Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es una supuesta organización terrorista insurgente con base en la Patagonia argentina, sospechosa de ser un montaje de servicios de inteligencia. Según el gobierno argentino durante la presidencia de Mauricio Macri, se trata de una organización delictiva, que promueve una lucha insurreccional contra el Estado Argentino y la propiedad privada de la tierra. Según el gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, la organización consideraría ilegal la ocupación del «territorio ancestral mapuche» realizada por el Imperio español y luego por Argentina y Chile, y lucharía por la independencia de la supuesta «nación mapuche». Actualmente es considerada por el Gobierno de Argentina como una organización terrorista.
Según un supuesto comunicado de la RAM, esta organización le habría declarado la guerra en 2014 a la Argentina y a Chile, considerando «ilegal» la conquista que ambos Estados hicieron en los supuestos territorios mapuches.
Su existencia es puesta en duda por algunas personas. Según las comunidades mapuche, el obispo de Bariloche, algunos políticos y periodistas, la RAM no existe o se trata de un grupo creado por los servicios de inteligencia del Estado Argentino, en el marco del conflicto por el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales, abierto a partir de la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 17), pero no existen pruebas judiciales de su existencia.
La primera referencia concreta a una acción violenta del RAM fue publicada por el blog de izquierdas indymedia en el año 2009. En la entrada del 1 de octubre de 2009 se comenta la noticia aparecida en un diario chubutense de que «Ayer a la madrugada, a las 2.50 h, autores ignorados rompieron todos los vidrios de la estación de servicio ubicada en la intersección de Avda. Fontana y Avda. Ameghino de Esquel. Luego de ello tiraron panfletos en el lugar. Se investiga el hecho».https://www.elchubut.com.ar/despliegue-noticias.php?idnoticia=5649 Según indymedia, «aunque la prensa winka no lo diga esta acción fue realizada por un grupo de Resistencia Ancestral Mapuche en contra de las inversiones capitalistas petroleras y los proyectos a ejecutar, contra el despojo los atropellos y la represión, en Memoria de Kollio por la Reconstruccion y la Liberacion».
Desde 2017 algunos funcionarios argentinos han calificado informalmente al supuesto grupo como terrorista, • • por los actos violentos que realizan, y los sabotajes que se reivindican, en especial atentados contra la propiedad privada como quema de campos, corte de rutas, vandalismo en algunas propiedades y cuatrerismo. Se han adjudicado ataques a pozos petroleros, el incendio de la casa de un puestero en Lago Escondido luego de golpearlo, el incendio en un galpón con maquinarias en El Maitén y una emboscada en la que dispararon a varios policías, ataques al Consulado de Chile en Bariloche y a la Iglesia Nuestra Señora de la Catedral.
El gobierno argentino de Mauricio Macri informó «oficialmente» en 2017, que había confirmado que la RAM está financiada por una organización inglesa con sede en Bristol, Reino Unido —identificado como Mapuche International Link, que tiene su sede en el n.º 6 de Lodge Street, en la Ciudad de Bristol, desde el año 1978— y lo vinculó con la situación de ocupación por ese país de las Islas Malvinas. El Secretario General de la organización, según lo informado por la página oficial, sería Reynaldo Mariqueo, el único mapuche integrante de la junta directiva, secundado por Nina Saleh Ahmed, como vicesecretaria general. Nina Ahmed, pese a su ascendencia musulmana, fue la encargada de presentar la causa mapuche ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2016.
En octubre de 2021, Arabela Carreras, gobernadora de la provincia de Río Negro, afirmó que se trata de "un grupo beligerante con conexiones internacionales".
Varias comunidades mapuche han expresado que los miembros de RAM «no son mapuches», que se trata de personas infiltradas, sospechando que la RAM sea en realidad «un montaje de los servicios de inteligencia» para criminalizar al pueblo mapuche, deslegitimar cualquier futuro reclamo territorial y poder justificar futuros actos de represión contra sus comunidades. El 25 de noviembre de 2017 efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval asesinaron al joven de 22 años de origen mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi, en las cercanías de San Carlos de Bariloche. Desde el gobierno argentino atribuyeron el episodio a una supuesta agresión con armas de fuego, lanzas y piedras por parte de integrantes de la RAM, a la que los efectivos respondieron disparando sus armas 9 mm. Investigaciones posteriores confirmaron que los mapuches baleados no estaban armados. En mayo de 2019 la Cámara Federal de General Roca desestimó la figura de legítima defensa, en el marco de un enfrentamiento.
El 5 de febrero de 2025, el Gobierno Argentino al mando de Javier Milei declaró a la RAM como «organización terrorista» después que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, vinculó a la RAM con los incendios en la zona —que continúan activos y han afectado ya más de 20.000 hectáreas— y acusó a Jones Huala de instigarlos. El líder mapuche, sin embargo, desligó a la organización RAM de los incendios forestales que se han propagado en la Patagonia argentina desde diciembre: «Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos», argumentó tras haber sido acusado de provocar esos fuegos.
