El caso Odebrecht en Perú se refiere a un escándalo de corrupción protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht dentro del Perú, que forma a la vez parte del Caso Lava Jato. Ha involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión, negociación incompatible, asociación ilícita y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado de activos y organización criminal). El caso está en manos del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público. Incluso ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente político, legal y empresarial en el Perú.
Han sido condenados: Alejandro Toledo, presidente en el periodo 2001-2006, condenado a 20 años de prisión efectiva, por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una coima de 31 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur). Su esposa, Eliane Karp también se encuentra prófuga por complicidad en el delito de Lavado de Activos. Por el caso de la Ruta interoceánica Brasil-Perú, la Fiscalía pide 20 años de cárcel, en esta acusación se encuentran funcionarios de Pro Inversión y empresarios vinculados al rubro de construcción.
César Álvarez, exgobernador de Áncash, fue condenado a 8 años y 3 meses de prisión efectiva. Es el primer sentenciado del Lava Jato peruano, por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible, por el caso de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis.
Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación, fue condenado a prisión suspendida por 4 años, por encubrimiento real y obstrucción de la justicia por la remoción de los fiscales del equipo especial Lava Jato y su interferencia en el Caso Cocteles que involucraba al partido político Fuerza Popular. Adicionalmente, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 3 años y destituido por la Junta Nacional de Justicia de su cargo de fiscal supremo.
Tres expresidentes de la República han sido comprometidos en el caso:
Alan García (1985-1990 / 2006-2011) se hallaba con impedimento de salida del país y bajo investigación por la presunta corrupción que ocurrió bajo su segundo gobierno con respecto a las obras de la Línea 1 del metro de Lima y la carretera Interoceánica Sur. Intentó pedir asilo político al gobierno de Uruguay, al considerarse un perseguido político. Pero el gobierno uruguayo rechazó su pedido, al considerar que en el Perú había plena independencia de los poderes del Estado. Posteriormente, cuando se ordenó su detención preliminar por diez días, el día 17 de abril del 2019, García se disparó en la cabeza, en el momento en que agentes y un fiscal habían ido a su vivienda a cumplir con la orden judicial. Falleció horas después, tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios. Su expareja, Roxanne Cheesman se encuentra investigada por Lavado de Activos en calidad de cómplice.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se halla con comparecencia restringida e impedimento de salida del país por supuesto lavado de activos cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo; se encontraba con arresto domiciliario desde abril del 2019. Fue durante el ejercicio de su gobierno (2016-2018) cuando se reveló que su empresa unipersonal había hecho consultorías a empresas relacionadas con Odebrecht en la época en que fue ministro de Estado (2004-2006), lo que motivó que fuera sometido a dos procesos de vacancia presidencial. Finalmente, se vio obligado a renunciar tras revelarse que sus allegados habían intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para favorecerlo en la votación en el Congreso por la vacancia. Sus investigaciones fueron anuladas en el 2026 bajo el argumento que sus acciones no constituían un delito según la legislación en ese entonces. Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia. Condenados a 15 años de prisión efectiva por lavado de activos, luego de haber estado nueve meses con prisión preventiva; acusado de recibir, dinero ilícito para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011. Nadine buscó asilo en a la embajada de Brasil y se encuentra prófuga de la justicia. Humala fue liberado en el 2026 bajo el mismo argumento que utilizó la defensa de Kuczynski.
También han sido involucrados los exgobernadores regionales:
Félix Moreno, exgobernador del Callao, quien está con prisión preventiva por 18 meses en el caso del proyecto Vía Costa Verde-tramo Callao. Jorge Acurio Tito, exgobernador del Cuzco, en prisión domiciliaria por 12 meses por el caso de la Vía de Evitamiento-Cuzco. Nery Saldarriaga, exgobernadora de Lambayeque, investigada por el Caso Olmos relacionado con la empresa brasileña. Humberto Acuña Peralta, exgobernador de Lambayeque, investigado en 2020 por el Caso Olmos por haber favorecido a la empresa brasileña en el proyecto del Trasvase Olmos. En 2021 se le dictó 24 meses de impedimento de salida del país y el pago de una caución.
Otros involucrados son dos exalcaldes metropolitanos de la ciudad de Lima: Susana Villarán, con 24 meses de arresto domiciliario por recibir presuntamente dinero ilícito en la campaña del No a la Revocatoria de 2013 y en su campaña de reelección en 2014, junto con su ex gerente municipal, José Miguel Castro. Su ex gerente de Seguridad, Gabriel Prado Ramos, se halla con comparecencia restringida. Luis Castañeda Lossio, se encontraba con 24 meses de arresto domiciliario hasta su fallecimiento; antes de ello, era investigado bajo el régimen de prisión preventiva, estaba acusado de haber recibido dinero ilícito en la campaña de 2014 y en la Presidencial de 2011; actualmente sus coinvestigados se encuentran bajo reglas de conducta y medidas coercitivas, entre ellos, el exteniente alcalde de Miraflores, Martín Bustamante y su ex Gerenta de Inversión Privada, Giselle Zegarra.
