thumb|400px|Marcha en Bariloche en protesta por la represión realizada por la Prefectura Naval Argentina contra la lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en la que las fuerzas de seguridad dispararon matando a Rafael Nahuel e hiriendo a otras dos personas.
La causa de Rafael Nahuel y los mapuches del lago Mascardi hace referencia a una causa judicial en la que fue asesinado el joven Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017. La causa está caratulada como «homicidio agravado» y se encuentran acusados el prefecto Francisco Javier Pintos. El asesinato se produjo en el marco de una serie de hechos de violencia sucedidos en Argentina entre el 23 y 25 de noviembre de 2017, en los que durante la represión en el marco de un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, fue muerto de un disparo por la espalda del Cabo Primero Francisco Javier Pintos, el joven mapuche Rafael Nahuel, resultaron heridas otras dos personas (una mujer y un varón) también por armas de fuego, y fueron detenidas varias otras, incluyendo cinco niños. Los episodios se produjeron en el marco del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la zona del lago Mascardi, en la provincia de Río Negro, dispuesto por el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva y ejecutado por la Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.
Contexto
Desde la conquista europea, los pueblos indígenas han considerado ilegítima la ocupación de sus tierras ancestrales. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, el Estado argentino no reconoció la personería jurídica de los pueblos indígenas, ni derechos sobre esas tierras. Tampoco eran censados como tales, con excepción del Censo Indígena ordenado en 1965 por el presidente Arturo Illia. Entre 1989 y 1992 se fortalecen en toda América Latina diversos movimientos de reivindicación indígena, teniendo como hito la denuncia del quinto centenario de la llegada de Colón a América y contraponiendo a la «celebración», los «quinientos años de resistencia indígena». En 1994 el Estado argentino modificó considerablemente su postura y reconoció por primera vez los derechos indígenas al reformar la Constitución Nacional en 1994 (artículo 75, inciso 17), entre ellos «la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan», prohibiendo su enajenación:
El marco normativo de los derechos indígenas se completó con la ratificación del Convenio n.º 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la ley 24.071 (2000), la inclusión en el Censo Nacional a partir de 2004, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y el nuevo Código Civil y Comercial (2015), regulando la propiedad indígena de la tierra. En la provincia de Río Negro desde el año 1989 las comunidades mapuche comenzaron a organizarse para reclamar por tierras ante los conflictos constantes fue así como se creó el Consejo Asesor Indígena, llegando a consolidar una organización CODECI reconocida gubernamentalmente mediante ley provincial con una instancia de parlamento anual que cuenta con una Coordinadora del Parlamento mapuche.
El conflicto desatado alrededor de las tierras ancestrales indígenas, está estrechamente vinculado a los intereses económicos relacionados con la megaminería (especialmente en la zona cordillerana) y la explotación de los yacimientos petrolíferos. En 2006 se sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena n.º 26.160, que suspendió los desalojos de tierras indígenas con el fin de realizar el relevamiento catastral de las tierras ancestrales, paso previo para formalizar los títulos de propiedad comunitaria.
El conflicto se agudizó en 2017 debido a la perspectiva de vencimiento del plazo de suspensión de los desalojos el 23 de noviembre de 2017, pese a que solo se había completado el relevamiento catastral en un 30 % (459 de las 1532 comunidades indígenas identificadas). Entre las provincias que no habían finalizado el relevamiento, se encuentran las provincias de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Organizaciones indígenas, de derechos humanos y partidos políticos habían reclamado la prórroga de la ley, para evitar que el conflicto territorial ingrese en una situación de descontrol. Presionado por la demora en completar el relevamiento de los territorios indígenas, el Congreso comenzó en septiembre de 2017 a tratar una nueva prórroga de la Ley 26.094, esta vez hasta junio de 2020.
El pueblo mapuche
miniatura|400px|La Conquista del Desierto, cuadro de Juan Manuel Blanes. miniatura|300px|Mapa del área en que existen comunidades mapuches en la Argentina. Fuente: diario La Nación con base en datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, 2017.
El pueblo mapuche enfrentó históricamente los intentos de conquista de las tierras en que habitaba por parte del Imperio español primero, y de Argentina y Chile, a partir de su independencia a comienzos del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, ambos países llevaron adelante sendas guerras contra el pueblo mapuche, mediante las que ocuparon las tierras hasta entonces controladas por los mapuches. Estas guerras son conocidas como la Conquista del Desierto en Argentina, y la Pacificación de La Araucanía en Chile.
Las comunidades mapuches contemporáneas han reivindicado la propiedad ancestral sobre distintos territorios que históricamente pertenecieron a sus antepasados, tanto en la Argentina como en la vecina Chile.
En Argentina, sus mayores éxitos se alcanzaron en la provincia del Neuquén, donde les fueron reconocidos numerosos territorios («reservas»), la mayoría de ellos en el área del Camino de los Siete Lagos. •
En las vecinas provincias de Río Negro y Chubut, en cambio, el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras ha sido menor, dando lugar a una serie de conflictos de baja intensidad, orientados a que los estados nacional y provincial reconozcan sus derechos territoriales constitucionales, especialmente sobre áreas ocupadas por parques nacionales y grandes latifundios.
Antecedentes inmediatos
El 10 de noviembre de 2017, el lof Lafken Winkul Mapu en una zona cercana a Villa Mascardi que integraba el parque nacional Nahuel Huapi.
