La etapa de participación del referéndum presidencial de Venezuela de 2016 es la segunda etapa del proceso destinado a revocar o confirmar, mediante un referéndum, el mandato presidencial de Nicolás Maduro.
Solicitud del proceso de participación Según los lapsos administrativos establecidos en los reglamentos y declaraciones del poder electoral, tras completada la auditora que confirmase la manifestación de voluntad validada de una cantidad de electores igual 1 % del Registro Electoral (RE) de cada región administrativa del país, correspondientes a la fase de promoción, cuyo informe estuvo originalmente pautado para el 26 de junio, se esperaba que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) emitiese para una fecha no posterior al 27 de julio un aval administrativo que constatase la conformación de una agrupación ciudadana que autorizase a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para solicitar en nombre de la ciudadanía la activación oficial del proceso de participación para la convocatoria de un referéndum revocatorio en contra del mandato presidencial de Nicolás Maduro. Completados tales lapsos, la MUD tendría la facultad administrativa de emitir el jueves 28 de julio una solicitud formal para la convocatoria de un proceso de recolección de manifestaciones de voluntad igual al 20 % del registro electoral para la convocatoria del referéndum, que debía ser respondida en el mismo momento de su entrega al CNE por un acta de constatación, en la que se confirmara un lapso de 2 días hábiles para que el poder electoral consigne la solicitud a la Comisión Permanente de Participación Política y Financiamiento (Copafi) del CNE, que tendría de un lapso máximo reglamentario de 15 días para revisar la solicitud y remitirla a la Junta Nacional Electoral (JNE), que en un plazo no mayor a 15 días habría de convocar al proceso de participación.
No obstante debido a un aplazamiento no previsto y por el cual no se dio una justificación técnica oficial en cual el CNE no presentó el informe de la auditoría del proceso de validación de la fase de promoción hasta el 1 de agosto, por lo que el mismo no pudo ser recogido por la Mesa de la Unidad hasta el 2 de agosto, en lo que su portavoz Juan Carlos Caldera aseguró ante medios de comunicación nacionales que el informe sería inmediatamente remitido en el seno de la coalición para que la constancia de participación fuese consignada ese mismo día ante el poder electoral. Efectivamente la oposición entregó en horas de la tarde ese mismo día la solicitud formal para la convocatoria del proceso de participación en vocería del diputado ante el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y presidente de la Comisión Permamente de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) Luis Florido en la sede nacional del CNE. En el informe entregado a la Copafi la MUD, de acuerdo a su vocero y alcalde del municipio Sucre de Miranda Carlos Ocariz, instaban al poder electoral a fijar el proceso de recolección de actas de voluntad para un lapso de tres días con fechas tentativas del 23 al 25 de agosto. La entrega de la solicitud formal por parte de la oposición para la activación de la fase de participación fue conformada por la rectora principal del CNE Socorro Hernández, quien se refirió a la solicitud del alcalde del Municipio Libertador de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jorge Rodríguez de inhabilitar la inscripción de la MUD como partido político, asegurando que tal decisión no le correspondía al CNE sino a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Para el 6 de agosto líderes de todos los partidos de la MUD anunciaron de manera pública que a la espera de que se fijase una fecha para la realización de la recolección de un número igual al 20 % del RE en actas de voluntad por parte del CNE, se organizarían para llevar a cabo lo que calificaron como "Gran Marcha a Caracas", una movilización que se esperaba reuniera en la capital nacional a manifestantes de distintas regiones del interior del país para exigir la realización de la convocatoria del referéndum revocatorio, programada para el 1 de septiembre en caso de que para dicha fecha el CNE no hubiese fijado la convocatoria del proceso de participación. La iniciativa fue respaldada entre otros por la Asamblea Nacional de Activistas de Voluntad Popular, realizada el 7 de agosto, donde la asistencia en pleno de militantes y dirigentes de dicho partido se comprometió a participar en la movilización ciudadana para el cronograma de manifestaciones en busca del referéndum presidencial. Con respecto a estas y otras declaraciones por parte de la oposición, al rectora principal del CNE y exdiputada por el oficialismo ante la AN Tania D'Amelio criticó en una entrevista que a su juicio la dirigencia opositora generara "falsas expectativas" ante la figura del referendo, mientras que la también rectora Socorro Hernández manifestó que el poder electoral acataría cualquier decisión del poder judicial que inhabilitase a la MUD como convocante del referéndum revocatorio, postura no compartida por el rector Luis Emilio Rondón y rechazada por el exrector Vicente Díaz.
