thumb|400px|Acto por la aparición con vida de Santiago Maldonado. El caso Santiago Maldonado se refiere a la investigación iniciada a raíz de la muerte de Santiago Andrés Maldonado tras una liberación de un corte de ruta realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen,La palabra idioma mapudungun lof es la forma de organización comunitaria familiar básica de la cultura mapuche. La expresión pu hace referencia a la pluralidad. Por lo tanto, pu lof significa ‘las comunidades’ como ‘la totalidad de familias’. Véase: «Ángeles y demonios», artículo del 13 de agosto de 2017 en el diario Página/12 (Buenos Aires). [http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/libertades-democraticas/el-encuentro-memoria-verdad-justicia-llevo -su-solidaridad-a-la-comunidad-mapuche-cushamen «El Encuentro Memoria Verdad Justicia llevó su solidaridad a la comunidad mapuche Cushamen»] , artículo del 25 de agosto de 2017 en el periódico Prensa Obrera (Buenos Aires). situado en la provincia de Chubut, Argentina. • • • Cambiaron la carátula de la causa de Santiago Maldonado a "desaparición forzada" 24-02-2017. Infobae El día anterior, Maldonado había participado en un corte de ruta, enmarcado en la lucha por las tierras ancestrales tradicionalmente ocupadas por la comunidad mapuche, que fue dispersado a la fuerza por efectivos de la Gendarmería Nacional en la madrugada del 1 de agosto. Su cadáver se encontró en el río Chubut, dentro del Pu Lof, allanado en la jornada de su desaparición, el 17 de octubre de 2017, cuando habían transcurrido 77 días sin noticias de su paradero. La investigación judicial aún no determinó qué pasó.
Para investigar el hecho se abrieron dos causas penales en la justicia federal argentina —una para investigar la desaparición y la otra para dilucidar la legalidad o ilegalidad del allanamiento—, así como dos expedientes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La autopsia estableció que Santiago Maldonado «falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia» pero un reciente informe sostiene que «el cuerpo del joven tatuador no estuvo todo el tiempo que permaneció desaparecido en el mismo sitio donde fue encontrado el 17 de octubre de 2017». Leticia Povilauskas, licenciada en Geología y Palinología de la universidad de La Plata, ratificó su hallazgo de 2017 en el momento de la autopsia: en la ropa de Santiago aparecieron granos de polen que no podrían haber quedado adheridos bajo el agua desde el 1 de agosto de aquel año. Pero, además, indicó que pertenecen a una especie que florece en septiembre.
El 1 de agosto de 2017, el juez Gustavo Lleral cerró la causa sosteniendo que la muerte se dio en el río Chubut, Cushamen, por ahogamiento y en soledad. El fallo fue apelado por la familia y cuatro organizaciones de derechos humanos, sosteniendo que era inadmisible cerrar la causa sin que nadie fuera encontrado responsable de la muerte. En septiembre de 2019, la Cámara hizo lugar a la apelación y anuló la sentencia del juez, al considerar que la investigación había sido insuficiente y que no se habían realizado las pruebas solicitadas por la querella. Ordenó reabrir la causa para llevar a cabo las pesquisas pendientes e investigar la hipótesis de un eventual delito de abandono de persona, ya sea por parte de miembros de Gendarmería o del mismo Pu Lof. La Cámara precisó el estado de la investigación y explicó: «nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos».
Hacia mediados de 2022 Sergio Maldonado dijo que la causa había quedado paralizada durante más de dos años en la Corte Suprema, a la espera de que se designara un nuevo juez que procediera a investigar la hipótesis de un eventual delito de abandono de persona.
En 2024 la investigación fue reabierta por el juez federal Fernando Calvete y se solicitó la ampliación de uno de los puntos de pericia de la autopsia. La evidencia abonó la hipótesis de que su cuerpo no estuvo todo el tiempo que permaneció desaparecido en el mismo sitio donde fue encontrado.
Antecedentes
Desde la conquista europea, los pueblos indígenas han considerado ilegítima la ocupación de sus tierras ancestrales. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, el Estado argentino no reconoció la personería jurídica de los pueblos indígenas, ni derechos sobre esas tierras. Tampoco eran censados como tales, con excepción del Censo Indígena ordenado en 1965 por el presidente Arturo Illia. Entre 1989 y 1992 se fortalecen en toda América Latina diversos movimientos de reivindicación indígena, teniendo como hito la denuncia del Quinto centenario de la invasión de América y contraponiendo a la «celebración», los «quinientos años de resistencia indígena». En 1994 el Estado argentino modificó considerablemente su postura y reconoció por primera vez los derechos indígenas al reformar la Constitución Nacional en 1994 (artículo 75, inciso 17), entre ellos «la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan», prohibiendo su enajenación:
El marco normativo de los derechos indígenas se completó con la ratificación del Convenio n.º 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la ley 24.071 (2000), la inclusión en el Censo Nacional a partir de 2004, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y el nuevo Código Civil y Comercial (2015), regulando la propiedad indígena de la tierra. A partir de entonces las comunidades indígenas que habitan en la Argentina, comenzaron a organizarse para hacer efectivos sus nuevos derechos constitucionales.
