Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y queer (LGBT) en Madagascar se enfrentan a discriminación y dificultades legales que no experimentan quienes no pertenecen a estas poblaciones. Si bien la actividad sexual entre personas del mismo sexo es legal para mayores de 21 años, la mayoría de las libertades civiles, así como el derecho a contraer matrimonio y adoptar hijos, no están garantizadas para las personas pertenecientes a la diversidad sexual.

Situación legal La actividad sexual entre personas del mismo sexo mayores de 21 años es legal en Madagascar. El Código Penal prevé una pena de prisión de dos a cinco años y una multa de 2 a 10 millones de ariary (entre 900 y 4500 dólares estadounidenses) por cometer actos que sean considerados «indecentes o contra natura con una persona del mismo sexo menor de 21 años».

Reconocimiento legal para parejas Madagascar no reconoce el matrimonio igualitario ni las uniones civiles.

El artículo 2 de la Ley N° 2007-022 sobre Matrimonio y Regímenes Matrimoniales establece que «Se prohíbe el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, ya sea celebrado ante el Registro Civil o realizado según ceremonias tradicionales». Además, el artículo 39 menciona la «identidad de género» como causa de nulidad absoluta del matrimonio.

En Madagascar, solo las parejas casadas y heterosexuales pueden adoptar niños. El artículo 33 de la Ley N° 2005-014 sobre Adopción establece que la «adopción plena solo está permitida a cónyuges heterosexuales».

Protecciones contra la discriminación La legislación de Madagascar no ofrece una protección jurídica amplia contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. No obstante, existen algunas protecciones legales limitadas en leyes específicas.

La Ley N° 2005-040 sobre la lucha contra el VIH/SIDA y la protección de los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA, establece en su artículo 17 que «Para combatir la discriminación y la estigmatización relacionadas con el VIH/SIDA y promover el cambio de comportamiento, se desarrollen y difundan en todo el territorio nacional, por medio de estructuras autorizadas, programas de información, educación y comunicación adaptados a la edad, el género, la naturaleza de la actividad y, cuando corresponda, la orientación sexual del grupo objetivo». El artículo 26 establece la adopción de «disposiciones especiales para garantizar la protección suficiente de los grupos vulnerables, especialmente las trabajadoras sexuales, los jóvenes, las mujeres y los niños, los drogadictos, los hombres que tienen sexo con hombres y las poblaciones móviles contra la transmisión del VIH/SIDA».

El artículo 18 de la Ley N° 2014-038 sobre la Protección de Datos Personales establece que «Debido al riesgo de discriminación y vulneración de las libertades personales, se prohíbe cualquier tratamiento de datos sensibles. Los datos sensibles incluyen datos que revelen el origen racial, datos biométricos, datos genéticos, opiniones políticas, creencias religiosas o de otra índole, afiliación sindical y datos relativos a la salud o la vida sexual de las personas».

Los artículos 45 y 67 de la Ley N° 2017-027 relativa a la cooperación internacional en materia penal ofrecen protección en función de la orientación sexual.

El artículo 2 de la Ley N° 2017-045 que regula la actividad y supervisión de las agencias de información crediticia protege la orientación sexual como dato sensible.

Condiciones de vida El Informe de Derechos Humanos de 2011 del Departamento de Estado de los Estados Unidos concluyó que existía una discriminación social generalizada contra las poblaciones LGBT y que la orientación sexual y la identidad de género no se debatían ampliamente en el país, con actitudes públicas que iban desde la aceptación tácita hasta el rechazo violento, especialmente hacia las trabajadoras sexuales transgénero. El informe también constató que las trabajadoras sexuales LGBT eran frecuentemente blanco de agresiones, incluyendo abusos verbales, lanzamiento de piedras e incluso asesinatos. En los últimos años, la concienciación sobre el orgullo LGBT aumentó gracias a la exposición mediática positiva, pero las actitudes generales no habían cambiado.

En diciembre de 2019 se promulgó una ley que castiga la violencia de género. Sin embargo, la socióloga y expresidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Madagascar, Noro Ravaozanany, señaló que «la sociedad malgache no está preparada para avanzar en materia de derechos de las personas homosexuales. La igualdad de género ya representa un desafío en 2020, incluso en los círculos intelectuales».

En 2020, una mujer de 33 años fue arrestada por estupro contra una mujer de 19 años, luego de que su madre presentara una denuncia, dado que la ley castiga con prisión a «cualquier que haya cometido actos indecentes o contra natura con una persona del mismo sexo menor de 21 años». La madre quería vengarse por la decisión de su hija de presentar una denuncia contra su padre, quien la había violado. Activistas organizaron una campaña de apoyo a la pareja en redes sociales, mientras que Noro Ravaozanany declaró que «era escandaloso que la madre no defendiera a su hija contra este incesto... Fue una venganza por parte de la madre y una forma de encubrir la acusación de incesto y violación». En redes sociales, los partidarios de la pareja fueron víctimas de insultos y amenazas de muerte; líderes religiosos los acusaron de «promover la homosexualidad» y también le ofrecieron a la joven terapia de conversión.

A principios de julio de 2021, el gobierno malgache canceló una fiesta LGBT que se celebraba en un bar de Antananarivo, alegando que incitaba al «libertinaje».

Véase también Diversidad sexual en África

Referencias

Madagascar