La crisis en Venezuela hace referencia a una profunda crisis política, económica y social desarrollada durante los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.Esta etapa ha sido marcada por una fuerte hiperinflación, aumento importante de la pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia, incremento de la mortalidad infantil, desnutrición severa y violaciones a los Derechos Humanos, trayendo como resultado una ola de emigración masiva del país. La situación es de lejos la peor crisis económica en la historia de Venezuela y en el mundo la peor desde mediados del de un país que no está experimentando una guerra, mucho más grave que la Gran Depresión en los Estados Unidos, peor que la crisis económica de 1985-1994 de Brasil o que la crisis hiperinflacionaria en Zimbabue de 2008-2009. Diversos investigadores han comparado varios aspectos de la crisis, como el desempleo y la contracción del PIB, con la posguerra de Bosnia y Rusia, así como Cuba y Albania tras el colapso de la Unión Soviética.
El 2 de junio de 2010, Chávez declaró una «guerra económica» debido a la creciente escasez en Venezuela. La crisis se intensificó bajo el gobierno de Nicolás Maduro, agravada como resultado de la caída de los precios del petróleo a principios de 2015, debido a una caída de la producción petrolera en Venezuela por falta de mantenimiento e inversión, trayendo como consecuencia una crisis petrolera mayor. El gobierno no logró reducir el déficit ante la caída de los ingresos del petróleo, enfrentando la crisis negando su existencia, y reprimiendo violentamente a la población.
Las ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno venezolano se volvieron comunes, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe en donde reportaba 5287 asesinatos perpetrados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017, con al menos otros 1569 asesinatos registrados en los primeros seis meses de 2019. La ONU tenía «motivos razonables para creer que muchos de estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales», y caracterizó a las operaciones de seguridad como «destinadas a neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y a personas críticas al gobierno». También declaró que las FAES habrían «plantado armas, drogas y disparaban sus armas contra las paredes o al aire para simular una confrontación y mostrar que la víctima se había resistido a la autoridad» y que algunos de los asesinatos habían sido cometidos «como represalia por la participación [de las víctimas] en manifestaciones antigubernamentales».
La crisis supuso la confluencia de distintos problemas: crisis financiera, escasez de productos básicos y medicinas, aumento del desempleo por el cierre de empresas privadas y emigración masiva hacia otros países del continente americano. Así mismo, la disminución del crédito a la empresa privada por parte de la banca, en conjunto con la intervención gubernamental de la política monetaria a través del Banco Central de Venezuela (BCV) han desencadenado una hiperinflación. El deterioro de la productividad y competitividad, mala gestión económica, dependencia del petróleo, corrupción política, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos más fundamentales, han contribuido al empeoramiento de la crisis y deterioro de la calidad de vida.
Los gobiernos de Chávez y Maduro han alegado que los problemas son el resultado de una guerra económica contra Venezuela, «la caída de los precios del petróleo, sanciones internacionales y la élite empresarial del país». Por otro lado, sus detractores citan la gobernanza antidemocrática, la corrupción y la mala gestión de la economía como causas principales de la crisis. Otros atribuyen la crisis a la naturaleza socialista, populista o hiper-populista de las políticas del régimen y el uso de estas políticas para mantener el poder político. En 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó que «la información recopilada indica que la crisis socio-económica se había estado desarrollando durante varios años» antes de las sanciones internacionales. Michelle Bachelet en un informe de 2019 expresa que la crisis social y económica se estaba agravando drásticamente, el gobierno no había reconocido ni abordado el alcance de la crisis, y expresó su preocupación sobre que aunque la «crisis económica, social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas», las sanciones podrían empeorar la situación. Analistas y economistas nacionales e internacionales han declarado que la crisis no es resultado de un conflicto, desastre natural o sanciones sino consecuencia de las políticas populistas y prácticas corruptas que comenzaron con la Revolución bolivariana en la presidencia de Chávez y continuaron durante la dictadura de Maduro.
La crisis ha generado fuertes olas de protestas, una en 2014, otra en 2017 y otra más en 2019. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), las protestas fueron reprimidas fuertemente por los aparatos policiales y parapoliciales y se incurrió en la violación reiterada de los derechos humanos de los participantes, dejando víctimas fatales y presos por motivos políticos.
