El intento de golpe de estado en Guinea Ecuatorial de 2017 fue un intento de golpe de Estado perpetrado en Guinea Ecuatorial a finales de diciembre de 2017, con el propósito de derrocar al presidente Teodoro Obiang Nguema. En la intentona golpista fueron involucrados un gran número de opositores políticos, tanto de la oposición afincada en el país como de la establecida en el exilio; militarmente fue además llevada a cabo por mercenarios extranjeros.

Gran parte de la oposición ecuatoguineana defiende la hipótesis de que la operación en realidad se habría tratado de un autogolpe orquestado por el propio gobierno para potenciar el poder del régimen de Obiang, siendo esto motivo de debate. Antecedentes En noviembre de 2017 se celebraron en Guinea Ecuatorial unas elecciones legislativas en donde triunfó el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial del presidente Teodoro Obiang Nguema. El proceso se vio empañado por denuncias de fraude electoral y hostigamientos a los partidos políticos de la oposición, especialmente a Ciudadanos por la Innovación (CI), liderado por Gabriel Nsé Obiang. Dicho partido no reconoció los resultados electorales y presentó un recurso ante los tribunales de justicia, en el que se pidió la anulación de los resultados y la repetición de los comicios.

Tras presentar el recurso, CI afirmó haber sufrido detenciones arbitrarias y amenazas por parte del régimen ecuatoguineano. Desarrollo del intento de golpe A fines de diciembre, las autoridades ecuatoguineanas aseguraron haber abortado un intento de golpe de Estado perpetrado por mercenarios cameruneses, chadianos y centroafricanos y supuestamente instigado por CI y su líder Gabriel Nsé Obiang, además del partido opositor en el exilio Coalición CORED. Desde el plano militar, el líder del golpe habría sido el general chadiano Mahamat Kodo Bani, quien confesó haber firmado un contrato por 5000 millones de francos CFA con políticos guineanos de la oposición. El golpe habría comenzado en la localidad camerunesa de Kye-Ossi, localizada en la frontera entre Camerún y Guinea Ecuatorial. Una cincuentena de mercenarios armados fueron detenidos allí y la frontera fue cerrada por órdenes del gobierno ecuatoguineano. Según la versión oficial del gobierno, el objetivo de los mercenarios era asesinar a Obiang y a su familia. El gobierno chadiano, bajo el presidente Idriss Déby, negó cualquier tipo de participación en los hechos.

El proceso de preparación del intento de golpe inició en septiembre de 2017, cuando Kodo Bani comenzó a reclutar mercenarios en su país natal. Otro militar chadiano, Hamed Yalo, también comenzó a reclutar mercenarios y se juntó con el exmilitar guineano Laban Obama Abesso, participante del Golpe de Libertad en 1979 que desertó del Ejército de Guinea Ecuatorial en 1983 tras volverse opositor a Obiang, tras lo cual se había exiliado en los Estados Unidos. Ambos militares organizaron un contingente de mercenarios chadianos, centroafricanos, ecuatoguineanos y cameruneses, situándose en la localidad fronteriza de Kye-Ossi entre Camerún y Guinea Ecuatorial. Estos movimientos fueron detectados por las autoridades camerunesas, quienes decidieron no actuar inmediatamente y someter al grupo a vigilancia.

Como siguiente paso, los golpistas comenzaron la internación de armamento en Guinea Ecuatorial y un grupo de golpistas se estableció allí. Al terminarse este proceso, los dos grupos originales (el de Kodo Bani y el de Yalo) se juntaron y se programó el ataque para el 28 de diciembre. En esos días, el presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema se encontraba en el Palacio de Cohete en Mongomo para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, el 23 de diciembre el gobierno camerunés decide informar a las autoridades ecuatoguineanas de sus hallazgos. En los dos días siguientes, el ejército guineano llevó adelante una operación de rastreo en las ciudades de Mongomo y Ebebiyín (esta última se encuentra al frente de Key-Ossi). En ese momento se comienzan a producir las primeras capturas de mercenarios y armamento. El grupo afincado en Kye-Ossi no tuvo conocimiento de aquello y durante la noche del 27 al 28 de diciembre se dispuso a cruzar la frontera entre Camerún y Guinea Ecuatorial. No obstante, el ejército camerunés (en el marco de un operativo coordinado con las autoridades guineanas) consigue interceptar y detener al contingente. Kodo Bani logró huir, siendo de todas formas detenido dos días después en Douala.

