La Revolución Juliana fue un movimiento cívico-militar del Ecuador que, mediante un golpe el 9 de julio de 1925 liderado por la Liga Militar, un grupo secreto de jóvenes oficiales del Ejército ecuatoriano, derrocó al presidente Gonzalo Córdova. Tras una Junta Militar inicial, se extendió por seis años —hasta 1931—, con dos juntas de Gobierno provisionales y la presidencia de Isidro Ayora, primero interina y luego constitucional, que concluyó por un nuevo golpe militar el 24 de agosto de 1931.
La Revolución se orientó contra la plutocracia que gobernaba el país. Aunque se fraguó al margen de la población, que en principio solo respaldaba lo ejecutado por los militares, reflejó una aspiración nacional de cambio de aquellos sectores políticos y sociales que participaron en las juntas y el Gobierno Ayora.
Antecedentes: liberalismo, oligarquías y exportación A comienzos del , el Ecuador —como el grueso de Latinoamérica— se caracterizaba por una economía orientada al mercado internacional, base de la fortaleza de los sectores agrícolas y financieros; y por las tensiones entre las formas y prácticas de gobierno de la política y el Estado liberal, por un lado, y el advenimiento de una sociedad de masas, con sus demandas inherentes, por otro.
Bases de una economía de exportación Desde la década de 1870, la economía ecuatoriana se había construido en torno a las exportaciones de un producto: el cacao. La positiva marcha de estas, más de la mitad del total, era la base y fundamento de esta verdadera economía de exportación. Y así parecía ser: la balanza comercial entre 1891 y 1920 solo había registrado déficit anual en 1897, y la producción había crecido a un excelente ritmo anual promedio —del 12,3% en 1890-99, manteniéndose en un 4,9% para el siguiente decenio—. En 1903-13, Ecuador seguía siendo el primer productor mundial de cacao, con una media de más del 16% global. Sin embargo, frente a este auge productivo, el precio del cacao no sufrió una bonanza semejante, con paulatinas contracciones. De este modo, pese a que existieron años de importantes alzas, como en 1898 o 1907, la tendencia fue a la baja.
Por otro lado, la producción del cacao acusaba una notable concentración empresarial. En 1846, existían ocho competidores, de los que solo dos concentraban más de tres cuartas partes de los quintales producidos. Una situación que poco había cambiado, pues, para 1915, cuatro empresas —de un total de 24 firmas— producían algo más del 74%. El dominio comercial de este selecto grupo se tradujo en una considerable influencia sobre las decisiones políticas. Buena prueba fue que la Costa, región con un 94% de las exportaciones nacionales entre 1900 y 1920, era el centro económico del país.
Durante este boom cacaotero, el papel de los Gobiernos estuvo marcado por la inestabilidad política. No obstante, lograron beneficiarse del auge exportador; según las estimaciones, sus ingresos habrían crecido a una tasa promedio del 13,9% en 1890-99, y del 8,1% para 1900-09. Asimismo, los impuestos al comercio exterior representaron la principal fuente de recursos estatal: de un 8,6% en 1887, llegaría al 12% en 1917; mientras que los gastos se habrían triplicado, de los 9 millones de sucres en 1893 a los 27 millones en 1910.Si bien, tal y como refiere , las cifras generales —y en especial aquellas desde 1900— son poco fiables, tanto por la intermitencia de los datos sobre el gasto gubernamental como por la escasa institucionalidad del Ministerio de Hacienda, sin un control estricto de las estadísticas del sector.
Tal riqueza trajo efectos sobre la renta per cápita de los ecuatorianos, que prácticamente se duplicó entre 1890 y 1920. Pero, en sintonía con las políticas económicas de la época, dicho incremento no comportó una mejor distribución de la riqueza. La concentración de recursos en la Costa y de la producción en pocas empresas determinó en significativa medida su reparto zonal y social. En general, el ingreso promedio diario no habría alcanzado a cubrir las necesidades básicas, por debajo de la línea de pobreza.
La crisis llegaría tras 1918. A partir de entonces, la depresión posbélica redujo la demanda —en su mayoría estadounidense y europea—, con la consecuente caída de las exportaciones. Para 1924, la favorable coyuntura había cambiado, y la producción brasileña (11,2%) relegó al Ecuador a un segundo lugar (6,6%).
Estado liberal y plutocracia El golpe juliano fue contra el Estado liberal instaurado desde la Revolución de 1895. El desencanto social frente a la hegemonía del liberalismo oligárquico comenzará a manifestarse con nitidez durante la década de 1910. El fin del liberalismo radical y el asesinato del expresidente Eloy Alfaro (1912) y sus principales lugartenientes habían dejado paso al general Leónidas Plaza y a la sucesión de los gobiernos de Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo S. Córdova. Bajo sus mandatos continuaron prosperando la economía del cacao y un régimen monetario y financiero —iniciado con el primer patrón oro (1900-17), la suspensión de la convertibilidad (1914) y las sobreemisiones inorgánicas de billetes— a través del que entronizó su hegemonía la «bancocracia». Políticas de un «liberalismo plutocrático» que habían consolidado el predominio bancario de Guayaquil, al tiempo que marginaban los intereses de la incipiente clase trabajadora.
Perpetuados en el poder según el sistema electoral fraudulento de la época, pese a intentarlo, ni las fuerzas político-militares orgánicas ni los movimientos sociales habían logrado cambiar el rumbo del régimen liberal. El levantamiento de 1913 encabezado por Carlos Concha, luego derivado en guerra, fracasó en su intento de revivir el radicalismo; como lo haría años después, el 6 de septiembre de 1924, el acaudillado por Jacinto Jijón y Caamaño, que llamó a los conservadores a tomar las armas. Por su parte, las organizaciones socialistas apenas estaban gestándose —el partido aparecería, precisamente, durante la Revolución— y el movimiento obrero, si bien daba muestras de su vigor en una primera huelga general en noviembre de 1922, sus actos terminaron reprimidos sin miramientos, como ese mes en Guayaquil o contra los indígenas de la hacienda de Leito, en septiembre de 1923.
