El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) de España es el departamento de la Administración General del Estado encargado de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política exterior y la política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, con singular atención a las relacionadas con la Unión Europea y con Iberoamérica, así como de coordinar y supervisar todas las actuaciones que en dichos ámbitos realicen los restantes departamentos y administraciones públicas. Igualmente, le corresponde fomentar las relaciones económicas, culturales y científicas internacionales; participar, en la esfera de actuación que le es propia, en la propuesta y aplicación de las políticas migratorias y de extranjería; fomentar la cooperación transfronteriza e interterritorial; proteger a los españoles en el exterior; y preparar, negociar y tramitar los tratados internacionales de los que España sea parte.
La sede principal del Ministerio y donde se encuentran la mayor parte de los servicios centrales es, desde 2021, un gran edificio situado en el número 8 de la Plaza del Marqués de Salamanca. Este edificio ya había sido sede del Departamento entre 2000 y 2004, cuando tuvo que ser desalojado por problemas ambientales. Con anterioridad al año 2000 y mientras estuvo inhabitable la actual sede, los principales servicios del Ministerio estaban en el Palacio de Santa Cruz, sede del Departamento desde 1901 y que hoy sigue hospedando una pequeña parte de los servicios centrales. Asimismo, tanto la AECID como la Escuela Diplomática tienen sus propias sedes, y el ministro posee una residencia oficial, el Palacio de Viana.
Creado en 1714 al establecerse los cinco primeros departamentos especializados por materias —Estado, Justicia y Asuntos Eclesiásticos, Guerra, Marina e Indias y Hacienda—, su titular es el ministro de Asuntos Exteriores quien, tras el rey de España y el presidente del Gobierno, es el principal representante internacional del país. Por su antigüedad y relevancia histórica, el ministro se sitúa en el primer lugar de precedencia en el Gobierno, solo por detrás del presidente y los vicepresidentes, si los hubiere. El actual ministro es José Manuel Albares, nombrado el 12 de julio de 2021.
Con fecha de 2021, España poseía 217 misiones diplomáticas, situándose en el noveno lugar de la clasificación mundial realizada por el Instituto Lowy. De ellas, 116 eran embajadas, 90 consulados y 11 otro tipo de representaciones diplomáticas, sin contar las 51 oficinas de cooperación de la AECID ni los 87 centros del Instituto Cervantes.
Historia Primeros años La diplomacia es una práctica que existe desde que existen entidades con poder soberano que necesitaban relacionarse entre sí. La diplomacia moderna que hoy conocemos nace con los primeros Estados nación, siendo España uno de los Estados nación más antiguos que aún existe. Las primeras relaciones diplomáticas de España como una entidad unificada comenzaron a darse durante el reinado de los Reyes Católicos, que crearon durante su reinado las primeras embajadas permanentes —Santa Sede, Venecia, Londres, Sacro Imperio o París, entre otras—, muchas de ellas aun en ejercicio.
Esto hizo que para el año 1500 la Monarquía española tuviera un servicio exterior permanente y repartido por las principales potencias europeas —el más extenso de su época—, que se verá fortalecido durante los reinados de Carlos I y Felipe II debido a la necesidad de proteger los intereses del Imperio. La creación del Consejo de Estado centralizará a través de este la información diplomática, ganando prestigio y apareciendo la figura del Secretario del Consejo de Estado o Secretario de Estado,En 1566 Felipe II divide en dos la Secretaría de Estado, una para los negocios del Sacro Imperio, Francia y Roma y otra para los asuntos de la península itálica. Posteriormente, estas serían conocidas como la Secretaría de Estado de la negociación del Norte y la Secretaría de Estado de la negociación de Italia, respectivamente. Entre 1630 y 1661 existió una tercera, la de España, para asuntos internos de España y relaciones con los embajadores acreditados en España. dignidad que luego pasará a los ministros durante la época de los primeros borbones. En 1626 se creó la figura del conductor o introductor de embajadores. La Paz de Westfalia de 1648, además de poner fin a la guerra de los Treinta Años y a la guerra de los Ochenta Años, fue el primer congreso diplomático moderno. En este acto se considera que nacen las relaciones internacionales como las conocemos hoy en día, estableciendo un nuevo orden en Europa basado en el concepto de soberanía nacional. Los embajadores ya existían y poco a poco fueron reforzando sus funciones, situándose como piezas esenciales de la política exterior, una política exterior estrechamente controlada por la Corona.izquierda|miniaturadeimagen|Ratificación del Tratado de Münster. Gerard ter Borch. 1648.|250x250pxDurante el reinado de Felipe V, en 1705 se divide la Secretaría del Despacho Universal, dando lugar a una Secretaría para asuntos de Guerra y Hacienda y otra «para todo lo demás». Esta última secretaría es considerada por algunos autores como el inicio de lo que hoy conocemos como Ministerio de Asuntos Exteriores (el Estado español en 1951 así lo reconocía en una Orden), si bien la posición más generalizada es que su creación data del 30 de noviembre de 1714, cuando se estructuró el gobierno en cuatro Secretarías de Estado y del Despacho y una Veeduría General:
La Primera Secretaría de Estado, que asumía los asuntos «de Estado, que incluyen las negociaciones y correspondencias con los otros Soberanos, y con sus Ministros y los de los países extranjeros, que han de correr y tratarse por una sola mano». La Secretaría de Estado para «todo lo tocante a lo eclesiástico y de Justicia y jurisdicción de los Consejos y Tribunales». La Secretaría de Estado para «los negocios de Guerra». La Secretaría de Estado para «los de las Indias y los pertenecientes a la Marina». Los asuntos de Hacienda recaían en Jean Orry, a cargo de la Veeduría General. Si bien por su especialidad no se establecía una secretaría propia, de facto lo era, pues como reza el Real Decreto, participaba, asesoraba y respondía ante el Consejo de Gabinete (una especie de consejo de ministros donde se reunían los secretarios de Estado y del Despacho). miniaturadeimagen|Retrato de José de Grimaldo, primer secretario del Despacho de Estado entre 1714 y 1724. Tras la creación de la Secretaría de Estado y del Despacho de Estado, que le fue confiada a José de Grimaldo, anterior secretario del Despacho de Guerra y Hacienda, esta asumió gran parte de las competencias que tenía el Consejo de Estado en política exterior, quedando este Consejo como un órgano de asesoramiento y debate, pues las competencias sobre nombramientos y gestión económica de la diplomacia así como la correspondencia entre cancillerías quedó bajo responsabilidad del secretario.