En los días siguientes, se practicaron numerosas detenciones en Malabo, Bata, Ebebiyín y Mongomo. La comunidad chadiana residente en Guinea Ecuatorial se vio especialmente afectada, al ser muchos de ellos asociados al golpe.

El gobierno de República Centroafricana también fue relacionado con el golpe, dado que Yalo es hermano de Sani Yalo, un rico empresario muy cercano al Presidente Faustin-Archange Touadéra. El empresario respondió a estas acusaciones, defendiendo que no se podía involucrar a la totalidad de la familia Yalo por las acciones cometidas por su hermano. El gobierno ecuatoguineano pidió su detención, lo cual aún no ha sido concretado por la justicia centroafricana por falta de pruebas.

Reacciones y consecuencias CI rechazó absolutamente la acusación en su contra argumentando que todo era un montaje del gobierno. Aun así, el ejército ecuatoguineano rodeó las sedes del partido confinado en su interior a varias personas y muchos de sus militantes (más de 200 personas) fueron detenidos y torturados. El único diputado electo de CI, Jesús Mitogo Oyono Andeme, fue encarcelado en la Prisión Playa Negra. Las Naciones Unidas enviaron un representante especial del Secretario General de Naciones Unidas António Guterres a la ciudad de Malabo para entrevistarse con las autoridades del país. CI pidió que aquel representante también se entrevistara con la oposición asediada. El representante, François Lounceny Fall, llegó a Malabo el 8 de enero y se entrevistó con el presidente Obiang. Ese mismo día, la sede de CI dejó de ser asediada por elementos de las Fuerzas Armadas, (aunque no fueron liberados los militantes detenidos) posiblemente al descubrirse que los verdaderos involucrados eran personas ligadas al gobierno. Según el conocido abogado Ponciano Mbomio, personas "cercanas al Presidente" financiaron a los mercenarios. Esta tesis fue también compartida por sectores de la oposición en el exilio. Familiares del presidente acusaron a la primera dama Constancia Mangue y al vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue de haber organizado el golpe, mientras que este último aludido llevó adelante una purga contra sus enemigos políticos al interior del gobierno. Por su parte, el Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio declaró que todo se trataba de un autogolpe para consolidar el poder de la dictadura. Según el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Agapito Mba Mokuy, la intentona se habría preparado en territorio francés. Producto de esto, el gobierno calificó a la intentona golpista como un acto de terrorismo internacional. Obiang aseveró que el golpe había sido financiado en el país galo, y pidió al gobierno francés investigar los hechos. El embajador ecuatoguineano en Francia Miguel Oyono Ndong Ntutumu pidió asistencia judicial francesa el 31 de enero. A finales de enero, Obiang cesó a cuatro funcionarios del gobierno sospechosos de haber participado en el golpe, incluyendo al Embajador guineano en Chad.

