El proceso de destitución de Dilma Rousseff consistió en una cuestión procesal abierta con vistas al juicio político que determinó la continuidad de su mandato como presidenta de la República Federativa del Brasil. El proceso se inició con la aceptación el 2 de diciembre de 2015, por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, de la denuncia por crimen de responsabilidad ofertada por el procurador de justicia jubilado Hélio Bicudo y por los abogados Miguel Reale Júnior y Janaina Paschoal.

Las acusaciones versaban sobre violación a la ley presupuestaria y a la ley de probidad administrativa por parte de la presidenta, así como sobre sospechas de su implicación en actos de corrupción en Petrobras, que han sido objeto de investigación por la Policía Federal, en el ámbito de la Operación Lava Jato. Sin embargo, hubo juristas que desestimaron la denuncia de los tres abogados, afirmando que las llamadas "pedaladas fiscales" no caracterizan improbidad administrativa y que no existe prueba de implicación de la presidenta en crimen doloso que pueda justificar el impedimento.

Las votaciones se realizaron la tarde del 17 de abril de 2016, en la Cámara de Diputados, y la mañana del 12 de mayo de 2016, en el Senado, para decidir si Dilma Rousseff debería ir a juicio político. El resultado final fue de 357 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones en la Cámara y de 55 votos a favor y 22 en contra en el Senado, por lo que fue apartada del gobierno durante 180 días (mientras se realizó la investigación) y el vicepresidente Michel Temer asumió la presidencia a las 24 h de ese mismo día.

Antecedentes

Pedaladas fiscales y corrupción en Petrobras Las pedaladas fiscales son un término usado por los medios para describir una maniobra contable del Gobierno, que sirvió para pasar la impresión de que él recaudaba más de lo que gastaba, mientras la realidad era exactamente lo contrario. El Gobierno no estaba pagando a los bancos públicos y privados que financiaban programas sociales como Bolsa Familia. Entonces, para que los beneficiarios no dejaran de recibir, los bancos corrían con los gastos solos, sin recibir la compensación gubernamental. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas de la Unión, en decisión unánime, consideró esa operación un préstamo de los bancos, no pagado por el Gobierno, y que hería la Ley de Responsabilidad Fiscal. Aunque el TCU sea un órgano auxiliar del Legislativo y no tenga poderes para condenar el jefe del Ejecutivo, él oferta un parecer previo, que puede o no ser acatado por el Congreso Nacional, abriendo incluso la posibilidad de un proceso de impedimento de la Presidente de la República.

Había también el esquema de corrupción en Petrobras. Era una operación ilegal, con desvío de dinero de la estatal para empresas y políticos, funcionando como un esquema de propinas y también como un probable abastecimiento de campañas de la Presidenta Dilma. En el total, fueron acusados cincuenta políticos de seis partidos y diez empresas, de las cuales la más importante fue Odebrecht. El juez federal de Paraná — donde la operación tuvo inicio — Sérgio Moro, especialista en crímenes financieros, quedó responsable por los procesos que no envolvieron políticos, pues estos poseen foro especial por prerrogativa de función y deben ser investigados en el Supremo Tribunal Federal (STF). La investigación quedó conocida como Operación Lava Jato y contó con varias colaboraciones premiadas para llegar a nombres como Eduardo Cunha. Pero la Presidenta Dilma no era blanco de acusaciones formales en esa operación.

Contexto político miniaturadeimagen|245x245px|Dilma Rousseff discursando en la ceremonia de posesión de su segundo mandato, el 1º de enero de 2015. Atrás de ella están el presidente de Senado, Renan Calheiros, y el vicepresidente de la República, Michel Temer. Dilma fue reelecta, en los respectivos comicios de 2014, con 51,64% de los votos válidos, siendo esta la elección presidencial más estrecha de la historia del país. Después de haber sido investida el 1º de enero de 2015, ella inició su segundo mandato debilitada, principalmente debido a las crisis económica y política, lo que la llevó a alcanzar 9% de aprobación en una encuesta del Ibope realizada en julio de aquel año, el más bajo índice de aprobación para un presidente de la República. Desde el 15 de marzo de 2015, diversas protestas reunieron miles de personas en todo el país para pedir, entre otras demandas, el impeachment (juicio político) o la renuncia de la presidenta.

