Los juicios por delitos en la guerra de las Malvinas son procesos judiciales cursados tanto en Argentina como en el Reino Unido después del conflicto del Atlántico Sur. Fueron una serie de juicios militares llevados a cabo en Argentina en 2009 para determinar la validez de reclamos efectuados contra oficiales y suboficiales por conspiración, tortura y maltrato a los soldados conscriptos durante la guerra de las Malvinas en 1982.
El primer acontecimiento implicó acusaciones relacionadas con oficiales del Ejército argentino y suboficiales acusados por castigos a sus tropas después de la batalla de Pradera del Ganso. «Nuestros oficiales eran nuestros peores enemigos», dice Ernesto Alonso, el presidente del CECIM (Centro de Excombatientes de Islas Malvinas), fundado por Rodolfo Carrizo y otro conscripto del Regimiento de Infantería Mecanizado 7, en La Plata.
Diversos crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos (estaqueamientos) han sido acreditados contra tropas argentinas, cometidos por tropas británicas o superiores militares argentinos.
El veterano José M. Araníbar, que apoyó la investigación pre judicial, comentó al noticiero El Mundo que «esta megacausa contiene todos los delitos: vejámenes, torturas, servidumbre, heridas graves, abandono de persona e incluso dos muertes; la de un soldado (Rito Portillo) que al parecer fue fusilado por un cabo y otro (Remigio Fernández) que murió de hambre al ser abandonado».
En 2007 Nilda Garré, ministra de Defensa argentina, reconoció que las normas militares vigentes (calabozo de campaña) durante la guerra de las Malvinas, que en otros ejércitos de la mancomunidad eran conocidas como field-punishment, permitía el estaqueo de soldados en caso de la inexistencia de cárceles.
En 2012, el exgobernador militar de las islas, el general de brigada en retiro Mario Benjamín Menéndez, defendió el uso de estaqueos, diciendo que eran parte de las acciones disciplinarias del Ejército: «Hay que estar muy seguro de lo que fue (porque), por ejemplo, existe un castigo en el Código de Justicia Militar que se llama 'calabozo de campaña' y la sensación que yo tengo, por lo que he escuchado, es que lo que se aplicó en algunos casos fue (este procedimiento)».
Investigaciones y causas en Argentina
Al menos cuatro soldados argentinos fueron fusilados en la Batalla de Monte Longdon, realizada entre el 11 y 12 de junio de 1982, aseguró el excabo del Ejército Británico Vincent Bramley en su libro Excursion To Hell (Bloomsbury, 1991). En 1993, el presidente Carlos Menem ordenó al ministro de Defensa investigar las denuncias sobre fusilamientos de soldados en las Malvinas. Se formó la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra Británicos. Julia Solanas Pacheco, integrante de la Comisión declaró que se cometieron “graves violaciones”, por parte de las tropas británicas; entre ellas “el asesinato de soldados heridos”.(“La Prensa” , 7 de febrero de 1994, Pág. 4) En esta carga final se registraron, según la denuncia efectuada por los veteranos de guerra argentinos, confirmada en 1994 por la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra Británicos, seis casos de fusilamientos de soldados conscriptos hecho prisioneros en Monte Longdon: Ramón Quintana, Donato Gramisci, Aldo Ferreyra, Enrique Mosconi, Alberto Petrucelli y Julio Maidana.Malvinas: Y Ahora Qué?, Julia Solanas Pacheco, p. 101, Editorial Plus Ultra, 1996 Según el cabo Gustavo Pedemonte de la Compañía B del Regimiento 7, «Era una noche muy clara estrellada e iluminada por las bengalas inglesas por lo que pude ver perfectamente cuando varios ingleses fusilaban a un soldado que había caído herido. Mi visión era perfecta»
El soldado Néstor Flores afirma ver cómo paracaidistas británicos remataban a dos conscriptos heridos (Ramón Quintana y Donato Gramisci) en la acción de monte Longdon.Falklands prisoners 'executed'
La Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra Británicos cita diez casos,Argentina afirma que posee pruebas de los crímenes de guerra británicos en las Malvinas, El Mundo, 10/08/1994 pero es factible que hayan sido más, según aseguró Víctor P. Catá, vicepresidente en 1996 de la Casa del Veterano de Guerra.Reclamo argentino por los crímenes en Malvinas
En 2007 el Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM) presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego), con más de 120 casos de torturas, estaqueamientos, violaciones y otros tratos inhumanos, contra conscriptos. La denuncia incluyó el homicidio del soldado Remigio Fernández por inanición. La denuncia fue sostenida por el fiscal Marcelo Rapoport, con asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal.
Uno de los soldados del Regimiento 12, Oscár Núñez, dijo:El subdirector de un liceo militar fue acusado de estaqueamientos
En una entrevista con el diario británico The Times, Núñez dice que Malacalza estuvo acompañado por algunos soldados conscriptos que con mucho gusto repartieron la paliza que los tres recibieron que incluyó varias patadas antes que fueran estaqueados.Falklands conscripts recall torture and death at hands of officers
Todas las fuentes militares coinciden que los soldados Roque Evaristo Sánchez y Avelino Néstor Oscar Pegoraro murieron combatiendo heroicamente (condecorados con "La Nación Argentina al Valor en Combate") en la Batalla de Pradera del Ganso, mientras que pudieron haber muerto por expresas órdenes de sus jefes, según unas u otras fuentes.Momarandu.com con un ex soldado que presenció torturas en Malvinas Así lo asegura el exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Dr. Pablo A. Vassel, en su libro "Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía. Corrientes en Malvinas".
