miniaturadeimagen|350x350px|Países que han sancionado a Venezuela durante la crisis.
|alt= Varias sanciones durante la crisis en Venezuela han sido aplicadas contra individuos por la comunidad internacional durante la dictadura de Nicolás Maduro como respuesta a la represión de las protestas en Venezuela de 2014, las protestas de 2017 y las protestas de 2019, 2020 y 2024, así como también las acusaciones de imposición desde el ejecutivo de una Asamblea Constituyente (ANC) controlado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para usurpar las atribuciones, competencias, funciones y potestad legislativa de la Asamblea Nacional de Venezuela, y la celebración anticipada de las calificadas como ilegítimas elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las elecciones parlamentarias por parte de la ANC. Los emisores de las sanciones han sido la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Canadá, Panamá y otros países latinoamericanos. Las sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, el Consejo Moral Republicano (integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo) y Fidel Ernesto Vásquez quien era Secretario General de la disuelta ANC, miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad y empresas privadas acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, degradación del Estado de derecho y represión de la democracia. En 2017 Venezuela pasaba por una hiperinflación; el Banco Central dejó de informar desde 2016 las variables económicas, el país sufría una recesión económica desde el 2014 y los indicadores de riesgo-país subieron, cayeron en default más adelante.
Para marzo de 2018, la oficina de Washington para Latinoamérica declaró que 78 venezolanos asociados con Maduro habían sido sancionados por diversos países. En abril de 2019, los Estados Unidos sancionó a más de 150 empresas, embarcaciones e individuos, además de revocar las visas de 718 individuos asociados con Maduro.
Las sanciones incluyeron el congelamiento de las cuentas y bienes de los individuos, la prohibición de transacciones con los mismos, confiscación de bienes, embargos de armas y prohibiciones de viaje. David Smolansky ha declarado que las sanciones se enfocaban en Maduro y en las élites del chavismo, mientras que tenían poco impacto en los venezolanos promedio, y The Washington Post describió que las carencias en Venezuela preceden desde hace mucho, que las sanciones de Estados Unidos impuestas recientemente.
Durante la crisis presidencial de Venezuela, Estados Unidos y la Unión Europea aplicaron sanciones adicionales a las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca. Un reporte de las Naciones Unidas reporta que a pesar de que las nuevas sanciones podían empeorar la crisis en Venezuela, "la crisis socioeconómica llevaba varios años desarrollándose previo a la imposición de las sanciones".
En abril de 2019, Human Rights Watch y la Facultad de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg publicaron un reporte conjunto observando que las sanciones iniciales no estaban dirigidas a la economía venezolana de ninguna manera, agregando que las sanciones impuestas en 2019 podían empeorar la situación, pero que "la crisis las precedía".
Después de las sanciones, Venezuela ha seguido enviando dinero a países aliados, pagando la deuda de San Vicente y las Granadinas con Petrocaribe en 2022. Venezuela también ha continuado exportando petróleo a Cuba, al igual que sardinas, cuya exportación desde Venezuela está prohibida desde 2017 por el Ministerio de Pesca y Acuicultura de Venezuela.
Antecedentes 2008 El 12 de septiembre de 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que el exministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y el director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal, y Henry Rangel Silva pudiesen tener bajo jurisdicción estadounidense, declarando la existencia de evidencias de que apoyaron materialmente a las FARC en sus actividades de narcotráfico.
La Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela (S. 2142) (en inglés, Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014) es una ley aprobada en Estados Unidos y usada para imponer sanciones específicas a determinados individuos en Venezuela que fueron responsables, según el gobierno de Estados Unidos, de violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014 en dicho país.
2014 miniaturadeimagen|El senador estadounidense Marco Rubio habla sobre las protestas en Venezuela de 2014, la respuesta del gobierno, y pide establecer sanciones contra funcionarios gubernamentales, 27 de marzo de 2014. El proyecto fue presentado por el senador demócrata Robert Menendez y el republicano Marco Rubio el 13 de marzo de 2014. Fue entonces aprobada por el Senado el 7 de diciembre de 2014 y posteriormente aprobado por la Cámara el 10 de diciembre de 2014 donde posteriormente se convirtió en ley por el presidente Barack Obama. El 18 de diciembre de 2014, el presidente Obama aprobó y firmó la ley 113-278 denominada Defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil en Venezuela.
La nueva ley aprobada por el parlamento de EE UU permite congelar los activos y bienes en territorio estadounidense de alrededor de medio centenar de altos cargos venezolanos señalados como responsables de la represión de las protestas, el arresto o enjuiciamiento de los manifestantes. Nicolás Maduro, por su parte, ha advertido a Washington de que, de aprobar las sanciones, los responsables estadounidenses “van a salir muy mal parados”.