El conflicto desatado alrededor de las tierras ancestrales indígenas, está estrechamente vinculado a los intereses económicos relacionados con la megaminería (especialmente en la zona cordillerana) y la explotación de los yacimientos petrolíferos, así como grandes terratenientes que desconocen total o parcialmente los derechos territoriales indígenas, cuando se trata de tierras que se encuentran en su posesión, como es el conocido caso de la empresa italiana Benetton. En varios casos, los propietarios de tierras reclamadas por las comunidades indígenas iniciaron juicios para desalojar a dichas comunidades, pese a que el Estado argentino aún no ha finalizado con la devolución de tierras ancestrales ordenada por la Constitución de 1994. Ante la magnitud del conflicto, en 2006 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena n.º 26.160, suspendiendo los desalojos de tierras indígenas con el fin de finalizar el relevamiento catastral de las tierras ancestrales, paso previo para formalizar los títulos de propiedad comunitaria.
El conflicto se agudizó en 2017 debido a la perspectiva de vencimiento del plazo de suspensión de los desalojos el 23 de noviembre de 2017, pese a que solo se había completado el relevamiento catastral en un 30 % (459 de las 1532 comunidades indígenas identificadas). Entre las provincias que no habían finalizado el relevamiento, se encuentran las provincias de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Organizaciones indígenas, de derechos humanos y partidos políticos habían reclamado la prórroga de la ley, para evitar que el conflicto territorial ingrese en una situación de descontrol. Presionado por la demora en completar el relevamiento de los territorios indígenas, el Congreso Nacional aprobó en noviembre de 2017, una nueva prórroga de la Ley 26.160, esta vez hasta el 23 de noviembre de 2021.
El pueblo mapuche
miniatura|400px|La Conquista del Desierto, cuadro de Juan Manuel Blanes. miniatura|300px|Mapa del área en que existen comunidades mapuches en la Argentina. Fuente: diario La Nación con base en datos del INAI, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, 2017.Mapa de pueblos originarios, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El pueblo mapuche enfrentó históricamente los intentos de conquista de las tierras en que habitaba por parte del Imperio español primero, y de Argentina y Chile, a partir de su independencia a comienzos del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, ambos países llevaron adelante sendas guerras contra el pueblo mapuche, mediante las que ocuparon las tierras hasta entonces controladas por los mapuches. Estas guerras son conocidas como la Conquista del Desierto en Argentina, y la Pacificación de La Araucanía en Chile.
Las comunidades mapuches contemporáneas han reivindicado la propiedad ancestral sobre distintos territorios que históricamente pertenecieron a sus antepasados, tanto en la Argentina como en la vecina Chile.
En Argentina, sus mayores éxitos se alcanzaron en la provincia del Neuquén, donde les fueron reconocidos numerosos territorios («reservas»), la mayoría de ellos en el área del Camino de los Siete Lagos. •
En las vecinas provincias de Río Negro y Chubut, en cambio, el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras ha sido menor, dando lugar a una serie de conflictos de baja intensidad, orientados a que los estados nacional y provincial reconozcan sus derechos territoriales constitucionales, especialmente sobre áreas ocupadas por parques nacionales y grandes latifundios.
Benetton y la comunidad «Pu Lof en Resistencia» de Cushamen
miniatura|300px|En amarillo el área en que se ubica la comunidad «Pu Lof en Resistencia» de Cushamen en la estancia Leleke, de propiedad (disputada) del Grupo Benetton.
En la provincia del Chubut, gran parte de los reclamos mapuches se orientaron contra las propiedades rurales del Grupo Benetton.Bandieri, Susana (2005): «Del discurso poblador a la praxis latifundista: la distribución de la tierra pública en la Patagonia», artículo en la revista Mundo Agrario, volumen 6, número 11, del Centro de Estudios Histórico Rurales perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. ISSN 1515-5994. Los intereses de la ASLCo. [Argentine Southern Land Company] en la Patagonia se mantuvieron hasta 1975. [...] en 1991, las tierras fueron adquiridas por la firma Benetton, propietaria de 900 000 hectáreas en diversas áreas de la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires, que opera en la zona bajo el nombre de Compañía de Tierras Sud Argentino SA (CTSA) con centro en la estancia Leleque. Para esta empresa italiana, que ha logrado integrar la actividad textil hasta su comercialización al menudeo en todo el mundo, la producción de lanas en la Patagonia sigue siendo un negocio rentable. Benetton es propietaria de algo más de 900 000 hectáreas en todo el país, un tercio de las cuales están ubicadas en Chubut,«Chubut rechaza ofrecimiento de 7500 hectáreas del Grupo Benetton por improductivas», artículo del 3 de julio de 2006 en el sitio web Barilochense (San Carlos de Bariloche). La filial argentina de Benetton (Compañía de Tierras Sud Argentino) cuenta con 15 800 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y 50 000 en Río Negro (en la estancia Pilcañeu). En Chubut tiene dos estancias: Leleque, de 180 000 hectáreas, y El Maitén, de 120 000; y otras dos en San Cruz: Coronel, de 300 000 hectáreas, y El Cóndor, de 250 000 hectáreas. y opera en la región bajo el nombre de Compañía de Tierras Sud Argentina SA (CTSA) con centro en la estancia Leleque (de 180 000 hectáreas), ubicada en el departamento Cushamen, en el noroeste de la provincia.«Benetton, uno de los "dueños" de la Patagonia argentina», artículo del 9 de junio de 2011 en el sitio web BBC Mundo (Londres). Allí se desarrollaron los hechos que llevaron a la desaparición de Santiago Maldonado.