También existe polémica por la muerte del conscripto Rito Florencio Portillo, caído por fuego amigo según la versión militar, mientras que otros tienden a considerar que se lo fusiló por orden de un suboficial. De acuerdo al mayor médico Andino Luis Francisco Quinci:
En febrero de 2015, uno de los imputados, el exmilitar Jorge Eduardo Taranto, logró que en su caso la Corte Suprema, en un fallo polémico, cerrara la investigación judicial, al rechazar el recurso extraordinario que cuestionaba un fallo de la Cámara declarando la prescripción, argumentando que no se trataban de delitos de lesa humanidad, sino de delitos comunes. El fallo de la Corte provocó que la presidente Cristina Fernández de Kirchner dictara el Decreto 503/15, desclasificando documentos militares en los que había constancias de los crímenes denunciados y de los actos de la dictadura con el fin de ocultarlos. Los excombatientes apelaron el fallo de la Corte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitaron continuar las investigaciones respecto a los demás militares denunciados; el caso tramita como Petición P-460-15.
En 2018 el fiscal solicitó la declaración indagatoria y la detención de 26 militares por considerar que existía semiplena prueba de que habían cometido al menos 22 torturas y un homicidio:
En diciembre de 2018, el juez a cargo de la causa en ese momento, hizo lugar al pedido de indagatoria de los siguientes militares:•
Tanto las víctimas como los militares acusados pertenecían al Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, perteneciente a la III Brigada de Infantería, al mando del general Omar Edgardo Parada. Un año después, el juez no había citado a declarar a ningún imputado. Las Abuelas de Plaza de Mayo, en un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizado en septiembre de 2019, denunció las "demoras sistemáticas".
Sobre el presunto homicidioGrave denuncia de ex combatientes de Malvinas de Remigio Antonio Fernández en Puerto Howard (Isla Gran Malvina), el teniente Dardo Raúl López del Regimiento 5 ha explicado lo que pasó con el conscripto:
En 2013 se inició, ante el Juzgado Federal de Río Grande, la investigación de las denuncias contra militares británicos, por violaciones de derechos humanos durante la guerra, en perjuicio de tropas argentinas. Los ingleses denunciados son Gary Louis Sturge, John Pettinger, Stewart MacLauglin y Kevin Connery.
En contravención de la Convención de Ginebra, los paracaidistas británicos negaron a los argentinos un entierro apropiado, a pesar de que todos los oficiales y suboficiales tenían chapas de identificación metálicas y los conscriptos tenían tarjetas plásticas de identificación (Documento Nacional de Identidad o DNI), fotos de familiares, sus nombres en su equipo militar y cartas en sus bolsillos (envueltos en plástico) para identificarlos. El coronel británico Geoffrey Cardozo, que pudo identificar y dar a los caídos de los Regimientos 7, 12 y 25 (que enfrentaron a los paracaidistas) una sepultura con honores militares 35 años después, ha admitido que las pertenencias de los conscriptos y muy a menudo las chapas metálicas de sus superiores ayudaron a identificar a la mayoría de los 121 soldados, suboficiales y oficiales que eran «Soldado Argentino Solo Conocido por Dios».British Army officer who never forgot fallen Argentinian soldiers
Hay denuncias de que se utilizaron testimonios falsos como prueba para acusar a los oficiales y suboficiales del Ejército de abandono de los soldados conscriptos y Vassel tuvo que renunciar su cargo como subsecretario de derechos humanos de Corrientes en 2010.El denunciante por los estaqueos en Malvinas a punto de ser denunciado
En 2022, la Cámara de Casación anuló el procesamiento de Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini.Torturas en Malvinas: la Cámara de Casación anuló el procesamiento de tres exmilitares
En ls primera semana de mayo 2025, Jorge Taranto, el entonces jefe de una sección de apoyo apoyo del Regimiento 5 en Puerto Howard en la Gran Malvina, presentó una denuncia penal contra dos ex soldados conscriptos por falso testimonios. Taranto, subteniente durante la guerra, acusó a los soldados R.P. y E.R. (según las iniciales de los nombres que constan en el documento judicial) de haberlo imputado falsamente en hechos que nunca ocurrieron, algo que -según consideró- dañó su honor y la memoria de quienes combatieron en defensa de Puerto Howard.Un veterano de Malvinas denunció penalmente a dos soldados por falso testimonio
Investigaciones y causas en el Reino Unido
Desde comienzos de la década de 1990 se realizaron denuncias e investigaciones oficiales sobre eventuales delitos aberrantes cometidos por las tropas británicas.
En 1991 se publicó en el Reino Unido el libro Excursion to Hell (traducido como Los dos lados del infierno o Excursión al infierno), escrito por Vincent Bramley, quien combatiera como suboficial (lance corporal) en el Regimiento de Paracaidistas, conocidos como los «paras». Bramley confiesa haber tomado parte, junto con el sargento mayor John Pettinger, en la ejecución ilegal del cabo José Óscar Carrizo, ordenada por el mismo Pettinger.La batalla de Monte Longdon fue escenario de crímenes de guerra
En el borrador del libro, Bramley incluyó un relato sobre el asesinato de varios prisioneros argentinos luego de la batalla del monte Longdon, que quitó de la versión a publicar. El párrafo, publicado en una versión periodística, decía:
Ante las serias evidencias sobre el asesinato de prisioneros, en 1992 el procurador general del Reino Unido, Nicholas Lyell, abrió una investigación oficial sobre los crímenes denunciados. La investigación se extendió durante 18 meses y en su curso se identificaron otros casos: la muerte del soldado conscripto Rodolfo González Arzac en Monte Longdon, causada por un disparo del paracaidista Gary Louis Sturge, cuando el argentino estaba detenido y herido; la grave lesión en la cabeza del cabo José Carrizo en Monte Longdon, causada por dos tiros disparados por el cabo Vicent Bramley y el sargento mayor John Pettinger, cuando había sido tomado prisionero;