El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA), autodenominado como la revolución peruana, fue una dictadura militar instaurada en Perú tras el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968. El GRFA se caracterizó por distanciarse tanto de las posiciones capitalistas como las comunistas en el marco de la Guerra Fría optando por una "tercera vía a la peruana" con una inclinación al socialismo desde una perspectiva "humanista y cristiana".
Tras el golpe de Estado, la Junta Militar, liderada por el general Juan Velasco Alvarado, nombró a Velasco como presidente de facto de la dictadura. Durante la etapa velasquista se promovieron reformas de carácter nacionalista, humanista, corporativista, populista, natalista y desarrollista que dieron un impacto profundo en la sociedad del país, como la promulgación de la reforma agraria, la reforma educativa, la declaración del quechua como idioma oficial a nivel nacional, la promoción de la natalidad, el incremento de los derechos laborales (con el subsecuente impulso de la colaboración de clases), el empoderamiento de los pueblos indígenas del país, la nacionalización de los recursos naturales y la expropiación de empresas y medios de comunicación privados. Sin embargo, algunas medidas, como la nacionalización de los recursos naturales y la expropiación de empresas, generaron una fuerte crisis económica que provocaron el aislamiento internacional del país.
Como respuesta a esta situación, el agravamiento de la crisis luego del denominado Limazo y el dilema sucesorio tras el agravamiento de la enfermedad de Velasco, en agosto de 1975 se dio el Tacnazo, un golpe de Estado promovido por el general de división Francisco Morales Bermúdez. Aunque en un principio el gobierno de Morales Bermúdez tuvo una posición reformista con algunos cambios a las medidas de su predecesor, especialmente tras el intento de golpe de Estado de 1976 tomó un rumbo conservador para 1977. En 1978, el nuevo gobierno convocó a una Asamblea Constituyente, la cual promulgó una nueva constitución en 1979, así como también fueron convocadas elecciones democráticas en 1980. De esta manera, concluyó el docenio militar, con la segunda llegada de Fernando Belaúnde Terry a la presidencia del país.
Antecedentes Desde la Segunda Guerra Mundial, se empezó a conformar dentro de las Fuerzas Armadas peruanas el prototipo de "nuevo militar", un militar que, anexo a sus funciones, toma el rol de intelectual. En 1950, durante el régimen de Manuel Odría se crea el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) bajo la dirección de José del Carmen Marín, quien le dio, junto a sus seguidores, una orientación nacionalista a dicha institución alejándose de las posiciones pro-comunistas o pro-norteamericanas y acercándose a "las fuerzas morales y sociales, las fuerzas vivas del pueblo peruano" con el objetivo de construir una unión entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. El CAEM, que recibió apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), empezó a elaborar estudios sobre la realidad nacional concluyéndose que el Perú estaba en un nivel por debajo de otros países de América Latina y que los militares conformaban una fuerza disciplinada, organizada y técnicamente preparada, por lo que podrían asumir el rol de "forjadores de la nación". Paralelamente, en la década de 1950, varios gobiernos de tinte nacionalista en América Latina iniciaron procesos de modernización social y económica, promoviendo la teoría económica del desarrollismo, la cual promovía reformas agrarias, la industrialización por medio de la sustitución de importaciones y el aprovechamiento de los ingresos producto de la explotación de recursos naturales. Tal es el caso del Nuevo Ideario Nacional en Venezuela, la Revolución Boliviana de 1952, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en Chile, el Plan de Desarrollo Nacional de Juscelino Kubitschek en Brasil, entre otros.
En Perú, la victoria electoral en 1962 de Víctor Raúl Haya de la Torre, jefe del Partido Aprista Peruano, fue anulada por un golpe de Estado, quien instauró una Junta Militar. El programa de gobierno del aprismo planteaba una transformación del país, apostaba por la reforma agraria para acabar con el régimen de servidumbre sobre los indígenas que todavía existía en las haciendas. Durante el gobierno de la Junta Militar de 1962, liderada por el general Ricardo Pérez Godoy, las ideas del CAEM empezaron a ser consideradas por el régimen, sin embargo, tras un informe anónimo del CAEM en donde declaraba que en el Perú los "poderes reales" eran "los latifundistas, los exportadores, los banqueros y las empresas americanas", hizo que el gobierno reprobara al CAEM. Sin embargo, a pesar de ello, se promulgó la Ley de Bases de la Reforma Agraria (de aplicación limitada a los valles de La Convención y Lares debido a la previa movilización popular). La Junta Militar convocó a nuevas elecciones para el año siguiente, en las cuales resultó victorioso Fernando Belaúnde Terry, quien derrotó a Haya, con un plan de gobierno que también planteaba reformar el país y establecer nuevos contratos sobre la explotación de recursos naturales, sobre todo el petróleo.
A pesar del apoyo decidido de las Fuerzas Armadas a las reformas prometidas por el nuevo gobierno, Belaúnde no pudo cumplir con la promesa de reforma agraria (a pesar de promulgar la Ley de Reforma Agraria de 1964), ni la de resolver el conflicto sobre la propiedad del petróleo peruano, entre otras razones, por la férrea oposición parlamentaria del APRA y del partido de derechas UNO, liderado por Manuel Odría, antiguo perseguidor de Haya. Además, Belaúnde tuvo que hacer frente a la movilización campesina en Cusco liderada por Hugo Blanco y la irrupción de dos fuerzas guerrilleras en el país inspiradas por la victoria de la Revolución Cubana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comandado por Héctor Béjar y Javier Heraud y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), liderado por un militante del APRA Luis de la Puente Uceda y Guillermo Lobatón.
