Las Cortes de Santiago y La Coruña fueron una reunión de las Cortes de Castilla acaecida en ambas localidades gallegas, primero en Santiago de Compostela y luego en La Coruña, que tuvieron lugar al comienzo del reinado de Carlos I, entre el 31 de marzo y el 25 de abril de 1520.
thumb|Carlos I en 1516, retratado por Bernard van Orley. A finales de 1519 el joven Carlos I fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Unos meses después, en febrero de 1520, convocó las Cortes con el fin de obtener un cuantioso servicio que le permitiese sufragar su viaje hacia tierras germanas y reembolsar los préstamos que había utilizado para ganar la elección imperial. A pesar de las presiones de los corregidores y de la corte real y en medio de un clima deteriorado por las protestas de Toledo, la mayoría de las ciudades se atuvieron al programa reivindicativo de Salamanca y decidieron enviar a sus procuradores con poderes para no votar el servicio.
Sin la asistencia de aquellas dos ciudades, las Cortes se inauguraron el 31 de marzo con un discurso de Pedro Ruíz de la Mota y prosiguieron en Santiago algunos días más, durante los cuales los diputados se negaron a consentir el impuesto si el monarca no atendía antes sus reivindicaciones. Esta corriente de hostilidad llevó a que Carlos suspendiese sus sesiones el 4 de abril y las reanudase poco más de dos semanas después en La Coruña. El lapso de tiempo que duró este intervalo fue aprovechado por la corte para ejercer presiones sobre los procuradores intransigentes y llevar a cabo una fallida maniobra en el seno del regimiento toledano que acabó por hacer estallar la revuelta comunera el 16 de abril. En La Coruña, finalmente, las Cortes fueron cediendo sobre la cuestión de los impuestos hasta aprobarse el servicio por una gran mayoría.
Tras ello, el rey designó al extranjero Adriano de Utrecht regente de sus posesiones hispánicas y el 20 de mayo se embarcó rumbo hacia Alemania. La revuelta comunera se agravó, en la cual las Cortes de Santiago y La Coruña jugaron un papel muy importante como desencadenante directo del conflicto.
Contexto histórico miniaturadeimagen|Retrato de Maximiliano I de Habsburgo, abuelo de Carlos I de España y anterior emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1519 se abrió el proceso de elección del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y la mayoría de los electores se pronunciaron a favor de Carlos I para suceder a Maximiliano, su abuelo. Ante el triunfo obtenido, el monarca español necesitaba una cantidad de numerario importante que le permitiese pagar los gastos del viaje y, por sobre todo, reembolsar el dinero prestado por los banqueros genoveses y alemanes, los Welser y los Fugger, el cual había utilizado para disponer a los electores a su favor. thumb|Coronación de Carlos I de España como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Bolonia (1522), obra de Gaspar de Crayer, conservada en el Museo Ingres Bourdelle, Francia. El concejo de Toledo se situó al frente de las ciudades que protestaban contra la elección imperial, cuestionando el papel que Castilla debería desempeñar en este nuevo marco político y los gastos que acarrearía a corto plazo, dada la posibilidad de que la Corona se convirtiera en una mera dependencia imperial. Al principio, insistió en la idea de volver al sistema de encabezamientos, una modalidad de recaudación de las alcabalas que se suponía más justa y menos gravosa para los ciudadanos. Pero muy pronto esta reivindicación pasó a segundo plano y Toledo empezó a enviar cartas a las ciudades con voto en Cortes para que se reunieran y adoptaran una postura común respecto a dos puntos fundamentales: la marcha del rey y la organización de la regencia, por un lado, y los problemas derivados de la elección imperial, por otro. En cuanto a lo primero, Toledo introdujo una reivindicación que historiadores como Joseph Pérez han considerado de talante novedoso y revolucionario: que durante la ausencia del monarca, los «pueblos» ejerciesen su derecho a gobernar. En cuanto a lo segundo, la ciudad protestó enérgicamente contra la nueva intitulación real de Carlos I, que anteponía el título de emperador al de rey de Castilla. Esta cuestión se solventó con la siguiente formulación:
Preparación de las Cortes Las Cortes fueron convocadas desde Calahorra el 12 de febrero de 1520, fijándose para su reunión el día 20 de marzo en la ciudad de Santiago de Compostela, reino de Galicia. La elección —contraria a las costumbres— de una localidad tan alejada de Castilla y sus centros políticos provocó cierto malestar en los concejos locales y el círculo de colaboradores del monarca. Todos creían que los procuradores no se reunirían sino en Burgos, aunque el rey nunca dio seguridades en ese sentido:
Algunos rumores comenzaron entonces a circular. Según uno de ellos, San Isidoro había profetizado la destrucción del reino el día en que las Cortes se reunieran en Galicia. De manera más seria, el 1 de marzo el cabildo de Córdoba acordó pedir al rey que las Cortes se celebrasen en Castilla y no en Santiago, «porque es muy gran novedad y en perjuicio de estos reinos», y lo mismo le suplicaron los concejos de las villas de León, Astorga, Ponferrada y Villafranca del Bierzo en su recorrido rumbo a Galicia. Otro punto de esta argumentación era que la ciudad que iba a ser sede de las Cortes no tenía representación en la asamblea. Y en relación con esto, la convocatoria de 1520 también revivió la antigua disputa que el reino de Galicia mantenía con la ciudad que lo representaba, Zamora. Así, el 15 de febrero Betanzos elevó un memorial al rey para declararle su absoluta fidelidad y pedir que no diese crédito alguno a dicha ciudad, la cual, pretendiendo hablar en nombre de Galicia, se había alineado junto con Toledo. A esta protesta de lealtad le siguió, por su parte, la de La Coruña.