También fueron involucrados cuatro importantes líderes políticos: La líder del partido Fuerza Popular y actual presidenta, Keiko Fujimori, actualmente con comparecencia restringida (después de haber estado 16 meses en prisión preventiva), por obstaculizar a la justicia durante la investigación por lavado de activos referente a los financiamientos de sus campañas electorales de 2011 y 2016. También se hallan involucrados en el mismo caso miembros de la dirigencia partidaria del fujimorismo, como sus asesores personales Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa. Las investigaciones contra Keiko Fujimori fueron archivadas en el 2026, bajo el argumento de que sus acciones no constituían lavado de activos, a pesar de que se intentó ocultar el origen del dinero. La expresidenta del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, por supuestos aportes recibidos en los comicios de 2006 (presidencial) y 2010 (municipal). Otro exdirigente de dicho partido, el exdiputado Horacio Cánepa, también se halla investigado por ser intermediario en esos aportes (ya confesados), pero además, debido a que en su calidad de árbitro en litigios empresariales, falló a favor de Odebrecht en varias oportunidades, perjudicando al Estado, presuntamente a cambio de coimas provenientes de dicha empresa. El Presidente del Partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, con comparecencia restringida por 36 meses -en este caso- debido a supuestos aportes recibidos en los comicios municipales cuando fue socio del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Entre algunos ex altos funcionarios públicos se encuentran:
El ex director del Banco Central de Reserva, y exsecretario general del partido Fuerza Popular, José Chlimper Ackerman Los ex Presidentes del Consejo de Ministros César Villanueva, Yehude Simon, René Cornejo, Jorge del Castillo y Fernando Zavala Varios exministros de estado como: Mariano González, Eleodoro Mayorga, Enrique Cornejo, Luis Nava Guibert, Fernando Olivera, Wilfredo Pedraza, Jorge Nieto Montesinos, Luis Miguel Castilla, Carlos Paredes, Aurelio Pastor, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya Cámere, Mercedes Cabanillas, etc. Varios Congresistas de la República de diversos partidos políticos como Humberto Acuña Peralta, Mauricio Mulder, Marisa Glave, Anel Townsend, Juan Sheput, Hildebrando Tapia, Juan Carlos Eguren, Virgilio Acuña, Santiago Gastañadui, Luciana León, etc. Algunos ex Presidentes del Congreso de la República como Carlos Ferrero Costa, Luis Alva Castro y Javier Velásquez Quesquén; Antiguos Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Toledo de 2001-2006 (por el caso de la Interoceánica), del gobierno aprista de 2006-2011 (por el caso del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima) y del gobierno de Humala de 2011-2016 (Caso Club de la construcción y Caso Gaseoducto del Sur.
Empresarios vinculados con los grandes grupos económicos más grandes del Perú:
Los ejecutivos de las contratistas más grandes del Perú (Graña y Montero, JJ Camet, ICGSSA, etc). El expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Presidente de COPAL, Carlos Neuhaus Tudela El ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, Fernando Cantuarias Salaverry La banquera internacional y ex embajadora del Perú en el Reino Unido, Susana de la Puente Wiese El exdirector del diario El Comercio y expresidente de la Constructora Graña y Montero, José Graña El expresidente del Club Regatas Lima, Gustavo Salazar Delgado. El ex Gerente General de First Capital Partners e inversionista Chileno, Gerardo Sepulveda El Ejecutivo empresarial de Credicorp y expresidente del Directorio del Banco de Crédito, Dionisio Romero Paoletti El ex director de Panamericana Televisión, Pedro Arbulú Seminario
Antecedentes La constructora brasileña Odebrecht fue una de las empresas beneficiadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Odebrecht participó en 28 licitaciones, de las cuales 22 correspondían a obras. Según un informe del Congreso de la República, el valor original de las obras licitadas era de 449 millones de dólares.
Inicio
El 21 de diciembre del 2016, se publicó un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que revelaba que la constructora brasileña Odebrecht, en los veinte años anteriores, había realizado pagos de sobornos a funcionarios públicos de 12 países (entre ellos el Perú) para ganar las licitaciones de obras públicas. Ese fue el punto de inicio del llamado caso Odebrecht, que la prensa calificó como el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica.
En el caso del Perú, de acuerdo con los investigadores judiciales, Odebrecht habría pagado aproximadamente 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios, que le generaron más de 143 millones de dólares en beneficios, aunque es probable que el monto de estos pagos ilícitos haya sido mucho mayor. Ello habría ocurrido entre los años 2005 y 2014, que corresponden a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Ya desde noviembre de 2016, la Fiscalía en el Perú venía investigando el caso conocido desde Brasil como Operación Lava Jato.
El entonces presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que apoyaría en todo lo que sea necesario para la investigación. Su primer ministro, Fernando Zavala, instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que llevasen a cabo todas las investigaciones que correspondan para determinar en qué casos hubo actos de corrupción.
Colaboración eficaz
Primeras declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata 150px|derecha|miniaturadeimagen|Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa constructora.
Marcelo Odebrecht (expresidente de la constructora) y [Jorge Barata] (director ejecutivo de la empresa en el Perú), se acogieron a la delación premiada o colaboración eficaz para reducir sus condenas y empezaron a colaborar con la justicia de Brasil y Perú.