Berta Isabel Cáceres Flores (La Esperanza, 4 de marzo de 1971 ‑ La Esperanza, 2 de marzo de 2016)Distintos medios de comunicación han dado un año diferente de nacimiento: 1971 Lakhani, Nina (2020). Who killed Berta Cáceres?: dams, death squads, and an indigenous defender's battle for the planet página 18: «Berta Isabel Cáceres Flores was born on 4 March 1971, a chubby, placid baby Doña Austra's twelfth and last child.» Pisa, Katie (2017): «"Berta no murió, se multiplicó": A un año de la muerte de Berta Cáceres», artículo publicado el 3 de marzo de 2017 en el sitio web CNN en Español (Atlanta). Consultado el 23 de agosto de 2017. 1972
1973 Flechaire, Oriane (2016): «Defender al medioambiente con su vida: el crimen de Berta Cáceres en Honduras», artículo del 19 de agosto de 2016 en el diario Infobae (Buenos Aires). «Bertha Cáceres festejaría hoy su cumpleaños. La líder indígena nació el cuatro de marzo de 1973», artículo del 4 de marzo de 2016 en el diario La Prensa (San Pedro Sula). fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña.
Cofundó el COPINH para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman, «el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente». Fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida, mientras protestaba en contra del proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca impulsado por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima). Esta presa, que tendría lugar en el río Gualcarque, implicaría tanto afectaciones medioambientales como vitales para la comunidad lenca de la zona, como la interrupción de su suministro de agua y de alimentos.
El asesinato de Cáceres fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de Europa. Ocho personas fueron condenadas por el mismo. En julio de 2021, Roberto David Castillo Mejía, directivo de la empresa DESA, fue declarado culpable de ser coautor intelectual del asesinato de Cáceres. Anteriormente, fueron declarados culpables y condenados otros tres autores intelectuales, entre los que se encontraban exmilitares y un mayor del ejército, y tres actores materiales. El 27 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ratificó las sentencias contra todos ellos. Hasta la fecha, Daniel Atala Midence es el único acusado que se encuentra prófugo y con una orden de captura de la Interpol.
El 25 de mayo de 2022, el Congreso Nacional de Honduras declaró a Berta Cáceres «heroína nacional». El 20 de enero de 2026, se lanzó una modificación al billete de L 200 con su rostro como un homenaje a su lucha, marcando un hito histórico al ser la primera vez que una mujer figuraba en la moneda nacional. Según un medio local, el billete fue descontinuado al cabo de tres semanas.
Biografía
Fue hija de José Doré Cáceres Portillo y de María Austra Bertha Flores López, que fue partera, enfermera y alcaldesa en tres ocasiones, gobernadora de Intibucá y diputada suplente al Congreso Nacional por el Partido Liberal. Los padres de María Flores fueron perseguidos políticos desde jóvenes, al igual que ella, quien fue una activista social que vivió exiliada un tiempo en El Salvador. Más tarde dio amparo en Honduras a muchos refugiados salvadoreños durante la guerra civil de ese país. Además, Flores sometió la moción de la firma de Honduras al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el cual fue firmado en 1995 y siendo alcaldesa, impidió la instalación de un batallón. Berta Cáceres cuenta además que su madre fue perseguida y hostigada por 12 años, llegando a ser secuestrada por un coronel en el año 1992.
Durante su infancia y adolescencia Berta Cáceres, creció en una etapa de violencia que se propagó en Centroamérica en los años ochenta, aprendió de su madre la importancia de defender la justicia y unirse a las luchas de su pueblo. Uno de sus hermanos fue baleado y perseguido, su otro hermano, Francisco, estuvo preso durante varios años en el batallón militar de Marcala, por cuestiones políticas. Su madre fue vigilada y hostigada por 12 años, fue secuestrada y encarcelada (por órdenes de la Seguridad Nacional) y más de 2mil personas de La Esperanza protestaron y exigieron su liberación.
Estuvo casada con el dirigente indígena Salvador Zúniga y fue madre de cuatro hijos. Una de sus hijas, Bertha Zúniga Cáceres, asumió el liderazgo del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), la organización que Berta Cáceres dirigía antes de ser asesinada. Pocas semanas después de asumir la responsabilidad, Bertha Zúniga Cáceres denunció que el 30 de junio de 2017 sufrió un atentado del que logró escapar.
Activismo
En marzo de 1993 cofundó el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), que se dedica a «la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y [por] elevar las condiciones de vida de la población de la región». Cáceres y el COPINH lucharon contra la tala ilegal, las grandes agroindustrias y las bases militares estadounidenses, y abogaron por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT.
