El Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR) de España es el departamento de la Administración General del Estado con competencias en la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia de industria y turismo que abarca, entre otros aspectos, la estrategia y el desarrollo industrial, del emprendimiento y de la pequeña y mediana empresa; la promoción y defensa de la propiedad industrial y la política de turismo, así como el resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. Asimismo, le corresponde a este departamento el impulso de las acciones de cooperación y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de las relaciones internacionales en dichas materias.
El Ministerio de Industria, junto con el Ministerio de Defensa, tiene una importante presencia en la industria militar, puesto que otorga con regularidad préstamos al Ministerio de Defensa, a organismos públicos y a empresas públicas y privadas para el fomento de esta industria y la realización de proyectos militares.
El departamento se creó en 1928 bajo el nombre de Ministerio de Economía Nacional y, tras llamarse brevemente Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio entre 1931 y 1936, desde entonces siempre ha sido denominado «de Industria». Su sede central se encuentra en el edificio horizontal del Complejo Cuzco, en Madrid. Desde 2023, su titular es Jordi Hereu.
Historia
Antecedentes miniaturadeimagen|300x300px|Pintura de Manuel Villegas Brieva representando a unos trabajadores de los Altos Hornos de Vizcaya. En los años previos a la creación de este departamento, los asuntos de ámbito económico e industrial estaban repartidos entre los ministerios de Hacienda y de Gobernación, siendo este segundo el principal pues, ya en 1812, año de su fundación, tenía las competencias de «gobierno político y económico del reino [...], en todo lo que por las leyes puede tocar al Gobierno para promover y fomentar la agricultura e industria nacional en todos sus ramos, y en los establecimientos públicos de ambas [...] navegación y comercio del interior [...] y todo lo correspondiente a la estadística y economía pública».
A partir de 1847 estas responsabilidades recaen sobre el Ministerio de Fomento, que las desarrollará durante las próximas ocho décadas a través de una Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio hasta que en 1928 se funda este nuevo departamento ministerial.
El Origen: Economía Nacional La estrecha relación que existe entre los ministerios de Industria y de Economía se debe a que el origen de ambos, aunque en diferentes épocas, es el mismo.
Si el Ministerio de Economía se fundó en 1977 con el objetivo de «agrupar una serie de competencias actualmente dispersas en materia de ordenación y planificación económica» así como «de singularizar las decisiones sobre política económica», cincuenta años antes se creó el Ministerio de Industria –entonces llamado «de Economía Nacional»—, con el objetivo similar de «poner bajo una sola dirección, coordinándolos adecuadamente, los servicios que afectan a la economía nacional, tanto en el concepto de producción como en los de comercio y consumo».
Por supuesto, como pasa en otros muchos departamentos, el ámbito competencial y el enfoque con el que nació es diferente al que tiene en la actualidad, pues entonces era un coordinador y estimulador general de la economía española, con competencias sobre agricultura, industria (lo que incluía propiedad intelectual), comercio, abastos y metrología. Asumió también entonces la jefatura del Cuerpo de Ingenieros Industriales y heredó una importante estructura territorial del Ministerio de Fomento, puesto que este poseía desde principios de la década de 1920 «Inspecciones Provinciales de Industria» repartidas por las provincias.
Esta primera etapa se cierra al inicio de la Segunda República, cuando siendo presidente del Consejo de Ministros Manuel Azaña, renombra el departamento como Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio.
La Segunda República: la importancia de la agricultura
thumb|186x186px|El ministro Marcelino Domingo, impulsor de la Ley Agraria de 1932.|izquierda La importancia del aspecto económico y el importante papel que jugaba el sector primario en la economía española de principios del —la población dedicada al mundo de la agricultura suponía cerca del 50 % del total de la población activa— fue patente desde los inicios, pues ya desde 1900 empezó a aparecer el término «Agricultura» en las denominaciones de algunos departamentos como Fomento o Industria.
Tanto es así, que durante esta época el departamento diseñó y las Cortes aprobaron la Ley de Reforma Agraria de 1932, impulsada por el ministro Marcelino Domingo. Esta ley establecía una política de expropiaciones con indemnización a los propietarios de grandes latifundios —salvo a los grandes de España, que se les castigó por la La Sanjurjada con expropiaciones sin contrapartida— con el objetivo de convertir la tierra en minifundios que pudieran ser distribuidos entre los jornaleros y así mejorar tanto las condiciones de lo obreros como la productividad de la tierra.