Pero, la complejidad política del proceso iba además seguida de la violación de la ley presupuestaria. El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, era investigado en la Operación Lava Jato, bajo denuncias de haber recibido propinas de la Petrobras y de mantener cuentas secretas en Suiza. Consecuentemente, Cunha corría el riesgo de perder su mandato, pues el Consejo de Ética de la Cámara movía un proceso contra él. Surgieron rumores sobre tentativas en consonancia entre el diputado y los petistas, a fin de concluir ese proceso, los cuales él desmintió vigorosamente. Cuando los petistas anunciaron su apoyo a la pérdida del mandato de Cunha en el Consejo de Ética, él habría aceptado el pedido de impedimento como instrumento de chantaje.

Investigaciones de opinión Desde que el impedimento de Dilma pasó a ser motivo de debates y a ocupar gran espacio en los medios, los principales institutos de investigaciones del país pasaron a realizar investigaciones de opinión sobre el asunto. En general, la cuestión colocada ha sido: "¿Dilma Rousseff debe ser removida de la presidencia?" o "¿El Congreso Nacional debería abrir un proceso de impedimento contra la Presidente Dilma?" Fecha Instituto Muestra Sí No No sabeDiferencia 7–8 Abr Datafolha 2.779 61% 33% 6% 28% 28–29 Mar Idea Inteligencia 10.005 69% 31% — 38% 17–18 Mar Datafolha 2.794 68% 27% 5% 41% 24–25 Feb Datafolha 2.768 60% 33% 3% 27% 17–18 Feb CNT 2002 55,6% 40,3% 4,1% 15,3% 13–27 Ene Ipsos 1.200 60% 22% 18% 38% 22–26 Ene Paraná Investigaciones 2004 59,4% 38,2% 2,4% 21,2% 2016 16–17 Dic Datafolha 2.810 60% 34% 6% 26% 5–9 Dic Ibope 2002 67% 28% 4% 39% 24–25 Nov Datafolha 3.541 65% 30% 5% 35% 20–24 Oct Datafolha 2002 61,3% 33,8% 4,9% 27,5% 6 Ago Datafolha 3.358 66% 28% 5% 38% 21 Jul CNT/MDA 2002 62,8% 32,1% 5,1% 30,7% 11 Abr Datafolha 2.834 63% 33% 4% 30% 21 Mar CNT/MDA 2002 59,7% 34,7% 5,6% 25% El Datafolha también oyó 315 diputados federales, entre los días 7 y 18 de diciembre de 2015. 215 (42%) eran favorables al impedimento. Como serían necesarios 342 votos, aún faltaban 127. Del otro lado, 159 diputados (31%) dijeron que votarían contra el impedimento, por lo tanto aún eran necesarios 12 votos más para alcanzar la marca de 171, que evitaría la pérdida del cargo. Los 27% restantes estaban indecisos. De los diputados governistas, 26% del total eran favorables y 33% de los miembros del PMDB querían el impedimento. La investigación mostró una ligera mejora para la Presidente, en relación a otra investigación, hecha en octubre de aquel año.

Proceso en el Congreso Nacional

Aceptación del pedido miniaturadeimagen|230x230px|Eduardo Cunha declara que aceptó la apertura del proceso, en 2 de diciembre de 2015. Hubo 37 pedidos de impedimento protocolados en la Cámara de los Diputados, hasta septiembre de 2015, contra Dilma Rousseff, pero el presidente de la casa acogió solo el pedido redactado por Hélio Bicudo y por los abogados Miguel Reale Júnior y Janaina Conceição Paschoal. Los movimientos sociales pro-impedimento" (como el Movimiento Brasil Libre y el Movimiento Viene Para Calle) decidieron adherir al requerimiento de Bicudo, que contó también con el apoyo de parlamentarios y de la sociedad civil, la cual organizó un abajo-firmado en apoyo al impedimento de la Presidente de la República.

