Geraldine Patricia Chacón Villarroel (Caracas, 1993) es una abogada y defensora de derechos humanos venezolana. Egresada de la Universidad Metropolitana de Caracas, fue directora del Programa Embajadores de la Fundación Embajadores Comunitarios (FEC), una organización no gubernamental educativa, fundada en 2008 y dirigida por estudiantes universitarios, que desarrolla programas de empoderamiento juvenil basados en la metodología de los Modelos de Naciones Unidas en comunidades populares de Caracas.
El 1 de febrero de 2018 fue detenida sin orden judicial por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), un día después de la detención del director general de la FEC, Gregory Hinds, y quedó recluida en El Helicoide. Imputada por los delitos de instigación pública y agavillamiento, un tribunal ordenó su excarcelación el 2 de abril de 2018, pero el SEBIN se negó a ejecutar la orden. Human Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) calificaron su detención de arbitraria, Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia el 27 de abril de 2018 y su caso fue presentado ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Tras sumarse a una huelga de hambre en el contexto del motín de El Helicoide, fue excarcelada el 1 de junio de 2018 con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país, y el proceso penal en su contra permaneció abierto.
Ese mismo año Amnistía Internacional incluyó su caso en la campaña mundial «Escribe por los derechos». En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas documentó su caso y concluyó que existían motivos razonables para creer que había sido objeto de detención arbitraria.Ha trabajado como consultora en derechos humanos para la Organización Mundial Contra la Tortura y ha participado en foros académicos internacionales sobre la situación venezolana.
Formación y activismo Estudió Derecho en la Universidad Metropolitana de Caracas, donde obtuvo el tercer lugar de su promoción y fue preparadora de las asignaturas Derecho Penal de los Negocios y Sistema de Justicia Constitucional; paralelamente cursó la carrera de Estudios Liberales. Según Amnistía Internacional, a los 14 años se presentó como candidata al gobierno juvenil de su municipio. Durante sus estudios fue fundadora y coordinadora de la red local de jóvenes de Amnistía Internacional Venezuela en esa universidad (Red UNIMET). En 2014 publicó, como primera autora junto a María Elena del Valle Mejías, un artículo en la Revista de Comunicación de la SEECI sobre el manual de urbanidad del autor colombiano Pío del Castillo; en la reseña biográfica de ese artículo figura como estudiante de intercambio en el Instituto de Estudios Políticos de París, coordinadora de la red de Amnistía Internacional Venezuela y directora de la publicación periódica de la Universidad Metropolitana. Su acto de graduación como abogada se celebró cuando ya se encontraba detenida, por lo que no pudo asistir.
Colaboró con Amnistía Internacional en el monitoreo de redes, con el proyecto social y educativo «Prepárate y Progresa» de la Alcaldía de Sucre y con la organización Un Techo para mi País; desde 2016 trabajó como abogada y asesora legal en el Banco Central de Venezuela, en la investigación y el análisis de contextos jurídicos y políticos para el diseño de políticas macroeconómicas y financieras.
Se incorporó a la Fundación Embajadores Comunitarios en 2015, como voluntaria, para cumplir el servicio comunitario obligatorio de su universidad; comenzó como facilitadora y en 2017 asumió la dirección del Programa Embajadores, labor a la que dedicaba más de cincuenta horas semanales. La FEC, una organización no gubernamental educativa fundada en 2008, atendida por voluntarios y dirigida por estudiantes universitarios, desarrolla programas de empoderamiento juvenil basados en la metodología de los Modelos de Naciones Unidas, con los que adolescentes de comunidades como Petare, Chacao, Catia, La Vega, Antímano, San Agustín del Sur y Filas de Mariche desarrollan habilidades de negociación y resolución pacífica de conflictos. Según Amnistía Internacional, hasta 2018 el programa había alcanzado a unos mil adolescentes de once comunidades y trece instituciones educativas en tres ciudades.
Detención El 31 de enero de 2018 funcionarios del SEBIN allanaron la sede de la FEC y detuvieron a su director general, Gregory Hinds. Hacia la 1:30 de la madrugada del 1 de febrero, un grupo de funcionarios armados del mismo organismo acudió a la residencia de Chacón, le indicó que sería entrevistada y la trasladó a la sede del SEBIN en El Helicoide, donde quedó privada de libertad; la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas constató después que la fecha de detención registrada en el informe de investigación del SEBIN no coincidía con la referida por los testigos. De acuerdo con Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, no existía orden de aprehensión ni de allanamiento en su contra. La FEC había sido mencionada el 17 de enero de 2018 en el programa de televisión Con el Mazo Dando. Según Human Rights Watch, que tuvo acceso al informe de inteligencia que dio origen a la causa, este atribuía a la FEC captar jóvenes de bajos recursos con financiamiento de organizaciones no gubernamentales y de la oposición con el fin de generar violencia, y se basaba en los datos de un informante no identificado.
