Julio César Arana del Águila, más conocido como Julio C. Arana (Rioja, 1864-Lima, 1952) fue un empresario cauchero y político peruano. Amasó una cuantiosa fortuna con la explotación del caucho en la región amazónica. Su empresa, la Casa Arana, se convirtió en 1907 en la Peruvian Amazon Rubber Company, con participación de capitales británicos y con sede en Londres. Al desatarse los escándalos por las denuncias de los crímenes del Putumayo, en la región fronteriza entre Perú y Colombia, fue sindicado como el responsable de la explotación y la muerte de miles de indígenas amazónicos, a los que empleaba como trabajadores esclavizados. Los resultados de una investigación realizada por el cónsul Roger Casement, a instancias del gobierno británico, motivaron que fuera procesado judicialmente, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial frustró el proceso. Posteriormente llegó a ser senador por Loreto y presidente de la Cámara de Comercio de esa región. Como senador, se opuso a la aprobación del Tratado Salomón-Lozano y auspició varias medidas a favor de Loreto.
Empresario del caucho Nació en Rioja, en el departamento de San Martín, siendo sus padres Martín Arana Hidalgo y María Jesús del Águila.
Su padre era un sombrerero que le procuró solo estudios elementales. Se inició en el comercio y la explotación del caucho y otros productos, en Yurimaguas, en plena selva peruana, a partir de 1881. La explotación del caucho, a finales del y en la primera mitad del había despertado en toda esa zona la llamada fiebre del caucho.
En 1889 se trasladó a Iquitos y en algunos años amplió sus operaciones caucheras en las riberas del Putumayo. La cercanía de la zona con Colombia le permitió enlazarse con compañías de ese país, como Larrañaga, Ramírez y Cía., de La Chorrera, entre otras, cuyas explotaciones se realizaban en la riberas del río Igaraparaná y el río Caraparaná, afluentes del río Putumayo.
En 1899, Arana observó que a lo largo del Putumayo, zona toda ella cauchera, había una extensa población indígena; imaginó entonces las grandes ventajas que le reportaría contar con una mano de obra prácticamente gratuita a fin de competir con sus rivales más inmediatos, los Casa Suárez, Fitzcarrald, Vaca Díez y demás siringueros o extractores de caucho. Aprendió los procedimientos de la Calderón, compañía cauchera del Putumayo que, a partir de 1900, esclavizaba a los indígenas para colocarse en envidiable situación productiva. Los indígenas de las riberas de los ríos Caraparaná, alto Cahuinarí e Igaraparaná –es decir, los huitoto, andoque, bora y nonuya– fueron utilizados para la extracción de caucho, su carga y transporte y los oficios propios de los campamentos. Sus tradiciones como el cultivo, la caza y otras actividades propias de sus comunidades les fueron entonces prohibidas. miniatura|200px|Julio C. Arana. Recorte de una fotografía de fines del . Los éxitos comerciales de Arana lo elevaron a la alcaldía de Iquitos en 1902. A partir de esa fecha asumió diversos cargos públicos, entre ellos el de presidente de la Cámara de Comercio y de la Junta Departamental.
La bonanza de sus negocios lo llevó a instalar una sucursal en Manaus, Brasil, en 1903, con la intención de evitar la intromisión de agentes comisionistas. Dueño ya de una sustanciosa fortuna, constituyó la sociedad J.C. Arana y Hnos. y rápidamente adquirió la cesión de derechos de los ocupantes de muchas caucherías, llegando a tener hasta 45 centros de recolección.
