El caso Odebrecht es uno de los casos más representativos de corrupción en América Latina, con la distribución millonaria para políticos, empresarios y exfuncionarios de 11 países. Se basa en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. En esta investigación se detalla cómo Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de unos 14 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Odebrecht fue creada en 1944, en el Estado de Bahía, y se consolidó como la constructora de mayor crecimiento durante los años de la dictadura militar brasileña.
La empresa creó una «Caja B» a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de Relaciones Estratégicas» para disimular la maraña de coimas. A continuación se detallan en orden alfabético los países que se sabe ha afectado las operaciones ilegales de Odebrecht y cierta información sobre el asunto.
Argentina Según los fiscales estadounidenses, entre 2007 y 2014 Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por valor de 35 milloneshttps://www.elciudadano.com/portada/correos-y-odebrecht-los-escandalos-que-amenazan-a-macri/02/14/ Argentina: denuncian que operador de Odebrecht giró fondos a jefe de Inteligencia larepublica.pe En enero de 2017 fue imputado el jefe de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) argentino, Gustavo Arribas por la recepción de coimas y otras dádivas de Odebrecht. Entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, un operador financiero brasileño condenado por la justicia de Brasil por el caso Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Gustavo Arribas, destinados al pago de coimas, lavado de activos y evasión.
Arribas recibió casi 0,6 millones de dólares por parte de Odebrecht en una cuenta suya radicada en Suiza. En 2018 fue denunciada y procesada la titular de la Oficina Anticorrupción penalmente por intentar una “negociación de impunidad” con la empresa brasileña Odebrecht, denunciada por pago de coimas en el Lava Jato. Hubo encuentros a puertas cerradas con los ejecutivos de la filial argentina de Odebrecht, que fueron considerados intentos de obtener anticipadamente la información confidencial que aquellos pudieran aportar y de ese modo, controlar los daños que puedan producir sobre el círculo íntimo del Presidente Mauricio Macri.
El exministro de Planificación Pública, Julio De Vido y los exsecretarios José López y Roberto Baratta, fueron acusados procesados por presuntos sobornos en la construcción de la planta potabilizadora de AYSA junto a Carlos Ben, y el directivo Raúl Biancuzzo, los empresarios Tito Biagini, Aldo Benito Roggio, Jorge Corcho Rodríguez y Carlos Wagner. La causa será elevada a juicio oral en 2021. De Vido también quedó procesado por hechos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht, en la construcción de gasoductos en la Argentina, junto con el ex secretario de Energía Daniel Cameron.
Meirelles, el financista brasilero de Odebrecht confirmó que pagó propinas que se hicieron entre 2009 y 2014 que pagó con depósitos como pagos, en Panamá y la Argentina. Fue imputado por el fiscal Francisco Delgado.Imputan a arribas por presunto cobro de coimas
Brasil
De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, empezando en 2009, Odebrecht pagó aproximadamente USD$ 349 millones en sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil, financiaba las campañas políticas en las elecciones para obtener beneficios y contratos de obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país, con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado.
Washington menciona específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras, durante diferentes gobiernos en los últimos años y la justicia brasileña ya condenó al millonario y expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht (1968-), a 19 años y 4 meses prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la empresa petrolera con la constructora Odebrecht, con obras de infraestructura petrolera con esta empresa pública administrada por el Estado.
Eduardo Cunha presidente de la Cámara de Diputados de Brasil está actualmente preso a la espera de ser procesado por corrupción. En unos de los cargos presentados por la Fiscalía, Cunha es acusado de recibir sobornos de un consorcio del que formaba parte Odebrecht por obras en la zona portuaria de Río de Janeiro.
El juez federal Sergio Moro, sin embargo, en la corte nacional de Brasil solo lo declaró culpable por el pago de más de USD$30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia para la empresa, pero las investigaciones continúan para poder determinar el grado de responsabilidad de funcionarios públicos durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer.
También fue citado ante la justicia por aceptar sobornos el senador Aécio Neves, junto con el miembro de su partido, José Serra, y el presidente de la República, Michel Temer.
Colombia
En Colombia el caso Odebrecht llegó a permear las campañas presidenciales de 2014, existen pruebas de ingresos de dineros tanto en la campaña del entonces electo presidente Juan Manuel Santos como en la de su rival Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo se ha criticado los lentos y pocos resultados presentados por los investigadores en comparación de lo sucedido en otros países.
Otros implicados incluyen; los excongresistas Bernardo Elías y Otto Bula, también exfuncionarios como Daniel García Arizabaleta y Gabriel García Morales entre otros. Igualmente el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha tenido que dar explicaciones de los extraños sucesos que rodearon el supuesto intento de suicidio y posterior muerte del testigo Jorge Enrique Pizano y la de su hijo por ingesta de cianuro.