En la audiencia de presentación del 5 de febrero de 2018, ante el Tribunal 31.º de Control del Área Metropolitana de Caracas, el Ministerio Público la imputó por los delitos de instigación pública y agavillamiento. Según la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, el juez consideró que las detenciones habían sido ilegales, al no haberse producido en flagrancia, pero acordó una medida de libertad bajo fianza condicionada a la presentación de dos fiadores; la documentación fue consignada, pero la fianza no se tramitó y ambos permanecieron detenidos 112 días más.
El 2 de abril de 2018 el mismo tribunal dictó su boleta de excarcelación, con la obligación de presentarse cada quince días, al no haber presentado la Fiscalía acusación formal dentro del plazo legal de 45 días. La orden fue ratificada en varias ocasiones durante abril (los días 6, 9, 10, 11 y 13), pero el SEBIN se negó a recibir los oficios y no la cumplió; según Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los funcionarios alegaron primero que el «sistema» no funcionaba y no podían recibir los oficios judiciales, y después que no tenían «órdenes de arriba» para ejecutarlos. El 9 de abril el Consejo Académico de la Universidad Metropolitana emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el caso y solicitó su inmediata libertad. Human Rights Watch señaló que, tras revisar el expediente judicial, no había encontrado pruebas que la vincularan con la comisión de un delito.
Permaneció recluida en la única celda de mujeres de El Helicoide, un espacio hacinado de unos 40 m² que compartía con otras 25 detenidas, en su mayoría procesadas por delitos comunes, con acceso restringido a agua potable, luz solar y atención médica, y sin poder recibir visitas ni llamadas de familiares o abogados. Su madre, Natividad Villarroel, denunció la detención ante el Ministerio Público desde el 2 de febrero y presentó escritos ante la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El 18 de mayo, la coalición Foro por la Vida, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron medidas cautelares a su favor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese mismo día, después de que las autoridades sofocaran la protesta de detenidos iniciada dos días antes, conocida como el motín de El Helicoide, comenzó una huelga de hambre junto a otras 17 detenidas; según su testimonio, mantuvo la protesta después de que las demás la abandonaran y fue aislada durante cerca de una semana. El 31 de mayo, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (programa conjunto de la OMCT y la FIDH) y el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) presentaron su caso ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, advirtiendo que las condiciones de detención podían constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Liberación y proceso judicial Fue excarcelada el 1 de junio de 2018 con medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad (presentación periódica ante el tribunal y prohibición de salir del país), en una jornada en la que una treintena de detenidos de El Helicoide fueron trasladados a la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, donde la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente formalizó las excarcelaciones. La FIDH y la OMCT señalaron que la liberación no respondió al cumplimiento de las órdenes judiciales previas y que el proceso penal en su contra siguió abierto, con la obligación de presentarse ante el tribunal cada treinta días y la prohibición de salir del país. Amnistía Internacional continuó considerando que corría el riesgo de ser detenida de nuevo mientras la causa permaneciera abierta.
Amnistía Internacional incluyó su caso en la campaña mundial «Escribe por los derechos» de 2018, dedicada ese año a mujeres defensoras de derechos humanos, con el lema «Perseguida por empoderar a jóvenes». Según la organización, la campaña reunió cerca de seis millones de acciones en todo el mundo y miles de cartas de apoyo fueron dirigidas a Chacón, quien, tras haber participado antes como activista en ediciones anteriores, declaró que nunca había imaginado encontrarse «al otro lado de la campaña».
En agosto de 2019 el tribunal de la causa la autorizó a viajar al exterior para cursar estudios de posgrado. Su testimonio fue recogido en el informe Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, publicado por Cofavic en 2019. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que la entrevistó el 13 de mayo de 2020, analizó su detención y la de Hinds como uno de los casos emblemáticos de su informe detallado de septiembre de 2020: concluyó que había motivos razonables para creer que ambos fueron objeto de arresto y detención arbitrarios, que las condiciones de reclusión en El Helicoide constituyeron una violación de la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que, al cierre del informe, seguían a la espera de la audiencia preliminar sin que la Fiscalía hubiera presentado acusación formal, en violación de los plazos legales.
Trayectoria posterior