangford El statu quo colonial parecía garantizarse en 1809, cuando se firma un pacto entre el gobierno español y el Reino Unido, que establecía el auxilio frente a la invasión francesa, pero este acuerdo, resultaba ambiguo respecto de América, ya que los esfuerzos de Napoleón Bonaparte no iban dirigidos a invadir el territorio español, fuera de la península ibérica, sino a debilitar España, apoyando la insurrección de sus colonias de Ultramar. Pero se permite a las flotas británicas alcanzar los puertos españoles de ambos hemisferios. Así, mientras los revolucionarios americanos rechazan los comisionados franceses, y su adhesión a la España napoleónica, los británicos mejoraban sus propios intereses coloniales.

La Regencia de España iba tomando conocimiento que el gobierno inglés atendía a los comisionados enviados por las juntas de los rebeldes, y estaban lejos de oponerse a sus planes. Pero el esfuerzo para la guerra frente a Napoleón debía mantenerse a toda costa, aunque esto podía favorecer los intereses británicos. Los beligerantes de la independencia hispanoamericana se veían en la necesidad de recurrir al gobierno de Londres para solicitar su ayuda a través de comisionados. Este podía imponer sus condiciones, explotando en su provecho las difíciles circunstancias que sufrían ambos bandos. El gobierno de Londres presentó una fachada, con una actitud oficial equidistante, en tanto que permitió "actitudes personales" de sus representantes, como Wellesley en Cádiz, o Lord Strangford en Río de Janeiro, que bloqueaban el apoyo a la causa española.

En este contexto surge en 1811 la propuesta de mediación británica con los insurgentes americanos, a través del embajador Wellesley; para enviar comisionados ingleses para una negociación de resultado incierto, a cambio de la instalación del libre comercio, es decir la apertura de todos los mercados españoles a las franquicias de Inglaterra. Al mismo tiempo Wellesley exigía la supresión de todo envío de ayuda militar y material de guerra español desde la península a los realistas, en una directa intromisión en el conflicto ajeno. El libre comercio inglés pretendía incluir también México y Venezuela, abriendo un espacio de conflicto diplomático con los intereses estadounidenses. El Reino Unido en disputa con los Estados Unidos, iniciaría la Guerra de 1812. El gabinete de Londres intentaba involucrar España en el conflicto del norte, y presionaba para hacer embargos en Cádiz de los bienes estadounidenses, a riesgo de una escalada que afectaría Nueva España y las Floridas.

El conflicto diplomático dio otro paso adelante por las continuas denuncias de las autoridades españolas en América, por el auxilio "particular" que los capitanes de los buques ingleses proporciaban a los insurgentes. José María Salazar, comandante del Apostadero Naval de Montevideo, responsabilizó a la división naval británica de Río de Janerio, presente en el Río de la Plata, del fracaso del bloqueo naval de Buenos Aires.

En el año 1814, una vez conseguida la caída de Montevideo, y asegurada la separación del Río de la Plata, el Reino Unido acordó con España, tras la restauración del gobierno absoluto de Fernando VII, la prohíbición de entregar armas a los rebeldes, según Humboldt, un gesto ante el temor de que España pidiera ayuda a Francia. Pero este teórico compromiso del estado británico no llegó a cumplirse en los hechos, ya que las leyes inglesas permitían sortearlo mediante la acción particular de súbditos británicos, que apoyaban con armas, barcos y hombres a los revolucionarios, con la omisión de cualquier prohíbición del estado británico.

Ayuda militar y violación de la neutralidad

thumb|Lord Castlereagh

La declaración de neutralidad del Reino Unido obedecía a la política del gabinete británico de Lord Castlereagh de mantener España separada del poder francés napolónico o post-napoléonico, que podría romper nuevamente el equilibrio europeo, y conservar los intereses coloniales británicos en América. En consecuencia, el Reino Unido rechazó las solicitudes de los comisionados revolucionarios para reconocer su independencia, al tiempo que permita ofertar el apoyo humano y material que permitían sus leyes, para ayudarlos como insurgentes frente a España. El Reino Unido declinó cualquier acuerdo con el gobierno español que permitiese asegurar el dominio español de los territorios ultramarinos, y el monopolio de los importantes mercados emergentes de América.

En 1817 comienza una escalada de reclutamiento en Gran Bretaña de personal militar para el servicio de armas en las fuerzas insurgentes de América del Sur. La violación de la neutralidad produce la protesta de los comisionados españoles. Durante los próximos dos años, el gobierno de Londres tuvo que sortear las demandas del gobierno español por el alistamiento masivo de oficiales, marinos y soldados británicos. Londres contaba con la simpatía pública británica por la recluta a la causa insurgente, que permitía dar una salida remunerada a las tropas desocupadas en suelo británico tras la caída de Napoleón.

Sin embargo las obligaciones internacionales, de una política declarada de neutralidad, eran inconsistentes con el envío masivo de súbditos británicos a combatir desde el Reino Unido y sus colonias, contra España en ultramar. Hasta 1817 unos pocos británicos, fuera del Reino Unido, habían participado en fases iniciales de la lucha en distintos lugares de América, en su mayoría acciones aisladas, pero relevantes, como las navales del Río de la Plata. Sin embargo el reclutamiento sistemático en Gran Bretaña comenzó en abril de 1817, a favor del Libertador Simón Bolívar. Las circunstancias eran muy favorables, un gran número de veteranos de las guerras napoleónicas habían sido dado de baja de las fuerzas británicas y estaban desempleados. Los agentes venezolanos recurrían a oficiales británicos, y cada uno de estos reclutaba en Gran Bretaña un cuadro de oficiales y sargentos formando sus propios regimientos.

En julio de ese año, Joaquín Campuzano, el representante español en Londres, hizo firmes protestas contra la violación de la neutralidad. El Foreign Office negó cualquier acto ilegal. Castlereagh trató de minimizar el problema, asegurando a los españoles que se trataba de casos puntuales, sin empleo. Pero estaba equivocado. A principios de septiembre, muchos oficiales en activo solicitaban permiso para viajar a Sudamérica, y el comandante en jefe del ejército, el duque de York, planteo sus dudas sobre la conveniencia de permitir que esos oficiales procedieran al embarque. Castlereagh impuso la distinción entre "prohibir" y "no conceder permiso", ante la opinión contraria de George Canning. Castlereagh se remitió a sus legisladores, quienes dijeron que aunque el servicio exterior había sido prohibido, las viejas leyes no parecían aplicables a estados no reconocidos como los insurgentes.

En el curso del mes de septiembre, el reclutamiento ya era notorio y público, y los periódicos daban la noticia del embarque de mercenarios y material de guerra en buques rumbo América del Sur. Las protestas del embajador español, Duque de San Carlos se hicieron más insistentes. Castlereagh se negaba a tratar una proclamación real contra el alistamiento en Gran Bretaña, que pueda dejar sin ayuda a los insurgentes, alegando que esta prohibición era irreconciliable con la opinión pública británica, sin introducir, a la vez, una mediación y el libre comercio en los virreinatos españoles.

Tráfico de armas británico