El término “presos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco” se utiliza para referirse a personas que han sido encarceladas, se encuentran en prisión preventiva, bajo custodia por su relación, directa o indirecta, con la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (por lo que también es común el uso del término "presos de ETA", aun siendo este menos preciso), con otras organizaciones y estructuras asociadas al denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), como Batasuna o Gestoras Pro Amnistía, consideradas ilegales por las autoridades judiciales españolas.
La mayoría de las personas vinculadas al MLNV que actualmente cumplen condena en cárceles de España y Francia fueron miembros de ETA en el momento de su detención, y han sido condenadas por delitos como asesinato, tentativa de asesinato, secuestro o pertenencia a organización armada. Otros no eran miembros de ETA, pero han sido condenadas por colaboración con la organización o por su vinculación con entidades ilegalizadas, como Gestoras Pro Amnistía o Segi, o por actividades como la reconstrucción de partidos políticos prohibidos (como Askatasuna y Batasuna), la participación en actos de violencia callejera (kale borroka), o la apología del terrorismo.
Determinados sectores de la izquierda abertzale consideran a estas personas como presos políticos, muchos de los cuales se agrupan en el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera). Asimismo, organizacioenes como Etxerat han promovido durante años campañas en favor de una amnistía general para estos presos.
Historia
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) fue una organización terrorista nacionalista vasca fundada el 31 de julio de 1959 por un grupo de jóvenes radicales del grupo EKIN, disidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Surgió durante la dictadura franquista con el objetivo de lograr la independencia del País Vasco y Navarra a través del terrorismo. Su ideología combinaba el nacionalismo vasco radical con elementos marxistas-leninistas y revolucionarios. En sus primeras etapas, ETA se centró en actividades culturales y políticas, pero en la década de 1960 comenzó su campaña violenta, marcando su primer asesinato en 1968 con la muerte del guardia civil José Antonio Pardines.
A lo largo de su historia, ETA asesinó a 853 personas, entre ellas militares, policías, políticos y civiles, y dejó miles de heridos y víctimas del terrorismo. Su actividad se prolongó incluso tras la transición democrática y la concesión de competencias al País Vasco. En los años 2000, la presión policial, judicial, y social —junto con la colaboración de Francia y España— debilitó significativamente a la organización. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, y el 3 de mayo de 2018, comunicó oficialmente su disolución total.
El denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) comenzó a configurarse a finales de la década de 1950, y su definición es difusa. Dada la naturaleza descentralizada de dicho movimiento y la ausencia de un criterio único para definir a los "presos del MLNV/ETA", es complicado dar datos sobre el número de presos por su pertenencia o colaboración con ETA u otras organizaciones del MLNV . Según algunas estimaciones de organizaciones abertzales, hasta 2003 alrededor de 30.000 activistas habían sido detenidos, de los cuales 8.172 fueron acusados de pertenencia a ETA.En 2025, la Asociación de Víctimas del Terrorismo estimaba en 133 los presos por pertenencia a ETA.Como estimación, el siguiente gráfico refleja los datos proporcionados por la organización de familiares de presos Etxerat y el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) . El gráfico comienza en 1978, después de la Ley de Amnistía en España de 1977, tras la cual se declaró ilegal llevar a juicio cualquier delito cometido durante la era de Franco y se otorgó la amnistía a todos los presos que habían cometido crímenes con una raíz política durante la dictadura de Francisco Franco y la transición española a la democracia.
La política de dispersión
En 1989 el Gobierno inició una política de dispersión-reinserción de presos encarcelados por su vinculación a ETA o al MNLV. Fue llevada a cabo por el Partido Socialista Obrero Español, con Enrique Múgica al frente del Ministerio de Justicia. Esta política se terminó en 2023. Anteriormente de su comienzo, la inmensa mayoría de estos presos se encontraban en un reducido número de cárceles de alta seguridad alrededor de Madrid como Herrera de la Mancha, Alcalá Meco y Carabanchel, o en el País Vasco en Nanclares. El hecho de tener hasta cien presos en una prisión hizo que el núcleo de línea dura de los prisioneros podía imponer su autoridad a todos los presos.
El propósito de la nueva política era restringir el control que ETA tenía sobre sus miembros encarcelados, y alentar a aquellos presos que querían abandonar la organización a hacerlo. En los primeros tres años de la política 83 presos obtuvieron mejores condiciones después de solicitar el tercer grado. La mayoría de estos cambios de grado fueron decididos por las propias cárceles, no por tribunales. En los años siguientes el número de presos que siguieron esta ruta disminuyó rápidamente. Esto se debió en parte a la oposición del Partido Popular a la reinserción, pero también a que ETA encontró nuevas maneras de controlar estos presos, y amenazaba a aquellos que buscaban la reinserción individual.
A medida que se liberaban menos presos, la política se volvió cada vez más impopular en el País Vasco. Lo que antes había sido una política de dispersión y reinserción se convirtió en una política sola de dispersión.
Al principio algunos prisioneros fueron enviados incluso a Ceuta, Melilla y las Canarias, pero durante el alto el fuego de ETA de 1998-99 esos prisioneros fueron llevados de vuelta al península ibérica, donde se mantuvieron incluso después del cese del alto el fuego. En más de una ocasión ha habido un acercamiento de los presos al País Vasco como respuesta a un alto el fuego de ETA. Por ejemplo en septiembre de 1999, 105 presos fueron enviados a centros penitenciarios más próximos al País Vasco como respuesta al cumplimiento de un año de tregua de ETA. No obstante también han sido enviados lejos como respuesta a la violencia de ETA.