Venezuela ha experimentado una profunda crisis política. En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la oposición obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional (AN). Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) elegido en diciembre de 2015 por la AN saliente afín al chavismo, en enero de 2016 citó presuntas irregularidades en la elección de los diputados del estado Amazonas para sentenciar «en desacato» a la Asamblea Nacional, negando validez jurídica a todas sus decisiones. Ese mismo año, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) intentó que se convocara un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, pero este proceso fue suspendido en octubre de 2016 por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Crisis económica miniaturadeimagen|Escala logarítmica de la hiperinflación en Venezuela. Las líneas verticales azules representan cada vez que la moneda ha perdido 90 % de su valor. Desde 2013 existe una crisis económica en Venezuela, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, las expropiaciones, las restricciones del control de cambio de la moneda, el endeudamiento público la corrupción, entre otros. En este periodo, se ha producido una aguda recesión económica que ha sido una de las más largas en la historia económica del país al igual que dos años de hiperinflación.
Desde inicios de la crisis las estadísticas oficiales reflejaron una caída progresiva del ingreso en los hogares, y un incremento de la pobreza. Para 2014, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza alcanzaba el 29,4 %. En Venezuela desde el año 2018 el salario mínimo mensual se encuentra por debajo de los 10 dólares.
Crisis inmobiliaria El sector inmobiliario se ha visto afectado fuertemente desde los inicios de la crisis, evidenciando un deterioro de expectativas inmobiliarias y de la industria de la construcción en Venezuela. Los indicadores han mostrado una caída en distintos ámbitos, principalmente el descenso en el número de unidades vendidas, la caída acusada del precio de la vivienda (más o menos pronunciada dependiendo de la región) y el aumento de empresas promotoras y constructoras declaradas en quiebra o con dificultades financieras. Esto ha sido causa de factores internos: la falta de financiación, la inflación, escasez y sobreprecio de materiales de construcción. Entre las consecuencias está un aumento del desempleo y la consecuente contracción del consumo.
Deuda venezolana
Según un informe presentado por la Asamblea Nacional en agosto de 2019, el país tiene una deuda millonaria y se encuentra en default, entre bonos, pagos a proveedores, acuerdos internacionales y compromisos comerciales se aglomeran las deudas del sector público venezolano. Según la Plataforma Auditoría Pública y Ciudadana, la deuda externa del estado venezolano en 2016 se divide en: Deuda pública venezolana: representa un 76 % del total y es lo que debe por bonos, préstamos de MyLP y bonos internos C,M Y LP. Deuda financiera de PDVSA: el resto, 24 % del total. Respecto al PIB
La deuda total en 2016 se reparte de la siguiente forma: Deuda externa: 34 %. Deuda interna: 69 %.
Con respecto a la media de América Latina, la deuda externa venezolana en 2017 es inferior.
La deuda externa de Venezuela en febrero de 2017 era el 69,9 % del PIB. y en 2020 alcanzó el máximo del 327,7 % del PIB.
Con la escasez de divisas que entran al país, la deuda venezolana se fue agravando haciendo que la situación económica de Venezuela empeorara cada vez más. Sólo a partir de 2022 se observó mejora con un crecimiento del 18%, tras una contracción superior al 75% del PIB
Acreedores Entre los acreedores de la deuda pública, en 2014 un 55 % el Estado lo debe a entidades financieras venezolanas (Banco de Venezuela y Banco Mercantil, principalmente) y el resto a entidades extranjeras, principalmente bancos franceses y españoles.
El banco Citibank, en julio de 2016 cerró la cuenta de pago con el Banco Central de Venezuela por razones de revisión de riesgo. Según varias fuentes, la decisión del banco tendría un impacto en el mercado alternativo de divisas, siendo este un factor de riesgo para la economía de Venezuela. Sin embargo, según el Banco de Venezuela, esta decisión no pone en peligro pagos de deuda, ya que se encuentra activa la cuenta del Banco Central de Venezuela por la que la institución hace estas operaciones en el mercado internacional. Inversiones con dinero público Algunas construcciones públicas en Venezuela han recibido críticas de despilfarro, por considerarse un fracaso o por encontrarse infrautilizadas. Algunos ejemplos son: Aeropuertos: Remodelación inconclusa del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Aeropuerto Juan Vicente Gómez. Metros: Metro de Guarenas-Guatire, el Cabletren, línea 5 del Metro de Caracas, entre otras. Hidroeléctricas: Central hidroeléctrica Tocoma. Estatua del exlíder Hugo Chávez.
Fraude fiscal
Un informe del SENIAT señaló en noviembre de 2013 que un 71,8 % del fraude fiscal corre a cargo de empresas y grandes fortunas. Para 2013 el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideraba que al menos $ 21 000 000 000 en dólares a precio preferencial a diversas empresas para importaciones esenciales que jamás fueron realizadas.La Sangría de CADIVI (El universal) Las entregas se habrían realizado entre 2012 y 2013. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en 2012 habrían sido usados para empresas ficticias.
En 2014 se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.