El segundo proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski fue una acción iniciada en marzo de 2018 por el Congreso de la República del Perú con la finalidad de declarar la «permanente incapacidad moral» del presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que generaría la vacancia de la Presidencia de la República. Este caso sigue al primer proceso de vacancia que se llevó a cabo en diciembre de 2017 y que no logró la remoción del presidente por no alcanzarse el mínimo número de votos requerido por ley (87), quedando por tanto rechazada.
El segundo proceso de vacancia se gestó como una iniciativa de las agrupaciones de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio, aunque fue el respaldo de la agrupación opositora Fuerza Popular (que gozaba de mayoría en el congreso) el determinante para que la moción alcanzara el número adhesiones necesarias (26 congresistas) para poder ser presentada.
El 15 de marzo, el Congreso peruano admitió la moción con 87 votos a favor. Pero el debate y la votación en el Congreso para definir la vacancia, programado para el 22 de marzo, no se llegó a realizar debido a la renuncia de Kuczynski, luego de que los fujimoristas dieran a la luz unos videos y audios en donde se mostraba que operadores del Gobierno, incluyendo un ministro de Estado, negociaban con el legislador de Fuerza Popular Moisés Mamani con el objetivo de comprar su voto en contra de la vacancia a cambio de obras para su región.
Entorno jurídico
La vigente Constitución de 1993 establece en su artículo 113° que la Presidencia de la República vaca por:
1. Muerte del Presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117.º de la Constitución.
Con relación a la vacancia por la causal de «permanente incapacidad moral o física», hasta el año 2004 no existía un procedimiento que estableciera claramente el modo de aplicación del artículo constitucional correspondiente, razón por la cual la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0006-2003-AI/TC fijó como criterio que la destitución del presidente de la república solo podría ser aprobada con una votación calificada de cuando menos los dos tercios del número legal de congresistas, exhortando al Congreso a legislar sobre la materia a fin de llenar el vacío legal hasta entonces existente. En atención a ello, mediante Resolución Legislativa del Congreso N° 030-2003-CR se introdujo en el Reglamento del Congreso el artículo 89-A que reguló tal procedimiento en los siguientes términos:
De esta manera, quedó establecido que la votación calificada necesaria para poder vacar el cargo de presidente de la república, debe alcanzar un mínimo de 87 votos, que corresponde a los dos tercios del número legal de congresistas, considerando que en el congreso peruano el número legal de sus miembros asciende a 130.
Cabe señalar que, si bien la Constitución es clara al señalar la «permanente incapacidad moral o física» como causal de vacancia presidencial, por otro lado la propia Constitución señala también en su artículo 117° que el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Este artículo fue invocado por el abogado del presidente Kuczynski durante su alegato de defensa ante el Congreso al afrontar el primer pedido de vacancia en 2017.
Proceso de vacancia
Justificación del pedido de vacancia Durante el primer pedido de vacancia por «incapacidad moral permanente», los congresistas promotores señalaron como sustento el hecho de que Kuczynski hubiera mentido constantemente, negando su vínculo laboral con la organización Odebrecht, pese a que un informe de la misma empresa, dado a conocer el 13 de diciembre de 2017, aseguraba que las empresas de consultoría vinculadas con Kuczynski (una, Westfield Capital, que era su empresa unipersonal, y la otra First Capital, aunque perteneciente a su socio chileno Jorge Sepúlveda, pero muy relacionada con él) habían recibido pagos de la empresa brasileña por servicios de asesoría, incluso cuando Kuczynski había sido ministro de Estado entre 2004 y 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo, lo cual evidenciaría un conflicto de intereses.
Fracasado el primer intento de vacancia, la bancada izquierdista de Frente Amplio planteó en enero de 2018 un nuevo pedido de vacancia, teniendo como nuevo causal el indulto a Alberto Fujimori, que supuestamente habría sido negociado y otorgado de manera ilegal. Ello no prosperó, ante la falta de apoyo de los fujimoristas de Fuerza Popular, cuyos votos eran necesarios por tratarse de la bancada mayoritaria. Bajo esa experiencia, las bancadas izquierdistas de Frente Amplio y Nuevo Perú se unieron para promover otra moción de vacancia, concentrándose exclusivamente en el caso Odebrecht, aduciendo que se habían descubierto nuevos indicios de corrupción y conflicto de interés de parte de Kuczynski cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo, indicios que los partidarios del gobierno achacaron que solo se respaldaban con investigaciones periodísticas.