Esta política se mantenía a lo largo de los años. Por lo general enviando a las cárceles más lejanas al País Vasco a los internos considerados más peligrosos.
Francia adoptó un enfoque similar, esparciendo sus presos por todo el sistema penitenciario francés.
Las familias de los presos vieron esta política injusta, ya que se vieron obligados a viajar grandes distancias para visitar a sus familiares, siendo esto según algunos de ellos una fuente de estrés, desgaste económico y causa de múltiples accidentes que involucran a miembros de la familia durante el viaje hacia o desde las cárceles. alt=|miniaturadeimagen|left|Bandera con la lema "Euskal presoak- Euskal Herrira" ("Presos vascos al País Vasco). Había múltiples manifestaciones pidiendo el traslado de los presos a cárceles Vascas. También existía una campaña con el lema "Euskal presoak- Euskal Herrira" ("Presos vascos al País Vasco") con amplio apoyo en el País Vasco. Los presos con enfermedades también pidieron ser trasladados a cárceles Vascas. El Parlamento Vasco reclamó en varios ocasiones el fin de la dispersión de esos presos, pero el presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy declaró en 2011 que no revisaría la política de dispersión hasta que ETA declare su disolución.
En 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó una demanda por 3 miembros de ETA, encarcelados en París, que alegaron estar a más de 800km del domicilio de sus familias y no haber tenido derecho a un recurso efectivo. El tribunal consideró que las quejas de los demandantes "no son suficientes para que constituyan una injerencia en el derecho al respeto de su vida familiar", y destacó que los presos "no pidieron de manera clara estar más cerca de sus familias" y "podían haber solicitado una medida de acercamiento".
En 2023 el Ministerio del Interior puso fin 34 años después a la política de dispersión de estos presos.
EPPK El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) es un colectivo que habla y negocia en nombre de los presos y al que pertenecen la mayoría de ellos.
Se dice que en el pasado el EPPK llevaba un control estricto sobre los presos y exigía el cumplimiento de sus normas. Los presos que se negaban a seguir las órdenes del EPPK eran condenados al ostracismo. Sin embargo ahora el EPPK está cambiando su estrategia. En 2012 fue criticado por ex presos acogidos a la Vía Nanclares por insistir en la amnistía para todos los presos, negando a muchos prisioneros la opción de mejorar su propia situación a través de otros medios legales. En 2013 el EPPK respondió anunciando que dejaba a un lado la exigencia de amnistía general, que había sido hasta entonces su objetivo principal, y en 2016 anunció un debate para que los presos puedan ajustarse a la legalidad.
Se cree que en términos generales hay 2 grupos dentro de la población carcelaria. Por un lado están quienes tienen largas condenas por delante, que apelan a una solución colectiva que agrupe a todos como mejor vía para conseguir la amnistía. Por otro lado están aquellos a los que les quedan pocos años para salir en libertad, que podrían tener intereses diferentes, como la mejora de sus condiciones.
Huelgas de hambre Ha habido abundantes huelgas de hambre por parte de los presos. La primera arrancó el 6 de enero de 1966. Además de servir de protesta ante algo específico, algunas también se han usado para mover a la sociedad vasca. Según Florencio Domínguez Iribarren, «agitar la sociedad vasca mediante la tecla de la solidaridad con los presos es una vieja herramienta que el mundo de ETA usa desde hace muchos años. Las huelgas de hambre de los presos son uno de los mecanismos para despertar esa solidaridad». Hasta el momento ninguna de ellas ha ocasionado la muerte de un preso.
Aquí está una lista de algunas de ellas:
En junio de 1974 trece presos comenzaron una huelga de hambre en la cárcel de Basauri. Duró 13 días. En septiembre de 1974 un preso participó en una huelga de hambre de 16 días en la cárcel de Zaragoza, fue hospitalizado. En octubre de 1974 trece presos comenzaron otra huelga de hambre en la cárcel de Basauri. En diciembre de 1974 seis presos participaron en una huelga de hambre en la cárcel de Zaragoza. En septiembre de 1976 doce presos iniciaron una huelga de hambre en la cárcel de Burgos como protesta ante las condiciones y el tratamiento recibidos en la prisión. En diciembre de 1976 once presos comenzaron otra huelga de hambre en la prisión de Burgos. En agosto de 1977 siete presos participaron en una huelga de hambre en las prisiones de Carabanchel y Martutene. En mayo de 1978 nueve presos detenidos en la cárcel de Pamplona llevan a cabo una huelga de hambre de 17 días para apoyar la semana Pro-Amnistía, y exigir una amnistía general. En octubre de 1980, 43 presos participaron en una huelga de hambre para quejarse de los maltratos en las prisiones de Soria y Zamora. En febrero de 1981, 108 presos de la Cárcel de Carabanchel comenzaron una huelga de hambre en protesta por la muerte de Joseba Arregui. En septiembre de 1982, 74 presos de la cárcel del Puerto de Santa María comenzaron una huelga de hambre. En febrero de 1984, dos presos en la prisión de Fresnes, en Francia, realizaron una huelga de hambre de un mes. En junio de 1986 casi 100 presos llevan a cabo una huelga de hambre en la prisión de Herrera de la Mancha para exigir la amnistía. En noviembre de 1987 más de 100 presos de seis cárceles se declararon en huelga de hambre para protestar "en contra de la represión del pueblo vasco, a favor de la negociación política y en contra de los pactos".