La versión oficial relató que "De inmediato el gobierno nacional y la comunidad mapuche, iniciaron una negociación con el fin de alcanzar una solución". La misión gubernamental estuvo liderada por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, bajo órdenes del ministro de Justicia Germán Garavano. En las negociaciones participaron también el director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Nicolás Torres, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén y el obispo de Bariloche Juan José Chaparro. La reuniones se realizaron en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en Bariloche. El martes 21 de noviembre se alcanzó un principio de acuerdo, por el que la comunidad mapuche instalada en el parque nacional se trasladaría a terrenos que les entregaría el Estado nacional fuera de dicho parque. Al día siguiente, mientras se realizaban reuniones entre las distintas partes involucradas, la fiscalía de Bariloche y el juez federal de la ciudad Guillermo Villanueva ordenaron el desalojo.
Sin embargo las actas que se ven en el expediente relatan que fue recién después del 25/11 que varias organizaciones sociales, políticas y comunidades mapuches lograron un principio de diálogo con algunas autoridades del gobierno nacional de la cual tras la denuncia penal de Damian Mujica intendente del parque nacional Nahuel Huapi y la represión de 23/11
El 23 de noviembre, más de 300 agentes federales, pertenecientes a la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, realizaron un violento desalojo del lugar. Durante el mismo, detuvieron a 5 mujeres y 4 menores, incluido un niño de 1 año, que fueron liberados recién al otro día. Las mujeres denunciaron que los oficiales ingresaron violentamente al predio, disparando a mansalva y que «a los chicos les tiraron gases lacrimógenos». Además afirmaron que a una menor que "gritaba en mapudungum ... le hicieron comer tierra... para hacerla callar...". Desde dicho día, la presencia de las fuerzas federales fue ininterrumpida en el lugar.
Hechos
El 25 de noviembre, el mismo día que se realizaba en la localidad de 25 de mayo provincia de Buenos Aires el sepelio de Santiago Maldonado, un activista que murió por ahogamiento en medio de un operativo de represión el 1 de agosto de ese año, las fuerzas federales se movilizaron más de 4 km desde el lugar que determinaba el operativo preventivo y culminaron en una balacera contra un grupo de personas mapuche que se encontraban en la montaña. En este contexto, el grupo Albatros de la Prefectura reprimió con balas de goma y de plomo a los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu. En esta represión, Rafael Nahuel fue herido por una bala del mismo calibre que las utilizadas por las fuerzas federales (9 mm), el proyectil ingresó por la nalga «de abajo hacia arriba y que quedó alojado dentro del cuerpo». También resultaron heridas de bala otras dos personas, Johana Colhuan, que fue herida en el hombro, y un hombre cuya identidad no fue revelada.
La represión empezó el jueves, cuando ingresaron al territorio, de madrugada. Empezaron a agarrar a mujeres y a los niños, persiguiendolos por todo el monte, la tarea estuvo a cargo del grupo especial Albatros, de Prefectura. El jueves por la madrugada, a eso de las 5, empezó el desalojo. A las mujeres que se quedaron allá arriba les pegaron, y a los nenes les tiraron gas pimienta en los ojos.Según el testimonio de los presentes fueron seguidos con drones, con linternas. Los efectivos del grupo Albatros estaban con la cara pintada, camuflados, y arrastrándose por el suelo.
El médico que atendió a los mapuches heridos, Ramón Chiocconi, contó cómo se dirigió al asentamiento en plena montaña junto al juez, el fiscal, el obispo y un representante de organizaciones de derechos humanos: "Cuando llegamos nos encontramos con un asentamiento de no más de 15 a 20 personas entre las cuales se encontraban dos heridos, entre ellos una mujer de alrededor de 25 años y un hombre "de treinta y pico", con impacto de bala en el hombro con orificio de entrada y de salida y un proyectil en el codo, respectivamente. Del testimonio del médico se desprende que los heridos y el muerto están del lado de los mapuches. Hubo balas de un solo lugar. "Yo vi con mis propios ojos vainas servidas de 9 milímetros que pertenecerían a las fuerzas represoras". De las conclusiones de los peritos del Centro Atómico Bariloche el 20 de marzo surge que el joven mapuche no manipuló armas de fuego el día en que fue asesinado.
Las víctimas Rafael Nahuel
Rafael Nahuel era un joven de ascendencia mapuche, con 22 años al momento de su muerte. Vivía en el barrio Nahuel Hue de Bariloche y era conocido como "Rafita". Pertenecía a una familia humilde y había aprendido oficios de construcción, con especial habilidad para la herrería, participando en los programas que antecedieron al Programa PAIS de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Luego de finalizar su aprendizaje, Rafael se acercó a las organizaciones de su comunidad luego de haber redescubierto su ascendencia.
Micaela Johana Colhuan
Micaela Johana Colhuan había cumplido 20 años al momento de haber recibido un balazo en el hombro, y era soldada voluntaria de la Escuela Militar de Montaña desde abril de 2016. En su declaración testimonial en la causa "lafken winkum mapu por usurpación" la joven negó pertenecer a la comunidad aunque se reconoció perteneciente al pueblo mapuche y tener vínculos de hermandad con los miembros de esta comunidad "a quienes abrazo como mis peñi y lamgen";
Posición del gobierno