Presentación de la moción de vacancia + Firmantes de la moción de vacancia presidencial Grupo parlamentario Legisladores 22px Nuevo Perú Richard Arce (Apurímac) Mario Canzio (Junín) Manuel Dammert (Lima) Marisa Glave (Lima) Indira Huilca (Lima) Edgar Ochoa (Cusco) Oracio Pacori (Puno) Tania Pariona (Ayacucho) Alberto Quintanilla (Puno) Horacio Zeballos (Arequipa) 22px Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad Justiniano Apaza (Arequipa)Marco Arana (Cajamarca)Jorge Castro (Tacna) Hernando Cevallos (Piura) Edilberto Curro (Puno) María Elena Foronda (Áncash) Humberto Morales (Ayacucho) Zacarías Lapa (Huancavelica) Wilbert Rozas (Cusco) Rogelio Tucto (Huánuco) 22px Fuerza Popular Gladys Andrade (Lima Provincias)Nelly Cuadros (Cusco)Carlos Domínguez (Áncash) Luis López (Piura) Roy Ventura (Pasco) 22px Alianza para el Progreso César Villanueva (San Martín)Edwin Donayre (Lima) 22px Célula parlamentaria Aprista Mauricio Mulder (Lima) No agrupados Julio Rosas (Lima)Yeni Vilcatoma (Lima) El nuevo impulso a la moción de vacancia partió, pues, por iniciativa de la agrupación de izquierda Frente Amplio, a la que se sumó la bancada de Nuevo Perú; sin embargo, la moción solo se hizo viable una vez que la agrupación Fuerza Popular (de mayoría en el Congreso) se plegó en respaldo a dicha moción, garantizando así el mínimo de adhesiones requerido (26 congresistas). La moción fue presentada ante el Congreso el 8 de marzo de 2018. Para su admisión por parte del pleno del Congreso, se requería un mínimo de 52 votos.
El promotor de la segunda vacancia miniaturadeimagen|izquierda|180px|César Villanueva, congresista por Alianza para el Progreso, fue el principal promotor del segundo proceso de vacancia. Si bien los votos fujimoristas e izquierdistas fueron los que mayoritariamente pusieron en marcha el segundo proceso de vacancia, el principal promotor y cabeza notoria del proceso fue el congresista César Villanueva, de Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña. Ello llamó la atención, pues durante el primer proceso de vacancia, Villanueva se había mostrado contrario a la misma y se había abstenido de votar. Al ser interrogado por la prensa de que su extraño viraje podría deberse a algún entendimiento con el primer vicepresidente Martín Vizcarra para asumir un cargo importante a futuro, en caso de producirse la vacancia de PPK, Villanueva negó que él o su bancada hubieran negociado algo semejante.
Críticas al proceso de vacancia y calificación de golpe de Estado
La Segunda Vicepresidenta de la República Mercedes Aráoz consideró como un "golpe de Estado" la intención de destituir al Presidente, señalando que “[en el gobierno] hemos sido confiados en que podíamos trabajar con un Parlamento que jugaba por los intereses del país. Quizás nuestra peor culpa es esa, confiar en los políticos que tienen intereses individuales”. En el mismo sentido se pronunció el abogado defensor del presidente, Alberto Borea, quien señaló que “los vicepresidentes de la República no pueden ser usados como fantoches o pretexto para avalar un golpe de Estado. Por lo tanto, si hay una violación constitucional, el vicepresidente de la República no está en la obligación de asumir la carga presidencial”.
Por su parte la ex lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, criticó el intento de destituir al presidente señalando que "estamos viendo una especie de revocatoria presidencial que no existe como figura. La Constitución no autoriza a los parlamentarios a revocar al presidente elegido (...) Me parece que hay una desnaturalización [de la Constitución]".
Aprobación en el Congreso de la moción para el inicio del proceso de vacancia
El 15 de marzo de 2018 se sometió a debate la admisión de la moción de vacancia en el pleno del Congreso, a cuyo término el pleno del congreso procedió a votar la moción obteniéndose 87 votos a favor de iniciar el proceso de vacancia, 15 votos en contra y 15 abstenciones. La moción recibió el respaldo de todas las bancadas, a excepción de la oficialista Peruanos por el Kambio (que votó en contra) y de los congresistas no agrupados, entre ellos, los tres ex oficialistas y el bloque de Kenji Fujimori (que se abstuvieron). Estos últimos, llamados los avengers (10 en total), era una facción disidente del fujimorismo, que también se había abstenido de votar por la vacancia durante el primer proceso. La Junta de Portavoces programó el debate del pedido de vacancia presidencial para el jueves 22 de marzo, fecha en la que el presidente debía ejercer su derecho de defensa.
Se necesitaba para aprobar la vacancia 87 votos, coincidentemente el mismo número de los que habían votado por la admisión de la moción. Sin embargo, ello no constituía una premonición de lo que podría ocurrir en la votación del 22 de marzo, ya que varios legisladores habían votado solo a favor de realizar el proceso, dejando al final del mismo su decisión final, luego de escuchar la defensa de PPK. Se preveía que la votación estaría muy ajustada y que se decidiría con poquísimos votos, incluso hasta por un voto; corrió el rumor que el gobierno estaba comprando congresistas para que se abstuvieran de votar a favor de la vacancia.
Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) miniaturadeimagen|derecha|250px|La empresa Odebrecht entregó dinero a (Westfield Capital) empresa unipersonal de PPK durante el gobierno de Alejandro Toledo.