Fue una militante social muy influyente a nivel regional y continental por su lucha por la justicia social y medioambiental. Creía firmemente en la integración de las luchas anticapitalista, anticolonial, anti-patriarcal y antirracista con el propósito de «construir alternativas dignas, humanas y justas, que revaloricen las formas propias comunitarias e indígenas», reflejando una concepción donde los problemas ambientales están ligados a las múltiples formas de opresión y marginación. Además, por su relación entre ambientalismo y feminismo se considera a Cáceres como una ecofeminista. En 2009 encabezó protestas contra el golpe de Estado al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya. Además fue una dura crítica del Gobierno de Juan Orlando Hernández, a quien consideraba un "vende patria" y un "dictador".
Cáceres destacó en su activismo medioambiental, siendo especialmente mediática su actividad en contra de la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de represas hidroeléctricas de inversores internacionales, sobre todo su lucha contra el proyecto de la represa de Agua Zarca, en el río Gualcarque, en el departamento de Santa Bárbara.
Oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca
Desde el golpe de Estado de 2009, se iniciaron en Honduras una gran cantidad de megaproyectos destructivos para el medio ambiente, que acarrearon el desplazamiento de comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios, destinándose casi el 30 % del territorio nacional a concesiones mineras. Según denunció el COPINH, en 2010 el Congreso Nacional otorgó docenas de concesiones de ríos en toda Honduras. Entre estas, le entregó por veinte años el río Gualcarque a la empresa DESA, un río sagrado para la cosmovisión del pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos.
En 2006 un grupo de indígenas lencas de la región indígena de Río Blanco,«Aunque se le conoce como una comunidad, Río Blanco en realidad está conformado por un grupo de aldeas lencas que se ubica a unos 1128 metros sobre el nivel del mar, en el norte del departamento de Intibucá.» acudió al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) en busca de ayuda tras haber sido testigos de la llegada de maquinaria y material de construcción en su área. En agosto de 2010, la compañía hondureña DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) recibió una concesión para un proyecto de 14,5 MW en Agua Zarca. En mayo de 2011, empezó la construcción preliminar entre DESA y la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), y en noviembre de 2012 la empresa china Sinohydro (la mayor compañía constructora de presas del mundo) firmó el contrato con DESA para construir el proyecto, que se trataba de una alianza comercial para construir cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. Los actores implicados Sinohydro, la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y DESA. Al no consultar a la comunidad local sobre el desarrollo del proyecto, las empresas habían violado la ley internacional, concretamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los lencas consideraban que las presas afectarían su acceso a agua, comida y materiales para medicina, por lo que su modo de vida tradicional sería puesto en peligro.
La campaña de protesta consistió en organizar reuniones comunitarias, presentar quejas legales y llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A partir del 2013, Cáceres dirigió al COPINH en la campaña de protesta. Una de sus principales acciones fue el bloqueo del acceso al área de construcción por más de un año; pese a que los activistas locales fueron repetidamente desalojados por la Policía Nacional de Honduras. El 15 de julio de 2013, los militares de Honduras dispararon contra algunos miembros del COPINH, quienes realizaban una protesta pacífica, causando la muerte del dirigente Tomás García y tres heridos. En mayo de 2014 se produjeron dos asesinatos más y otros tres activistas resultaron gravemente heridos.
Además, las compañías constructoras, la policía y los militares montaron desde entonces una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra activistas locales y grupos indígenas, a la vez que se les criminalizaba y se les presentaba en los medios de comunicación como violentos y peligrosos.
En 2013, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores, acusó a Cáceres de liderar grupos que solamente querían «atrasar al país» oponiéndose a proyectos de desarrollo, los cuales, manifestó, se habían hecho a través de convenios y socialización con las comunidades. El 20 de septiembre del mismo año, Cáceres, junto a los dirigentes del COPINH Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño, fueron acusados de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en prejuicio de DESA, por lo que se dictó una medida de prisión preventiva contra Cáceres y se requirió a los otros defensores a presentarse a firmar cada 15 días y no circundar la zona de los hechos. También se ordenó el cese de las protestas. En respuesta, Amnistía Internacional declaró que los cargos deberían ser retirados y que si los activistas eran encarcelados serían considerados presos de conciencia. Sumado a esto, 45 organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales expresaron su preocupación por la criminalización a los defensores de derechos en Honduras e hicieron un llamamiento para que el Gobierno investigara las amenazas contra ellos. Las presiones del COPINH, liderado por Cáceres, junto con la ayuda de comunidades indígenas y organismos internacionales, hicieron que a finales del 2013 Sinohydro y la CFI se retiraran del proyecto, aduciendo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos. A pesar de ello, la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) continuó con el proyecto y trasladó el área de construcción al otro lado del río con la intención de evitar bloqueos.
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