No bastándole los negocios en territorio peruano, Arana abrió exitosamente agencias en Londres y Nueva York, sustituyendo la sociedad familiar por la Peruvian Amazon Rubber Company, constituida en Londres en 1907 y respaldada con un capital de £ 1000. En esta nueva compañía se mantuvo como gerente, asesorado por cuatro directores ingleses. Su creciente poder le permitió adquirir gran número de explotaciones caucheras en el Putumayo, territorio que por entonces el Perú disputaba con Colombia. De modo que era una zona donde también había caucheros colombianos, quienes se quejaron ante su gobierno del método de adquisición de Arana, que consistía en amenazas y extorsiones utilizando a matones armados. El gobierno colombiano desoyó estas protestas. Los competidores de Arana difundieron entonces su fama de desalmado y cruel, pese a que ellos también practicaban similares métodos de explotación. Esta imagen del cauchero sin escrúpulos sirvió de argumento, años después, de la novela La vorágine, del colombiano José Eustasio Rivera, cuyo escenario es la frontera del Perú y Colombia. Rivera se valió de testimonios directos para escribir su célebre relato.
Los crímenes del Putumayo
La explotación del caucho, en la región del río Putumayo, a escala multinacional requería de cientos de trabajadores sin apenas retribución, producción constante y el dominio de una zona que no importaba mucho a ningún gobierno.
En las explotaciones caucheras de la Peruvian Amazon Rubber Co., guardias armados traídos de la colonia inglesa de Barbados (negros barbadenses) obligaban a los indígenas al trabajo sin descanso, y los vigilaban minuciosamente para evitar que escaparan. Había allí dependencias donde se les torturaba si no aportaban las cantidades de caucho requeridas. Se les azotaba o amputaba las manos o los dedos.
Las primeras denuncias miniaturadeimagen|Fotografía publicada en 1912 del estadounidense Walter E. Hardenburg, mostrando indígenas del Putumayo esclavizados portando cadenas. Un joven ingeniero ferroviario estadounidense, Walter Hardenburg, de paso por el Putumayo en 1908, presenció las vejaciones y asesinatos a los nativos, así como acosos y violencias de parte de la gente de Arana contra sus competidores en el negocio.
En 1909, el periódico londinense Truth, publicó el testimonio de Hardenburg bajo el título The Devil's Paradise (El paraíso del diablo). Hardenburg relataba con detalle sus observaciones y otros testimonios que había logrado recoger durante sus meses de estadía en Iquitos. Denunció la existencia de un verdadero régimen de esclavitud en el Putumayo, en el cual los nativos eran forzados a trabajar. Su relato incluía la descripción de horrorosas torturas a los indígenas, cuando estos no cumplían con la cuota de caucho a la que estaban obligados a entregar. Menciona latigazos hasta causar la exposición de los huesos, torturas con fuego y agua, crucifixiones e incluso la quema de personas vivas untadas con parafina o keroseno, actos cometidos por los empleados de la compañía solo por diversión.
En 1910 continuaron las denuncias contra la Casa Arana. Hardenburg afirmaba que más 40000 indígenas habían sido asesinados. El periódico Truth también remarcó en que era una «compañía limitada inglesa con directores y accionistas ingleses». Esto horrorizó al público británico.
Las primeras acciones judiciales contra la Casa Arana miniaturadeimagen|Ilustraciones publicadas en agosto de 1907 por el diario La Felpa de Saldaña, basadas en testimonios de algunos trabajadores de la Peruvian Amazon Rubber Company de Arana. Muestran los abusos y torturas cometidos a los nativos. En 1907, el ciudadano peruano Benjamín Saldaña presentó la primera denuncia ante la justicia contra la Casa Arana, por crímenes y abusos contra los indígenas amazónicos del Putumayo. Un juez de Iquitos, Carlos A. Valcarcel, acogió la demanda.
El fiscal de la Corte Suprema del Perú, José Salvador Cavero, en agosto de 1910, denunció los crímenes del Putumayo y propuso el nombramiento de una comisión judicial que se constituyera en la región para averiguar los hechos. La veracidad de los hechos se comprobó gracias a la enérgica actitud de los jueces de Iquitos Rómulo Paredes y Carlos A. Valcarcel, este último emitió una orden de arresto contra Julio Arana el 10 de diciembre de 1912 que fue posteriormente anulada por el tribunal de Iquitos. Se sindicaron a 215 personas como culpables (la mayoría de las cuales nunca fueron capturadas).