Ecuador
Obras después del retorno a la democracia La publicación del caso coincidió con la campaña de las Elecciones presidenciales de Ecuador de 2017. Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por US$5 mil millones en continuadas contrataciones con 7 de los 10 últimos gobiernos: los presididos por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa.
El Diario Expreso, publicó una lista de dieciocho ciudadanos ecuatorianos receptores de coimas de Odebrecht, incluyendo un persona con la primera letra de su nombre J y la última letra de su apellido T, con el sobrenombre Matraca. El Presidente Correa, así como otros sugirieron que esa persona sería Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, quien es conocido por tener bienes en una gran variedad de paraísos fiscales, pero él negó cualquier responsabilidad. Estos supuestos delitos habrían prescrito.
En 2008 Correa expulsó mediante decreto ejecutivo 1348 a la compañía y ordenó el arraigo de sus altos funcionarios en Ecuador tras detectarse -señala el decreto- deficientes técnicas en la Central Hidroeléctrica San Francisco.
Obras durante el gobierno de Rafael Correa Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht declaró haber realizado sobornos por un total de US$33,5 millones desde el 2007 al 2016, y podría haber obtenido beneficios de más de US$116 millones. Tras esto los 8 candidatos a la presidencia de Ecuador se pronunciaron sobre el tema, así como el Fiscal general Galo Chiriboga, quien informó por Twitter que se había comunicado con el embajador ecuatoriano en Washington, mientras que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, declaró que "(...)no podemos descartar que haya habido pagos o actos de corrupción y estamos enviando a la Fiscalía una solicitud de que esto se investigue(...)" "(...)si se descubre a personas involucradas en estos casos de corrupción se los detendrá de inmediato(...)".
Y el estado contrató 6 proyectos: Reparación de la Central Hidroeléctrica Pucará, por un precio referencial de US$18 millones. Trasvase Daule-Vinces, por US$191 millones. Relleno del terreno para la construcción de la Refinería del Pacífico, por US$ 229 millones.
Central Hidroeléctrica Manduriacu, por US$124 millones. Poliducto Pascuales-Cuenca, por un precio de US$369 millones. Construcción del acueducto "La Esperanza"-Refinería del Pacífico, por un precio de US$334 millones. mientras que el asambleísta Diego Salgado inició el 23 de diciembre la recolección de firmas para comenzar un juicio político del vicepresidente Jorge Glas, alegando que él, como ministro de sectores estratégicos en funciones durante el tiempo en el que Odebrecht informó realizar estas coimas, era el responsable político de los pagos de Odebrecht.
En febrero de 2023, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado sancionó con multa a CELEC y a Odebrecht (ahora denominada CNO SA), con $ 50 millones por acuerdo colusorio vertical en la contratación de la central hidroeléctrica Manduriacu y la reparación del túnel de carga de la central hidroeléctrica Pucará.
Contratos con el Municipio de Quito También se señaló que el Municipio de Quito, durante la administración del alcalde Augusto Barrera, se contrataron los proyectos Ruta Viva (Fases 1 y 2) y la contratación de la fase 2 del Metro de Quito (que fue otorgada al consorcio Acciona-Odebrecht) aprobada por la anterior administración y en ejecución con el nuevo alcalde Mauricio Rodas.
En el caso del gobierno nacional, la empresa fue expulsada del Ecuador en 2008 mediante el Decreto Ejecutivo 1348, debido a fallas estructurales que provocaron el cese de operaciones de la Hidroeléctrica San Francisco.
Ese mismo mes se filtro documentos secretos del departamento de Estado de EEUU donde figuraba el alcalde Mauricio Rodas cómo parte de los funcionarios que habían recibido coimas en el escándalo de corrupción. El miércoles 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe sobre la entrega de coimas efectuada por la empresa Odebrecht a funcionarios del Ecuador. Los sucesos han llevado a que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional solicite a la Contraloría un examen especial al patrimonio del alcalde Todas y sus allegados junto a un análisis de los contratos de la fase dos del Metro.
Consecuencias tras la publicación del escándalo El partido Alianza País vota en junio de 2017 la expulsión de Odebrecht de Ecuador.
El 3 de agosto de 2017, el presidente Lenin Moreno mediante Decreto Ejecutivo n.º 100 le retiró las funciones que le fueron asignadas al iniciar su gobierno al vicepresidente Glas. Según Moreno, la principal razón es una carta que Moreno considera ofensiva, y por ser sospechoso de haber recibido US$14 millones como cohecho por parte de Odebrecht.
El 2 de octubre de 2017, el juez Miguel Jurado en el proceso judicial seguido en Ecuador, con número «17721201700222», dictó prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glas, también a Ricardo Rivera, quien falleció en arresto domiciliario en 2022 por causa del covid, también se dictó prisión a otros 6 implicados, por delito de asociación ilícita. Meses después, el 13 de diciembre de 2017 se dictó la sentencia que constaba de 6 años de encarcelamiento.