Las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército peruano, derrotaron rápida y contundentemente los focos guerrilleros del ELN y el MIR. Sin embargo, se percataron de la urgencia de reformas sociales y económicas en un país donde todavía existía una élite oligárquica e inmensos grupos marginados de pobres y de indígenas. Frente al fracaso del reformismo belaundista en democracia, los militares decidieron hacer los cambios ellos mismos con la idea de "hacer la revolución desde arriba para evitar que la hagan desde abajo". De esta forma, Velasco Alvarado junto a oficiales provenientes del CAEM y del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) encabezan un golpe de Estado contra Belaúnde instaurando, tras ello, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armadas.
Gobierno de Juan Velasco Alvarado
La primera fase de la dictadura, autodenominada Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, se inició con la presidencia de facto del comandante general del Ejército, general de división Juan Velasco Alvarado, quien derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry tras el escándalo del Acta de Talara y la Página 11 mediante un golpe de Estado, el 3 de octubre de 1968.
miniaturadeimagen|Moneda de 50 soles de oro con la efigie de Túpac Amaru II, escogido por Velasco como símbolo del gobierno revolucionario.
Objetivos del régimen De acuerdo con el Estatuto del Gobierno Revolucionario, se fijaban los siguientes objetivos:
Transformar la estructura del Estado, haciéndola más dinámica y eficiente para una mejor acción de gobierno. Promover superiores niveles de vida, compatibles con la dignidad de la persona humana, a los sectores menos favorecidos de la población, realizando la transformación de las estructuras económicas, sociales y culturales del país. Imprimir a los actos de gobierno un sentido nacionalista e independiente sustentado en la firme defensa de la soberanía y dignidad nacionales. Moralizar el país en todos los campos de la actividad nacional y restablecer plenamente el principio de autoridad, el respeto a la Ley y el imperio de la Justicia. Promover la unión, concordia e integración de los peruanos, fortaleciendo la conciencia nacional.
Reformas velasquistas miniaturadeimagen|Sello postal peruano de 1969 conmemorando la reforma agraria peruana emprendida por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada dirigido por el general Juan Velasco Alvarado. El gobierno de Juan Velasco Alvarado, a diferencia de otras dictaduras militares de la región, asumió un carácter nacionalista, humanista y desarrollista, distanciándose del capitalismo y del comunismo, realizando una serie de reformas que originaron un gran impacto en el desarrollo social y económico peruano, en todo caso una «revolución desde arriba».
También se creó el SINAMOS, entidad estatal creada «para crear una democracia social de participación plena» pero que sirvió como el partido político del régimen.
Entre las principales acciones de este gobierno estuvieron: La nacionalización y expropiación de los yacimientos petrolíferos de la IPC el 9 de octubre de 1968. Se organizó Petroperú, una empresa estatal ligada, por entonces, a todos los procesos de la explotación, refinación y distribución del petróleo. La reforma agraria (1969) que tuvo como objetivo frenar el movimiento campesino, crear un mercado interno y acabar con el poder de la oligarquía. La nacionalización de sectores estratégicos de la economía como las minas, el petróleo y el acero y de los servicios públicos. El incremento de los derechos laborales, la creación de las Comunidades Industriales, con lo que se consolidaron los sindicatos. Se les asignó a los trabajadores acciones de los negocios y poder real y efectivo en la toma de decisiones de las empresas, un pilar del socialismo autogestionario, basado en la experiencia yugoslava. Este hecho fue posible porque el régimen contó con la participación de un núcleo de socialistas libertarios y cooperativistas como Jaime Llosa Larrabure, Gerardo Cárdenas, entre otros. Estos habían formado el Instituto de Estudios e Investigación de Cooperativas y Comunidades (Indeicoc), un instituto de carácter socialista libertario. La reforma educativa (1972), dirigida por el general Alfredo Carpio Becerra. Esta reforma cuestionó la enseñanza oficial (basada en la imposición de los puntos de vista de la élite) y la rigidez del sistema escolar imperante, se pretendía la reducción de las diferencias sociales en la educación, contribuyendo en cambio, a largo plazo, a la disminución de las calificaciones de los maestros (que en los años siguientes exigirían crecientes privilegios al organizarse en sindicatos). Por otro lado, esta reforma creó la educación inicial y especial, así como también el bachillerato público y la enseñanza bilingüe para los quechuahablantes, promoviendo la construcción de escuelas en varias zonas del país. Los planteamientos de la Reforma Educativa fueron premiados en su oportunidad por la Unesco.
En 1973 se dio el Reglamento de Educación Bilingüe y, el 27 de mayo de 1975, por Decreto ley 21156, «se reconoció al quechua, al igual que el castellano, como lengua oficial de la República». Se aprobó el Alfabeto básico general del Quechua por R.M. N.º 4023 del 16 de octubre de 1975.Introducción de Diccionario Quechua Ancash- Huailas Ministerio de Educación. Lima (1976) En 1974, se publica el Plan Inca. La expropiación de los medios de comunicación en 1974, medida que, a pesar de ser anunciada como una manera de entregar los medios de prensa a las «fuerzas vivas» del país, aunque devino en un intento de suprimir el derecho a la libertad de prensa.
Otro aspecto importante de estas reformas fue la dignificación de la población humilde e indígena, que comenzó a tener mayor participación en la vida política y social mediante las reformas realizadas.