Sanciones políticas Estados Unidos
2015 El 2 de febrero de 2015, el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso restricciones personales de visado a varios funcionarios venezolanos que fueron vinculados a violaciones de los derechos humanos y corrupción política. Las restricciones de visados también incluyen a los familiares de las personas involucradas en los alegatos, con el Departamento de Estado diciendo: "Estamos enviando un mensaje claro de que los violadores de derechos humanos, quienes se benefician de la corrupción pública y sus familias no son bienvenidos en los Estados Unidos".
El 8 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama dio la Orden Ejecutiva 13692, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para congelar los bienes y activos de siete funcionarios: General (GNB) Antonio José Benavides Torres, director general del SEBIN Gustavo Enrique González López, Cmte. General (GNB), Fidel Ernesto Vásquez, Secretario General de la ANC, José Noguera Pietri, Fiscal del Ministerio Público Katherine Nayarith Haringhton Padrón, director de la Policía Nacional Bolivariana Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director del SEBIN y jefe de la 31 Brigada blindada Manuel Gregorio Bernal Martínez y el inspector general de la FANB Miguel Alcides Vivas Landino. Roberta S. Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, comentó que las sanciones «no eran para dañar a los venezolanos o al Gobierno venezolano en su conjunto». Los alegatos para las sanciones contra funcionarios venezolanos, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos recogen delitos: «La erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa» y se aclaró que las sanciones no van dirigidas al país o población en general, sino «de forma específica contra "individuos" de ese país que están atentando gravemente contra los derechos humanos y las libertades de la población». Gustavo González López, director general del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (SEBIN), fue uno de los siete funcionarios que recibieron sanciones específicas; tras el anuncio de sanciones, González López fue promovido Ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz por el presidente Nicolás Maduro, quien declaró: "He decidido nombrar al Mayor General González López Ministro de Interior, Justicia y Paz para ir con su premio del imperio americano para asegurar la paz en el país, la seguridad ciudadana y nacional". Posteriormente regresó a su cargo como director general del SEBIN.
2016 Se instala la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero con la juramentación de 112 parlamentarios opositores, el 7 de enero el TSJ declara en desacato a la Asamblea Nacional luego que la directiva de la Asamblea juramenta a los tres diputados sancionados por la sala electoral. El 21 de enero el TSJ aprueba el Decreto de Estado de Emergencia para que Nicolás Maduro gobierne el país y el presidente de la Sala Constitucional del TSJ Juan José Mendoza leyó el documento donde se declara que la AN "no tiene junta directiva válida" y por lo tanto el TSJ declara «actos "nulos de toda nulidad" durante todo el periodo 2016-2017.
2017 El 13 de febrero es sancionado el vicepresidente Tareck El Aissami por el gobierno de EE. UU. por su presunta participación en lavado de dinero y narcotráfico. El Tesoro estadounidense aseguró que El Aissami facilitó embarques de más de 1,000 kilos de droga desde Venezuela a México y EE. UU. También fue sancionado el empresario venezolano Samark José López Bello considerado el “testaferro” de El Aissami. Fueron sancionado 13 compañías que tienen sede en EE UU, Panamá, Reino Unido, Venezuela y las islas Vírgenes Británicas. Fuentes del Gobierno estadounidense dijeron que se estima que los bienes de los sancionados en EE UU, especialmente en la zona de Miami, ascienden a “decenas de millones de dólares”.
En asuntos internos el 30 de marzo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela mediante sentencia 156 decide asumir las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional "mientras esta institución se mantenga en desacato". La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció en el acto de presentación del informe anual de gestión del Ministerio Público criticó las sentencias 156 SC-TSJ emitidas, expresando que las mismas comprometían el Estado de derecho en el país y que rompían el orden constitucional, al quitarle todas las competencias de la Asamblea Nacional.
El 19 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a Maikel Moreno junto a los siete miembros de la Sala Constitucional por considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional y que permitieron al presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia. Entre las sanciones estuvieron la congelación de todos los bienes que los sancionados podían tener en Estados Unidos, la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos y la prohibición de entrada al país.
El 16 de julio el presidente Donald Trump amenazó aplicar sanciones económicas si el gobierno continuaba intentando implementar la Asamblea Constituyente, afirmando que «el pueblo volvió a dejar claro que apoya la democracia, la libertad y el estado de derecho» en referencia a la consulta nacional del 16 de julio.