Asimismo, el hipotético apoyo del Ejército era cuanto menos improbable. Los altos mandos y eminentes militares, implicados y debidos a la política del régimen, eran los encargados de mantener y garantizar el orden. No en vano, el movimiento de julio prescindiría de ellos; estaría protagonizado justo por oficiales jóvenes a quienes, entre otros asuntos, los ascensos y las oportunidades de hacer carrera estaban cerrados.
Del golpe a las juntas de Gobierno (1925-26)
Golpe y organización En la tarde del 9 de julio de 1925, en Guayaquil, un grupo de jóvenes oficiales bajo el mando del mayor Idelfonso Mendoza Vera detuvo a las autoridades del Gobierno, a Francisco Urbina Jado, propietario del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, a otros representantes de la banca y a los propios jefes militares. El día 10, constituyeron una Junta Suprema Militar que ocupó el Gobierno durante seis horas. La integraban cada uno de los representantes de las unidades del Ejército, unos doce miembros: el mayor Juan Ignacio Pareja, como presidente; el teniente coronel Luis Telmo Paz y Miño; el mayor Carlos A. Guerrero; los cuatro capitanes Emilio Valdivieso, César Plaza, Enrique Rivadeneira y Julio Enrique Pareja; los tres tenientes Francisco Gallegos T., Virgilio Molina y Federico Struve (secretario); y los dos subtenientes Ángel Bonilla G. y Luis A. Sierra. A su vez, habían acordado nombrar una Junta Provisional Militar, con solo seis de los oficiales: en condición de presidente, Luis Telmo Paz y Miño; como vocales, Carlos A. Guerrero, Juan I. Pareja, Emilio Valdivieso y Ángel Bonilla; y mantendría de secretario a Federico Struve.
Pocas horas después, en Quito, el mayor Carlos Guerrero, acompañado de ocho oficiales y cincuenta soldados del Batallón Pichincha, depuso al presidente Gonzalo S. Córdova. De nuevo, los militares designaron una Junta de Gobierno provisional. A su vez, Ecuador sería gobernado por un Ejecutivo colegiado y provisional de siete miembros —cuatro por la Sierra y tres por la Costa—, con amplias facultades para reorganizar el país, cuyas sesiones presidiría un vocal director, cargo rotativo de forma semanal y sin funciones adicionales, excepto la de coordinar los plenos de la Junta. Esta forma de gobierno se mantendría en las dos juntas provisionales.
Primera Junta de Gobierno provisional (julio de 1925-enero de 1926) La primera Junta de Gobierno provisional gobernó entre el 10 de julio de 1925 y el 9 de enero de 1926. Estuvo conformada por siete miembros, cinco civiles y dos militares, que se encargarían de los diferentes ministerios: Francisco Arízaga Luque, Francisco Boloña, José Rafael Bustamante, Luis Napoleón Dillon y Pedro Pablo Garaicoa, y los generales Francisco Gómez de la Torre y Moisés Oliva (luego reemplazado por Modesto Larrea Jijón). En su proclama «A la Nación», suscrita en Quito el 17 de julio, concretaba así su programa «idealista y desinteresado»:
La Revolución obtuvo un amplio respaldo popular y obrero. Uno de los periódicos más importantes del país, el quiteño El Comercio, testimonió ese apoyo en sucesivas ediciones especiales los días 9 y 10 de julio. El socialismo, como partido naciente, fue un claro beneficiario del movimiento. Sus partidarios apoyaron al Ejército y a la Junta, pues confiaban en el «socialista» Dillon y en los oficiales «socialistas» —aunque su formación técnica proviniera de las misiones militares chilena y, en particular, italiana—. Si bien marcadas por la candente «cuestión social», las motivaciones centrales de la Liga Militar eran ante todo nacionalistas y reformistas, guiadas por su propia lógica del orden y la disciplina, a través de la que pretendían arreglar la sociedad civil.
En la Junta, tanto civiles como militares coincidieron en la necesidad de dignificar a la «raza indígena», promover al «hombre proletario» y, en definitiva, de adaptar el país al «nuevo orden de cosas», por lo que acometieron la modernización del Estado. Así, crearon un comité para revisar la Constitución, instauraron el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, contrataron a un equipo de asesores estadounidense (encabezado por Edwin Walter Kemmerer) para reformar las finanzas públicas, implantó la cédula de identificación ciudadana, sancionó la ley de descanso dominical obligatorio, reguló los alquileres de viviendas, aumentó el impuesto a las herencias y creó tribunales populares para agilitar la administración de la justicia —si bien debieron ser suspendidos por los abusos a que dieron lugar—.
Reforma educativa Las políticas educativas fueron igualmente intensas. El 30 de julio, reorganizaron el ministerio encargado, que pasó a denominarse «de Instrucción Pública, Bellas Artes y Teatros», con tres secciones: de instrucción primaria, edificación y estadísticas escolares; de universidades, colegios, observatorio astronómico y biblioteca nacional; y la de bellas artes, conservatorio nacional de música, escuela de artes y oficios, e institutos normales. A lo largo de agosto, establecieron escuelas de Industria y Oficios para mujeres en cada cantón capital de provincia, sostenidas por la respectiva municipalidad. Ya en noviembre, crearon una Comisión Técnica Revisora de la Enseñanza Primaria en Quito, sobre reglamentos, planes y programas de estudio; no sin antes expedir, en octubre, la Ley Orgánica de Enseñanza Secundaria.