miniaturadeimagen|450px|La AMIA. AMIA 2 o el segundo juicio por el atentado a la AMIA, es un juicio oral iniciado el 6 de agosto de 2015 ante el Tribunal Oral Federal n.º2, en el cual fueron acusadas trece personas por encubrimiento y otros delitos relacionados con el atentado terrorista a la AMIA, el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires, por el que fueron asesinadas 85 personas y lesionadas más de trescientas. Entre los acusados se encuentran el expresidente de la Nación Carlos Menem, el exjuez de la causa AMIA Juan José Galeano, los exfiscales de la causa AMIA Eamon Mullen y José Barbaccia, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja, Carlos Telleldín, Hugo Anzorreguy, exjefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), y Jorge “Fino” Palacios, excomisario de la Policía Federal y exjefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.
Se denomina “AMIA 2” o “segundo juicio”, debido a que el primer juicio se llevó a cabo entre 2001 y 2004, finalizando con la revelación de un amplio encubrimiento del atentado y otros delitos cometidos durante la investigación, en el que estaban involucrados el propio juez de la causa y dos de los tres fiscales, las más altas autoridades del país incluyendo al presidente de la Nación, el presidente de una de las principales organizaciones de la comunidad judía argentina, la policía y los servicios de informaciones. En marzo de 2017 el último jefe de la Unidad AMIA del Poder Ejecutivo, Mario Cimadevilla, denunció por corrupción y encubrimiento de los acusados en este juicio, a su superior el ministro de Justicia Germán Garavano.
Luego de tres años de audiencias se dictó sentencia el 28 de febrero de 2019. En la misma fueron condenados el exjuez de la causa AMIA Juan José Galeano, los exfiscales de la causa AMIA Eamon Mullen y José Barbaccia, el exjefe de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy, Carlos Telleldín y otros altos funcionarios del Estado argentino. Carlos Menem, Rubén Beraja y Jorge Palacios, resultaron absueltos.
Antecedentes
El 17 de marzo de 1992 se produjo un atentado terrorista en Buenos Aires, mediante la colocación de una bomba en la embajada de Israel que demolió el edificio causando la muerte de 22 personas y decenas de heridos. Debido a que se trataba de una sede diplomática, la investigación del delito quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, sin que llegara a reunir suficiente evidencia para acusar en juicio a ninguno de sus autores.
Poco más de dos años después, el 18 de junio de 1994, se produjo un nuevo atentado terrorista en Buenos Aires, mediante la colocación de una bomba que demolió el edificio de la mutual judía AMIA, causando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
La investigación judicial quedó a cargo del juez federal Juan José Galeano y de los fiscales federales José Barbaccia y Eamon Mullen, a quienes en 1997 se sumó Alberto Nisman. En el curso de la investigación, los funcionarios judiciales mencionados detuvieron y encarcelaron a varias personas acusadas de complicidad en el atentado. Entre las personas detenidas se encontraban el excomisario de la Policía bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Telleldín, acusados de haber conseguido y entregado al autor o autores del atentado, una camioneta Renault Trafic utilizada como coche-bomba.
Nueve años después, en septiembre de 2001, la causa fue elevada a juicio contra 22 acusados, que se realizó ante el Tribunal Oral Federal n.º3, integrado por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, con la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigida por Memoria Activa, a raíz de las sospechas de encubrimiento planteadas por esa organización contra el Estado argentino.
Durante el curso del juicio se pusieron de manifiesto serias irregularidades en la tramitación de la causa judicial, que llevó al tribunal a levantar las restricciones para declarar que pesan sobre los agentes de inteligencia. Al hacerlo quedaron al descubierto una gran cantidad de maniobras ilegales para encubrir el atentado, cometidas por el juez de la causa, dos de los tres fiscales, representantes de la comunidad judía, policías y agentes de inteligencia, y altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Las principales maniobras de encubrimiento detectadas fueron el pago de una gran suma de dinero al acusado Carlos Telleldín, por parte de los funcionarios judiciales y el servicio de inteligencia con el fin de que declarara que la Trafic se la había entregado a una persona de origen libanés; el bloqueo de la investigación sobre Alberto Kanoore Edul, relacionado con la llamada “pista siria”, poniéndolo sobre aviso de los allanamientos que se habían ordenado; la destrucción de pruebas decisivas; vejaciones a los testigos. Mediante estas maniobras se construyó una versión falsa de los hechos con el fin de evitar la investigación.
El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados y ordenando investigar por encubrimiento a los funcionarios y dirigentes que quedaron expuestos durante el juicio, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja y el comisario Jorge “Fino” Palacios.
El juicio
Según las leyes argentinas, cuando se produce un delito, la justicia interviene en cuatro etapas principales sucesivas: a) la investigación preparatoria de la acusaciòn o instrucción; b) el juicio que decide sobre la acusación; c) los recursos para corregir eventuales errores; d) la ejecución de sentencia.
Cada una de esas etapas está a cargo de un juez distinto que, en el caso del juicio por el atentado a la AMIA es un tribunal de tres jueces. En el caso de un delito federal, como el atentado de la AMIA, corresponde que juzgue un tribunal “federal” perteneciente al Poder Judicial de la Nación y que se aplique el Código de Procedimientos Penal de la Nación, que establece que el juicio debe realizarse en forma oral y ante los jueces.