El presidente de la Copafi, Luis Emilio Rondón, anunció que tras cumplirse el viernes 5 de agosto el "plazo de subsanación" en el cual la Mesa de la Unidad tenía oportunidad de enmendar posibles errores en el informe entregado al ente comisión, la Comisión de Participación y Financiamiento discutiría el informe el lunes 8 de agosto, Pero la reunión no tuvo lugar dada la petición de los integrantes de la Copafi de evaluar la solicitud de la MUD de manera simultánea con la solicitud del PSUV de anular la inscripción de partido de la MUD. Divulgada la postergación de la reunión de la Copafi, el CNE anunció por una nota de prensa que al día siguiente la presidenta del poder electoral dirigiría una rueda de prensa en presencia del cuerpo diplomático en Venezuela y representantes de distintos poderes públicos.
El 22 de agosto se anunció que la Copafi aprobó el informe de recomendaciones sobre la solicitud del 20 % de firmas para el referéndum, y fue entregado al CNE para su revisión y discusión.
Presentación de cronograma tentativo Como se había dispuesto la presidenta del poder electoral Tibisay Lucena en presencia del resto de la rectoría el CNE con la excepción del rector Luis Emilio Rondón y de otras autoridades dirigió un "conversatorio" (en el que ningún asistente tuvo derecho de palabra y en el que los periodistas no tuvieron acceso dentro de la sala de conferencias) en la que dedicó una extensa alocución a detallar entre otros temas la historia reciente de los procesos electorales y referendarios dirigidos y organizados por el CNE, y explicó lo que desde su perspectiva serían los "principios que rigen el referéndum revocatorio", basado en su interpretación del texto constitucional y de los reglamentos dictados por el poder electoral. En su discurso, Lucena comparó las fases del proceso del referéndum revocatorio de 2004 con las etapas técnicas necesarias para la convocatoria iniciada en marzo de 2016, exponiendo lapsos tentativos que a su juicio resultaban indispensables para garantizar que la convocatoria del referéndum resultase "un proceso seguro", asegurando que el cumplimiento estricto de los lapsos reglamentarios garantiza "los derechos políticos de los ciudadanos convocantes del referéndum y del funcionario público en ejercicio de culminar el periodo constitucional de su mandato". En sus reflexiones, la rectora Lucena denunció reiteradamente un supuesto acoso que a su juicio era víctima constante el CNE, haciendo mención específica al gobierno de los Estados Unidos, cuyos llamados diplomáticos para la ocurrencia del referendo, vistos por la rectora como declaraciones "impertinentes", aludiendo a que dicho país pronunciaba tales llamados "como si tuvieran alguna moral supranacional para opinar, sin límites, sobre los asuntos internos de un país soberano”. Lucena hizo especial alusión a los llamados de factores políticos nacionales para presionar por la celeridad en la convocatoria del referéndum, asegurando que “pierden su tiempo quienes creen que por vía de la presión política mellarán la voluntad de este Poder Electoral de cumplir y hacer cumplir la ley en resguardo de la República y la estabilidad del país” aludiendo reiteradamente que lo que a su juicio son "ataques" contra el poder electoral son "la ruta del caos, de la demolición de lo constitucional, donde la autoridad se mueve por el chantaje y la agresión personal".
En lo referente a los lapsos del proceso, Lucena detalló en su alocución que dado que la evaluación de la viabilidad reglamentaria y técnica de la solicitud de la MUD de recolectar un 20 % del RE en actas de voluntad para convocar un referéndum revocatorio, el CNE no dictaría una respuesta sobre la activación de dicho mecanismo hasta el 14 de septiembre por lo cual de darse por satisfechos los requisitos el proceso de participación no tendría lugar sino hasta finales de octubre a pesar de que el reglamento de 2007 específica que tras cumplido el plazo de subsanación para el documento de convocatoria el ente comicial disponía de 15 días continuos para tomar dicha decisión, es decir hasta el 20 de agosto. Según la exposición de la rectora Lucena, tras el proceso de tres días de recolección de actas de voluntad, el CNE dispondría de 29 días de plazo para evaluar la validez de dichas actas, sólo tras lo cual comenzaría el lapso reglamentario de 90 días máximos para la realización del referéndum revocatorio en contraposición al lapso del reglamento que de acuerdo a los expertos sólo contempla tres días de auditoría para el proceso de participación antes de los 90 días máximos para la realización del referéndum. Posteriormente la rectora Sandra Oblitas explicó que el lapso de 29 días contemplaba tres días para la realización de la recolección de actas, cinco para la recepción de actas, 15 días para la verificación de las mismas, al tiempo que aseguró que “El CNE no recibe presiones de ningún actor político”. Las rectoras se resistieron a especificar textualmente fechas tentativas para la realización del referéndum, pero de acuerdo a expertos, el cumplimiento riguroso de todos los plazos máximos "innecesariamente largos" expuestos en el cronograma divulgado en la rueda de prensa sólo permitirían que el mismo fuese posible entre febrero y marzo de 2017.