Presiones a las ciudades
Con el fin de conseguir procuradores afines a la Corona, los corregidores presionaron a los ayuntamientos y les impusieron un mandato redactado de antemano por la Corte, con poderes favorables a la votación del servicio. Además, les encargó la tarea de evitar la participación en los debates de personas impropias al regimiento, sobre todo, miembros del clero, cuya intervención en el ayuntamiento local estaba terminantemente prohibida por la ley.
Programa de Salamanca La oposición al mandato imperativo de la Corte y a la política imperial se plasmó en un manifiesto redactado por miembros del clero de Salamanca, entre ellos, los superiores de los franciscanos, agustinos y dominicos: Alonso de Medina, Antonio Ávila, Juan de Argamañón, Juan de Victoria, Juan de Jarandilla, Juan de Bilbao y el doctor Docampo.
El documento, ante todo, exigía el reemplazo de los poderes imprecisos de los diputados por otros más concretos. El punto central era que este nuevo poder (denominado «limitado») debía contener reivindicaciones que el rey estaría obligado a conceder como condición previa a la votación del servicio, el cual sería negado en caso contrario.
Así, primero se pedía la prorrogación de las Cortes por medio año, debido a la gravedad de los temas a debatir, y que además se celebrasen en Castilla («en tierra llana»). A esto seguían dos reivindicaciones clásicas: la prohibición de extraer dinero y caballos del país —más adelante se proponía rebajar la ley de la moneda para igualarla a la de los países comarcanos y evitar su salida— y la exigencia de proveer los oficios y beneficios de Castilla y sus colonias a naturales castellanos. Además, insistía en el mantenimiento de la casa de Contratación en Sevilla:
A estas peticiones les seguía una declaración categórica, la negativa del servicio:
El manifiesto también se adentró en la cuestión de la partida del rey. En este sentido se exigía a Carlos que aplazase el viaje al Imperio hasta haber contraído matrimonio y asegurado la sucesión del reino pues, de otro modo, se demandaría el retorno de su hermano Fernando a la península. Además, se hacía hincapié en que una vez partido, la regencia debería estar investida con poderes amplios, con el fin de evitar que se reprodujera la delicada situación de la regencia del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, cuando todas las decisiones se tomaban en el extranjero. En el plano religioso, el manifiesto proponía que se moderase el comercio de indulgencias —para impedir los abusos de sus vendedores— y que el dinero obtenido de ellas no se utilizase para fines diferentes del establecido.
En caso de que el rey se abstuviese de considerar estas exigencias, los procuradores le dirigirían una advertencia solemne previniéndole que las Comunidades del reino —según el contexto, las ciudades y colectividades políticas— tomarían sus responsabilidades y el papel de velar por los intereses nacionales y la independencia en contra del Imperio, negándose a contribuir financieramente a una política que consideraban no interesaba a Castilla:
El programa de Salamanca, que preludiaba la insurrección comunera, finalizaba proponiendo al resto de las ciudades representadas en Cortes adoptar su reclamo; según los frailes, todos los brazos sociales de la ciudad (es decir, regidores, clero y población) estaban dispuestos a resistir cualquier tipo de amenazas. También se instaba a los oficiales municipales a no dejarse amedrentar por los corregidores, que tan solo acataban las órdenes del monarca, aunque personalmente pudiesen discrepar y tener miradas distintas a las que buscaban imponer; incluso había un cierto interés por verlos oponerse, porque ello incentivaría a los diputados a resistir más firmemente en sus opiniones.
Elección en Ávila En Ávila, el martes 28 de febrero de 1520, la presencia en el ayuntamiento de unos frailes franciscanos influyó para que la ciudad modificase su postura ante el conflicto que se avecinaba con el poder real. En dicha sesión el regidor Suero del Águila propuso que se aplazase la entrega de los poderes de los diputados hasta el próximo sábado, cuando deberían estar presentes personalmente en el consistorio para recibirlos. Uno tras otro —excepto el licenciado Juan de Henao, uno de los dos procuradores— los otros tres regidores presentes (Sancho Sánchez Cimbrón, Pedro del Peso y Cristóbal del Peso), más el procurador general de la tierra y el procurador general de la ciudad, reafirmaron esta propuesta de Suero del Águila. Mientras tanto, designaron a Sancho Sánchez Cimbrón y a Pedro del Peso para redactar la instrucción que habían de llevar a las Cortes; del Peso puso una disculpa y renunció a su responsabilidad.
El 3 de marzo Suero del Águila tomó la palabra nuevamente para manifestar su descontento en cuanto a los poderes de los procuradores Juan de Henao y Diego Hernández de Ávila. Según él, era necesario «enmendarlos» de forma que obligasen al rey a tomar en consideración las reivindicaciones contenidas en el memorial adjunto, «pues tan cumplideras son al servicio de Dios y de su Majestad y bien universal destos sus reinos». Si el rey se negaba, los diputados no votarían el servicio. Cimbrón y Cristóbal del Peso coincidieron su opinión con la de Suero del Águila, por lo que los poderes fueron dados en dichos términos.
Elección en Madrid