A partir de junio de 1933 (con una breve fusión entre septiembre de 1935 y febrero de 1936), el ministerio perdió las competencias sobre la agricultura, que fueron traspasadas al recién establecido Ministerio de Agricultura, que se creaba por primera vez. Por aquel entonces, el Ministerio de Industria y Comercio se estructuraba mediante las direcciones generales de Industria, de Comercio y Política Arancelaria, de Minas y Combustibles y el Consejo de la Economía Nacional. La dictadura: el Comercio
Tras perder las funciones agrícolas durante la República, la dictadura de Francisco Franco supuso la pérdida de otro de sus grandes ámbitos de actuación: el comercio. Tal fue el caso que, en 1951, el gobierno franquista recuperó un ministerio que ya había existido brevemente en el anterior periodo republicano, el Ministerio de Comercio. A juicio de los líderes de entonces, la «actividad comercial, en la que las circunstancias del mundo hacen inexcusable una mayor atención de los Estados, especialmente en sus dos aspectos más importantes, de abastecimientos y moneda extranjera, alcanza hoy tal extensión que absorbe por completo la actividad de un Ministerio, dadas las dimensiones y la complejidad de los problemas en que la Administración está obligada a intervenir. Por otra parte, el desarrollo industrial del país y el obligado fomento de la minería y producción de energía y materias básicas, encierra en si campo más que suficiente para absorber también todas las actividades de un solo departamento ministerial.».
Por aquel entonces, el Ministerio de Industria también tenía competencias sobre comunicaciones y pesca marítima —la que se realiza en agua salada— y desde 1939 poseía una Secretaría General Técnica.
Ley de industria de 1939
Precisamente, en este año se aprobaron las leyes de 24 de octubre de 1939, sobre industrias de interés nacional, y de 24 de noviembre de 1939, de ordenación y defensa de la industria. Esta última fue el eje sobre el que giró la política industrial durante la dictadura y algunos de sus preceptos estuvieron vigentes hasta la aprobación de la Ley de Industria de 1992.
La mentada ley supeditó la industria al interés general del Estado, prohibió la instalación de nueva industria sin autorización gubernamental, estableció el control de precios, estableció las condiciones del trabajo de este sector y su inspección, reguló la capacidad de intervención del Estado para orientar la política industrial y la obligatoriedad de destacar el producto fabricado en España, así como su nivel de calidad, exigiendo también que las empresas de interés nacional tuvieran liderazgo español, estableciendo un capital social español mínimo en las empresas del 75 % e introduciendo normas para proteger y priorizar la producción nacional.
Para supervisar la ejecución de estas leyes y promover y financiar nuevas industrias, en 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI). Su papel fue fundamental, ya que servía como principal canal a través del cual el Gobierno español dirigía la política industrial. Como ejemplo, los pasivos totales del INI crecieron dramáticamente con el paso del tiempo, pasando de 0,5 millones de pesetas en 1941 a 1,04 billones en 1986. Esto, ajustado a precios constantes, era aproximadamente 97 millones de pesetas en 1941 y 4702 millones en 1986. Un dato que ilustra mejor el significativo peso que este organismo tenía en la economía nacional era que, para el año 1960, el pasivo total del INI suponía un 8,2 % del PIB nacional.
Plan de Estabilización de 1959 Dos décadas después se puso fin al carácter autárquico que había tenido la dictadura en sus primeras décadas con la implementación del Plan de Estabilización de 1959, que buscó alcanzar la estabilidad económica mediante la estabilización previa de la divisa nacional —elevando el tipo de cambio frente al dólar y con préstamos de organismos internacionales así como del Gobierno estadounidense—, la contención de la inflación —con medidas como las subidas de tipo de interés o la congelación de salarios—, la implementación de nueva legislación para fomentar la inversión extranjera, una reforma fiscal para aumentar la recaudación y la limitación del gasto público. Este plan también trató de introducir una progresiva liberalización de la industria, en contraposición a los objetivos de la ley de 1939.
La creciente importancia de la energía miniaturadeimagen|200x200px|Construcción de la central nuclear José Cabrera en 1966, primera central nuclear construida en España.
En este contexto, en 1962 se creó la Dirección General de Energía que posteriormente asumiría también las competencias sobre combustibles de la Dirección General de Minas y Combustibles y, a partir de la crisis del petróleo de los años 1970, se creó en 1977 una Comisaría de la Energía y de Recursos Minerales, con categoría de Subsecretaría, que culminaría con la creación de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales en 1996.
La Constitución de 1978: la Energía Siguiendo la tendencia de los últimos años de la dictadura, en los inicios de la democracia actual se quiso dar mayor relevancia a las competencias energéticas del departamento, siendo renombrado como «Ministerio de Industria y Energía» durante la presidencia de Adolfo Suárez. Para el año 1979, la estructura del ministerio era bastante considerable, con siete direcciones generales (de Minas e Industrias de la Construcción, de la Energía, de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, de Industrias Químicas y Textiles, de Industrias Alimentarias y Diversas, de Tecnología y Seguridad Industrial, y de Servicios), la Subsecretaría y una Comisaría de la Energía y Recursos Minerales.
izquierda|miniaturadeimagen|293x293px|La Torre de Cuzco, construida en 1973 para albergar el Ministerio de Comercio, hoy acoge, entre otros, a la Secretaría de Estado de Comercio. También en la década de 1980 la Junta de Energía Nuclear (JEN) fue objeto de una importante transformación. Por Ley 15/1980, de 22 de abril, se creó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un organismo independiente que reemplazó a la JEN en sus funciones de control y garantía de la seguridad nuclear y protección radiológica. En cuanto a la JEN, que retuvo todas las competencias relativas a investigación científica y tecnológica en el ámbito de la energía, por Ley 13/1986, de 14 de abril, se renombró como Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).