miniatura| «Milagro libre». Pintada de militantes pidiendo la libertad de Milagro Sala en la Marcha Anual por los Derechos Humanos, en Buenos Aires, el 24 de marzo de 2016. La detención de Milagro Sala tuvo lugar desde el 16 de enero de 2016, día en que fue arrestada, en Jujuy, Argentina. Sala es una dirigente política, social e indígena, y parlamentaria del Mercosur. Numerosas personalidades y organizaciones, tanto en el orden nacional como internacional, consideran que su detención se debe a cuestiones políticas.
En octubre de 2016, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó una opinión donde realizó un «llamamiento urgente» al Gobierno de Mauricio Macri para que la libere.
En diciembre de 2016 fue condenada a tres años de prisión en suspenso, por considerársela «instigadora» de daños agravados en ocasión del escrache contra el gobernador Gerardo Morales.
En junio de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena. La Sala IV ratificó la sentencia de tres años de prisión de ejecución en suspenso por el delito de daño agravado y revocó el sobreseimiento por el delito de amenaza.
En julio de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar sobre este caso y solicitó al Gobierno de Mauricio Macri cumplir la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal» de Milagro Sala y que se «adopten medidas alternativas a la detención preventiva». El fallo de la CIDH le otorgó al Estado Argentino quince días para realizar la resolución.
Luego de 30 días, la justicia de la provincia de Jujuy le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, estableciendo para su cumplimiento un inmueble que no se encontraba en condiciones de ser habitado, (sin agua corriente, luz, sanitarios, ni cerramientos) pero que fue reacondicionado por un grupo de voluntarios.
El 5 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina reafirmó el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy, convalidando la prisión preventiva de Milagro Sala por existir riesgo de obstaculización del proceso en el que se le imputó la comisión de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión.
En enero de 2019, la Corte Suprema de la Nación ratificó la condena y la dejó firme.
En enero de 2019 Sala fue condenada, en primera instancia, a 13 años de prisión, el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy, por fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de $60.000.000 del estado destinados a la construcción de viviendas sociales. En 2023, el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy, impuso una pena unificada de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por haber sido declarada culpable en dos causas diferentes.
En mayo de 2025, la Corte Suprema de Argentina dejó firme la unificación de esas dos condenas distintas que ya estaban firmes, por el total de 15 años, una condena por el desvío de fondos públicos millonarios que estaban destinados a viviendas sociales para personas pobres en situación de vulnerabilidad, y otra causa por amenazas, fraude y extorsión. En 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas provisorias de protección que ya no eran necesarias al estar Sala en arresto domiciliario en La Plata desde que su condena había quedado firme. Milagro Sala permanece detenida en la Plata en arresto domiciliario desde hace .
Antecedentes En diciembre de 2015, el entonces senador Gerardo Morales asumió como gobernador de la provincia de Jujuy. Una de las primeras medidas tomadas por Morales fue impulsar en la legislatura provincial la ampliación de cinco a nueve el número de integrantes de la Corte Suprema de Jujuy, que fue aprobada menos de cinco días después de la asunción de Morales, únicamente con los votos de los diputados oficialistas. Morales nombró para los nuevos puestos a los mismos legisladores de su mismo partido que habían votado a favor de la ampliación, además de ubicar a parientes de funcionarios en puestos clave del poder judicial. El Ministerio Público Fiscal también quedó a cargo de otro radical. Estas medidas han sido calificadas como maniobras de Morales para controlar la justicia provincial y tener una corte «adicta», o una «justicia a su medida».
Según una denuncia judicial, la designación de esos miembros del Supremo Tribunal le sirvió para intervenir en el Poder Judicial jujeño y encarcelar a la dirigente social y Parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala. También ha sido acusado de utilizar jueces afines para amedrentar políticos opositores y suspenderle la matrícula a abogados que denunciaron la ampliación del tribunal de justicia.
Luego de asumir, el gobernador Morales ordenó el «Programa de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales», según la Red de Organizaciones Sociales (ROS), dentro de la que se encuentra la organización Túpac Amaru, la medida perjudiría a estas cooperativas, por lo que realizó un acampe en la plaza central de la capital jujeña en reclamo de la apertura de una mesa de diálogo entre el poder ejecutivo provincial y las organizaciones sociales.
El 15 de diciembre, el fiscal del Estado Mariano Miranda promovió ante el fiscal de turno Darío Osinaga una denuncia penal contra Milagro Sala, su esposo y Alberto Cardozo por la supuesta comisión del delito de instigación; el fiscal promovió una acción penal contra las personas que acampaban, por los delitos de impedimento y entorpecimiento del transporte, pero, entendiendo que no había delito en la actuación de Sala, Noro y Cardozo, no promovió acción penal contra ellos. Ante ello, el fiscal general Miranda denunció penalmente al fiscal Osinaga por el supuesto delito de omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al no imputar a las personas individualizadas.