La diferencia entre la etapa de investigación y la etapa de juicio, es que en la primera el juez no puede juzgar ni condenar —aunque sí puede tomar medidas cautelares—, y en la segunda el tribunal no puede investigar, aunque sí puede ordenar pruebas adicionales.
El juicio tiene tres grandes etapas: a) los actos preliminares en los que se controla la acusación, se integra el jurado, se ofrecen las pruebas y se designan las audiencias; b) el debate, donde se presentan los cargos, la realizan los descargos, se realizan las audiencias para oír a los testigos y peritos, finalizando con los alegatos que cada parte hace sobre la prueba; c) fallo (absolutorio o condenatorio) y sentencia (argumentos). Todas las sentencias pueden apelarse a la Cámara correspondiente, en virtud del principio de doble conforme, doble instancia o “ultragarantía”.
El tribunal
La elevación a juicio oral fue realizada a comienzos de 2014, resultando designado el Tribunal Oral Federal n.º2 de la Capital Federal. Pero el tribunal tardó más de un año en integrarse, debido a que más de diez jueces se excusaron por razones de amistad o enemistad con los acusados.
Finalmente el tribunal quedó integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel. Como juez suplente fue designado Domingo Luis Altieri.
Fiscales
Como fiscales fueron designados por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, Sabrina Namer y Roberto Salum, pertenecientes a la Unidad Fiscal AMIA (UFi-AMIA).
Querellantes
En total se presentaron treinta y una querellas unificadas en seis cabezas: Memoria Activa (Asociación de amigos y familiares de las víctimas), 18J (Asociación de familiares), Apemia (Asociación de familiares), AMIA-DAIA, policías bonaerenses y Unidad AMIA (Poder Ejecutivo Nacional).
Veedor de la CIDH
Como veedor internacional en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participa también el comisionado Paulo Vannuchi, exministro de Derechos Humanos de Brasil y coautor del informe Brasil Nunca Más. Vannuchi fue nombrado en 2016 como Relator para Argentina, Bolivia y Paraguay, y Encargado de la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por la CIDH.
Acusados y cargos
Los trece acusados y los cargos de cada uno:
Carlos Menem. Era presidente de Argentina (1989-1999) en la fecha del atentado y hasta cinco años después. Menem es hijo de padre y madre sirios y tenía importantes relaciones en Siria. Había dicho públicamente “Esto me lo hicieron a mí”, en ocasión del atentado a la embajada de Israel, y luego cuando sucedió el atentado a la AMIA declaró “les pido perdón”. La muerte de su hijo al caer el helicóptero que comandaba en 1995, ha sido también vinculada a los dos atentados mencionados. Fue acusado de encubrimiento del atentado y falsedad ideológica en ocho hechos, abuso de autoridad por haber actuado a través de su hermano Munir, para interrumpir la investigación inicial sobre el comerciante de origen sirio Alberto Kanoore Edul. Esa investigación era parte de la hipótesis conocida como la “pista siria”. Falleció el 14 de febrero de 2021. Hugo Anzorreguy. Era el jefe de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Menem, organismo que aportó los fondos para entregarle al acusado en ambos juicios Carlos Telleldín, con el fin de que denunciara falsamente la participación en el atentado de otras personas. Los delitos de que se lo acusó fueron peculado, encubrimiento del atentado, abuso de autoridad y falsedad ideológica, por haber actuado para que se abandone la investigación sobre Kanoore Edul y la pista siria. La operación de pago a Telleldín está detallada en la sentencia del primer juicio, en el CapítuloVIII, puntoG. Juan Carlos Anchézar, era el subsecretario de la SIDE, bajo el mando de Anzorreguy. Se lo acusó de haber actuado en la operación para impedir que se investigara la pista siria, por presunto pedido del entonces presidente Menem. Patricio Finnen, era el jefe del equipo de espionaje conocido como “Sala Patria” de la SIDE, bajo el mando de Anzorreguy y Anchézar. Finnen trabajó muy cerca del juez Galeano y de la comunidad judía en la investigación del atentado, hasta 2001, cuando fue separado de su cargo. Mantenía una dura interna con el entonces jefe de Contrainteligencia Jaime Stiuso. Al declarar en el primer juicio, Finnen sostuvo que la SIDE había descartado luego de dos años de investigaciones que el libanés Ibrahim Hussein Berro pudiera haber sido el autor del atentado. Finnen fue acusado de haber participado en el pago de los 400.000 dólares al acusado Telleldín, para involucrar falsamente a agentes de la Policía bonaerense. Juan José Galeano, fue el juez a cargo de la investigación de la causa AMIA, durante nueve años desde el atentado. Había sido designado juez un año antes por el entonces presidente Menem, por recomendación del también por entonces jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, con quien Galeano tenía una estrecha vinculación. Fue separado de la investigación del atentado el 1 de diciembre de 2003, debido a los testimonios que lo incriminaron durante el primer juicio por el atentado a la AMIA. El 3 de agosto de 2005 fue destituido mediante juicio político por un jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, luego de encontrarlo culpable de haber ordenado el pago de 400000 dólares a Telleldin, acusado y detenido en la causa AMIA bajo su dirección, con el fin de incriminar falsamente a varios policías bonaerenses. Fue acusado de peculado, coacción a testigos, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, prevaricato, encubrimiento y abuso de autoridad.