El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, también llamado TSJ en el exterior, es el tribunal conformado por 33 magistrados juramentados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional durante la crisis institucional de Venezuela y las protestas de 2017 como reemplazo de los magistrados previos nombrados en 2015. Los magistrados se encuentran residiendo en cinco países: Panamá, Chile, Colombia, España y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet, mientras que las diferentes salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de su página web.
El Tribunal Supremo se ampara en la jurisdicción universal y teniendo como referentes los principios de los tribunales de Núremberg, para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. La Organización de los Estados Americanos, el Parlamento Europeo y la Federación Interamericana de Abogados han reconocido la legitimidad del tribunal, mientras que tanto el gobierno federal como el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela desconocen el nombramiento. thumb|Logo del TSJ en el exilio de 2019
Antecedentes El 8 de diciembre de 2015, después de las elecciones parlamentarias de Venezuela, la Asamblea Nacional saliente, de mayoría oficialista, empieza un proceso de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Opositores, distintos juristas y la ONG Acceso a la Justicia denunciaron irregularidades en el proceso, incluyendo la violación del periodo de impugnaciones, la falta de respuesta de las mismas y la omisión de la selección definitiva de los postulados.
Posteriormente y a raíz de la crisis institucional de Venezuela de 2017, el Ministerio Público solicitó formalmente anular el nombramiento alegando que dicho proceso estuvo viciado. En consecuencia la Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora, el 13 de junio de 2017 juramentó al Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por el diputado Carlos Berrizbeitia, para la elección de nuevos magistrados principales del TSJ. A pesar de que todas las etapas contempladas en la constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia fueron realizadas, el Consejo Moral Republicano de Venezuela rechazó realizar la preselección alegando que dicho proceso era extemporáneo. Pese a la negativa del Consejo, el 21 de julio de 2017 la Asamblea Nacional designó a 13 magistrados principales y 21 suplentes, un día después los magistrados serían conocidos como el TSJ en el exilio por las declaraciones del presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza que dicta "medida de arresto a los 33 magistrados juramentados y a los integrantes del comité de postulaciones"; «El presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, manifestó que la sala declara a “La AN está en franco desacato a las más de 30 decisiones de este alto tribunal y sus actos no sólo son írritos y nulos sino que violan flagrantemente la Constitución y las leyes vigentes en la República”. Por lo cual se dicta “medida de arresto a los 33 magistrados juramentos el día de hoy, así como a los integrantes del comité de postulaciones”» para el 24 de julio, tres magistrados habían sido detenidos y 30 se encontraban en la clandestinidad.
La Fiscal general Luisa Ortega Díaz criticó esta designación, pues a su juicio esto creaba desorden en el Estado. Por su parte el TSJ advirtió que dicha designación era nula bajo el pretexto del supuesto desacato en el que se mantenía la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que solicitó a la justicia civil y militar ejercer las medidas de coerción necesarias.
Composición
Sala Constitucional
Historia
El 23 de agosto de 2017 siete magistrados del tribunal llegaron a Washington D. C. para reunirse con altos funcionarios de Estados Unidos, incluyendo al vicepresidente Mike Pence, y la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) en Miami dirigida por José Antonio Colina, solicitando un “alivio migratorio” para los venezolanos que huyen de su país por razones políticas. El 24 de agosto el secretario general de la OEA Luis Almagro sostuvo una reunión con magistrados en Washington D. C., y el 25 de agosto de 2017 el expresidente colombiano Andrés Pastrana se reunió con los magistrados que se encontraban en Colombia para hablar de la situación de Venezuela.
El 13 de octubre el grupo de magistrados exiliados se instalaron en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington D. C. conformando un nuevo TSJ en el exilio y designando a Miguel Ángel Martín como presidente. El 19 de octubre seis magistrados llegaron a Santiago de Chile después de solicitar protección en la embajada chilena en Caracas, y el 12 de noviembre denunciaron el quiebre de la independencia judicial y los derechos humanos en Venezuela ante el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) en el marco de la edición número 60 de la reunión anual del organismo organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Chile.
Después de la Operación Gedeón el 15 de enero de 2018, el tribunal rechazó el operativo en el que murió Oscar Pérez, calificando la acción como "terrorismo de Estado". El 24 febrero el magistrado Ramsis Ghazzaoui se reunió con miembros del Congreso de la Nación Argentina, quienes acordaron solicitar la colaboración del máximo tribunal venezolano una acción ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Maduro. Con la reunión se acordó enviar una nota institucional para impulsar la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El magistrado también se reunió con el Martín Casares, viceministro para los derechos humanos del Ministerio de Justicia de Argentina para coordinar futuras acciones y con el senador Christian Abdelnabe Rasmuseen, embajador de las Naciones Unidas en Argentina y miembro del Parlamento Internacional para La Paz y la Seguridad de la ONU, a quien entregó una propuesta de ayuda humanitaria para Venezuela. thumb|300px|Magistrados del Tribunal Supremo en Panamá.