El 15 de enero de 2016, Morales quitó a la organización su personería jurídica y cerró sus cuentas bancarias con el argumento de que «cambiaron su objeto social».«Suspendieron la personería jurídica de la Túpac Amaru y la Justicia imputó a Milagro Sala», artículo del 14 de enero de 2016 en el diario Infobae (Buenos Aires). Consultado el 17 de enero de 2016
En 2016 una investigación periodística reveló que el secretario general de la gobernación y hermano del gobernador Gerardo Morales, Freddy Morales, junto a once legisladores compraron 150 hectáreas de Alto Comedero al Banco de Jujuy por 720 mil pesos y apenas meses después, cuando Morales accedió a la gobernación se las revendieron a la provincia por 30 millones de pesos para un programa de vivienda que dirige el otro hermano de Morales, Walter, esta maniobra le permitió al gobernador y sus hermanos una ganancia superior al 4000 por ciento en nueve meses. Mediante el decreto 1234-ISPTYvV/2016, de Gerardo Morales se aprobó la mensura y el anteproyecto de loteo del último de esos terrenos, el mismo que compraron y vendieron los legisladores, a solicitud del apoderado Miguel Giubergia, actual secretario del Comité Nacional de la UCR, director del Ente Nacional de Comunicaciones y uno de los testigos ofrecidos por Gerardo Morales en el juicio contra Milagro Sala.http://www.enorsai.com.ar/politica/20823-revelan-un-millonario-negocio-de-morales-en-jujuy-relacionado-con-el-caso-milagro-sala.htmlhttp://www.infonews.com/nota/104190/freddy-el-hombre-detras-de-los-negocios Según la investigación el emprendimiento de Freddy Morales y ostenta las características de la especulación inmobiliaria tradicional, donde la tierra pública es adquirida por dirigentes políticos a precios irrisorios y luego revendida al propio Estado a precios astronómicos o loteada para construir viviendas de alto nivel, en tanto otro hermano del gobernador Gerardo Morales, Walter Morales, fue puesto al frente del Instituto de Vivienda y Urbanismo provincial. Según diferentes medios el manejo de esos terrenos fueron una de las causas que motivaron la detención de Salas.
Detención El sábado 16 de enero de 2016, personal sin identificación de la policía provincial allanó la casa de Milagro Sala, quien fue detenida, sin la presencia de ningún funcionario judicial, aunque sí de funcionarios del Gobierno provincial, según relató su marido. Milagro Sala comenzó una huelga de hambre.
Los abogados de Sala solicitaron al juez Mercau un recurso de habeas corpus, que fue rechazado en primera instancia por el magistrado y en segunda instancia por la Cámara Federal de Salta. Posteriormente se presentaría un nuevo pedido de habeas corpus, que fue rechazado por un juzgado en primera instancia y que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ésta lo remitió a la Sala I de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez —en enero de 2017— se declaró "incompetente" para entender en la causa que le había girado la Corte.
Gastón Mercau, el juez a cargo de la causa, afirmó que no existían otras denuncias contra Sala. En la noche del miércoles 20 de enero de 2016, a pesar de estar imputada por delitos excarcelables, el mismo juez decidió su traslado a una cárcel de mujeres.Jorquera, Miguel (2016): «Trasladaron a Milagro Sala a una cárcel», artículo del 21 de enero de 2016 en el diario Página/12 (Buenos Aires).
El 29 de enero de 2016, el juez firmó la excarcelación por la causa por la que había sido detenida, pero determinó que seguiría detenida por las acusaciones posteriores a su detención.
Acusaciones Acusación por tumulto e instigación a cometer delitos El 15 de diciembre de 2015, el Fiscal del Estado denunció penalmente a Sala por «instigación a cometer delitos», «tumultos» y «sedición».«Milagro Sala, presa por manifestarse», artículo del 17 de enero de 2016 en el diario Página/12 (Buenos Aires). En el marco de esta causa el juez de Control provincial Raúl Gutiérrez ordenó su detención.«Detuvieron a Milagro Sala por protestar contra el Gobierno de Gerardo Morales», artículo del 16 de enero de 2016 en el sitio web El Destape (Buenos Aires).
Luego, el fiscal de la causa expresó que Sala estará detenida «mientras se mantenga la comisión del hecho delictivo, es decir, el acampe».«Para el fiscal, si levantan el acampe la liberan», artículo del 17 de enero de 2016 en el diario Página/12 (Buenos Aires). Consultado el 17 de enero de 2016. El 2 de febrero se levantó el acampe de protesta que supuestamente había dado origen a la detención de Milagro Sala, acción que se interpretaba «como un gesto tendiente a establecer un canal de diálogo con el Ejecutivo», sin que se produjeran cambios significativos en la situación.
Acusaciones posteriores a su detención
Posteriormente, la diputada provincial Mabel Belconte, exmiembro de la Túpac Amaru, denunció que allegados a Milagro Sala retiraban dinero del Banco Nación y lo llevaban a la vivienda de Sala; desde allí, era transportado por avión hasta un departamento de la ciudad de Buenos Aires, desde donde, tras una reunión con el diputado Andrés Larroque, sería trasladado hasta la Quinta de Olivos, donde la habría recibido Máximo Kirchner.
Según el secretario de la diputada, la acusación de Belconte habría sido producto de amenazas por parte del gobernador Morales. Días antes de hacer la denuncia, la diputada había cambiado de abogado defensor, nombrando para el cargo a Guillermo Puertas. Según la letrada de Sala, Puertas la habría forzado a modificar su declaración indagatoria para acusar a Sala. El 6 de mayo de 2016, Belconte intentó suicidarse ingiriendo tranquilizantes.
Cuestionamientos contra la provincia de Jujuy