Los abogados intentaron, en el documento presentado a la Cámara, asociar Dilma Rousseff a la Operación Lava Jato, a la omisión en casos de corrupción, a la investigación de tráfico de influencia contra el expresidente Luís Inácio Lula de Silva y a las pedaladas fiscales. Además de eso, contribuyeron para sostener el pedido los seis decretos firmados por la presidenta en el ejercicio financiero de 2015, en desacuerdo con la ley de directrices presupuestarias, y que fueron publicados sin la autorización del Congreso Nacional.

Argumentos del pedido

Petrobras y Pasadena miniaturadeimagen|250x250px|El jurista Miguel Reale Jr. y la hija de Hélio Bicudo, Maria Bicudo, entregan la Cunha el pedido de impeachment de la presidenta Dilma. Para los juristas autores del pedido acepto, Dilma no actuó como debería para punir las irregularidades que existían en la Petrobrás. Ellos dijeron textualmente que la presidenta actuó como si nada supiera, como si nada hubiera ocurrido, manteniendo sus asistentes intocables y operantes en la máquina de poder instituida, a la revelia de la ley y de la Constitución. Según el texto del pedido, hubo una maquiagem deliberadamente orientada a pasar para la nación la sensación de que Brasil estaría económicamente saludable.

Decretos sin autorización Según el pedido, Dilma hizo editar, los años de 2014 y 2015, una serie de decretos que resultaron en la apertura de créditos suplementarios, de valores muy elevados, sin la autorización del Congreso Nacional, en la orden de R$ 18,4 mil millones. Según los autores, Dilma tenía conocimiento de que la meta de superavit primario prevista en la ley de directrices presupuestarias no estaba siendo cumplida desde 2014, pues fue el propio gobierno quien presentó el proyecto de ley pidiendo el repaso de la meta, una confissão, del punto de vista de ellos, de que la meta no estaba y no sería cumplida. Pero, aun así, expidió los decretos sin la autorización previa del Legislativo.

Pedaladas fiscales Lo pedido también citaba las llamadas pedaladas fiscales, las cuales permitieron que el gobierno Dilma inflara artificialmente sus resultados y mejorara el superavit primario en determinados periodos. Según los juristas, las pedaladas caracterizaban crimen de responsabilidad. El texto se hizo incisivo en la cuestión de la prohibición de las pedaladas, afirmando que tal conducta revelaba la presencia de los principios inspiradores de Maquiavel en el Gobierno Federal, en la medida en que los fines justificaron los medios, pues el objetivo único y exclusivo de las pedaladas era forjar una situación fiscal del país que inexistia, sin el temor de afrontar la ley para llegar al resultado esperado. miniaturadeimagen|260x260px|Saldo del gobierno federal junto a la Caja Económica entre 2004 a 2015, según datos del Tribunal de Cuentas de la Unión. Según los juristas, los préstamos fueron concedidos en afronta al artículo 36 de la ley de responsabilidad fiscal, que prohíbe la toma de préstamo por la Unión de entidad del sistema financiero por ella controlada. En el documento, ellos sostuvieron que cabría a la presidenta Dilma, como superior jerárquica del Gobierno Federal, actuar para que esa ilegalidad fuera cesada, lo que no hizo, habiendo sido antes alertada por varias autoridades sobre esa situación. Además de eso, en ese sentido, ellos argumentaron que a presidente es economista, y, durante el pleito electoral, aseguró que tales cuentas estaban hígidas. En la visión de los autores, la situación restaría aún más grave cuando se constataba que todo ese expediente fuera intensificado durante el año electoral, con el fin deliberado de eludir al electorado.