El 9 de marzo, el magistrado Alejandro Rebolledo del tribunal inscribió un nuevo récord Guinness al impartir con éxito una clase magistral sobre crimen organizado por más de 24 horas en el Campus Norte del Miami Dade College con derecho a cinco minutos de reposo cada hora.
El 16 de abril el presidente del Tribunal Supremo, Miguel Ángel Martín sostuvo una reunión con el senador estadounidense Marco Rubio en Lima, Perú, en el que discutieron sobre la cooperación para condenar a funcionarios venezolanos involucrados en actos de corrupción y lavado de dinero, donde puntualizaron el “poder totalitario” instaurado en Venezuela, alegando que representa un “secuestro institucional” por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y realizaron un “tratado de cooperación” para evaluar la situación. El documento también expresa una solicitud de apoyo al senador para abrir una investigación en Estados Unidos sustentada en la Ley de Chantaje Influenciado y Organización Corrupta en Estados Unidos.
El 25 de abril los magistrados inauguraron una sede en Ciudad de Panamá. En la mañana del 30 de abril funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron la casa de los familiares de la magistrada Elenis Rodríguez en Maturín, donde sustrajeron un equipo de computación y vive su mamá, quien tiene Alzheimer, y una hermana de la magistrada, a quien se llevaron en calidad de testigo a declarar, pero fue liberada después de varias horas. El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Monagas, Juan Pablo García, describió el allanamiento como “abuso de poder que deriva del juicio aperturado a Nicolás (Maduro)”, expresando solidaridad con los afectados. En el resto del país se realizaron procedimientos similares contra propiedades de al menos otros cuatro magistrados, incluyendo a Miguel Ángel Martín, quien funge como presidente del Tribunal Supremo, y los magistrados Cioly Zambrano, Tony Marval, y Pedro Troconis.
El 29 de diciembre de 2022 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio presidida por el magistrado Antonio José Marval Jiménez, emitió un comunicado escrito exigiendo se respete la Constitución y se mantenga el gobierno interino que nació constitucionalmente debido al vacío de la presidencia desde mayo de 2018. El TSJ advirtió «pretender sustituir la figura presidencial por una forma de gobierno parlamentario violenta la Constitución y pondría en riesgo el resguardo de los activos».« Los juristas advirtieron a los ex diputados que intentan eliminar la figura de la presidencia encargada que “sustituir la figura interina por una forma de gobierno parlamentario violenta la Constitución y pondría en riesgo el resguardo de los activos que el país tiene en el extranjero” » « En un pronunciamiento escrito, el tribunal, aseguró que "pretender la sustitución de la persona del presidente no debe implicar la eliminación de la institución de la presidencia interina" »
El 17 de marzo de 2023 el Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad de la reforma al Estatuto de Transición aprobado por la Asamblea Nacional el pasado mes de enero de 2023, dejando sin efecto todas las acciones y nombramientos que ésta decida. De esta manera queda restituido el cargo de presidente Interino para Juan Guaidó. El fallo establece un plazo de 30 días a ese Parlamento y a su nueva junta directiva para que cumplan con “el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución nacional”
El 5 de marzo de 2024 los diputados de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela debatieron sobre la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), de continuar investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, que concluyó indicando que la decisión de la CPI los anima a mantener la fe, a impulsar “una transición de lo sórdido a la justicia, del mal al bien, de la muerte a la vida”.
Decisiones miniaturadeimagen|Sentencia del 25 de octubre de 2017, donde se declara la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente. thumb|Decisión de la Sala Constitucional el 11 de enero que anula las elecciones presidenciales de 2013 y exige a la presidencia y al CNE remitir la copia certificada de partida de nacimiento de Nicolás Maduro, así como la renuncia a su nacionalidad colombiana. Los magistrados se encuentran exiliados en cuatro países: Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet, mientras que las diferentes Salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de una página web aún en construcción. Tras una denuncia formulada por los dirigentes opositores Diego Arria, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Cecilia Sosa, la Sala Constitucional declaró el 25 de octubre la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, solicitando su disolución y haciendo un llamado a su desconocimiento.