Escándalo internacional. La investigación Casement miniaturadeimagen|Fotografía tomada por 1910 del cónsul Roger Casement, mostrando indígenas esclavizados del Putumayo luego de recorrer alrededor de 100 km llevando una carga de aproximadamente 75 kg. En el ámbito internacional se empezó a hablar de los «crímenes del Putumayo», a raíz de las noticias sobre torturas y asesinatos de indígenas cometidos por empleados de las firmas caucheras de Sudamérica. Entre estas se hallaba la Peruvian Amazon de Julio Arana, cuyos accionistas y directivos eran británicos. Además, los empleados o capataces a quienes se sindicaba como los ejecutores de las atrocidades eran provenientes de la colonia británica de Barbados.
Estas noticias tuvieron mucho eco en Inglaterra, país cuyos políticos buscaban pretextos para intervenir en Sudamérica. La defensa de los indígenas se les mostraba como un excelente excusa para intervenir. Los crímenes del Putumayo causaron también escándalo en Estados Unidos.
El historiador Jorge Basadre señala el doble rasero con que los británicos actuaron con respecto a este asunto, en tiempos en que en el ámbito del imperio británico ocurrían excesos similares (en Irlanda, Sur de África, Australia, Jamaica y la India). También los escandalizados estadounidenses no se libraban de caer en doble moral, pues hacía no mucho habían reducido a los indígenas americanos después de sangrientas guerras. miniatura|Roger Casement y Juan A. Tizón en La Chorrera, 1910 En 1910, la Corona británica envió al cónsul inglés en Río de Janeiro, Roger Casement, para que investigara los hechos. En sus informes, Casement comprobó la esclavitud que sufrían los indígenas, a quienes se aplicaba la pena de muerte si intentaban huir, así como recogió testimonios de los castigos atroces que recibían si no cumplían la cuota de caucho que se les imponía, castigos que incluían mutilaciones y torturas con fuego. Así como otros abusos de violaciones y concubinatos forzosos impuesto a las mujeres indígenas. Calculó en 30000 los indígenas asesinados. Confirmaba así la versión de Hardenburg. Su informe se publicó en julio de 1912, que quedó plasmado en el Libro Azul Británico.
Casement envió a las autoridades peruanas la lista de los inculpados en los crímenes, que sumaban 255 personas. Solo se capturaron a unos cuantos, todos empleados de nivel inferior. La Casa Arana, en todo momento negó su culpabilidad institucional y achacó toda responsabilidad al personal subalterno, especialmente a los negros barbadenses. Reclamó con energía que se individualizara a los culpables. También prometió cambiar el sistema de la recolección del caucho para evitar abusos. Los inculpados más prominentes huyeron, por lo que nunca fueron juzgados y al final prescribieron los delitos.
La defensa de Arana miniatura|Julio César Arana con sus trabajadores. En 1913, Arana tuvo que defenderse ante la Cámara de los Comunes en Londres, donde se había creado una comisión especial para investigar los crímenes del Putumayo. La principal defensa de Arana fue presentarse como «civilizador de indios», a los cuales describía como salvajes y caníbales. En breve tiempo redactó diversos escritos en Inglaterra y España con la intención de apuntalar su defensa, uno de los cuales fue el libro Las cuestiones del Putumayo (Barcelona, 1913).
Arana adujo a su favor que él no había tenido una vigilancia directa y personal sobre los métodos empleados para la recolección del caucho, por lo que ignoraba si se habían cometido las crueldades espantosas que se achacaba al personal subalterno, entre ellos los negros de Barbados, así como a algunos de sus directores, entre ellos el colombiano Ramón Sánchez y el boliviano Armando Normand. Aseveró que él no podía haber dado órdenes para cometer semejantes crímenes, basándose en la razón de que jamás habría diezmado a la población indígena, ya que eso habría ido contra sus propios intereses (su negocio requería de mucha mano de obra).