Contexto Desde la conquista europea, los pueblos indígenas han considerado ilegítima la ocupación de sus tierras ancestrales. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, el Estado argentino no reconoció la personería jurídica de los pueblos indígenas, ni derechos sobre esas tierras.
En 1994 el Estado argentino modificó considerablemente su postura y reconoció por primera vez los derechos indígenas al reformar la Constitución Nacional en 1994 (artículo 75, inciso 17), entre ellos «la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan», prohibiendo su enajenación:
El marco normativo de los derechos indígenas se completó con la ratificación del Convenio n.º 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la ley 24.071 (2000), la inclusión en el Censo Nacional a partir de 2004, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y el nuevo Código Civil y Comercial (2015), regulando la propiedad indígena de la tierra. A partir de entonces las comunidades indígenas que habitan en la Argentina, comenzaron a organizarse para hacer efectivos sus nuevos derechos constitucionales. La principal dificultad surge cuando se plantea la "ocupación tradicional" en los términos del art. 75 inc. 15 de tierras que, registralmente, tienen un propietario reconocido con anterioridad a la reforma constitucional, como es el caso de las tierras pertenecientes a la empresa italiana Benetton. En varios de esos casos, los propietarios de tierras reclamadas por las comunidades indígenas iniciaron juicios para desalojar a dichas comunidades, con resultados disímiles en las Justicias provinciales de las provincias patagónicas. En 2006 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena n.º 26.160, suspendiendo por 4 años los desalojos de tierras indígenas con el fin de finalizar el relevamiento catastral de las tierras ancestrales, paso previo para formalizar los títulos de propiedad comunitaria. El plazo fue prorrogado en dos ocasiones, por otro plazo igual, en 2009 y 2013, expirando el 23 de noviembre de 2017, cuando solo se había completado el relevamiento catastral en un 30 % (459 de las 1532 comunidades indígenas identificadas). Entre las provincias que no habían finalizado el relevamiento, se encuentran las de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Amnistía Internacional, el CELS y otras 15 organizaciones reclamaron en ese momento una nueva prórroga de la ley.En el año 2021 llegó una nueva prórroga, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 805/21 que extendió el plazo hasta el 23 de noviembre de 2025.
Finalmente, el 5 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "González, Florencio Antonio c/ Colicheo, Florentino y otros s/ interdicto (sumarísimo)", consagró el criterio de que "no toda tenencia o posesión de tierras por parte de un grupo o comunidad que se reivindica como aborigen es susceptible de tutela constitucional" y que "el acceso irregular a ellas no fue un objetivo buscado por el constituyente", fijando como principio que "la propiedad comunitaria del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional no habilita bajo ningún concepto o condición, una interpretación que derive en una violación a la propiedad privada de terceros, protegida por los artículos 14 y 17". La generalidad del criterio que le sirve de fundamento al caso hace que se lo considere un "leading Case" o "caso testigo" para ilustrar el criterio general establecido por la Corte
Cuatro días después del fallo "González c/ Colicheo", el 9 de diciembre de 2024, un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el 1083/24, derogó definitivamente la Ley 26.160, declarando "finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país". La exposición de motivos de esta norma mencionaba que la situación de emergencia generaba "inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional, así como al derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el artículo 124 de la Constitución Nacional" al mismo tiempo que "impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes".
No obstante este marco jurídico, as comunidades mapuches siguen reivindicando la propiedad sobre territorios que pertenecieron a sus antepasados; en Argentina. Sus mayores éxitos se alcanzaron en la provincia del Neuquén, donde les fueron reconocidos numerosos territorios («reservas»). • En Río Negro y Chubut, el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras ha sido menor, dando lugar a una serie de conflictos de baja intensidad, orientados a que los estados nacional y provincial reconozcan sus derechos territoriales constitucionales, en especial sobre áreas ocupadas por parques nacionales y grandes latifundios.
La organización, que ha declarado la guerra a las naciones de Chile y Argentina, ha reivindicado algunos actos violentos tanto en Chile como en Argentina y otros tantos le son adjudicados, sabotajes, quema de campos, corte de rutas, cuatrerismo, atentados con bombas molotov, ataques a pozos petroleros, el incendio de la casa de un puestero en Lago Escondido luego de golpearlo, el incendio en un galpón con maquinarias en El Maitén y una emboscada en la le dispararon a varios policías, ataques al Consulado de Chile en Argentina y un ataque a la Iglesia Nuestra Señora de la Catedral en Bariloche. Benetton y la comunidad «Pu Lof en Resistencia» de Cushamen miniatura|300px|En amarillo el área en que se ubica la comunidad «Pu Lof en Resistencia» de Cushamen en la estancia Leleke, de propiedad (disputada) del Grupo Benetton.