El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y el embajador de Guinea Ecuatorial en Naciones Unidas Anatolio Ndong Mba condenaron la supuesta intentona golpista. Ndong Mba también se reunió con Antonio Guterres, quien envió un mensaje escrito a Obiang. El 23 de enero, el embajador ecuatoguineano en Bruselas, Carmelo Nvono-Ncà, se reunió con funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAC) para tratar el asunto del golpe en la Unión Europea. Dos días después se reunió con Nuno Brito, embajador de Portugal ante la UE. El 26 de enero se reunió con los representantes españoles en el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea, Manuel Acerete y María Lledó. El 29 de enero, Teodorín Nguema Obiang pronunció un discurso durante una cumbre de la Unión Africana, donde volvió a condenar el golpe. El 1 de febrero, Obiang se reunió con el embajador de España en Guinea Ecuatorial, Guillermo López, quien condenó el golpe. Por otro lado, la portavoz del Servicio Exterior de la Unión Europea Catherine Ray denunció un fuerte deterioro de los derechos humanos en el país.

En vísperas de la constitución del nuevo parlamento, CI aseguró que no se integraría a las instituciones hasta que se regularizara la situación de sus detenidos y su único diputado fuese liberado. El partido denunció que la noche del 13 de enero uno de sus militantes murió producto de las torturas de las que fue víctima en prisión. Pocos días después también se denunció un intento de asesinato al chofer de Nsé Obiang. En una entrevista concedida aquellos días a medios de comunicación franceses, Obiang aseguró que la muerte del militante de CI se había producido por enfermedad, pero la oposición respondió publicando fotografías de las torturas. El fiscal general de la República David Nguema Ondó respaldó, por su parte, la versión de Obiang. El fallecido, Santiago Ebee Elà, fue enterrado el 18 de enero en el Cementerio de Malabo, en presencia de personalidades de la oposición como Gabriel Nse Obiang y Andrés Esono Ondó. El gobierno español expresó su consternación por la muerte del opositor y exigió al gobierno guineano llevar adelante una investigación. A esta petición se sumó también el opositor PSOE. El Bloco de Esquerda portugués presentó un voto de condena en la Asamblea de la República relativo a la situación de Guinea Ecuatorial, el cual fue aprobado por el parlamento. La Asamblea también condenó unánimemente la muerte de Ebee Elà. El ministro de Asuntos Exteriores portugués Augusto Santos Silva pidió que las investigaciones relativas al golpe de Estado se realizaran en el marco de un estado de derecho. La Unión Europea exigió que la muerte del opositor se investigara sin demora.http://www.asodeguesegundaetapa.org/la-ue-pide-a-guinea-ecuatorial-que-investigue-sin-demora-la-muerte-de-un-opositor-agencia-efe/ CI agradeció públicamente la preocupación del gobierno español, pero exigió que la investigación se llevara a cabo de forma imparcial, al tiempo que continuó denunciando los malos tratos a sus militantes detenidos. El abogado de los presos, Fabián Nsue, declaró que las condiciones en las que vivían habían mejorado y se les permitía acceso a necesidades básicas, habiendo también cesado los maltratos. Sin embargo, se denunció que no podían recibir visitas. El 23 de enero, Nse Obiang se reunió con una delegación de Naciones Unidas. Su partido denunció amenazas de muerte a su persona y su familia. Andrés Esono de la CPDS también sostuvo una reunión con representantes de la ONU. Por otro lado, el embajador ecuatoguineano ante la CPLP Tito Mba Ada se reunió con la secretaria ejecutiva de la CPLP Maria do Carmo Silveira para tratar el tema del golpe. Meses después, la CPLP elaboró un manifiesto oficial de condena a los hechos.

Las dos cámaras del Parlamento (la Cámara de los Diputados y el Senado) se constituyeron el 12 de enero de 2018, dando comienzo a una nueva legislatura. Gaudencio Mohaba Mesu fue reelegido como Presidente de la Cámara de los Diputados y Teresa Efua Asangono como presidenta del Senado. El diputado de CI Jesús Mitogo Oyono, al estar aún encarcelado, no pudo jurar su cargo.

A mediados de enero, el gobierno convocó varias manifestaciones masivas de condena al golpe. El Ministerio de la Seguridad Nacional emitió un comunicado pidiendo que terminaran los abusos cometidos tras el intento de golpe hacia los chadianos y centroafricanos residentes en el país.