En 1717, un nuevo real decreto estableció que el Despacho de Estado se encargaba de «toda la correspondencia de las Cortes extranjeras, y nominación de Ministros [embajadores] para ellas; tratados con las demás Coronas o Príncipes; representaciones, quejas y pretensiones de los que no son mis súbditos, u de los Ministros de Príncipes extranjeros en materias pertenecientes a Estado o Regalías; decretos para gastos que se hayan de hacer por razón de Estado o paga de Ministros que residen de mi orden fuera de mis Reinos; y la formación de sus despachos, títulos, cédulas ó patentes: por esta misma razón deberán correr por esta vía mis resoluciones de todas las consultas que en cualquiera de estas materias se me hicieren, tanto por Tribunales de oficio, como por otras Juntas ó Ministros particulares de mi orden, y la expedición de mis decretos que yo mandare expedir en los negocios de esta naturaleza». En esta época y hasta finales de 1719, la Secretaría tuvo limitada su capacidad decisoria por la presencia en la Corte del religioso parmesano Giulio Alberoni, quien tuvo gran influencia sobre el rey, llegando a opacar al propio Grimaldo y al resto de ministros, pues él era quien tomaba las decisiones.
Aunque sin una fecha clara —ya que existían archivos con anterioridad—, se suele considerar 1738 el año de creación del Archivo General del Ministerio, siendo nombrado Juan Cascos Villademoros archivero de la Secretaría del Despacho de Estado el 6 de octubre de 1738. Villademoros llevaba ya unos años trabajando en la administración de los fondos archivísticos de la Secretaría. izquierda|miniaturadeimagen|Floridablanca pintado por Goya (Museo del Prado). Tras los cambios en el archivo ministerial, hasta el año 1754 no hubo nueva normativa que regulase cambios en la Secretaría, si bien esto no significó que no aumentaran sus competencias. Así, además de lo relativo a relaciones exteriores, embajadas y nombramientos diplomáticos, los reglamentos internos recogían siempre negociados sobre «lo indiferente de dentro de España» y, por la influencia que tuvieron algunos secretarios de este periodo como el marqués de Grimaldo o el duque de Grimaldi, este departamento asumió competencias relacionadas con la familia real, sus bienes, secretaría personal, correspondencia y actos jurídicos —actuando en numerosas ocasiones como notario mayor del reino, o como ministros de jornada en sus retiros—, así como la Superintendencia General de Correos y Postas, fundación de Reales Academias, lo relativo a la Orden del Toisón de Oro, la gestión de la Real Acequia del Jarama, y la tramitación de la concesión de títulos nobiliarios y grandezas de España, entre otros. Tal fue el aumento de los negocios de esta Secretaría del Despacho que, reinando Fernando VI, en 1754 fue necesario aprobar un real decreto que recopilara y sistematizara sus competencias.
En años posteriores este organismo evolucionó de forma similar, pues sus nuevos titulares, especialmente el conde de Floridablanca y el príncipe de la Paz, continuaron la tendencia de acaparar gran parte del poder político, opacando a sus pares. Así, aumentaron sus competencias sobre la gestión económica y gubernativa de los Reales Sitios, la gestión de gran parte de las competencias de la Secretaría de Indias que se suprimió en 1790, Superintendencia General de Pósitos, caminos vecinales, Agencia General de Preces a Roma, policía de Madrid, beneficencia, hospicios, imprenta, prensa, escuelas, órdenes de Carlos III y de María Luisa, archivos nacionales, sanidad e industria, entre otras muchas.
Todo lo anterior hay que entenderlo sin contar aquellos asuntos en los que el secretario de Estado participaba directamente como favorito del rey, sin tener competencia para ello, sobre todo a raíz de la constitución de la Junta Suprema de Estado en 1787 que, actuando de forma similar a un Consejo de Ministros, asumió el peso de las decisiones políticas. Con la caída del conde de Floridablanca en 1792 y la llegada al poder de conde de Aranda, este influyó en el rey Carlos IV para suprimir esta junta y volver al sistema anterior con el Consejo de Estado como órgano central de la administración, aunque esto no redujo la dependencia que tenían las Secretarías del Despacho de la Primera Secretaría de Estado.
En 1812 las Cortes de Cádiz aprobaron la primera constitución española, que recogía hasta siete Secretarías del Despacho, siendo la primera la de Estado que, con la creación de una Secretaría de Gobernación del Reino, se centró propiamente en las relaciones internacionales, perdiendo el grueso de las responsabilidades sobre gobierno interior que tuvo en los reinados de los primeros Borbones.